SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, dijo este jueves que la revisión de los contratos con las empresas generadoras de electricidad es una aspiración del Estado dominicano desde hace muchos años.
“La revisión de los contratos es una aspiración y obviamente es un deseo nuestro, pero que también es un derecho de todos y son cosas que habrá que dialogar”, apuntó el funcionario.
Bichara manifestó que la solución de los problemas del sistema eléctrico requiere no solo de las acciones que se tomen en cuanto a los contratos con las generadoras, sino también del aporte de todos los que conforman el sector, aunque reconoció que el tema de la generación “tiene el mayor peso”, al igual que las medidas que la gestión actual pueda implementar.
En cuanto a la reunión pautada para el miércoles con la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), el funcionario aclaró que responde a una invitación a un encuentro donde se plantearán las perspectivas y diagnósticos del sistema energético de cara al próximo año.
Bichara dijo que la deuda que enfrenta la CDEEE al día de hoy, de más de US$ 1,000 millones, no puede ser atribuida a una persona. Agregó que la deuda remonta esa cantidad, a pesar de que hace poco más de un mes la empresa pagó a las generadoras 514 millones de dólares. Recordó que el pago se hizo utilizando bonos emitidos por el Estado, que es otra deuda que todo el país deberá pagar más adelante.
También señaló que la CDEEE mantiene deudas con las generadoras de US$500 millones; US$116 millones de deuda congelada; US$17 millones con Refidonsa; US$260 millones con el Banco de Reservas y US$70 millones con proveedores.
De su lado, el Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), el magistrado Moisés Ferrer, se mostró de acuerdo con lo expresado por el presidente Danilo Medina en el sentido de que se deben revisar los contratos firmados por Hipólito Mejía en Madrid durante el año 2002.
Ferrer estima que, sin lugar a dudas, esos acuerdos han sido lo que más daños han causado al sistema eléctrico nacional, ya que sólo perjudican al país en sentido general.
El representante del Ministerio Público argumentó que no es posible que el Estado sea obligado a pagarle a ciertas generadoras por la capacidad instalada aunque no den el servicio eléctrico.
A juicio de Ferrer la acción constituye una gran estafa al erario en beneficio de los generadores sin contemplar esta conducta inescrupulosa ningún tipo de consecuencia para los que saquean las arcas del Estado.
Mediante una nota de Prensa, Ferrer afirmó que “hay plantas apagadas porque están dañadas y cobran como si estuvieran encendidas.”
Pacto eléctrico
Entre las medidas del gobierno para enfrentar la crisis del sector eléctrico figuran el pacto eléctrico nacional, el cual comenzará a discutirse en un corto plazo y “debe culminar con una solución, y los que firmen ese pacto tienen que llevarlo hasta su finalidad”, aseguró Bichara.
Parte de los temas que se pretenden resolver con el pacto son lograr mejores precios en la compra de energía, inversión que implique menos costos en parques de generación, disminuir las pérdidas, optimizar las cobranzas, mejorar la relación con los ayuntamientos y establecer una relación con los usuarios no regulados.
“Nadie puede quedarse al margen sin aportar lo que le toca en la solución del problema”, dijo Bichara y apoyó las declaraciones del presidente Danilo Medina sobre los pasos a dar para mejorar el sector eléctrico.
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