SANTO DOMINGO,R.D.- Cuando un ciudadano asiste a un centro de salud, con su carnet de la administradora de riesgos (ARS), observa que la cobertura del servicio por la que cree que esa ARS paga no es todo lo que es, ni es todo lo que debe ser. Eso comienza con el sobrecosto de la consulta pagada en efectivos por el afiliado, con los sobre copagos pagados en efectivos, y con los sobreprecios de la medicina pagados en efectivos.
Y entonces descubre que para que esos servicios vitales estén disponibles, que pueden curarles o salvarle la vida, debe de pagar de su bolsillo lo que el sistema de Salud Pública, o de la Seguridad Social, en su bullanguera publicidad prometen pagar.
Esto se evidencia en que el gasto del bolsillo de los hogares en servicio de salud es estimado en 2.7% del PIB, que, si le parece poco, se le advierte que no lo es. “Es el doble que el gasto directo computado del gobierno central”, estima la Asociación por el Derecho a la Salud (Adesa).
“Ni la inversión pública del Gobierno, ni la entrada de los regímenes contributivos y subsidiados de la seguridad social han podido detener la escalada alcista de gasto de bolsillo de los hogares en servicios de salud”, dice el estudio de Adesa.
También contribuyeron “dos instituciones solidarias (que) hicieron la mayor contribución”. Se trata de Oxfam Y American Jewish World Services (AJWS), además de una red de 72 encuestadores voluntarios.
Los desamparados del sistema de pensiones
ResponderEliminarUn día Berkys Colón Cruz comenzó a sentir temblores en un dedo de la mano derecha. Entonces, era la directora del departamento de contabilidad de una multinacional en Santo Domingo. Primero llegaron esas sacudidas involuntarias, luego notó cómo su voz comenzaba a desvanecerse y, poco a poco, se fueron sumando otros síntomas que intentó esconder. Con el paso del tiempo ya no pudo disimular más: el mal de Parkinson ya afectaba más de 60 % de su cuerpo.
“Un día me caí en el trabajo porque el cerebro no le manda el mensaje a las piernas. Entonces, tuve que tomar la decisión de dejar el trabajo porque ponía en riesgo mi vida”, relata apenas con un hilo de voz.
Cuando se retiró de la vida laboral por discapacidad tenía apenas 38 años y comenzó a transitar un camino de trabas institucionales y jurídicas, de vacíos legales que le han hecho más difícil la vida. Berkys es una de los miles de dominicanos que han tenido que luchar contra el sistema para obtener una pensión por discapacidad, pero también es una de las 168 personas a las que el año pasado la Superintendencia de Pensiones (Sipen) anuló su asignación de discapacidad por haber cumplido 60 años, una situación amparada por un vacío legal que ha dejado a esas personas sin protección alguna.
Hace ya 18 años, cuando se aprobó la Ley 87-01, se fijaron los términos generales para el funcionamiento del sistema de Seguridad Social en el país. Con el tiempo se fueron aprobando los reglamentos y las normas específicas para la operatividad del esquema en cada uno de sus ámbitos. Uno era el de las pensiones por discapacidad y de sobrevivencia, que se fue definiendo con varias normativas y reformando con el tiempo.
Lo que ha ocurrido a partir de estos cambios es que las personas que tienen alguna discapacidad que les impide trabajar, y que cotizaban al sistema de pensiones, al cumplir los 60 años se quedan desamparadas.
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