SANTO DOMINGO,R.D.- La sostenibilidad ambiental y financiera para la conservación de la biodiversidad mediante mecanismos como el pago por servicios ambientales y el mercado de carbono forestal son algunas de las fórmulas que promueve el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD).
Sésar Rodríguez, director ejecutivo de la entidad, indica que, ante la falta de recursos para destinarlos al cuidado de las áreas protegidas, proponen la implementación de mecanismos de financiamiento sostenible. ¿Cómo podrán generar recursos para dedicarlos a la conservación?
Una de las propuestas es que la gente que se beneficia de los bienes naturales pueda hacer compensaciones económicas a quienes garantizan la preservación de estos. Una aplicación de esa fórmula sería que los agricultores que se dedican al cultivo de diferentes rubros y que necesitan el agua de regadío, así como los pobladores de las comunidades con acueducto, retribuyan a los campesinos que cuidan los nacimientos de los ríos para que no tengan que afectar ese entorno.
La otra iniciativa consiste en la siembra de árboles con fines de crear bosques que capturen dióxido de carbono (CO2), evitando que ese gas vaya a la atmósfera e incida en un mayor incremento de la temperatura global, con la posibilidad de optar por bonos de carbono en el mercado voluntario.
Una experiencia con ese perfil fue desarrollada en El Cachote, un área protegida localizada en Barahona y que pertenece al Parque Nacional Bahoruco Oriental, la cual recibe mucha presión por los cortes de árboles y por la agricultura migratoria.
El proyecto
El CAD implementó allí el Proyecto Fortaleciendo la Planificación y Gestión en la Creación de Alianzas para la Conservación Sostenible en el Área Clave de Biodiversidad Bahoruco Oriental, con financiamiento del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF, por su sigla en inglés).
Consistió en una evaluación para determinar la viabilidad de desarrollar mecanismos de financiamiento sostenible en esa área, a fin de mejorar la conservación de la biodiversidad con la participación de comunitarios y autoridades.
Luego de un año de trabajo, de marzo de 2012 a marzo de 2013, y tras el levantamiento de la biodiversidad existente en la zona, la evaluación determinó que la mayor dificultad para la implementación de un proyecto de carbono allí es la tenencia de la tierra, “lo que dificulta su desarrollo porque se necesita la titularidad”, expone Rodríguez.
Respecto al otro componente que promueven, el pago por servicios ambientales, observa que si bien en el área no hay grandes ríos superficiales, puesto que son subterráneos y afloran al pie de la montaña, se trata de una zona productora de agua, por lo que consideran viable el pago por servicios ambientales, aunque reconocen la pobreza existente.
Iniciativa paralela
Otro proyecto similar es implementado por el CAD en el corredor de las reservas Loma Quita Espuela y Loma Guaconejo, en procura de crear la primera área protegida privada del país para fomentar su sostenibilidad financiera a través de la venta de créditos de carbono forestal y el pago por el servicio hídrico.
Rodríguez indica que algunos de los objetivos de este proyecto son aumentar el área de conservación con la participación del sector privado, que ese sector entienda que todas sus acciones tienen que desarrollarlas con un enfoque de sostenibilidad, y crear un corredor ecológico o biológico entre las dos reservas.
“En ese sentido, trabajamos para la creación de la Reserva Científica El Zorzal. Un grupo de inversionistas compró una finca de 7,250 tareas en la zona, donde más del 50 por ciento estaba cubierto de árboles. Nosotros apostamos a garantizar esa cobertura vegetal, que es parte del hábitat del zorzal de Bicknell o zorzal migratorio, que está en peligro de extinción”, explica. Y añade que conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabajan para declarar la finca como la primera reserva privada.
En su apuesta a la sostenibilidad mediante el incremento del bosque, siembran especies endémicas y nativas de la zona, como roble, mara, samán, capá y cola.
ENCUENTROS COMUNITARIOS
Para mostrar la viabilidad y los beneficios que ofrece el pago por servicios ambientales, a fin de que la gente esté dispuesta a aportar una cuota por el agua que recibe, agotan un proceso de concienciación en Nagua y San Francisco de Macorís.
“Es con el Ministerio -de Medio Ambiente- que estamos haciendo esto... Se paga menos de agua y más de celular y de cable. ¿Qué es más importante? Estamos hablando de algo vital para la existencia humana, el agua”, argumenta Sésar Rodríguez. Cuenta que fruto de ese proceso, la Junta de Regantes de Nagua ha dicho que está en disposición de pagar a los que protegen el agua.
La próxima etapa consistirá en la formulación de los acuerdos de pago por servicios ambientales con los propietarios de la tierra y los usuarios del recurso. “Donde nace un río o arroyo hay que conservarlo. No se pueden hacer actividades agrícolas ni criar animales”, por lo que el propietario recibe un pago acordado. Una experiencia piloto se implementa en la cuenca del río Yaque del Norte, y a los propietarios les entregan dos pagos en el año.
