SANTO DOMINGO,R.D.- El Gobierno ha hecho circular un documento en el cual formula su propuesta de reforma o pacto eléctrico.
El documento se refiere, de manera breve, a gran parte de los aspectos claves del mercado eléctrico dominicano, aunque a otros, también urgentes y estratégicamente importantes, sencillamente ni los menciona.
Por ejemplo, entre los notables silencios vale citar los contratos del Acuerdo de Madrid que vencerán en el 2016, y el contrato de Cogentrix (CESPEM) que terminara en el 2022.
El vencimiento del Acuerdo de Madrid liberará cerca del 40% de la demanda de potencia en el país, cuya recontratación o libre comercialización impactaría al mercado mayorista y al precio final. En el caso de recontratación se espera que los términos contractuales, la cantidad de potencia y el tiempo de vigencia sean razonables y beneficiosos para las empresas y para los ciudadanos.
El vencimiento del contrato de Cogentrix dejaría libre cerca de 300 MW de potencia que dependiendo de si finalmente a dicha central la reconvierten a gas natural podría también modificar positivamente la curva de oferta de energía y su precio final; además, la finalización de ese contrato liberaría al Estado de la larguísima tortura de tener que pagar un promedio de cinco (5) millones de dólares mensuales por una potencia instalada que apenas toca.
Se conoce que hay gestiones y propuestas para la extensión del contrato de Cogentrix como parte de una renegociación que incluya la construcción de una nueva terminal de gas natural en San Pedro de Macorís con participación del Estado como garante del financiamiento internacional. Se trata de la garantía al contrato con la empresa americana que supliría el gas natural para varias plantas eléctricas durante 20 años y que ascendería – según se ha dicho – a más de cuatro mil millones de dólares.
Es evidente, que debido a la trascendencia de esos contratos – Acuerdo de Madrid y el de Cogentrix- el Pacto Eléctrico no podrá ignorarlos y por ende, el Gobierno tampoco.
Por otro lado, entre las propuestas que hace el Gobierno en su documento hay dos que son sumamente importantes, trascendentales diríamos.
Primero, el Gobierno propone crear una empresa pública para la generación eléctrica de tipo térmico (Empresa de Generación Dominicana, EGEDOM), es decir, basada en la quema de combustibles fósiles (gas natural, carbón fuel oíl). Quiere decir, que aparte las plantas de carbón de Punta Catalina el Estado podría instalar otras plantas generadoras basadas en otros combustibles.
Segundo, el Gobierno propone crear un solo consejo de administración para todas las empresas eléctricas públicas, presidido por la CDEEE. Es decir, la CDEEE administrara a la empresa hidroeléctrica (EGEHID), a la de transmisión (ETED), a las tres empresas distribuidoras y a la nueva EGEDOM. Se trata, pues, de la reintegración vertical y horizontal de casi todo el sector eléctrico dominicano.
La reintegración vertical y horizontal del sector eléctrico no es, necesariamente, un pecado en sí mismo, pero plantearlo en el marco de un mercado que tiene ya tan extensa participación privada en generación térmica y dizque como parte de una estrategia para promover más inversión privada en generación, es algo que los expertos en la dinámica real de un mercado eléctrico no entenderían.
En conclusión, según la propuesta del Gobierno para el Pacto Eléctrico, el Estado será un poderoso competidor del sector privado en generación térmica, tendrá el monopolio de las redes de transmisión y de distribución, el que aprobará precios y fijará las tarifas y el que regulará y aplicará la ley. Es decir, gran juez y gran parte.
Todo eso no seria problema en otro tipo de mercado, pero en el eléctrico sería una peligrosa aventura.
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