La tarifa eléctrica inalterable durante el mes de septiembre 2015

 
SANTO DOMINGO,R.D.- La tarifa eléctrica para los usuarios del servicio público se mantendrá inalterable durante el mes de septiembre, lo que supondrá una aportación del Estado de un subsidio de 83.60 millones de pesos, resultando un Fondo de Estabilización a la Tarifa Eléctrica (FETE) acumulado de 2,045.20 millones para el período enero-agosto de 2015.
La Superintendencia de Electricidad ofreció este lunes estos datos, después de emitir la Resolución SIE-049-2015-TF.
La institución también reportó el comportamiento que presentaron las variables que determinan la tarifa eléctrica indexada para el Fuel Oil No.6, que bajó de 51.86 dólares por barril, a 44.38; el gas natural, que disminuyó de 2.85 dólares por MMBTU a 2.75 dólares MMBTU.
Además, el Carbón Mineral se mantuvo en 56.60 dólares por tonelada, mientras que la tasa de cambio promedio mensual aumentó de 45.01 a 45.13 pesos dominicanos por dólar.


 http://z101digital.com/app/article.aspx?id=166539#

El Estado como empresario y regulador del sector eléctrico: caso dominicano

Para Andrei Shleifer y Robert Vishny^[6], “el libre mercado sin ningún control conduce a precios monopólicos, a externalidades como la contaminación, a desempleo y a procesos fallidos de desarrollo regional”. Evidentemente, se puede asumir como válido lo expresado por los referidos doctrinarios, en razón de que el empresario tiene como principal interés el de lucrarse del servicio que provee. En esa virtud, resultaría común observar que las prestadoras incurrieran en prácticas restrictivas de competencia entre ellas[7] y buscaran la forma más efectiva de obtener mayores beneficios de los usuarios, aunque los mecanismos utilizados a estos fines rayen en la ilegalidad. Esta situación acarrea, evidentemente, el interés de que el Estado intervenga en el sector, especialmente por tratarse de un servicio público que debe ser prestado bajo ciertos parámetros importantes, como el de universalidad y de calidad. En este tenor, puede afirmarse que existe necesidad de que exista un órgano que regule la prestación del servicio, a fin de asegurar la prestación del servicio bajo los criterios reconocidos para todos los servicios públicos.

Los sucesos históricos relacionados al sector de la energía eléctrica nos han demostrado que cuando las empresas privadas prestaban el servicio, el mismo solo llegaba a las zonas con mayor población, dejando su aprovechamiento solo a las personas con más capacidad económica, o en su defecto, que se encontraren en puntos estratégicos para la prestación. Es decir, que por ejemplo, si hablásemos del caso dominicano, las empresas preferirían la prestación en Santo Domingo y no en la provincia Independencia, por (1) la dificultad de lanzar el cableado para la distribución del producto; y (2) la poca cantidad de personas a quienes se podrá prestar el servicio, o en su defecto, que podrían pagar por el mismo. Es evidente que esta situación difería de los planteamientos de la sociedad en la prestación del servicio público, toda vez que este último concepto tiene como fundamento la prevalencia del interés general. Así lo reconocía parte de la doctrina al diferenciar la “mano invisible” de la “mano auxiliadora”[8]. La primera se centra en el sistema de mercado, donde por la oferta y la demanda se fijan las tarifas, mientras que la segunda se refiere a la intervención del Estado en el sector y en los diferentes aspectos relevantes del mismo, como la fijación de las tarifas, o al menos un monto máximo a estos fines.

El sistema o modelo estatista, donde el Estado funge como empresario del sector de energía eléctrica, respondió a factores que determinaron su necesidad de influir de manera permanente en el mercado. Por ejemplo, anteriormente las empresas prestadoras del servicio fijaban sus propias tarifas y podían verse tentadas a actuar de manera arbitraria frente a los usuarios del servicio regulado, lo que resultaba en detrimento de los mismos. En consecuencia[9], dichos usuarios se veían obligados a pagar sumas exuberantes por la prestación de un servicio que no necesariamente sería prestado bajo los parámetros de calidad, y los demás reconocidos para los servicios públicos. Esta fue una de las razones que impulsó el emprendimiento del diseño e implantación de planes de electrificación rural con el apoyo de la banca multilateral. Con este diseño, se trataba de ampliar la cobertura de las diferentes regiones de los Estados de Latinoamérica; sin embargo, desde el año 1971 hasta el 1989, la República Dominicana era uno de los países que tenía menor avance en la cobertura del servicio eléctrico en la región, con un 20% en el año 1971 y menos de un 40% para el 1989.

Ha sido claro que el gobierno incurre en un alto costo político si no interviene en el sector[10]. En ese orden de ideas, el Estado se vio en la obligación de tomar en sus manos la prestación directa del servicio, al menos en algunas de las fases de la energía eléctrica[11]. Esto se hizo con la finalidad de evitar los inconvenientes inminentes que se presentaban en la prestación directa por parte del Estado. Uno de las fases que fue asumida fue la de distribución, la que, según indica Jaime Millán, “se utilizaba como una forma de clientelismo político”. En este sentido, al encontrarse en manos del Poder Ejecutivo, podían darse casos de corrupción administrativa[12] orientados por el interés de los particulares y la falta de controles previstos para la propia Administración Pública. Asimismo, esta podría presentarse en momentos de campaña electoral, donde, con la finalidad de obtener el apoyo de los ciudadanos, pudiere incurrirse en prácticas que llevan a la ilegalidad. Otro planteamiento que se hace al respecto es que los políticos podrían utilizar este medio para ofrecer empleos a personas de su confianza, creando un sistema poco transparente.

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EL Estado como empresario y regulador del sector eléctrico: el BID y el BM

A pesar de que en sus inicios no existía una forma de regulación formalizada por parte del Estado, los Bancos Internacional de Desarrollo y Mundial se convirtieron en verdaderos reguladores[13], ya que hacían requerimientos estrictos al momento de que se solicitara un préstamo. De ahí derivamos que no hubo incentivos suficientes para lograr la eficiencia del sector. En definitiva, con la simple falta de intervención del Estado se creaban desincentivos en cuanto a lo invertido y su posibilidad de recuperación, pues no se tenía una garantía de prestación del servicio bajo un marco de libre competencia. No obstante, afirma Millán que hubo un precario cumplimiento de las referidas cláusulas a nivel general en América Latina. Para mejorar esta situación, los Bancos amenazaban con no desembolsar el monto del préstamo, pero no se percibía la necesidad de unos sistemas de gobernabilidad de la empresa que hicieran responsables de su gestión a la administración. En consecuencia, la precariedad de la asunción de políticas que acarrearen un correcto manejo del servicio, trajo consigo la necesidad de que fueren implementadas políticas con un carácter coercitivo, que fue lo que intentó hacer el Estado con su entrada al sector. Cabe destacar, sin embargo, que[14] “la creación de una cultura reguladora en países en los que no existe esta tradición es tarea difícil y toma bastante tiempo, especialmente cuando las instituciones complementarias y los recursos humanos no existen o son incipientes”.

Un caso que puede tomarse como ejemplo de lo señalado, es el de Brasil[15]. A pesar de los costos de generación, por la extensión superficial del país, la operación del sistema de generación fue relativamente eficiente. Sin embargo, se observó cómo se utilizaban las empresas estatales para pagar favores políticos, mediante el empleo de una gran cantidad de personas. Esto provocó un exceso de personal en las entidades intervinientes en el sector y una gestión deficiente para el manejo de las pérdidas y las cobranzas. Igualmente, la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio dejaban mucho que desear. No obstante, se trabajó para una total reestructuración del sistema, permitiéndoles alcanzar una posición financiera más equilibrada y acercar las tarifas a los costos económicos del suministro eléctrico, sentando bases propicias para una reestructuración más profunda del sector. En este caso se observa cómo la intervención del Estado en el sector trajo consigo beneficios para el manejo del mismo, lo que nos permite pensar que la gestión, sin importar sea directa[16] o indirecta[17] por parte del Estado, trae sus beneficios a nivel nacional y a nivel internacional.

Evidentemente[18], “un regulador independiente protegería a los inversionistas de las intervenciones oportunistas del gobierno y a la vez defendería los intereses de los consumidores de los posibles abusos de los proveedores del servicio”. Así las cosas, en el caso de Colombia[19], si bien el servicio era prestado inicialmente por empresas privadas que no tenían alcance de su prestación a lugares lejanos. Por esta razón, el Estado tomó las riendas de la prestación, pero de manera descentralizada, mediante la implementación de dos empresas que generaban y distribuían cerca del 40% de la energía, mientras que el 60% restante era prestado por empresas propiedad del gobierno nacional. No obstante lograron su objetivo, que era el de ampliar el servicio a la totalidad de la población, para el año 1990 el sector se encontraba en bancarrota, siendo responsable del 30% de la deuda externa total y del 33% del déficit del sector público no financiero. En esta virtud, fue necesaria una reestructuración de la forma de prestación el servicio. De ahí que en su Carta Magna proclamada en el año 1991 se indicaba en su artículo 365, lo siguiente: “los Servicios Públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. 

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Precios de los combustibles deberían bajar entre 30 y 40 por ciento en R.D.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de cuatro mil millones de pesos se le están cobrando al pueblo dominicano a través de los precios de los combustibles sin ninguna justificación, según el ingeniero Antonio Almonte.
Dijo que la República Dominicana importa más de 700 mil barriles de petróleo mensualmente, aclarando que el 68 por ciento de la gasolina que en el país se comercializa es importada desde Venezuela, Colombia y hasta de México.
“La República Dominicana a través de la refinería refina 34 mil barriles de petróleo diariamente. Eso produce alrededor de 655 mil gasolinas diariamente. Cuando el Ministerio de Industria y Comercio publica los precios de los combustibles semanalmente. Los precios se basan en la ley 112-00 trata sobre los precios de paridad de importación que no es más que el precio de referencia internacional más el costo que implicaría transportar la gasolina desde el Golfo de México hasta el puerto de Haina, pero ese precio que publica Industria y Comercio se le aplica a la gasolina que se importa y a los 655 mil galones que se produce en Haina”, expresó Almonte.
Al participar en El Despertador, del Grupo SIN, el también miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se preguntó el por qué se le aplica el impuesto de paridad de importación.
“Veinte pesos se les incluye a esa gasolina producida en Haina y eso da más de 400 millones de pesos mensuales extra sin fundamentos y sin justificación. Más de cuatro mil millones de pesos anual se le extrae al pueblo sin ninguna justificación”, apuntó Antonio Almonte.
Dijo que en países que existen esa situación como la dominicana se toman medidas ponderadas cuando lo calculan en ambas gasolinas.
“Los impuestos que se les cobran a la población son los más elevados de toda Centro América…por otro lado el margen a los mayoristas son los más altos es de 6.5%”, expresó.
Por otro lado Antonio Almonte dijo que las empresas distribuidoras de electricidad ha dilapidado el dinero del pueblo, porque según él, son tomadas como instrumentos para hacer politiquerías.
“El pueblo dominicano está enfrentando una tarifa elevada que no se corresponde con la baja que ha venido reflejando los combustibles. Las empresas distribuidoras de electricidad han dilapidado el dinero obtenido por la facturación y a través de Petrocaribe por la politiquería del estado”, expresó.



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El Gobierno debe bajar la electricidad y combustibles

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  Crudo. Esta vez, la baja en los precios no parece que sea ni estacional ni coyuntural, pues se debe a diversos factores.
  

Ángel Lockward

Especial para Listín Diario

El pasado año, los precios del barril de petróleo terminaron a US$77.00, venían desde US$107.00: el FondoMonetario Internacional (FMI), preveía precios de US$72.00 para este año. Una caída brusca del PIB en China y la entrada al mercado mundial de Irán, un sólido productor que sufría sanciones política de USA, entre otros factores, aceleró la caída libre hasta US$38.52 el pasado miércoles y US$41.57 el viernes.
Esta vez, el movimiento de los precios hacia la baja, no parece que sea, ni estacional, ni coyuntural pues se debe a diversos factores combinados; por un lado, es menor el crecimiento esperado de la demanda, en particular, por las bajas tasas de incremento en el PIB previstas para Europa, Japón, así como un menor crecimiento en China. Por el otro, la aportación adicional, por las nuevas tecnologías, de un nuevo producto proveniente de un país, que era, además del principal consumidor, importador neto, que pasa a exportador: Estados Unidos.
Los países productores ubicados dentro y fuera de la OPEP -esta última con una menor participación en el mercado, por las dificultades económicas mundiales y por las situaciones políticas locales-, no están en condiciones de reaccionar reduciendo la oferta, como son los casos de Rusia, Irán, Venezuela y México: ahora, el movimiento en los precios no se debe a guerras, ni a falta de ellas.
República Dominicana con un consumo anual de 1,250 millones barriles anuales, está en necesidad y obligación de revisar sus políticas de precios porque ante la baja, la población se beneficia poco, cae la capacidad recaudadora del Estado y se fomenta, injustamente, el contrabando, afectando a la gente y a las empresas, que con esos costos, no pueden competir en la región.
El consumo de gasoil anual registrado se sitúa en los 306 millones de galones, sin incluir el que ingresa por Barahona, de contrabando, de los cuales, sólo 180 millones, están sujetos a tributos y 126, exentos. Este producto, cuyo precio de paridad es de apenas unos RD$88.00 el galón, contiene impuestos por RD$41.97 por galón. Es evidente que quienes lo obtienen exonerado y lo venden en las estaciones de gasolina realizan un lucrativo “negocio” cobrando para uso personal el impuesto que pertenece al Estado tanto para el pago de la deuda, como para sus gastos ordinarios.
Una sola partida, la atribuida, a los transportistas, representa RD$2,005 millones al año - sin bonogas-, sin incluir a los contratistas y generadores que no generan, cuya lista es el secreto mejor guardado del Ministerio de Industria y Comercio: es tiempo de que el Gobierno publique cuántos galones se exoneran, por qué y a quiénes, pues otros 11,000 millones ninguna relación guardan con el transporte.
La gente se queja de que las rebajas locales semanales en los precios no reflejan las reducciones en el mercado mundial y, eso se debe, primero a los excesivos impuestos, por RD$36,000 millones anuales, segundo, a las exoneraciones ilegítimas, por RD$8,000 millones y, tercero, a un nuevo ingrediente, la devaluación del peso de un 18% en los últimos tres años; independientes de que, de tarde en tarde, la Ley 112-00 es aplicada discrecionalmente.
Sin embargo, lo más escandaloso es la factura eléctrica, pues a los precios actuales, no hay necesidad de subsidios y, como los combustibles de generación no están gravados, ha debido reducirse sustancialmente la factura eléctrica, aumentada cuando el precio del barril estuvo alto  y, en este momento, el Gobierno le da tan poca importancia, que ni siquiera tiene titular en la Superintendencia de Electricidad, órgano que regula la tarifa eléctrica.


 http://www.listindiario.com/economia/2015/09/01/386369/el-gobierno-debe-bajar-la-electricidad-y-combustibles

Una oportunidad única para sector eléctrico dominicano

SANTO DOMINGO,R.D.- La caída de los precios del petróleo y del gas en los mercados intencionales proporciona “una oportunidad única en una generación” para que República Dominicana solucione de una vez por toda uno de los problemas estructurales de su economía que más afecta su competitividad: las deficiencias del sector eléctrico creadas por sus “malas políticas de la energía”.
La opinión es de The Economist Intelligence Unit. En un informe sobre el futuro del sector eléctrico en República Dominicana, encargado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, observa que el alza internacional del petróleo a partir de la década del 2000 actuó “factor desestabilizador” para el sector eléctrico, al incrementarse el costo de generación de una energía que para ese año se producía a base de un 90% de fueloil.
En ese contexto el Gobierno, interesado en evadir el costo político que le representaría el incremento de la tarifa eléctrica, “respondió congelándola”. Pero esta situación solo empeoró con la crisis bancaria del 2003, que al combinarse con los efectos de las alzas en los precios del crudo, aceleraron los desequilibrios macroeconómicos y fiscales, lo que provocó la pérdida de confianza y la depreciación del peso dominicano.
Según The Economist, este es el origen de la crisis que dio al traste con la voluntad política de los gobiernos para mantener el impuso de la capitalización del sector eléctrico implementada a partir del 1997.
Afirma que “el sector ha permanecido en un estado de crisis desde principios la década del 2000”, a pesar de los “avances sustanciales” en la diversificación de la matriz de generación, que ha reducido a un 40% la dependencia del sistema a los hidrocarburos, al incorporarse el gas natural (un 31%), el carbón (14%) y otras fuentes de energía renovable como la eólica.
De este modo, la tarifa técnica cuya aplicación ordenaba la Ley General de Electricidad promulgada en 2001, cedió el paso en ese mismo año a la “tarifa aplicada”, que es publicada cada mes por la Superintendencia de Electricidad (SIE), y que está “consistentemente por debajo” de los niveles de tarifas técnicas e indexadas. Por ejemplo, entre 2009 y 2012, la tarifa aplicada estaba 47% por debajo de la tarifa indexada. Esto crea una brecha entre el costo real de producción y el precio en que las distribuidoras pueden vender la electricidad, lo que provoca un eterno infarto al sector: “En el corazón de los problemas del sector eléctrico se encuentra un déficit financiero causado por las grandes pérdidas técnicas y no técnicas incurridas por las empresas de distribución de electricidad”.

Pacto Eléctrico

Pero el escenario internacional le permite concluir a The Economist que la discusión para acordar un pacto eléctrico, iniciado por el gobierno del presidente Danilo Medina en enero del 2015, “ocurre en un momento oportuno”.
Dice que las medidas prácticas sobre las que se deben tomar decisiones son “el papel apropiado del estado” en relación con el mercado del sector eléctrico. Otro aspecto relevante consiste en redefinir y separar las funciones de las instituciones reguladoras en el sector y “hacer sus operaciones más transparentes”. Asimismo propone “despolitizar” los procesos de tomas de decisiones, reorganizar las empresas estatales de electricidad, y satisfacer las necesidades de inversión a largo plazo. También recomienda abordar la falta de pago y las pérdidas de electricidad, y aplicar un esquema de tarifa que refleje los costos reales.
Las pérdidas de electricidad son la principal causa del déficit financiero del sector, seguido por la no aplicación de la tarifa técnica. En 2013, éstas promediaron 33.1%, según las estimaciones oficiales. Pero pueden ser mayores. Según The Economist, existe una falta de contabilización adecuada de las pérdidas en el sistema, porque no se realiza un informe separado para clientes no regulados y regulados en las cuentas de las distribuidoras. “Esto constituye una falta de transparencia, y podría ocultar la medida del desempeño relativamente pobre del sector regulado”, afirma.

La política concreta

The Economist destaca la “política concreta” que para el sector eléctrico el Gobierno ejecuta. Se trata de la construcción de la central a carbón, con una capacidad de 769.8 MW, que ejecuta en Punta Catalina, a un costo final de unos US$2 mil millones. Observa que el proyecto no recibió el respaldado del Banco Mundial y del BID debido a preocupaciones ambientales. Propone su privatización, o que de mantenerse estatal venda energía a la CDEEE, a través de un contrato de Acuerdo de Compra de Energía (PPA).


 http://www.diariolibre.com/economia/the-economist-una-oportunidad-unica-para-sector-electrico-dominicano-CI1082994

El papel del Estado sería “juez y parte” en el sector electrico?

Se ha afirmado[26] que los problemas del sector obedecen a una falta de congruencia entre las expectativas del Estado y los incentivos proporcionados para que se cumplan. Esto quiere decir que se hace necesario aterrizar los ideales para convertirlos en una realidad del sector eléctrico. En este sentido, ya se ha afirmado la necesidad que existía de reformar el sector, a fin de evitar los inconvenientes señalados, ocasionados por la falta de control por parte de la Administración Pública. Ahora bien ¿es la reforma la mejor opción? ¿Cómo debe preverse esta reforma? ¿Debe el Estado jugar un papel fundamental, o debe limitarse a ser un espectador que regularmente interviene?

Con la reforma del sector eléctrico[27], el papel del Estado fue limitado y fortalecido a la definición de las políticas y a la regulación. Sin embargo, se han reconocido varias dificultades[28] para la aplicación de una reforma del sector. En primer lugar, se reconoce la dificultad de separar los papeles del Estado con miras a evitar los conflictos de interés que surgen de su partición como empresario, en competencia con el sector privado, responsable de formular políticas y regulador. En este aspecto nos referimos, principalmente, a que el Estado sería “juez y parte”[29] al actuar como empresario, lo que podría generar una deficiencia en la regulación del sector[30]. Igualmente, esto podría generar lo indicado al inicio del presente análisis, referente a la corrupción administrativa y el clientelismo político.

Otra dificultad que debe ser analizada es la de encontrar un modelo de regulación que se adapte a las restricciones institucionales y de recursos de los países, de lograr un mercado competitivo que permita a su vez proporcionar los incentivos de largo plazo para la inversión que garantice la seguridad del suministro y disminuya la volatilidad de los precios, de regular sobre la base de incentivos el segmento de
distribución y de lograr un manejo adecuado de los subsidios para proporcionar acceso al servicio en condiciones asequibles a los pobres. Es decir, que para regular el sector de una forma eficiente, deberán preverse diversos aspectos del sector eléctrico que difícilmente puedan ser controlados por una misma entidad, pudiendo generarse conflictos entre estos múltiples intereses. Para Millán, esto podría resolverse si[31] “el gobierno se concentrase en el ejercicio de sus papeles primarios como responsable de formular políticas y subsidiario, dejando la ejecución y aplicación del marco regulador a un órgano separado, para poder dar credibilidad y estabilidad a las nuevas reglas, y trasladando el papel empresarial al sector privado en la medida de lo posible”. De esta manera se proporcionaría un campo de juego equilibrado para el sector eléctrico.

En República Dominicana, el sistema que anteriormente se llevaba a cabo consistía en la capitalización[32], consistente en[33] “la adquisición por el sector privado de interés dominante, generalmente cercano al 50%, en el valor de la empresa a condición de aportar capital que puede emplearse ya sea en el servicio de deudas excesivas como en la ejecución de un programa de expansión acordado”.

La reforma del sector eléctrico puede presentarse de diferentes formas. Podemos destacar, al efecto, tres sistemas: (a) regulación por contrato; (b) regulación mediante un organismo multisectorial[34]; y (c) regulación mediante un organismo autónomo[35]. Sin importar el modelo que sea acogido por determinado país, deberá tomarse en cuenta en cada uno de ellos que el rol del Estado siempre deberá ceñirse al control y a la vigilancia del órgano o entidad que preste el servicio. Igualmente, es necesario aclarar que cada sistema tiene dos dimensiones[36]: (1) el gobierno y (2) la sustancia. El primero se refiere al marco donde se producen las leyes y el segundo al contenido de las mismas.

Es evidente que otro de los elementos que debe tener en cuenta el Estado al momento de reformar el sector eléctrico, es el de crear confianza en el sector por parte de los usuarios del servicio prestado. A estos fines, la autonomía plantea garantizar esta confianza, pues genera la idea de que el gobierno no obrará de forma oportunista, sino que se seguirán las reglas previstas para la prestación de manera eficiente. A pesar de que la autonomía plantea ser la solución a la falta de confianza, cabe destacar que al asumir este modelo se requerirán de personas con conocimientos técnicos del sector para que funjan como funcionarios y/o empleados en el órgano establecido a estos fines. Esta situación podría generar un inconveniente, toda vez que no existen muchas personas especializadas en el área. Igualmente, se hace necesario volver a referirnos con relación al clientelismo político que podría ejercerse a través de este órgano, para fines de obtener beneficios personales.

Para recuperar la confianza, se hace necesaria la delegación de funciones, aunque se encuentren bajo el amparo del mismo Estado[37]. La transparencia también juega un papel primordial en este sentido. Por consiguiente, se hace necesario que el Estado establezca los mecanismos necesarios para que el usuario del servicio pueda acceder a la información básica requerida. Esto se sustenta principalmente, en que[38] “el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en sus instituciones”. 

Para lograr la eficiencia de la prestación del servicio, sea de manera directa o indirecta, o mediante alguno de los sistemas que han sido tratados a lo largo del presente análisis, deben considerarse los siguientes factores: (1) El aporte de un marco regulador sólido[42]; (2) La reestructuración de activos públicos; (3) la organización de mercados; y (4) privatización[43].

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Forma más factible de regular el mercado eléctrico

Al establecer que la forma más factible de regular el mercado eléctrico es la de la partición privada regulada por el Estado. Es decir, que el Estado no se encargue de prestar el servicio, sino que establezca concesiones para su prestación y controle y sancione a las entidades prestadoras, en la medida que así lo amerite. Igual ocurriría con las fases eléctricas que se encuentran en un libre mercado, como la generación en República Dominicana, donde el Estado debe encargarse de regular el mercado, de manera que no se lleven a cabo prácticas que pudieren perjudicar la prestación en las demás fases.

Igual ocurre en el caso de la distribución y de la comercialización, donde lo preferible sería la prestación bajo el libre mercado. De esta manera se evitaría la creación monopolios que únicamente perjudican al usuario de los servicios eléctricos. Por ejemplo, en el caso dominicano, la prestación en ambas fases se hace por empresas concesionadas del sector, las cuales lo hacen únicamente en regiones rigurosamente establecidas mediante acuerdo. Se pone en evidencia las dificultades generadas al respecto, especialmente orientadas a las tarifas eléctricas previstas por las referidas entidades[67]. En el caso de la comercialización, el mayor beneficio para los usuarios se verificaría si se abriera este mercado, con la finalidad de permitir la fijación de los precios a través de la oferta y la demanda.

En el caso de la transmisión de la energía eléctrica, la respuesta diferiría de la otorgada para las anteriores fases. En este caso, lo más conveniente es mantener una gestión directa por parte del Estado. En primer lugar, no se trata de una prestación que iría orientada a los ciudadanos, sino que, por tratarse de una transmisión de alto voltaje, se orienta a las empresas distribuidoras y comercializadoras. En este sentido, tratándose únicamente de la transmisión de la empresa generadora a la distribuidora, se requiere de un órgano independiente e imparcial que permita dirimir las diferencias entre una empresa y otra[68]. Por consiguiente, El Salvador y República Dominicana han establecido un sistema eficiente en este sentido.

En conclusión, en sentido general, el rol del Estado debe ir orientado a una gestión indirecta en el sector eléctrico, lo que permitirá una mayor eficientización de la prestación del servicio. Así las cosas, por la reglamentación, fiscalización, control y sanción que se encontrará en sus manos, como ente independiente y capaz para velar por los intereses de los ciudadanos y usuarios de los servicios anteriormente indicados. Restaría, sin embargo, continuar trabajando para la evitación de un manejo parcializado, a favor de entidades privadas y en detrimento de los particulares, lo que podría generar inconvenientes exuberantes para la generalidad.

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La generación de energía eléctrica y la sociedad. Recuperado en fecha 03 de abril del 2014 en http://www.na-sa.com.ar/files/pdf/energia_sociedad.pdf

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El Estado como empresario y regulador del sector eléctrico

                                 La energía eléctrica se ha constituido en la actualidad, en un elemento de gran importancia para el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. Gracias a la industrialización, tanto el Estado como entidades privadas han obtenido beneficios sin los cuales nos encontraríamos ante dificultades inminentes para los avances que hoy por hoy, gracias al referido medio, se han generado. Ha sido señalado por expertos internacionales que[1] “estos beneficios se pueden medir en calidad de vida, asistencia técnica, alfabetismo, población con acceso a agua potable y expectativa de vida, entre otros”. De ahí que se cuente con la energía eléctrica para el manejo productivo diario de los ciudadanos. Por esta razón, se ha determinado el carácter fundamental e indiscutible de la energía eléctrica, jugando un papel de capital importancia en el desarrollo de nuestra sociedad.

Al tenor de lo arriba indicado, no resulta sorpresivo que el Estado mantenga determinado control sobre el sector eléctrico, por tratarse de un elemento que interesa a la generalidad[2]. Esto trajo consigo que se haya decidido reconocerlo como un servicio público. La implicación principal de lo arriba indicado es que el Estado, aunque no necesariamente maneje el sector como un empresario, es decir, prestando el servicio de manera directa, puede regularlo conforme a los lineamientos administrativos vigentes, lo que incluye la creación de normas, el control, la fiscalización y la sanción a la entidad que preste el servicio, en caso de que lo amerite. En el caso dominicano, el artículo 147 de la Constitución reconoce que los servicios públicos están orientados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Por lo tanto, es ya ampliamente conocido que[3] “los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.

Lo arriba señalado nos permite afirmar que lo que se busca principalmente en la prestación del servicio público es que con el mismo se sirva a la generalidad, bajo ciertas condiciones que permitan disfrutarlo de la mejor manera posible. Esto quiere decir que, bien se trate de una empresa privada o del mismo Estado, deberán cumplirse las predichas características, a fin de asegurar el bienestar general. El rol del Estado, por lo tanto, jugará un papel esencial, sin importar la manera en que actúe en el sector. Esto así, bajo el entendido de que las políticas siempre deberán ser previstas con la finalidad de garantizar el desarrollo de la sociedad y el correcto aprovechamiento del recurso eléctrico por la población. Es en esta virtud que Latinoamérica se ha mantenido en[4] “una búsqueda continua por la fórmula que permita cumplir con los objetivos fundamentales de prestar un servicio confiable, eficiente y accesible a toda la población”. Evidentemente, la consagración de este servicio como público trae consigo que la administración del mismo acarree un carácter de relevancia, por las mismas implicaciones de su consagración para el interés público o general.

En consecuencia, importa poco la forma en que el Estado decida regular el sector. En este sentido, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la garantía de lo expuesto en el párrafo anterior. En este orden de ideas, se han reconocido varias formas de prestar el servicio, ya sea desde una gestión directa o indirecta por parte del Estado[5], o mediante la inversión privada de empresas. En el caso de gestión directa, se trata del Estado actuando como empresario, y en la gestión indirecta, se trata de un sistema de mercado regulado por la Administración Pública. Evidentemente, la inversión privada juega un papel esencial en este sentido. Por consiguiente, se ha constituido en uno de los medios utilizados por algunos países de América Latina para la prestación privada del servicio público. Ahora bien ¿Qué mecanismo resulta más conveniente para la prestación del servicio? La respuesta varía de acuerdo a las circunstancias. Resulta necesario dar un vistazo a su historia, a fin de determinar la conveniencia de uno u otro mecanismo o sistema.


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El mercado spot le quita espacio a la energía de contrato Por esta vía las EDE compraron 1,680 megavatios en enero-mayo 2015, un 32.8% del total

Las distribuidoras de electricidad acumulan pérdidas comerciales muy altas.

Por Jairon Severino

24 agosto, 2015

La compra de energía en el mercado spot, mes tras mes, ha ido ganando espacio. Las razones podrían ser múltiples: reducción drástica en los precios de los derivados del petróleo, diversificación de la matriz energética, el próximo vencimiento de los acuerdos de compra y venta de electricidad, entrada de nuevos competidores y la incorporación de nuevas fuentes de generación. El sector eléctrico también tiene de frente la entrada, a finales de 2017, de los aproximadamente 700 megavatios que aportarán las plantas a carbón que construye la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en Punta Catalina, Baní. Estas variables establecen un panorama más claro respecto a una disminución en el costo del kilovatio hora que compran las distribuidoras de electricidad a los generadores.
El Informe de Gestión del Sector Eléctrico, cortado a mayo de este año, demuestra que el mercado spot ha ganado espacio en las compras totales de energía por parte de las distribuidoras. Todo indica que la razón principal ha sido la búsqueda de mejores precios en la electricidad.
El reporte preparado por la CDEEE establece que en los primeros cinco meses de 2015 las Edes compraron 5,121 gigavatios hora, de los cuales 1,680 correspondieron al mercado spot, equivalentes al 32.8%, mientras que en 2014 las compras totales cerraron en 4,927 gigavatios hora, de los cuales 699 fueron en el mercado spot, para un 14.2%.

Según las estadísticas, las compras de energía en el mercado spot, que pasaron de 699 a 1,680 gigas en los primeros cinco meses de este año respecto al mismo período de 2014, aumentado en 981 gigavatios hora, equivalentes a un crecimiento relativo de 140.3%.
En 2014 las compra de energía por parte de las distribuidoras finalizó en 12,428 megavatios hora, de los cuales 2,372, equivalentes a 19.1%, fueron en el mercado spot. En los primeros cinco meses de este año en el mercado de contrato se han despachado o facturado 3,441 gigavatios hora.
Desde octubre de 2014 el mercado spot comenzó a dar señales de que ganaría espacio frente al de contrato, especialmente por la reducción en los precios del petróleo. El precio del fuel oil #6 promedió los US$87.64 por barril en agosto de 2014, pero comenzó a bajar hasta colocarse a US$52.36, una reducción absoluta de US$35.28, equivalentes a 40.3%. Este combustible se toma como referencia porque representa el 43% de la generación.
Los datos establecen que la utilización de fuel oil #6 y #2, los más caros del mercado, representaron el 49.6%, una ganancia de 7.1 puntos porcentuales respecto a igual período de 2014. En el caso del gas natural ocurrió lo contrario, pues se mantuvo prácticamente estancado su aporte al sistema, pues fue de 27.7% en enero-mayor, una reducción de 1.7 punto porcentual.
El carbón tiene una participación de 13.9% en la generación, perdiendo 1.4 puntos, mientras que la energía hidráulica, que se ha visto afectada por la sequía, apenas está en 6.8%, perdiendo 4.1 puntos porcentuales. La energía eólico, que se mantiene como una de las promesas entre las fuentes limpias y renovables, llegó al 2%, subiendo 0.1 punto.
El Informe de Desempeño establece que en el período de enero-mayo 2015 se inyectaron 5,837.4 gigavatios hora al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) 5,837.4, representando un crecimiento de un 2.8% en comparación al mismo período del año anterior.
Según la CDEEE, se compraron 5,121.2 gigavatios hora, 3.9% más energía que en el mismo período del año anterior. El precio medio de compra y de venta de electricidad se situó en 12.73 y 17.68 centavos de dólar el kilovatio hora, respectivamente. Estos datos establecen que hubo una disminución de 3.89 y 0.86 centavos de dólar, respectivamente, con relación al mismo período del 2014.
GESTÓN DE LAS EDEs
Las gestión de las empresas distribuidoras (EDE) permanece como uno de los principales reto del sector. En los primeros cinco meses de este año, según el Informe de Desempeño del Sector Eléctrico, se ejecutaron inversiones por US$59.8 millones, disminuyendo US$20.1 millones respecto a 2014.
Sin embargo, los cobros por concepto de energía se situaron en US$596.8 millones, siendo US$2.8 millones más que en 2014 y representando un aumento de 0.5%. Las pérdidas de energía (año móvil) se situaron en 31.5%.
La factura por compra de energía ascendió a US$659.1 millones, para una reducción de 20.4% respecto a 2014, mientras que la facturación por venta de energía fue de US$618.0 millones, 1.3% más que el año pasado. En enero-mayo 2015 la CDEEE realizó compras de energía por US$72.4 millones a un precio promedio de 24.50 centavos de dólar el kilovatio hora, equivalentes a US$83.3 millones menos y 0.61 más respecto a 2014).
El informe destaca que facturó por ventas de energía US$36.7 millones a un precio promedio de 12.47 centavos de dólar el kilovatio hora, US$64.3 millones y 3.08 centavos de dólar menos respecto a 2014. Esto determinó un déficit comercial de US$35.7 millones, mientras que los gastos de personal y administrativos fueron de US$21.7 millones. Se ejecutaron Inversiones por US$14.3 millones.