viernes, 25 de octubre de 2019

Plantean crear Rectoría del Agua, estrategia y ley integral sobre el agua


SANTO DOMINGO,R.D.- Profesionales de la ingeniería, de la economía y en el ambiente plantearon la necesidad de que en el país se adopte una estrategia y una política integral para la conservación del recurso agua, de manera que se mejoren las infraestructuras de almacenamiento, el suministro y la calidad, así como concienciar sobre su valor.
Expusieron sobre la carencia de políticas, de una estrategia y la falta de controles que afectan el aprovechamiento del agua y cómo el mal uso eleva su costo y afecta la salud de los dominicanos.
También analizaron el uso excesivo del agua en los sectores de producción agrícola, por la falta de tecnologías; en la minería y las industrias, que según afirmaron pagan menos por su precio que otros sectores.
Los profesionales participaron en un panel organizado por el ingeniero Ramón Alburquerque, productor del programa Los Sabios en la Z, que se produce por ZTV en YouTube y la Z101.3 FM. 
Roberto Castillo Tió, experto hidráulico; José Alarcón Mella, miembro de la Mesa del Agua; Solange Bonilla, economista e investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), y Robert Crowley, experto extranjero residente en el país, al exponer sobre los problemas del agua en el país y a nivel global, afirmaron que la crisis en el sector es mucho más complejo de lo que se ha previsto, por su impacto en el ecosistema y en la salud humana. 
José Alarcón Mella destacó que ante las preocupaciones internacionales sobre el agua y el clima y tomando en cuenta la encíclica del papa Francisco al respecto, desde el Gobierno se trabaja en varias sobre leyes el agua, a fin de lograr una estrategia nacional en cuya elaboración participen todos los sectores preocupados por el problema.
Explicó que actualmente cae en el planeta unos mil 500 millones de milímetros de agua al año y alrededor de 750 millones de mililitros se evapora y es desaprovechado por los gobiernos y la humanidad.
Precisó que esto se debe a que parte se infiltra en los suelos y un 70% se escurre y evapora. 
En tanto, indica que el drenaje pluvial se ve afectado por la inserción de residuos sólidos, lo cual afecta el proceso de almacenamiento del agua y produce contaminaciones, con las consecuencias de daños a la salud.
De su lado, el ingeniero Roberto Castillo Tió criticó que los gobiernos presten mayor atención y se preocupen por el uso multisectorial del agua y no considerar ese recurso como un derecho ciudadano, de vida y de salud.  
Coincidió con Alarcón Mella, en el sentido de que las leyes sobre el agua deben ser integrales y basadas en una estrategia que tenga efectos reales, tomando en cuenta su valor, los tipos de infraestructuras, mecanismos de extracción y de distribución, el control y su calidad para la potabilidad y el suministro a la población.  

Porcentaje de uso por sector

En su exposición, Castillo Tió dijo que del agua generada por la naturaleza solo el 6% del total se utiliza para consumo humano y actividades domésticas; un 70% en la producción agrícola, un 6% en el sector industrial, un 0,3% en la minería y un 22% en los ecosistemas.  
Manifestó que los sectores que generan mayor y ganancias por el uso del agua son la minería, la industria envasadora y el turismo.

Rectoría del agua

Alburquerque le interviene en su exposición para cuestionar que desde el Estado se priorice el cumplimiento a los compromisos y los contratos con las grandes multinacionales explotadoras de los recursos naturales, como son las grandes mineras, por alegada seguridad jurídica del país, y en vez de pensar en la garantía de ese recurso hídrico en el tiempo.
Planteó que las nuevas leyes contemplen la creación de una “Rectoría del Agua”, para contener el caos existente con ese recursos.
Enfatizó en que urge y se hace necesario establecer regulaciones y reglamentaciones de manera proporcional, para castigar el uso abusivo y el descontrol de los grandes consumidores.

Critica uso político

El experto estadounidense Robert Crowley consideró que el agua es fundamental cuando se habla de gobernanza, pero que en República Dominicana es un tema muy politizado, de grandes contra pequeños, de individuos contra corporaciones, y muchas veces es de protagonismos personales.
Opinó que esos elementos no ayudan al país para la búsqueda de soluciones al problema del recurso agua, aunque estimó que la Ley del Agua o las que se proponen, sería muy importante para de una manera integral adoptar políticas y estrategias, para lograr un equilibrio entre estructura y gobernanza. 

martes, 22 de octubre de 2019

Edesur y la trampa de los paneles solares


SANTO DOMINGO,R.D.- Existe una ley de incentivo al desarrollo de las energías renovables, que según su reglamento “representa la puerta para el desarrollo de una cultura de autoabastecimiento del suministro eléctrico, dirigido a sectores industriales, comerciales y residenciales que podrán inyectar a las redes de distribución, de acuerdo a circunstancias específicas, toda la generación disponible...”
La ley contiene la siguiente disposición limitativa, en contradicción con la intención de impulsar la generación de energía solar: “La Capacidad Agregada de todos los Sistemas de Generación Renovable conectados en la misma Red Troncal, incluyendo el Sistema de Generación propuesto, no excederá el quince por ciento (15%) de la Demanda Pico anual de dicha Red Troncal.”


Valiéndose de ese enunciado, Edesur ha congelado las autorizaciones para conectar a la red la energía servida por paneles solares. Y lo ha hecho sin proveer la debida información a los ciudadanos para que no incurran en gastos de adquisición de estos equipos.
Edesur argumenta que los circuitos ya están topados. Y que si agregaran más generación solar tendrían que ampliar la capacidad de los circuitos y de los transformadores.
Ambos argumentos están reñidos con la verdad.
En efecto, la demanda de energía es dinámica; no cesa de crecer. Por ejemplo, la compra de energía de Edesur se incrementó en 4.8% en abril-junio del 2019 en comparación con el período anterior.
Por tanto, siendo la dimensión de un circuito relativamente grande, el crecimiento de la demanda hace cupo para que se autorice la conexión de pequeños sistemas de paneles solares colocados en viviendas.
Asimismo, los circuitos y transformadores están diseñados para manejar la demanda pico durante la noche. En consecuencia, en las horas del día disponen de capacidad ociosa y no se requiere necesariamente de inversión adicional para recibir la generación de los paneles solares.
¡Oh paradoja! Un país que necesita energía para su desarrollo y una empresa distribuidora que boicotea la expansión de las fuentes de energía renovable, como la solar.
Si Edesur se siente perjudicada por lo dispuesto en la ley, lo que debería hacer es proponer que se cambie para ajustarla en lo que fuere razonable; no violarla.
Y las autoridades deberían plantear que se elimine el límite del 15%, pues ojalá este país pudiera lograr que todas las viviendas se convirtieran en fuentes de generación de energía solar, confiable y competitiva.
Voy a contar mi caso. En febrero de este año 2019 presenté a Edesur una solicitud de autorización para operar un grupo de paneles solares que instalé en mi vivienda, cumpliendo con todos los requisitos exigidos, salvo que lo hice sin haber recibido la autorización porque supuse que tenía que ser automática, al amparo de la ley.
Han transcurrido 8 meses y no la han aprobado, ni me han conectado a la red, bajo el argumento de que ya la generación solar alcanzó el 15% de la demanda en el circuito de La Castellana, donde resido.
Pero sucede que, aun en el supuesto de que en aquel momento hubiera sido cierto, desde febrero hasta octubre la demanda del circuito que sirve a la urbanización donde resido ha crecido en un múltiplo de lo necesario para aprobar mi solicitud. Por lo tanto, al no conectarme, Edesur está violando la ley.
Ahora resulta que aparte de la inversión que he hecho en el sistema, la factura eléctrica casi se ha duplicado porque Edesur cobra la energía que producen mis paneles como si fuera servida por ellos. Es decir, la empresa sustrae sin rubor recursos ajenos.
Lo anecdótico es que mientras se duplica mi factura por la energía que mi sistema inyecta a Edesur, el circuito no parece estar sobrepasado, al operar en horas de baja demanda de electricidad.
Este asunto ya se ha convertido en una pesadilla. Para evitar costos mayores ahora me veo obligado a desconectarme del circuito temprano en la mañana, conectarme al anochecer y permanecer pendiente de si se nubla o no se nubla para enchufar o desenchufar, con los inconvenientes y riesgos que conlleva.
Lo menos que pudiera hacer Edesur es informar a sus clientes que está congelada la incorporación de nueva energía solar a la red, para que no sean perjudicados al invertir alentados por una ley que no se cumple. Y autorizar la operación de todos aquellos que ya hicieron la inversión, para evitar que la pierdan.
Lo que está en cuestionamiento es si se podrá seguir viviendo en un país en el cual los ciudadanos son atropellados por el fraude a la ley, que cometen instituciones del propio Estado.
Y lo que hay que aclarar es si las políticas públicas son sólo faroles colocados para impresionar y nunca para alumbrar.

domingo, 20 de octubre de 2019

En República Dominicana hay que mejorar el cuidado de los adultos mayores


Santo Domingo,R.D.- La sociedad dominicana está envejeciendo a un ritmo acelerado y, por lo tanto, debe prepararse para afrontar los desafíos de una sociedad envejecida. Así lo plantea las conclusiones del estudio Misión Dominicana Envejece, el cual plantea los retos, realidades y propuestas sobre el envejecimiento en República Dominicana.
Detalla que los sistemas de pensiones deben ser coherentes con el incremento de la longevidad, los sistemas de cuidado deberán estar acorde con la dinámica del envejecimiento doméstico y los sistemas de salud tendrán que responder a las demandas de acceso y atención de una población mayor cada vez más representativa dentro de la estructura etaria del país.
El estudio indica que, paralelamente, deberán impulsarse desde ya políticas que contribuyan a la equidad de género, toda vez que serán las mujeres quienes predominen en las edades mayores y, por ende, quienes requieran de los servicios sociales.
El estudio, publicado en 2018, indica que el 6.7% de la población son personas mayores y requieren cuidados de diferentes tipos, pero señala que el cuidado se dificulta porque las familias son más pequeñas debido a la baja tasa de natalidad y, además, las incursiones de las mujeres al mercado laboral también han dificultado el cuidado porque eran ellas quienes se encargaban del cuidado.
Ante la crisis del cuidado, el estudio plantea que hay que equilibrar el diamante, el cual está formado por el individuo (autocuidado), la comunidad, la familia y el Estado.
“El otro fenómeno que se enlaza es la feminización del envejecimiento, o sea, la mujer va a durar más tiempo que el hombre, tiene una expectativa de vida más larga”, expresó Marta Fernanda Ortega, directora de la Fundación NTD.
El estudio indica que, como consecuencia de los descensos en mortalidad, República Dominicana es una sociedad cada vez más longeva. En el transcurso de 80 años, los hombres han ganado 32 años en esperanza de vida y las mujeres 33 años. En 2020 se espera que la esperanza de vida al nacer sea de 72 años en el caso de los hombres y 78 para las mujeres. Por su parte, el análisis de la esperanza de vida a edades específicas evidencia que los mayores tendrán vidas más prolongadas.
La ejecutiva que visitó la redacción de Diario Libre junto a Sandra Aponte, presidenta de la junta de directores, dijo, además, que hay una serie de enfermedades crónicas en la mujer, no así en los hombres. Añade: “Tenemos retos en todos los temas de la vida pública”.
Dijo que en el tema del envejecimiento en donde menos preparados está el país, existen discriminaciones y las mismas personas mayores se auto discriminan, “la gente no quiere ser viejo, no se conocen como adulto mayor”.
Resalta que se está peleando por el tema de pensiones, pero no se está haciendo para incluir a la gente en el sistema, “hay que poner a la gente a trabajar para que tenga acceso a pensión”.
“Tenemos que ver el envejecimiento como un tema a futuro, tenemos que ver el tema del envejecimiento como un tema que nos compete a todos en cualquier momento de la vida, porque la verdad que es el momento de tu vida más largo y es donde menos recursos uno tiene”, explicó.
Dijo que como fundación tratan de que el envejecimiento no sea parte de políticas públicas, sino que sea una parte integral en la agenda de desarrollo.
“Aquí el tema donde en peores condiciones estamos es en el tema del cuidado y aquí urge una política del cuidado y una política del cuidado no se construye solo para un adulto mayor, sino que se construyan todos los elementos necesarios para todas las edades”, indicó.
El estudio detalla que la tasa de dependencia muestra que en la actualidad hay bono demográfico, es decir, hay menos de 66 dependientes (personas menores de 15 años más las personas de 60 y más) por cada 100 individuos potencialmente activos (personas entre 15 y 59 años). Eso quiere decir que las necesidades de soporte para una población dependiente son bajas y, por lo tanto, la asignación de recursos puede direccionarse a la acumulación de capital. La relación de dependencia será mayor a 66 en el término de 20 años, dando paso a la fase de impuesto demográfico. Dentro de dos décadas el país deberá estar preparado para soportar una proporción considerable de su población, sacrificando parte de los recursos que podrían asignarse en factores que potencialicen el crecimiento económico.

sábado, 19 de octubre de 2019

Gobierno convierte subsidio eléctrico de ayer en deuda soberana de mañana


SANTO DOMINGO,R.D.-El subsidio eléctrico aprobado para este año había sido definido en 28,720.9 millones de pesos en el Presupuesto General del Estado 2019, pero una reforma propuesta para las cuentas presupuestarias, que está a punto de ser discutida por el Congreso, indica que eleva el monto a 33,070.4 millones de pesos.
Además, la aprobación de esa modificación presupuestaria hará que esa deuda de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) y otras más de 2018 y 2019 sean asumidas por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, como deudas a largo plazo.
Para este año las Edes no tenían autorización por parte del poder legislativo para asumir operaciones de crédito público, pero eso no impidió que solicitaran préstamos a la banca comercial para cubrir las facturas a contratistas y proveedores por un total de 495 millones de dólares. Ahora, con el proyecto de modificación a la Ley 61-18 de Presupuesto General del Estado para el año 2019 entregado al poder legislativo recientemente, el Ejecutivo espera que el Congreso autorice a las Edes a realizar una operación de crédito de largo plazo con la banca comercial local e intermediarios financieros que les permitan cumplir con los pagos de facturas pendientes por compra de energía a las generadoras en 2018 por otros 611.7 millones de dólares.

Ya de cara al próximo año, el Ejecutivo abre la posibilidad a que las Edes puedan en adelante acceder a líneas de crédito de corto plazo con la banca, siempre que el Ministerio de Hacienda emita una autorización administrativa y por un monto máximo de 20,000 millones de pesos.
“El Ministerio de Hacienda supervisará el proceso de negociación de las condiciones financieras, el proceso de desembolso y el uso de los fondos desembolsados de las líneas de crédito”, indica el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2020.
Las líneas de crédito están destinadas, dice el proyecto presupuestario del próximo año, a pagar compromisos de facturas generadas en el mercado spot por la compra de energía “y así reducir el gasto financiero de las referidas empresas”.
No es el único cambio que aplicará el Ejecutivo en el manejo del subsidio eléctrico de 2020, que se estima alcance a 24,102 millones de pesos. Los recursos de las transferencias para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) -el ente matriz de las EDES- saldrán por completo de deuda pública, a través de emisiones de bonos globales.

viernes, 18 de octubre de 2019

subsidios eléctricos en R.D.: EN 20 AÑOS se han gastado más de US$10,000 millones

SANTO DOMINGO,R.D.- ¿De dónde sale el dinero del subsidio eléctrico?

La CDEEE recibe transferencias corrientes para cubrir las pérdidas de las EDES

En años anteriores se ha cubierto parte del subsidio con deuda, pero desde este año el Ejecutivo lo asumió como fuente única de financiamiento
Gasto corrienteCréditos
20112012201320142015201620172018201920200500010,00015,00020,00025,00030,00035,00011,513.611,513.610,65810,65818,14918,14925,496.225,496.25943.75943.713,085.713,085.716,876.916,876.915,715.915,715.9000021,60021,60018,551.918,551.922,454.522,454.514,727.414,727.418,630.718,630.73623.53623.5691.2691.23360.43360.433,070.433,070.424,10224,102
En los últimos 20 años el gobierno dominicano ha destinado más de 10,000 millones de dólares -unos 417,614.8 millones de pesos- al subsidio eléctrico, una subvención que a partir de este año se financiará enteramente de deuda pública.
“Ha sido una especie de agujero negro que se ha tragado demasiados recursos”, dijo el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, quien agregó que con ese monto se han podido construir hasta cuatro plantas eléctricas como la de Punta Catalina.
Para este año, las transferencias para financiar las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) subieron un 15 % con respecto a lo que estaba pautado inicialmente. El Poder Ejecutivo introdujo recientemente un proyecto para reformular el Presupuesto General del Estado 2019 que incrementa el monto del subsidio hasta 33,070.4 millones de pesos desde los 28,720.9 millones de pesos estimados al principio. Pero, además, el proyecto presupuestario abre la puerta a que las Edes realicen una operación de deuda de largo plazo con la banca comercial para cubrir las compras de energía del año pasado, además de que el Ejecutivo asume todas las cuentas pendientes con los generadores eléctricos para este año.

martes, 15 de octubre de 2019

Los hogares gastan más en salud que lo que el Estado invierte en el sector


SANTO DOMINGO,R.D.- Cuando un ciudadano asiste a un centro de salud, con su carnet de la administradora de riesgos (ARS), observa que la cobertura del servicio por la que cree que esa ARS paga no es todo lo que es, ni es todo lo que debe ser. Eso comienza con el sobrecosto de la consulta pagada en efectivos por el afiliado, con los sobre copagos pagados en efectivos, y con los sobreprecios de la medicina pagados en efectivos.
Y entonces descubre que para que esos servicios vitales estén disponibles, que pueden curarles o salvarle la vida, debe de pagar de su bolsillo lo que el sistema de Salud Pública, o de la Seguridad Social, en su bullanguera publicidad prometen pagar.
Esto se evidencia en que el gasto del bolsillo de los hogares en servicio de salud es estimado en 2.7% del PIB, que, si le parece poco, se le advierte que no lo es. “Es el doble que el gasto directo computado del gobierno central”, estima la Asociación por el Derecho a la Salud (Adesa).
“Ni la inversión pública del Gobierno, ni la entrada de los regímenes contributivos y subsidiados de la seguridad social han podido detener la escalada alcista de gasto de bolsillo de los hogares en servicios de salud”, dice el estudio de Adesa.
También contribuyeron “dos instituciones solidarias (que) hicieron la mayor contribución”. Se trata de Oxfam Y American Jewish World Services (AJWS), además de una red de 72 encuestadores voluntarios.

viernes, 11 de octubre de 2019

Crecimiento vehicular es 9 veces mayor que el poblacional


SANTO DOMINGO, R.D.-  El crecimiento vehicular dominicano registra una aceleración nueve veces mayor que el crecimiento poblacional y hasta el 31 de diciembre de 2018 existían 4.3 millones de vehículos de motor, un quinto más (20%) que en 2015, aseguró la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca De los Santos.
“Entre 2004 y 2018 se ha registrado un aumento de la motorización nueve veces mayor al crecimiento poblacional”, dijo textualmente, según sendas notas de prensa del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y también del (INTRANT), que informaron sobre lo abordado en la última edición del programa Diálogo INTEC para la Acción (DIA).
De los exactamente 4,350,884 vehículos existentes hasta el año pasado, el 55 % (alrededor de 2.4 millones) eran motocicletas, precisó la funcionaria.
Expresó que entre los años 2004 y 2018 la población del país aumentó en un 16%, mientras que el parque vehicular se incrementó en un 149%, «verificándose un aumento de la motorización nueve veces mayor al crecimiento poblacional», repitió.
También habló de la antigüedad del parque vehicular y reveló que al año 2018 el 46% correspondía a vehículos fabricados en el año 2000 o antes.
Sobre los accidentes de tránsito, remarcó que se han convertido en la principal causa de muertes violentas en el país en los últimos años, «problema serio en la República Dominicana».
En el 2017 unas 2,804 personas perdieron la vida y 97,821 resultaron lesionadas, según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI).
«La situación es más grave aún si consideramos que el 42% de esas muertes fueron jóvenes entre 15 y 29 años”, advirtió la funcionaria, ingeniera de profesión.
Entre otros datos, reveló que un estudio sobre las formas de desplazamiento del Gran Santo Domingo, efectuado por su instancia y «de la mano» de  la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), determinó que «se realizan más de 3 millones viajes al día, donde el transporte privado representa el 42% de los desplazamientos, el uso del carro particular un 32%, el motor 5%, el motoconcho 3% , el Taxi-Uber 2% y menos del 1% se realiza en bicicleta».
Para la transformación de la problemática del transporte urbano en el Gran Santo Domingo es necesario, subrayó, comenzar por “la instalación de un verdadero régimen de consecuencias”. La titular del INTRANT aludió con ello a la falta de castigos y sanciones para quienes incumplen las normas de tránsito.
El exceso de vehículos y también de la impunidad, revelan, entre otras cosas, que “tenemos todavía un largo recorrido, porque son muchas las malas prácticas… hace falta un verdadero régimen de consecuencias para que se produzca el cumplimiento de un sector que desgraciadamente durante demasiado tiempo se ha instaurado en la anarquía”, enfatizó De los Santos.
La funcionaria señaló esos factores como los principales, un diagnóstico que, sostuvo, da “una dimensión real del problema, aportando luego las decisiones y medidas tomadas para enfrentarlo”.
En ese sentido, Erick Dorrejo, arquitecto urbanista, dijo que la planificación del transporte no ha ido acorde con el crecimiento de la población,
“La movilidad masiva de pasajeros será efectiva si es sustentada en la creación de un sistema institucional de participación público privado, que pueda potenciar la integración administrativa, integración tarifaria, de modos y servicios, integración urbana, y de políticas gubernamentales”, dijo.
Como propuesta, expuso la conexión de redes “Network Connection” en términos circulares para el transporte urbano, la cual permitiría una mayor eficiencia.
“Sin tocar las rutas actuales que están en poder de los órganos estatales y sindicales, se debe conectar lo que ya existe para dar una nueva alternativa a los ciudadanos”.

jueves, 10 de octubre de 2019

Inventando con Catalina y la Capitalizacion de la CDE

SANTO DOMINGO,R.D.- Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.

Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.
Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.

Por:
Antonio Almonte aalmonte@hotmail.com

domingo, 29 de septiembre de 2019

Pacto social y político por la salud

14_09_2019 HOY_SABADO_140919_ Opinión10 A
SANTO DOMINGO,R.D.- Vemos con pena como a pesar de contar con instrumentos, marco legal, preocupaciones, expresas intensiones, el sistema de salud dominicano se mantiene en la incapacidad de dar respuestas a los problemas sanitarios de los ciudadanos, del pueblo en sentido general. Seguimos con un sistema inequitativo, injusto, con carencias manifiestas, excluyente, discriminador, que contribuye a profundizar la pobreza, y que en términos de los indicadores sanitarios como señal de desarrollo seguimos a la saga en América Latina.
Se ha hablado bastante sobre la baja inversión, el modelo organizativo y funcional del sistema; se ha escrito mucho sobre diagnóstico situacional, hay una caterva de propuestas harto conocidas, pero estamos estancados.
En el sector salud medran un sinnúmero de intereses, de todo tipo, que se convierten en unos verdaderos obstáculos para el avance hacia los objetivos y metas deseados. En un modelo político partidario electoral cimentado en el clientelismo y populismo, donde las decisiones podrían tener un costo político electoral, ningún gobierno se anima a “ponerle el cascabel al gato”, dado que las medidas e intervenciones pertinentes que hay que acometer lesionan intereses y/o privilegios de sectores o grupos económicos, religiosos, empresariales, gremiales, etcétera, que tienen vasos comunicantes con el poder político.
Por esto se hace necesario un Gran Pacto Social y Político por la Salud en la República Dominicana, donde se tomen decisiones de cambios estructurales, que sean no solo aceptados por todos sino apoyados e impulsados por los signatarios del mismo. Que todos los partidos políticos, con sus candidatos a presidentes, entiendan que el sector salud debe ser despolitizado desde el punto de vista político partidario; que debe primar la meritocracia, que debe desaparecer el tráfico de influencia, los privilegios, el dispendio y la corrupción.
¿Por qué un pacto social y político? Quiero expresarlo con ejemplos: Seguridad Social, hay que eliminar el veto de los sectores empresariales y sindicales en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Solo el gobierno, que se entiende representa el sagrado interés de las mayorías, sobre todo los más vulnerables, debe tenerlo. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) debe ser miembro permanente del CNSS, pues ahí está todo el mundo representado menos los afiliados. ¿Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seguirán con esos niveles de ganancias, onerosos para los afiliados? Pero peor aún, sabemos que las futuras pensiones solo cubrirían el 23 % del salario a reponer. Se propone incrementar las cotizaciones, incrementar la edad de pensión. Cambiar el modelo de Capitalización Individual, volver al sistema de reparto administrado por el Estado, dejando el primero como voluntario ¿qué se va a hacer?
Con las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), ¿seguiremos con intermediación con fines de lucro, que se llevan una buena tajada de los dineros necesarios para la salud de los afiliados? ¿Las ponemos solo como administradoras sin fines de lucro, que el excedente vuelva y se invierta en la seguridad social? O pondremos solo una ARS, la pública, Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para que administre el riesgo en salud de los diferentes regímenes. ¿Qué hacer con las enfermedades de alto costo? Seguimos invirtiendo 2800 millones para beneficiar a 18 mil personas, o invertimos ese dinero para ampliar cobertura de seguridad social, se completa la cápita necesaria para que queden cubiertas esas enfermedades dentro de la cobertura del Seguro Familiar de Salud, o se hace un programa Estatal con fondos propios, extraídos de un porcentaje de las cotizaciones, impuestos a los premios, al juego, etc. paralelo al seguro familiar de salud.
Qué política con los gremios se va a desarrollar, seguiremos permitiendo que los pacientes sigan siendo tomados como rehenes para lograr reivindicaciones o cualquier otra demanda con o sin justificación. Definiremos una jerarquía entre los diferentes derechos constitucionales: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la huelga, donde quede sepultado, de una vez y por toda, este último como mecanismo de lucha. Esto, desde luego, sin menoscabo de las prerrogativas de los gremios a luchar por el bienestar de sus afiliados.
La revisión del modelo de contratación de los recursos humanos en salud, horarios, responsabilidades, salarios justos, incentivos, mecanismos de consecuencias al incumplimiento.
La revisión y actualización de las leyes de seguridad social y general de salud con sus respectivos reglamentos, con fechas límites para presentarlas, consensuarlas, aprobarlas y promulgarlas. Y, desde luego, cumplirlas.
Empezar de manera decidida, sin dilación, a desarrollar un sistema de salud basado en la Estrategia de Atención Primaria (APS) con las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), en el cual la promoción de la salud, la prevención de enfermedades sean visibles.
Todo lo anterior, y mucho más, al hacerlo se afectan intereses. Hay que tratar de no mezclar aspectos políticos de coyuntura actual del país con los problemas del sector salud. Ante la imposibilidad de un consenso de unanimidad cómo manejar el disenso, cómo evitar que se busque rentabilidad política partidaria con crítica a la gestión en el sector salud.
Espero se entienda el porqué de la necesidad de ese pacto.


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