España.- La reforma del sistema de pensiones es una de esas tareas difíciles
de abordar. El número de gente que se ve implicada por las decisiones
adoptadas es muy alto; las pensiones constituyen el único ingreso para
un porcentaje muy alto de los jubilados y la prestación por jubilación
forma parte de un contrato intergeneracional que a la mayoría nos parece
algo natural, necesario y generador de confianza y bienestar en las
sociedades avanzadas. En el presente, en medio de una crisis que obliga a
algunos pensionistas a mantener también a sus hijos, cualquier cambio
genera suspicacias y mucha preocupación, lo que no es precisamente algo
conveniente en estos momentos.
En el caso de la economía española hay nueve millones de pensionistas
y las previsiones indican que para 2052 el número total de los
jubilados con pensión alcanzará los 15 millones. La cifra de los nueve
millones de pensionistas impacta sobre todo si la comparamos con el
total de personas trabajando, 17 millones de ocupados (EPA 2012),
cantidad que puede estar algo subestimada. El envejecimiento de la
población en España es un hecho y, para muchos, un proceso imparable.
Está por ver si esta previsión se cumple.
Preocupado por el asunto y presionado por Europa el Gobierno encargó a
un comité de expertos el desarrollo de un factor de sostenibilidad
entendido como una “fórmula que garantice que el sistema se mantenga a
sí mismo —los ingresos sean capaces de hacer frente a los gastos en
pensiones sin necesidad de recurrir ni al fondo de reserva, ni a
inyecciones de liquidez provenientes de otras fuentes de ingresos
públicos— y que el sistema siga siendo un sistema de reparto con
prestación definida”.
Ese fue el encargo y lo que el informe diseña está basado en el
sistema de pensiones actualmente vigente que resulta ser sensible a la
tasa de dependencia (el número de personas que cobran pensión por cada
persona ocupada). La definición de sostenibilidad es, además, muy
específica por lo que el espacio disponible para encuadrar las
propuestas está limitado.
El informe no ahonda, por ejemplo, en políticas de natalidad, ni en
políticas activas de empleo, aunque el nivel de ocupación y el
envejecimiento poblacional son variables que dependen, en mayor o menor
medida, de estas políticas.
El factor de sostenibilidad que se propone depende del factor de
equidad intergeneracional (FEI) y del de revalorización anual (FRA). El
primero sirve para que la esperanza de vida de la persona jubilada se
incluya en el cálculo de la pensión inicial. El segundo se ocupa de la
evolución de las pensiones y para ello se propone tener en cuenta, a la
hora de revalorizarlas, variables como los ingresos disponibles o el
número de pensiones entre otras. El índice de precios al consumo (IPC)
deja así de tener el papel central que ha desempeñado en el pasado.
Los expertos abogan también por la transparencia que permitiría
prever con conocimiento de causa el futuro de las pensiones algo
imprescindible para las generaciones jóvenes. La transparencia, junto
con la propuesta de incluir un “factor suelo” (las pensiones de los ya
jubilados no pueden disminuir) pueden ayudar a aceptar algunas de las
reformas. El suelo trata de evitar que los ya jubilados se vean
perjudicados por no disponer de un margen de maniobra para reaccionar
ante las nuevas medidas.
Conocidas las propuestas, nos queda por ver el necesario consenso que
se alcance en torno a estas cuestiones tan delicadas. El sistema de
pensiones es una de esas “construcciones sociales” que hay que mimar
garantizando su mejor funcionamiento, su sostenibilidad y el logro de
una equidad intergeneracional que hay que definir con precisión y
finura. Sin olvidar que no solo el qué se decida, también el cuándo se
ponga en marcha la reforma es importante.
Y aquí conecto con el principio de este artículo. No estoy segura de
que el momento propicio para reformar el sistema de pensiones sea
“ahora”. Nuestra demanda agregada está totalmente deprimida y uno de sus
componentes, el consumo, tanto privado como público, se sitúa muy por
debajo del necesario para estimular la recuperación de la actividad.
Crear otro foco de incertidumbre para una parte importante de los
consumidores puede ser peligroso. La sostenibilidad del sistema puede
ser ineludible, pero es más que dudoso que la reforma se tenga que
implementar con mucha rapidez. Las reformas estructurales pueden servir
para inyectar confianza en el sistema, pero para conseguirlo también hay
que saber valorar cuál es el momento idóneo de poner dichas reformas en
práctica.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/15/paisvasco/1371316265_113706.html
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