miércoles, 31 de enero de 2018

El Pacto Eléctrico sería en febrero

El Pacto Eléctrico sería en febrero
SANTO DOMINGO,R.D.- A solo dos días para culminar este mes, todo apunta a que la firma del Pacto Eléctrico tendría que ocurrir en febrero para no retrasar los compromisos asumidos entre las partes, con medidas sujetas a ser ejecutadas los primeros tres meses de 2018.
Las negociaciones, para la firma del Pacto Eléctrico, se  han tomado tres años y solo se espera el anuncio del presidente Danilo Medina para su ejecución, pues a pesar de que un sector de la industria sigue cuestionando su efectividad, todos están de acuerdo con su inicio. Los principales gremios empresariales están en primera fila, el sector social, incluyendo a los sindicatos; y los principales directivos de los distintos partidos políticos. Según se informó, el Gobierno quiso que se incluyera a los principales partidos para garantizar la continuidad de la ejecutorias a las que se ha comprometido. El sector eléctrico ha sido el de mayor peso en las finanzas públicas, ensanchando la deuda pública.
De ser firmado en febrero, en los primeros dos meses los ministerios de Energía y Minas y el de Hacienda deberán emitir una norma para establecer las instituciones gubernamentales que se consideren ‘no cortables’ y establecer la forma de pago de estas a las EDE (Empresas de Distribución Eléctrica). A partir de los tres primeros meses se diseñará un Plan Estratégico de Negocios para mejoras de gestión de aquí al 2022. Ese plan conlleva la reducción de pérdidas en las EDE hasta un máximo de 15% en seis años, mayores sanciones contra el fraude, y la presentación de un régimen tarifario de referencia hasta 2023, con la finalidad de sentar las bases para la implementación de la tarifa técnica.

https://www.listindiario.com/economia/2018/01/30/500669/el-pacto-electrico-seria-en-febrero

martes, 30 de enero de 2018

Edes deben alcanzar la eficiencia y reducir pérdidas

ADIE enumera medidas
SANTO DOMINGO,R.D.- La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) plantea que con miras a reducir las pérdidas de un 30 a 15% al 2022 las empresas estatales distribuidoras de electricidad (edes) deben tener capacidad de cubrir gastos operativos, mantenimiento, e inversión para la expansión de un sistema eficiente.
También considera deberán hacer mejoras en cuanto a la transparencia de la gestión con la presentación pública de presupuestos anuales; elaboración y publicación de planes estratégicos institucionales y planes de inversión y mejora de eficiencia.
Además deberán preparar y publicar estados financieros auditados de cada una de las empresas eléctricas estatales. Realizados por firmas independientes reconocidas a nivel nacional e internacional.
Plan integral. La ADIE sugiere además la ejecución de un plan integral de transmisión, distribución y generación.
En materia de generación, que se contemple la participación diversificada de fuentes energéticas convencionales, renovables y alternativas, priorizando en la medida de lo posible estas dos últimas.
En cuanto a la transmisión, la construcción de las redes necesarias para la expansión, y para la distribución un plan para mejorar la gestión comercial.
En materia institucional, la ADIE indica que existen consensos críticos que deben ser implementados para iniciar las mejoras del sistema. Entre ellos cita que el Ministerio de Energía y Minas sea el hacedor de las políticas del sector y que haya una regulación más fuerte de parte de la Superintendencia de Electricidad. “La gestión adecuada de la energía es lo que determinará el desarrollo eléctrico sostenible”.
Situación del sector. Al 2017 la matriz de generación eléctrica estaba compuesta en 35.2% por derivados de petróleo; 32.6% a gas natural; 14.6% a base del agua; 13.4% a carbón y el restante por viento, sol y biomasa.
La ADIE critica que a pesar de que existe energía disponible en un 12% más de la demanda, en el país sucedan 18 apagones en promedio al mes.


http://hoy.com.do/1708063-2/

lunes, 29 de enero de 2018

Reparar el daño al consumidor

SANTO DOMINGO,R.D.- La reparación del daño ha sido receptada en el artículo 53 de la Constitución como una columna de los derechos de los consumidores y los usuarios.
Las normas que integran el Derecho del Consumidor tienen esencialmente una índole preventiva, puesto que muchas veces no hay forma de reparar el daño que se inflige a la salud o a la seguridad, por mencionar dos derechos potencialmente expuestos.
Pero es una realidad insoslayable el hecho de que las características del mercado de consumo, la producción en serie de bienes y servicios y la debilidad informativa y la falta de conciencia de los consumidores y usuarios los expone a riesgos o daños invaluables.
Por esa razón, todo el ordenamiento jurídico relacionado con los consumidores está sentado sobre el basamento de una legislación que establece medidas jurídicas y administrativas para la obtención de la reparación del daño.
Así lo establece la Directriz de Naciones Unidas sobre las Medidas que Permiten a los Consumidores Obtener Compensación, de 1985, lo mismo que nuestra Ley General de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
En su redacción la Ley, artículo 73, consagra que los consumidores y los usuarios podrán reclamar la garantía de los bienes duraderos a que hace alusión el artículo 66 ante cualquier proveedor. De la misma manera, el artículo 100 establece que los proveedores de productos y servicios pueden incurrir en responsabilidad penal y civil.
Pero, el núcleo duro del sistema de reparación que prescribe la Ley está en el artículo 102, que preceptúa que, “los productores, distribuidores, comerciantes, proveedores y todas las personas que intervienen en la producción y comercialización de bienes y servicios, serán responsables solidariamente, conforme al derecho civil, de las indemnizaciones que se derivan de las lesiones o pérdidas producidas por la tecnología, por instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas a la utilización de dichos productos y servicios”.
El párrafo uno del citado artículo dispone que todo daño a la persona en su patrimonio que resulte del vicio, defecto, insuficiencia o instrucciones inadecuadas relativas al uso de los productos o los servicios obligará al proveedor a una reparación adecuada, siempre que la responsabilidad objetiva le pueda ser atribuida a éste.
La reposición de daños y perjuicios comprende, en forma concurrente o separada, la reposición del producto o servicio, la reparación gratuita de daños derivados de daños de la reparación principal, la reducción del precio, la restitución de los valores y costos por los daños derivados del consumo o uso del producto o servicio, la devolución de los valores pagados e indemnización. Asimismo, el artículo 114 de la Ley crea un sistema “multas coercitivas” a favor del consumidor para la ejecución de las sentencias.


http://elnacional.com.do/reparar-el-dano/

domingo, 28 de enero de 2018

RUIDOS QUE MATAN al ciudadano

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SANTO DOMINGO,R.D.- Al acuciante, tormentoso y demencial tráfico vehicular en el Gran Santo Domingo se agrega un cúmulo de problemas urbanos que trastornan el quehacer cotidiano y la salud de las personas, entre los que figura la peligrosa contaminación sónica que generan colmados, tarantines, colmadones, barras, cafeterías, discotecas, bares, billares, “drinks” y otros negocios ruidosos de expendio de bebidas alcohólicas y ciudadanos que irrespetan las normas elementales que rigen la vida en condominio.
En adición al agobiante problema, una epidemia de “guagüitas anunciadoras” se desplazan a cualquier hora del día y la noche por calles de barrios superpoblados ofertando la compra de baterías de vehículos, electrodomésticos, colchones, abanicos, neveras, acondicionadores de aire, estufas “y todo lo que sea viejo”. El progresivo aumento del parque vehicular se agrega al escandaloso Gran Santo Domingo un rompecabezas difícil de descifrar para las autoridades
Aunque las quejas de ciudadanos son recurrentes y ocasionalmente algunas personas se quejan y llaman a la Policía Nacional o al 911, el problema de los ruidos en ciudades y comunidades del interior de la República Dominicana, lejos de mejorar, empeora, particularmente en las zonas urbanas.
Para medir el nivel o la intensidad del sonido o ruido se usa el término decibelio o decibel (dB), que es la unidad de intensidad acústica equivalente a la décima parte de un belio, unidad de medición llamada así en honor a Alexander Graham Bell. El aparato utilizado para su medición es el sonómetro.
Las variaciones de intensidad sonora siguen una escala aproximadamente logarítmica, no lineal. Los decibelios son una unidad logarítmica. El sonido es el conjunto de ondas que se difunden como un estado físico (líquido, sólido y gaseoso) que ocasiona variaciones de presión y densidad, mientras que el ruido es irregular y sin concordancia entre los tonos fundamentales y sus armónicos. La intensidad sonora genera en las personas pérdida auditiva súbita, neurosensorial, sordera unilateral, demencia y vértigo de Ménière, entre otras.
La enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno. Puede causar un mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece y la sensación de presión o dolor en el oído. Suele afectar solo un oído y es una causa común de sordera.
El Ministerio de Interior y Policía es la institución responsable en nuestro país de “liberar” los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, colmadones, discotecas, bares, billares, “drinks” y en todos los demás establecimientos de diversión donde generalmente se generan ruidos. No están incluidas las ruidosas guagüitas anunciadoras que fastidian la vida cotidiana en barrios superpoblados, desde las primeras horas del día hasta que el sol se oculta, comprando electrodoméstivos viejos u ofertando productos agropecuarios. De los bullosos que alteran la “tranquilidad ciudadana” y las normas que rigen la vida en condominio se encarga a la Policía Nacional o llamando al 9-1-1.
Contaminación sónica: La Ley 64-00 sobre Protección al Medio Ambiente y los Recursos Naturales se refiere a este problema como “sonidos que por su nivel, prolongación o frecuencia afecten la salud humana, la calidad de vida de la población y el funcionamiento de los ecosistemas, sobrepasando los niveles permisibles legalmente establecidos. El sonómetro es el instrumento para medir el ruido. Es usado para medir los niveles de presión sonora, en un determinado lugar y un momento. Su unidad de medición es el decibelio.
Ruido, del latín rugitus, es un sonido indeseable, inarticulado y confuso. Es la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo (o posición de equilibrio). No debe confundirse una vibración con una oscilación.
Decibeles en música. Es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia o el nivel de intensidad del sonido. Se utiliza esta escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las variaciones de intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarítmica, no lineal.
Efectos que produce el ruido en la salud de las personas.
*Las personas acostumbradas a estar en ambientes ruidosos, como los efectos negativos no se muestran inmediatamente, no les prestan la atención necesaria. El ruido es todo sonido no agradable, no deseado o molesto al que se ve sometida una persona.
*En general, dentro de los efectos adversos del ruido pueden incluirse: cefalea, dificultad para la comunicación oral y disminución de la capacidad auditiva.
La teoría de la comunicación y la semiología afirma que el ruido es una interferencia que afecta al proceso comunicativo.
*Escuchar música a alto volumen incrementa los riegos de quedar sordos a una edad prematura, así como también propicia la falta de concentración.
*Algunos de los problemas relacionados con la larga exposición a un alto nivel de decibelios son la discapacidad auditiva, la hipertensión, la cardiopatía isquémica, el estrés, las alteraciones del comportamiento, la alteración del sueño o la disminución del rendimiento escolar. La mayoría fueron identificados en la década de 1960.
*En adición al ruido generado por negocios de expendio de bebidas alcohólicas, el uso de fuegos artificiales y de potentes petardos que explosionan en distintos sectores de las ciudades durante las festividades navideñas y de Año Nuevo, aumenta el nivel de ruidos.
*Las causas más comunes de pérdida de audición o hipoacusia son el ruido excesivo y la edad. Sin embargo, en ambos casos dan lugar a la muerte o daño de las células pilosas del oído interno. Muchas personas también sufren alteraciones de audición causadas por estas enfermedades.
*Los ruidos provocan dificultades para conciliar el sueño de las personas y lo alteran cuando duermen. Además, produce alteraciones en la conducta humana.

http://hoy.com.do/1706573-2/

sábado, 27 de enero de 2018

Emiratos aporta fondo paneles solares en RD

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SANTO DOMINGO,R.D.- La República Dominicana recibirá 3 millones de dólares del Fondo de Energías Renovables Emiratos Árabes Unidos-Caribe para la instalación de paneles solares en 1,000 centros sanitarios del país, informó ayer el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía dominicana, Juan Rodríguez Nina. Esta aportación se enmarca en un acuerdo global con diferentes países del Caribe de 50 millones de dólares en total, cuyo objetivo es desarrollar en la región proyectos de energía renovable como la solar, baterías de acumuladores y otras. El acuerdo fue presentado hoy en Abu Dabi por el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente, Zani Bin Ahmed al Zeyudi, en un acto que contó con la presencia de representantes de cada uno de los Estados receptores.
Rodríguez Nina aseguró a Efe que se trata de “un ambicioso proyecto que aportará el 40 por ciento de la energía que precisan las instalaciones de los centros sanitarios”. “Estamos hablando de un aporte importante no reembolsable de casi 3 millones de dólares de un presupuesto total de 100 millones de dólares”, agregó. Por su parte, Amer El Kadi, consejero asistente de la embajada de la República Dominicana en Abu Dabi, que intervino en el acto acompañado de Rodríguez Nina, expresó su “gratitud” a Emiratos.


http://hoy.com.do/emiratos-aporta-fondo-paneles-solares-en-rd/

viernes, 26 de enero de 2018

Edeeste protegida por la clase política

SANTO DOMINGO ESTE,R.D.- Causa eficiente del deterioro indetenible del servicio eléctrico en el municipio Santo Domingo Este, a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, ha sido el silencio cómplice que guardan las autoridades congresuales y municipales frente a las interrupciones diarias del suministro energético, junto a averías frecuentes, prolongadas e inexplicadas, un proceso abusivo que mantiene en vilo a miles de familias, hospitales y clínicas, escuelas y colegios, negocios e instituciones sociales de la región Oriental.
Es inconcebible, por ejemplo, que la respetada Senadora Cristina Lizardo Mezquita, PLD-Provincia Santo Domingo, no ha hecho valer su influencia para que, por lo menos, Edeeste explique a los munícipes que la han elegido consecutivamente desde el 2006 a una curul en el Congreso, las razones de tal descalabro energético.
Tampoco los diputados representantes del municipio Santo Domingo Este, 9 del PLD y 2 del PRM, abren la boca para referirse a esta problemática que cada día incita el rechazo de la población adulta preparada para votar en los comicios del 2020. “Diputado es el hombre (o la mujer) encargado por el pueblo para que estudie su situación, para que examine sus males, para que los remedie en cuanto pueda, para que esté siempre imaginando la manera de remediarlos”. (José Martí, libertador de Cuba).
Ni el Alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, nada dice respecto del peor servicio público existente en su demarcación; Edeeste, contraria a la eficiencia mínima esperada, provee dos y tres apagones diariamente, cobra abultadas facturas, corta la energía con pasmosa puntualidad y presiona compulsivamente a desvalidos usuarios.
Quizá la clase política oriental disfruta privilegios de conexión o facturación, o Edeeste suele emplear a los recomendados por los partidos, pero su protección política es innegable. Faltan dos años para las elecciones.

Por: Melvin Matthews

http://hoy.com.do/la-clase-politica-protege-a-edeeste/

jueves, 25 de enero de 2018

RD puede ser una potencia en energía solar

SANTO DOMINGO,R.D.- El país debe comenzar a dar pasos firmes - planificados en el marco de las políticas públicas- para reducir al mínimo los combustibles fósiles en la producción de energía, aprovechando su alto potencial solar en todo el territorio nacional, que supera los parámetros internacionales.
El planteamiento fue hecho por el joven empresario Carlos Grullón Mejía, presidente de la firma Raas Solar, que actualmente realiza notables aportes en instalación de estructuras fotovoltaicas para producción agrícola, regadío, residencias, centros de servicios y otras operaciones productivas.
“Direccionar la estrategia energética hacia el uso de fuentes limpias no sólo significa aliviar  las finanzas públicas de una pesada factura petrolera, sino que implica crear un entorno limpio, una atmósfera respirable que se traduce en el bienestar de la gente”, manifestó el emprendedor.
Al referirse al potencial solar de la República Dominicana, Grullón citó recientes estudios de ‘World Watch Institute’ según los cuales la irradiancia global horizontal va de 5 a 7 kilovatios-hora por metro cuadrado por día (kWh/m2 /día) en la mayor parte del país y se acerca a 8 kWh/m2 /día en algunas regiones.
Indicó que, según los mismos estudios, Alemania, que cuenta con casi la mitad de la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica del mundo, tiene pocos lugares con una irradiancia global horizontal por encima de 3.5 kWh/m2 /día.
Asimismo, Phoenix, Arizona, una ciudad del suroeste de los Estados Unidos, famosa por su potencial solar, tiene una irradiancia global horizontal promedio de 5.7 kWh/m2 /día.

https://www.listindiario.com/economia/2018/01/23/499737/rd-puede-ser-una-potencia-en-energia-solar

miércoles, 24 de enero de 2018

Uers dice invirtió RD$738 MM en electrificación, 24 proyectos

SANTO DOMINGO,R.D.- Un total de 738 millones de pesos fueron invertidos por la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (Uers) en 24 proyectos de electrificación por redes convencionales y la construcción de siete micro hidroeléctricas en provincias.
La directora de la entidad, Thelma Eusebio, explicó que 434.5 millones de pesos fueron invertidos en 1,057 operativos de mejoras y soluciones, en beneficio de miles de personas que habitan en comunidades rurales y barrios del Distrito Nacional con alto índice de inseguridad.

Una comunicación indica que la inversión forma parte del programa del desmonte territorial total y en respuesta a las metas y visitas sorpresas del presidente Danilo Medina durante 2017.
Eusebio explicó que 17 obras de energía por redes convencionales fueron instaladas en el Este, Sur, Norte y Nordeste, con una inversión superior a los 160 millones de pesos para beneficio directo a más de 1,800 familias, una media de más de 13 mil personas.

Un total de 100 millones de pesos fueron destinados para la construcción de siete micro-centrales hidroeléctricas y la instalación de sistemas fotovoltaicos con uso de paneles solares aportando al sistema eléctrico dominicano energía limpia y sostenible.


http://hoy.com.do/uers-dice-invirtio-rd738-mm-en-electrificacion-24-proyectos/

martes, 23 de enero de 2018

El Protocolo de kioto y los costos ambientales

El Protocolo de Kioto (PK) concreta diversos instrumentos para reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo los más significativos económicamente los mercados de permisos de emisión entre los países industrializados, los mecanismos de flexibilidad (mecanismos de desarrollo limpio y proyectos de inversión conjunta) y el desarrollo de absorbentes y sumideros de estos gases. La entrada en vigor, en febrero de 2005, del PK implica un cambio de paradigma, teórico y práctico, en los costos ambientales.

Las empresas que se ubican en los países industrializados, han ratificado el PK y cuentan con un Registro de Emisiones Contaminantes, deben prestar especial atención a los costos que pueden derivarse de las actividades a realizar para reducir sus emisiones, así como los originados por una emisión superior a los límites autorizados. Además estos límites se irán reduciendo, por lo que las entidades afectadas estarán cada vez más lejos de los costos ambientales que, hasta ahora, consciente o inconscientemente, acostumbraban a considerar como costos externos o externalidades.

Para cumplir las metas, las empresas de los países que han ratificado el PK deberán prestar especial atención a las inversiones que les permitan una producción más limpia y una absorción de GEI eficiente, así como a las nuevas fuentes de financiación que el PK facilita.


La entrada en vigor en febrero de este año 2005, del Protocolo de Kioto implica un cambio de paradigma teórico y práctico en los costos ambientales. Esta situación se profundiza en los países industrializados que cuentan con un Registro de Emisiones Contaminantes.
En este trabajo:
a) Se desarrollan los aspectos esenciales del marco que configura el PK para comprender el mercado de permisos de emisión de la Unión Europea y las posibilidades económicas y financieras abiertas en los países del Mercosur.
b) Se analiza la gestión de los costos ambientales ante las obligaciones derivadas del PK para las empresas europeas, pero ampliando nuestro enfoque a las empresas del Mercosur que hayan emprendido o deseen emprender proyectos asociados al Desarrollo Limpio (MDL), los Sumideros y Depósitos y otros relativos a los Fondos de Carbono.
c) Se estudian las distintas situaciones que se presentan a las empresas que deban reflejar información sobre permisos de emisión en sus Estados Financieros de uso externo, tomando como base la Interpretación 3 del IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).
 El PK es un acuerdo internacional vinculado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual:
  • Reconoce que existe un peligro real de que el clima cambie rápida y espectacularmente en los decenios y siglos venideros, siendo inciertas las consecuencias de este cambio climático. Para reducir este peligro, establece como objetivo reducir las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Esta reducción debe lograrse en un plazo suficiente para: a) permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, b) asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y c) hacer posible un desarrollo económico sostenible.
  • Establece un marco general y un procedimiento para acordar las medidas específicas que será necesario adoptar, prescribiendo las medidas preliminares que parecen más razonables y fomentando la investigación sobre el cambio climático.
  • Considera que este problema aumenta la desigualdad entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, ya que las más industrializadas han sido (aunque no siempre de forma consciente) las principales responsables del aumento de GEI. Por ello, la Convención atribuye a los países desarrollados la mayor parte de la factura a pagar (a través de transferencias de tecnología y aportaciones a fondos de carbono) y, a la vez, reconoce la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de los países más pobres y su derecho al desarrollo económico.
  • Afirma, como consecuencia de todo ello, que el modelo tradicional de desarrollo ha de cambiar hacia un desarrollo sostenible, para lo cual la Convención alienta a fomentar y compartir las tecnologías y los conocimientos prácticos ambientalmente racionales y la difusión pública de información sobre cambio climático.
El Protocolo firmado en Kioto, el 11 de diciembre de 1997, ratificado actualmente por 142 países, y en vigor desde febrero de 2005, concreta estas líneas, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible mediante la limitación y reducción de las emisiones de GEI. Para ello:


http://www.estrucplan.com.ar/secciones/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=3778

lunes, 22 de enero de 2018

Descarta Punta Catalina comience a operar en 2018


SANTO DOMINGO,R.D.- La Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que ninguna de las plantas de la central termoeléctrica que construye el Gobierno en Punta Catalina entrará en operación en 2018.
El organismo perremeísta contradijo declaraciones en ese sentido externadas por el director ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El ingeniero Antonio Almonte, director ejecutivo de la comisión de Energía del PRM, aseguró que la construcción de la multimillonaria obra podría quedar totalmente paralizada, como consecuencia del arbitraje internacional a que será sometida, producto del conflicto entre la constructora Odebrecht y el Gobierno, por una diferencia en el costo de 708 millones de dólares.
Sin embargo, precisó que “aunque no haya suspensión o parada de la construcción es muy probable que en Catalina no se pueda poner en operación ninguna planta este 2018 y Bichara lo sabe”.
“Para que cualquiera de las dos plantas inicie su operación este año, las pruebas de sus sistemas debieron haber comenzado, como mínimo, el año pasado, cosa que no ocurrió ni siquiera se prevé que pueda comenzar en el primer trimestre de este año”, manifestó Almonte, en declaraciones escritas.
Agregó que “Bichara sabe, como jefe máximo del proyecto, que para entregar la planta se requiere realizar un conjunto de pruebas inevitables como, por ejemplo, las del sistema de agua de circulación, el primer encendido de la caldera”.
Explicó que antes de entrar en operación esas plantas ameritan pruebas de sincronización conforme, primer encendido con carbón, ajustes de caldera y de la planta en su conjunto, de aceptación provisional, de desempeño y de aceptación final.
“La secuencia y duración de la ejecución de esas pruebas son invariables y rigurosas en proyectos de este tipo”, precisó.
“Fue por esa razón que la propia Odebrecht declaró, hace pocos meses, que la central estaría terminada en el 2019 sujeto a que la CDEEE le pague los 708 millones de dólares extra que reclama”, dijo.
Un Apunte
Imposible
Antonio Almonte señaló que aunque no haya suspensión o parada de la construcción es muy probable que en Catalina no se pueda poner en operación ninguna planta este 2018. Aseguró que Bichara conoce esa situación.
Almonte dijo que otra afirmación poco creíble de Bichara es que la construcción de la obra no se detendría durante el juicio internacional sometido por el contratista.
“Si la litis es porque el contratista dice que necesita 708 millones de dólares para terminar la obra, entonces, cabría preguntar ¿de dónde sacará el consorcio constructor ese dinero para terminar la obra antes del veredicto de la corte internacional de Nueva York?”, cuestionó.
Consideró que el Gobierno y Bichara deben informar al país sobre el estado real de la obra y el alcance de la demanda de los 708 millones de dólares.


http://elnacional.com.do/descarta-punta-catalina-comience-a-operar-en-2018/

domingo, 21 de enero de 2018

¿Cuánto se puede ahorrar consumiendo "marcas blancas"?:ECONOMÍA

¿Cuánto se puede ahorrar consumiendo "marcas blancas"?
SANTO DOMINGO,R.D.- Quizás por el costo de la canasta básica, que al cierre de diciembre de 2017 ascendió a los RD$29,982,94, muchos dominicanos han buscado mecanismos para tratar de solventar y obtener un ahorro en el día a día.
Es normal que con la búsqueda de descuentos recurran a la compra de productos que esté en oferta o cuyos precios no sobrepasen al que se tiene estimado gastar. En muchas ocasiones los compradores sustituyen las marcas tradicionales por otras que sean de un costo menos elevado.
En los últimos años alrededor de ocho supermercados nacionales han comenzado a producir las llamadas “marcas blancas”, que no son más que productos elaborados por la misma cadena.
Estos artículos, por lo regular de precios más económicos que los de marcas privadas, son gran atractivo para quienes buscan reducir costos a la hora de realizar sus compras.

Arroz, habichuelas, aceites, sardinas, pastas alimenticias, detergentes, productos de uso personal, embutidos, leche, quesos, margarinas y otros lácteos, son algunos de los productos que oferta a precios competitivos, el mercado de marcas propias.
Por ejemplo, para la compra de diez libras de un arroz superior de una marca tradicional un consumidor tendría que invertir  RD$270. Al recurrir a una marca blanca el costo disminuye, quedando en  RD$200, lo que supone un ahorro  de alrededor de 26 %.
Al asegurar que no siempre lo que es caro es lo mejor, muchos se refugian en esos tipos de productos, que sin dudas traen beneficios a consumidores, ya que es posible lograr ahorros de hasta un 20% en artículos que son básicos en los hogares dominicanos.
Un elemento que suma es que hasta el momento los principales productores y comercializadores de marcas propias son negocios de reconocida trayectoria, por tanto su calidad no es cuestionada.


https://www.listindiario.com/economia/2018/01/21/499536/cuanto-se-puede-ahorrar-consumiendo-marcas-blancas

Protección al consumidor:ANTE EL ABUSO

La protección del consumidor se extiende a todas las ramas del ordenamiento jurídico, lo cual se expresa en el artículo 103 de la Ley de Protección al Consumidor cuando estatuye que la responsabilidad penal alcanza al agente culpable de la infracción o delito, según la tipificación que establece la ley, el Código Penal y otras leyes especiales.
Es decir, pese a que predomina un modelo sancionatorio administrativo, en materia de consumo existe un subsistema de protección penal del consumidor conformado por una legislación propia, así como por diferentes disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes especiales.
SANTO DOMINGO,R.D.- El artículo 117 de la Ley de Protección al Consumidor dispone que la Dirección Ejecutiva de Pro-Consumidor será la entidad competente para iniciar, de oficio o a denuncia de parte, la investigación por las infracciones a la Ley y las disposiciones dictadas para su ejecución.
Ahora bien, las referidas infracciones a que hace alusión el artículo anterior no se clasifican ni catalogan específicamente como penales o administrativas, por el contrario, la Ley lo que hace es enunciar una serie de prohibiciones y deberes, cuya violación acarrea la comisión de una infracción y la imposición de una pena.
El artículo 104 de la Ley prescribe que, “las infracciones en materia de consumo serán objeto de las sanciones correspondientes, previa instrucción del expediente sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir”.
La interpretación de este artículo de la Ley nos conduce forzosamente a la conclusión de que nuestra norma configura infracciones de naturaleza administrativa, independientemente de la acción penal o civil.
Esta interpretación pudiera subsanar el déficit en la tipificación de las infracciones de la Ley, que se manifiesta en la ausencia de un elemento subjetivo y en la falta de resolución sobre el título de la imputación, lo cual le podría hacer pasible de control constitucional, puesto que plantea desafíos para un Derecho Penal garantista.
Así, tales circunstancias pueden generar violaciones al principio de legalidad, puesto que no se exterioriza la conducta que rige para la actividad punitiva.
Sin embargo, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en su artículo 105, señala los tipos de infracciones sancionables: a) infracciones referidas al deber de seguridad y de no poner en riesgo la salud e integridad física de los consumidores, b) infracciones referidas al deber de información, c) infracciones referidas al deber de respetar la oferta tal como fue emitida, d) infracciones referidas al deber de respetar las modalidades de provisión de cosas y servicios como fueron pactados, d) deber de prestar garantías de productos y servicios, e) deber de extender por escrito documento de venta.

http://elnacional.com.do/proteccion-al-consumidor-2/


UNCUREN llama a sectores a no firmar Pacto Eléctrico por ser inconstitucional

SANTIAGO,R.D.- La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios en la Región Norte, instó a los sectores involucrados en el Pacto Eléctrico a que no firmen el documento, ya que en su conocimiento se dejaron fuera a los representantes de los consumidores.
Carlos González, presidente de la entidad, dijo que el Pacto Eléctrico no defiende a los consumidores, que son los que benefician al Estado con el pago de sus impuestos.
Estamos haciendo un llamado a los sectores que participaron en el conocimiento del Pacto Eléctrico a no firmarlo, porque es violatorio a la Constitución de la República”, precisó el dirigente comunitario.
Dijo que más que beneficiar, hundirá más en la miseria a los consumidores, ya que el mismo está plagado de impuestos.
Además, quienes conocieron el mismo sabían de la situación que ahora está ocurriendo, pero no se pusieron al lado de los sectores de menores ingresos, pura y simple, porque son empresarios, y ahora éstos se niegan a firmarlo, acotó González.
Recordó que cuando se estaba conociendo el Pacto Eléctrico, solo participaron el sector empresarial y el Gobierno, dejando fuera a los verdaderos representantes de los consumidores.
Indicó que el tercer sector implicado en la revisión de dicho pacto fue el sector sindical, el cual nunca defendió a sus afiliados que también son consumidores, pero aprobaron el mismo sin el consentimiento de los sectores más empobrecidos de la nación.
Según la Uncuren, la aprobación del Pacto Eléctrico implica que el consumo de energía eléctrica será medida como un chic telefónico, que el usuario tendrá que recargar cuando le sea suspendido el servicio.
Criticó que el sector empresarial “quiera sacar de las costillas de los consumidores, el 32 porciento de pérdida que dice tienen las distribuidoras de energía”.
“Eso es muy peligroso, porque el país cuenta con millones de familias empobrecidas, que no pueden pagar el servicio eléctrico, pero además, hay una gran cantidad de pequeñas empresas y negocios, que si ese pacto es firmado y aprobado por el Gobierno, quebrarían sus negocios, lo que seria catastrófico para el país.
González llamó a los sectores de consumidores a nivel nacional a mantenerse vigilantes, ante la acción del gobierno de querer aprobar y firmar el Pacto Eléctrico.

https://elnuevodiario.com.do/uncuren-llama-sectores-no-firmar-pacto-electrico-inconstitucional/

sábado, 20 de enero de 2018

96 JUBILADOS DEL BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA ESTÁN SIN SEGURO MÉDICO

SANTO DOMINGO,R.D.- Un grupo 96 jubilados del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), conocido en la actualidad como Banco Nacional de Exportaciones (Bandex), fue excluido del seguro médico de salud, según denunció este viernes el abogado Eduardo Risk Hernández en El Matutino Alternativo.
Explicó que los antiguos empleados se percataron de que sería excluidos del seguro médico cuando fueron a regularizar su estatus, tras emitirse el 25 de agosto del año 2017 el Decreto 278-17 que establece que los jubilados del BNV pasan a ser administrados por el Ministerio de Hacienda.
El abogado sostuvo que se envió una comunicación amistosa al Bandex, en octubre del 2017, para llegar a acuerdos entre las partes.
Risk exhortó al gerente del banco, Guarocuya Félix, a apegarse a la Ley de Función Pública 41-08 que en su Art. 99 refiere: “Hasta tanto entre en vigencia el Sistema Nacional de Seguridad Social, la titularidad de una pensión por invalidez absoluta o por lesiones permanentes generará el mantenimiento vitalicio del seguro médico al cual tenía derecho el servidor durante su actividad”.
El artículo además sostiene: “Asimismo, se garantizará el mantenimiento del seguro médico al titular de una pensión por antigüedad que así lo desee. El hecho de renunciar al beneficio de las prestaciones sociales no exime al titular de la pensión en contribuir al régimen”.
El abogado indicó que se interpuso el 28 de diciembre del 2017 una medida cautelar para la revisión de todos los documentos y la próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 24 de enero del 2018 para seguir aportando informaciones.
Eduardo Risk afirmó que lo único que se busca con esta demanda es que los jubilados obtengan su seguro médico y sean remunerados, porque muchos han tenido que pagar un seguro privado, lo que le resulta costoso y dificultoso debido a la edad avanzada que tienen.

http://z101digital.com/articulos/abogado-denuncia-96-jubilados-del-banco-nacional-de-la-vivienda-estan-sin-seguro-medico-01-19-2018

viernes, 19 de enero de 2018

Alianza País denuncia que el Pacto Eléctrico incrementará la tarifa eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.. El diputado y secretario político de Alianza País, Fidelio Despradel, denunció hoy los supuestos intentos del Gobierno y de un sector del empresariado de firmar e imponer un Pacto Eléctrico que “aumentaría la tarifa y extendería en el tiempo las ganancias y privilegios que las élites económicas y políticas actualmente sacan del sistema energético nacional”.
Despradel consideró que toda la población, los comerciantes, pequeños y medianos empresarios deben rechazar el proyecto de Pacto Eléctrico porque el documento mantendría sin variaciones las estructuras clientelares que el Partido de la Liberación Dominicana ha instalado en las empresas de distribución, y obligaría a los consumidores “más pequeños” a pagar los derroches peledeístas y los altos niveles de pérdida eléctrica que la incapacidad administrativa del Gobierno provocan.
“Es claro que la cúpula del CONEP y el Gobierno se han puesto de acuerdo para aumentar la tarifa en 17% para la mayoría de la población, y al mismo tiempo han pactado para que los súper ricos de República Dominicana no paguen por el uso del sistema público cuando transportan la energía que compran directamente a los generadores”, declaró Despradel en nota de prensa enviada a Diario Libre.
El diputado consideró, además, que en República Dominicana nadie puede hablar de firmar un Pacto Eléctrico sin aclarar todo lo concerniente a la licitación y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, por considerar que este proceso impactará de manera importante en el futuro del sistema energético y en las políticas públicas de los próximos años. A su juicio, no se debe pactar sobre los que considera el “cuerpo del delito” del mayor escándalo de corrupción de la República Dominicana: el caso Odebrecht.
Para el legislador aliancista, conocido por sus décadas de activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, el Pacto Eléctrico que promueven el Gobierno y las élites del CONEP no aportan nada a la necesidad nacional de aumentar los niveles de generación energética a partir de las fuentes de energía renovable que existen en el territorio nacional, como el sol, el viento y ríos de alto potencial hidráulico.
Alianza País consideró que tampoco puede tener legitimidad el Pacto Eléctrico planteado porque su contenido ha sido rechazado por numerosos representantes del sector social, por el sector político que se retiró hace más de un año de las discusiones, y por parte del empresariado que se opone a los contubernios impuestos en el proceso de discusión.

https://www.diariolibre.com/noticias/politica/alianza-pais-denuncia-que-el-pacto-electrico-incrementara-la-tarifa-electrica-HX9000678

jueves, 18 de enero de 2018

Considera Pacto Eléctrico no soluciona problemas del sector


SANTO DOMINGO,R.D..-Opción Democrática critica la exclusión de Punta Catalina de las discusiones del Pacto, dado el papel protagónico que ha jugado dicha obra en el escándalo de corrupción de Odebrecht y la falta de transparencia con que se han manejado las autoridades estatales.
El partido, que preside la exdiputada Minou Tavárez Mirabal, sostiene que el diálogo y las negociaciones sólo son posibles donde existe la confianza. “Es muy difícil creer en un gobierno que no practique la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó.
En lugar de promover intereses grupales y particulares, los dirigentes de Opción Democrática entienden que la política estatal en materia eléctrica debe crear los incentivos necesarios para la competencia y el abaratamiento de los costos del sector.
De igual forma, debe continuar promoviendo la diversificación de la matriz generadora de electricidad pues la sostenibilidad de la República Dominicana implica una mayor inversión en energías limpias, no en plantas a carbón que atentan contra el medio ambiente y nuestro bienestar, dijo.
Sobre el posible aumento de la tarifa eléctrica tras la implementación del pacto, consideran que un acuerdo que esté pensado para el bien de los ciudadanos y ciudadanas debe tomar en cuenta que la aplicación de precios exorbitantes por un servicio vital para el desarrollo de la sociedad es una de las principales barreras a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas dominicanas.

https://elnuevodiario.com.do/opcion-democratica-considera-pacto-electrico-no-soluciona-problemas-del-sector/

Actitud del Gobierno hizo fracasar Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO,R.D.- “El Gobierno se vió obligado a cancelar la firma del supuesto Parto Eléctrico ante la definida oposición de representantes sociales, empresariales y académicos”, señaló a través de su cuenta de twitter Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD).
Precisó el sociólogo y dirigente político que “en las largas reuniones de los diversos actores que discutieron el Pacto Eléctrico no se llegó a acuerdos sobre aspectos fundamentales y que, muy por el contrario, los supuestos consensos, lejos de resolver los problemas del país sólo benefician a sectores particulares”.
Puig, quien es un abanderado de la defensa del medio ambiente, afirmó que “la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y niguna de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, tienen estados financieros auditados”, insistiendo a seguidas que, en esas condiciones, no se puede discutir con seriedad ningún pacto.
El presidente de la APD le atribuyó la inexistencia de estas informaciones básicas al hecho de que no hay transparencia en el gobierno.
En sus tuits, Puig respaldó la posición de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y de los demás sectores que se han negado a suscribir el documento sobre la cuestión eléctrica.

https://elnuevodiario.com.do/max-puig-dice-actitud-del-gobierno-fracasar-pacto-electrico/

miércoles, 17 de enero de 2018

EDESUR paga US$300 mil al mes por local

SANTO DOMINGO,R.D.- El diputado peledeísta José Laluz denunció en la Cámara de Diputados que Distribuidora de Electricidad EDESUR Dominicana paga 300 mil dólares al mes por el alquiler de su local, con un contrato de 17 años de vigencia, firmado en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Calificó la situación de preocupante y pidió que se investigue.
Dijo que el contrato ahora entró en el año 18 (2018), ya que fue suscrito en la administración del gobierno del expresidente de Mejía (200-2004).
Afirmó que ese dinero supera a la mitad del préstamo que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado jueves, de 100 millones de dólares, para apoyar las redes del sistema eléctrico.
Indicó que esos 300 mil dólares, llevados a la equivalencia del peso dominicano, da un monto de 2,900 millones de pesos en 17 años.
“Eso lo que le dice a cualquier persona que tenga un concepto mínimo de lo que es la racionalidad de los recursos y la eficiencia, que ahí hay un problema serio de eficiencia, porque con ese dinero hubiésemos construido muchísimos edificios”.
Laluz sostuvo que independiente de que tengan un compromiso con el sector eléctrico, “del cual me siento aliado y al cual apoyo permanente”.
Al describir la situación de la sociedad anónima estatal, el legislador planteó a sus compañeros que en esta oportunidad hagan una crítica constructiva, supeditando el apoyo del financiamiento que debían aprobar en la sesión del jueves 11 de enero pasado, para hacer una investigación sobre el informe que él tiene y que presentó al hemiciclo, relativo al gasto de Edesur en pago de alquiler de inmueble.
Agregó: “Porque no es solamente el edificio, es que si es verdad que se están pagando 175 millones de pesos anuales, solamente en un inmueble de Edesur, eso es un indicador de que ahí hay problemas con el cuidado del gasto público que nosotros ponemos bajo su responsabilidad”.
Laluz le solicitó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que realice una investigación para ver conocer el caso. Al final, ningún diputado hizo caso a lo que dijo.


http://hoy.com.do/laluz-denuncia-edesur-paga-us300-mil-al-mes-por-local/

martes, 16 de enero de 2018

PRSC firmará Pacto Eléctrico:ESE PARTIDO PARTICIPO EN EL DEBATE?

El partido opositor llama a la clase política a ponerse de acuerdo
Santo Domingo.-El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) anunció que va a suscribir el Pacto Eléctrico que fue discutido por el Gobierno con la oposición, los empresarios y la sociedad en el Consejo Económico y Social, CES.
El secretario general de esa organización, Ramón Rogelio Genao, explicó que el PRSC tomó la decisión porque el mismo forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y con la esperanza de que sea el inicio para el entendimiento de los principales temas de la agenda nacional.
Asimismo, hizo un llamado a los políticos a retomar el diálogo y ponerse de acuerdo en la ley de partidos y de régimen electoral y el régimen de consecuencias.
Genao entiende que la clase política debe ser capaz de concertar la transformación del colapsado régimen electoral y acordar el establecimiento de un verdadero régimen de consecuencias que evite la corrupción, la criminalidad, violencia e impunidad.
El exlegislador sostiene que los políticos han olvidado la necesidad de ponerse de acuerdo, independientemente de los temas en la agenda país, para garantizar la continuidad en las políticas públicas fundamentales del Estado.
“Los últimos referentes son el Pacto por la Democracia y el Pacto por la Educación, ambos en el siglo pasado”, argumentó.

http://eldia.com.do/el-prsc-firmara-pacto-electrico/

lunes, 15 de enero de 2018

Por qué es ilegal la retención de vehículos

SANTO DOMINGO,R.D.- El derecho a circulación fue establecido en la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. 
Esta en su artículo 15 dice: "En sustitución del impuesto establecido en el artículo 32 de la Ley No.495-06, de Rectificación Tributaria, de fecha 28 de diciembre de 2006, modificada por la Ley No.225-07, de fecha 5 de septiembre de 2007, se establece un impuesto anual por circulación a los vehículos de motor de uno por ciento (1 %) sobre su valor…".
Es importante destacar que la Ley 225-07 modificó el artículo 9 de la ley núm. 241 de tránsito, que ya no existe porque fue derogada por la nueva ley núm. 63-17.
La nueva ley de tránsito, Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la RD, contempla varios requisitos para que un vehículo de motor pueda circular por las vías tales como:
  • Certificado de propiedad (art.189)
  •  Marbete inspección técnico vehicular (166) 
  •  Placa (arts. 161 y 189)
  •  Licencia (arts. 199 y 210)
  •  Póliza de Seguro (art. 216)
  •  Casco Protector (art. 251) 
  •  Chalecos Reflectantes (art. 251)
  •  Conducción sin luces ( art. 64.1)
  • Chasis correspondiente (art. 176) 
Algunos de estos requisitos: placa, licencia e inspección técnico vehicular están sujeto a su renovación. El no renovarlo implica sanciones que establece la ley y ordena su retención por violación a los mismos. 
La nueva ley no tiene reconocido el derecho a circulación, o más bien, no adoptó el marbete de renovación al derecho a circulación. Este derecho se encuentra en la ley No. 253-12, pero reitero, no está en la ley 63-17.
La ley 241 cuando estaba vigente reconocía este derecho en su artículo 9 y dicho artículo contenía su sanción correspondiente. Es bien sabido que dicha ley fue derogada,  pero aun el derecho a circulación se mantiene por vía de la ley 253-12 sobre recaudación fiscal, pero resulta que dicha ley no establece la sanción al no renovar o pagar este derecho.
Las autoridades de transito Intrant y Digesett al sancionar a los conductores por no comprar dicho marbete de derecho a circulación, lo están sancionando con la pena que corresponde a la renovación de placa establecido en el artículo 189.13 de la nueva ley 63-17.
El derecho a circulación no es lo mismo que la renovación de la placa. Ambas figuras jurídicas sobre el transito son distintas e inclusive están en leyes diferentes. Hay un marbete es para circular (ley 253-12) y la otra es un marbete de renovación de placa que corresponden a la Nueva Ley 63-17 (arts. 161 y 189.13). 
Esta situación revela una violación de carácter constitucional, ya que no se puede describir una conducta en una ley y colocar la sanción en otra. La Doctrina denomina a esta situación como Leyes Penales en Blanco.
Más aún, en derecho penal constitucional está prohibido y adoptado por la Constitución a través del principio de legalidad, sancionar si una ley no lo establece atendiendo a la cláusula "no hay delito ni pena sin sanción" o más bien nulla poena sine praevia lege.

Por:John Garrido (abogado penalista)

http://z101digital.com/articulos/por-que-es-ilegal-la-retencion-de-vehiculos-01-13-2018-1

Amet puede retener vehículos

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SANTO DOMINGO,R.D.- Un abogado penalista y conocedor de la Ley 63-17 afirmó que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett-Amet), sí tiene facultad para impedir la circulación vial de los vehículos con placa vencida o sin marbete de circulación que pruebe el pago del impuesto anual que cobra el Estado, vía la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Con esta postura, el doctor Cándido Simón contradice a otros juristas que califican de ilegal la incautación de vehículos cuyos dueños no renovaron sus marbetes.
“La placa ya no vence, antes sí, porque cambiaban la chapa todos los años, con un gasto enorme; ahora solo vence el impuesto, cuyo pago se comprueba al cambio del marbete”, explicó.
Sostuvo que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que prohibe remolcar vehículos sin la notificación a su propietario, pero que esta no aplica, porque se refería a la antigua Ley 241, sobre Tránsito, que no autorizaba la retención del vehículo. Precisó que la 241 fue derogada por la nueva Ley de Tránsito 63-17, que en su artículo 189 prohibe circular con placa vencida, “obviamente, quedan autorizados los agentes del tráfico para impedirlo, y eso se hace paralizando el vehículo”.

http://hoy.com.do/abogado-dice-amet-puede-retener-vehiculos/

domingo, 14 de enero de 2018

Reforma de la Ley de Seguridad Social

SANTO DOMINGO,R.D.- Pero antes es importante dejar bien claro que varios de los problemas actuales que reducen o niegan la protección social integral establecida en la Ley, no se originan en su diseño, sino en su falta de aplicación y/o en una ejecución moldeada por las presiones e intereses de sectores y grupos para preservar sus privilegios.
Como falta de aplicación podemos citar, la posposición (Art. 152) de la atención primaria y del primer nivel de atención como la puerta de entrada a la red de servicios, lo cual impide establecer una verdadera protección y promoción de la salud, dejando atrás un modelo curativo costoso e ineficiente.
La posposición indefinida del Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), (Art. 7 y 8) diseñado para afiliar y proteger a tres millones de trabajadores independientes y autónomos y sus familiares, mediante modalidades que se adecúen a sus características económicas y laborales.
La negación sistemática del derecho al seguro de salud de los pensionados y jubilados establecido en el Art. 140, párrafo II de la Ley, dejando en la total orfandad a la población envejeciente en la etapa de su vida cuando más necesitan de los servicios médicos y de las medicinas.
La negación del derecho a la actualización del monto de las pensiones (Art. 43) para mantener su poder adquisitivo. A pesar de crecer en un 5% en la última década, la pensión mínima del Estado se mantiene congelada en 5,117 pesos, que no alcanzan ni para comprar medicinas. Y a los cañeros se les niega dicha pensión en sus últimos años de vida.   
La más importante de las distorsiones, son los copagos generalizados y arbitrarios, contraviniendo la Ley 87-01, ya que ésta sólo establece (Art. 130) un solo copago de un del 30% en la compra de medicamentos ambulatorios. Mientras los grupos de presión hacen millones, el gasto de bolsillo de los afiliados casi llega al 50%. 
La Ley debe ser modificada en cinco temas importantes
  1. Modificar el Art. 24 para eliminar las trabas derivadas del veto en el CNSS. Este recurso ha paralizado el funcionamiento del órgano rector del Sistema, impidiendo la toma de decisiones a favor de la población afiliada y del desarrollo del SDSS
  1. Modificar el Art. 28 para fortalecer la capacidad de la Tesorería de la Seguridad Social, para combatir la evasión y la elusión de las empresas, y reducir el porcentaje de la penalidad por mora a un nivel más razonable.
  1. Modificar el Art. 86 para reducir sustancialmente la comisión de las AFP porque son muy elevadas y erosionan el crecimiento de los fondos para el retiro. El año pasado ganaron un 38% de su capital, frente al 10% de interés de los trabajadores dueños de los fondos de pensión. Descartar cualquier comisión fija sobre el fondo de pensión, porque aumentaría las ganancias a las AFP independientemente de su desempeño, y aunque pierdan los trabajadores.
  1. Modificar el Art. 56 para elevar al 12% el porcentaje de cotización, ya que con un 9.97% es imposible asegurar una pensión digna, aunque se reduzcan las comisiones. Este aumento debe ser gradual en unos tres años, a fin de adecuarlo a las posibilidades de los trabajadores y empleadores.
  1. Modificar los Arts. 45, 63, entre otros, para aumentar gradualmente la edad de retiro, de acuerdo a los cambios en la salud y en la esperanza de vida de la población, exceptuando a los afiliados mayores de 50 años, al momento de su aprobación. Se trata de una reforma difícil de aceptar, pero es necesario entender que ningún sistema de pensión puede ser sostenible garantizando más años, como pensionado que como cotizante, ya que generaría serias distorsiones y déficits insostenibles.
Aprovechamos para desearles mucha salud y un 2018 con mayor seguridad social para todos.

https://acento.com.do/2018/opinion/8525943-reforma-la-ley-seguridad-social/