SANTO DOMINGO,R.D.- Existe el consenso de que la Ley 127-64, mediante la cual se rige el cooperativismo en este país, está obsoleta, descontextualizada y carente de la fuerza jurídica necesaria, para la aplicación de un régimen de consecuencias, tanto en el área de lo civil, como en el área de lo penal.
Se puede afirmar que se trata de una ley que tiene más de 50 años de haber sido aprobada, sin que, a la fecha, haya tenido significativas transformaciones en su ordenamiento jurídico.
Lo grave de todo esto es que el actual Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), carece de un régimen de aplicación de consecuencias, mediante el cual puedan ser castigadas las personas que violenten la ley 127-64 y el Reglamento de Aplicación que le sirve de marco legal aplicativo o de fundamento jurídico para su accionar en justicia.
Actualmente el IDECOOP no puede cumplir su función regulatoria a nivel nacional, porque no tiene la capacidad técnica, financiera, ni tecnológica, para poder satisfacer las constantes demandas que les llegan, ya que existen cooperativas dirigidas por truhanes, rateros o delincuentes de baja y alta monta que, cuando descubren el flujo económico que mensualmente allí se mueve, pretenden adueñarse de lo ajeno, y como siempre han estado acostumbrados al robo, a lo ilícito, se manejan como si se tratara de su empresa familiar, hasta que algún socio se dispone a judicializar sus fechorías, mientras el IDECOOP piensa pensar, cómo les aplicará sus procedimientos de fiscalización, para una futura intervención oficial, con el objetivo de enmendar sus pasos carentes de transparencia y de credibilidad.
Yo, que me manejo entre lo académico-humanístico, el derecho diplomático, lo estético, lo hermenéutico-filosófico, la gestión cultural y el cooperativismo, no me arrepiento de propugnar por un cooperativismo ético y social, por lo que estoy librando una gran pugna en la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores y Profesionales Universitarios, Inc.,(COOPROUNI), entidad a la cual he demandado por ante un tribunal de lo civil, judicializando así mi caso contra algunos de sus directivos, en reclamo de cumplimiento de contrato y reparación de daños y perjuicios, mientras el IDECOOP se recuerda pensar en cómo meter su mano fiscalizadora en esa empresa cooperativa, para evitar a tiempo un posible e irreparable colapso económico e institucional, sin que su actual presidente-administrador, Lic. Aníbal Duvergé, pueda alegar desconocimiento del caso, porque se lo hemos puesto en las manos y todo va de mal en peor.
Por eso es que el actual IDECOOP debe ser reestructurado, hasta ser convertido en una Superintendencia de Cooperativas, para que tenga el rigor jurídico de aplicar sanciones y el poder real de introducir y sustentar expedientes penales ante los tribunales de la República, con el aval jurídico de una nueva ley que rija esa nueva y potencial Superintendencia de Cooperativas, capaz de fiscalizar el proceder del cooperativismo nacional y con las fuerzas morales y jurídicas necesarias, para incoar demandas y acusaciones formales que puedan permitir llevar a la cárcel a todos aquellos infractores de la posible nueva ley de Superintendencia de Cooperativas, que tenga un estricto régimen de consecuencias que sea aplicable, un sistema de control y supervisión, que resulte ser tan riguroso, como el de la Superintendencia de Bancos y como el de la Superintendencia de Seguros. La conformación de una Superintendencia de Cooperativas, debe diferenciarse muy bien de los bancos y de las financieras. Eso es una urgente necesidad en nuestro país, porque algunas cooperativas funcionan como entidades de usura, y ante el crecimiento del cooperativismo y frente a esa dura realidad, el actual IDECOOP no puede actuar y se ha fosilizado, en términos gerenciales y administrativos.
En las “Visitas Sorpresas” que realiza el gobierno a nivel nacional, una significativa cantidad de campesinos y campesinas, medianos y pequeños empresarios-as, se han organizado en cooperativas. Ha sido tanto el auge que ha tenido el sector cooperativo en el país que, actualmente maneja más de 80 mil millones de pesos, los que circulan entre unas 789 cooperativas que existen a nivel nacional, de las cuales, nada más 244 han podido ser fiscalizadas por el actual obsoleto y descontextualizado IDECOOP.
El mundo del cooperativismo dominicano debe ser bien fiscalizado. Debe ser saneado y transparentado, para que, crápulas sociales, no sigan actuando de manera inescrupulosa, destruyendo los cimentos de la economía solidaria.
Hagamos del viejo IDECOOP una nueva Superintendencia de Cooperativas, eficaz, funcional y viable, compañero Presidente de la República, Lic. Danilo Medina. Nunca olvidemos que el actual IDECOOP fue creado durante el gobierno de Juan Bosch, dentro de sus amplias políticas sociales y ya amerita ser transformado, para bien de la sociedad dominicana.
http://acento.com.do/2016/opinion/8366427-del-idecoop-una-superintendencia-cooperativas/
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