José Luis Moreno San Juan, exdirector del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Edwin Croes, uno de los técnicos que participó en el diseño y firma de los Acuerdos de Madrid, explicaron que los contratos de la capitalización establecían una fórmula de cálculo sobreindexadas a favor de los generadores, imposible de pagar por las distribuidoras.
Esa situación, sumada a la negativa del Gobierno de ajustar la tarifa cuando comenzó a subir el precio del petróleo y la falta de transferencia del subsidio llevó a las distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste) a descapitalizarse.
Las pérdidas de las Edes obligaban al Estado a pagar a esas empresas un subsidio mensual de US$200 millones, que no llegaba puntualmente.
Croes explicó que ante esa situación los representantes de las distribuidoras acudieron donde el Presidente de turno (Hipólito Mejía) y solicitaron que definiera un esquema con una tarifa más barata.
Por eso, en 2001, el Gobierno propuso a los generadores renegociar los contratos de la capitalización, firmados a cinco años y que expiraban en 2004.
Acuerdo de Madrid
El especialista en materia energética, Bernardo Castellanos, explicó en una publicación que el Acuerdo de Madrid logró modificar la fórmula del precio de transferencia de energía para que el cálculo se realizara en función al tipo de combustible utilizado y no en base al fuel Oil número dos (el más caro), como estaba en la capitalización.
También redujo la indexación del 100% para que fuera igual a uno.
“Con esas dos medidas se logró una disminución inmediata de un 36% en el precio de venta de la energía, equivalente a unos US$100 millones anuales”, resaltó.
Esa información también fue corroborada por Croes.
No obstante, para compensar esa rebaja a las ganancias de los generadores, el Estado acordó extender el plazo de los contratos en 12 años adicionales, y su nueva fecha de expiración es 2016.
Otro punto del Acuerdo
En el Acuerdo de Madrid también fueron renegociados los contratos existentes entre la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y los Productores Privados Independientes o los IPP (Seaboard, Compañía de Electricidad de Puerto Plata, Dominican Power Partners), los cuales quedaron con las mismas condiciones que los contratos renegociados en el nuevo esquema (EGE Haina y EGE Itabo).
“Así los contratos que tenía CDE con los IPP dejaron de ser una carga onerosa y deficitaria para el Estado dominicano y el traspaso a las distribuidoras como contratos acorde a la nueva legislación representaban ahorros anuales al Estado por US$200 millones”, señaló.
Agregó que en ninguno de esos contratos el Estado asumía los riesgos ni pérdidas de los inversionistas privados, ni garantizaba el retorno de la inversión ni de la rentabilidad esperada por los inversionistas privados, quienes asumían todos los riesgos asociados a su inversión.
Resultado del acuerdo
Los Acuerdos de Madrid fueron una decisión positiva a corto plazo, porque lograron reducir el precio de venta de la energía, el problema de esos nuevos contratos fue que en principio establecieron una ganancia de más de un centavo y medio a favor de los generadores.
Así lo comentó Moreno San Juan, tras sustentar que la renegociación de los Acuerdos de Madrid no fue tan perjudicial, pero debió prever un trato diferido para todas las empresas.
Edwin Croes, exasesor de la CDE, narró que en el año 2002 convencieron a Hipólito Mejía de subir la tarifa eléctrica para indexarla a los combustibles.
En esa ocasión, dijo, la tarifa fue aumentada en un 23%, y se esperaba que en el año 2003 ya no hubiese subsidio.
Sin embargo, en el año 2003 se produjeron dos choques que ameritaban subir la tarifa eléctrica en un 25% en un sólo mes: la devaluación del peso dominicano por la crisis bancaria, y el alza del petróleo a nivel internacional (subió de US$15 el barril en 1999 a más US$30).
“Por supuesto, ningún gobierno soportaría aplicar esa alza en un solo mes. Por eso Hipólito Mejía se comprometió a pagar la diferencia de la tarifa a las distribuidoras y así volvió el subsidio”, subrayó. Pero tampoco cumplió.
Señaló que el déficit financiero de las Edes volvió a empeorar de forma aún más violenta que anteriormente, disparándose de US$139 millones en 2002 a US$402 millones en 2003.
Reestatización de las Edes
La devaluación de la moneda y la falta de ajuste tarifario fue determinante para la salida de los operadores privados de las distribuidoras de electricidad, recuerda Marcos Cochón, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
En septiembre de 2003 Unión Fenosa vendió al Estado su participación en EDE Norte y EDE Sur. Mientras que en noviembre de 2004, AES anunció la venta de sus acciones en EDE Este a TCW Energy Advisorc, y en 2009 esta la traspasó al Estado. A partir de ahí no se ven muchos logros.
http://eldia.com.do/el-acuerdo-de-madrid-trato-de-eliminar-error-de-capitalizacion/
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