El transporte urbano en la capital dominicana es sinónimo de estrés, caos, contaminación, falta de educación, carencia de un régimen de consecuencias, impotencia e incapacidad del Estado ante uno de los problemas que más impacto negativo tiene en la productividad. Se impone la ley del más fuerte.
Un verdadero pandemónium vehicular es lo que todos los días, a toda hora, se sufre en las calles de Santo Domingo.
Las principales arterias para el tránsito parecen reventar en medio de la imprudencia de conductores, principalmente del transporte público, que no respetan señalización, agentes de tránsito, convirtiendo la experiencia de manejar en el juego de “sálvese quien pueda”.
La famosa frase de que “andamos como chivos sin ley” cabe perfectamente para identificar una de las principales razones por las que la capital se convierte en “un solo tapón” que estresa al más paciente de los dominicanos.
Llegar hasta los centros de trabajo o pasar frente una institución educativa en horas pico se ha convertido un verdadero reto en la ciudad.
El sector carece de una ley que aglutine todos los aspectos: planificación, fiscalización, castigo, concesión de rutas y frecuencias, educación y prevención, entre otros.
La imprudencia se expresa de diversas maneras: seguir a una ambulancia en medio del tapón, hacer dos y tres carriles para doblar a la izquierda, acelerar cuando el semáforo está en amarillo, tomar y dejar pasajeros donde dice claramente “no pasajeros” o estacionarse debajo del letrero que lo prohíbe; rebases temerarios, cortar la fila de vehículos delante para subir a los elevados, andar sin luces y no encender direccionales para doblar y cambiar de carril.
En el Gran Santo Domingo se movilizan cada día alrededor de 700,000 pasajeros.
La falta de conciencia de los conductores también se expresa en seguir derecho en un carril que es para doblar a la izquierda, tomar o dejar un pasajeros al cruzar la calle cuando el semáforo cambió a verde, salir de una parada sin avisar, detenerse antes de subir a un elevado para dejar un pasajero, hacer los famosos “corte de machetes” sin importar el peligro de un accidente; no ceder el paso, entrar a una avenida o calle principal sin hacer el pare de lugar, cortar el paso en esquinas taponadas aunque sepa que tampoco podrá pasar, transitar a altas velocidades en calles estrechas, doblar en U donde no se puede y hasta amenazar a quien intente reclamar una imprudencia, entre otras tantas formas de imprudencia.
Con los conductores de motocicletas el agravamiento del problema llega a niveles olímpicos. Aunque saben que está prohibido transitar por los elevados y andar sin el casco protector, las redadas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) dan cuenta de la inobservancia de esta prohibición.
De nada han servido las campañas que diversas instituciones públicas y privadas han implementado para mejorar o viabilizar el tránsito en la capital y en todo el país.
Expertos consultados por elDinero coinciden en que la falta de educación y conciencia de quienes portan una licencia de conducir, unido a un régimen de consecuencia ineficaz, ha empeorado el problema. Llegar estresado al trabajo por culpa de un tapón o por las imprudencias de los conductores es lo común y todo indica que la solución está en manos de muchos protagonistas.
La OMSA fue fundada en el primer gobierno de Leonel Fernández.
Las soluciones puestas en ejecución por el Estado durante los últimos 40 años han fracasado, con excepción del Metro de Santo Domingo que sí ha demostrado ser un sistema de transporte económico y seguro para la población, subsidiado con niveles de transparencia superiores a las exenciones impositivas que reciben sindicatos de autobuses y carros del concho. Su desventaja radica en lo limitado de su alcance geográfico.
El politólogo y especialista en seguridad ciudadana y consultor privado Daniel Pou observa que el transporte, en medio del caos, se ha convertido en un sector desregulado muy a pesar de la multiplicidad de agencias que existen para normarlo, pero que no funcionan, el cual actúa en razón de una visión “anarco-empresarial” que se superpone a los niveles de responsabilidad y control propios que debe tener el Estado.
“Se ha creado un espacio donde el Estado ha perdido la autoridad que debe tener en la regulación de los espacios públicos y las vías de transporte, lo cual es una aberración terrible. Santo Domingo es un pandemónium vehicular”, sostuvo.
Proyecto de ley
Para el diputado Rafael Tobías Crespo, exdirector de Tránsito Terrestre y quien impulsa la Ley de Movilidad Terrestre, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el problema es estructural y carga con una historia amarga desde hace muchísimos años. Lo primero que identifica es que no hay una legislación efectiva, actualizada y que responda a las necesidades de la realidad dominicana.
A su entender, el Estado es el único responsable de que el sector transporte se desarrolle de manera caótica, dispersa y atomizada.
“No hay una ley de seguridad vial y movilidad que garantice eficiencia en el servicio. Tenemos una distorsión institucional con alrededor de ocho entidades trabajando el mismo tema de manera caótica, las cuales tratan de dirigir o planificar un sector que en el caso de los transportistas tiene una organización mejor que el Estado”, sostuvo Crespo.
El diputado, que estuvo al frente de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), tiene un proyecto de Ley de Transporte que busca unificar bajo un mismo ordenamiento jurídico todo el sector. De lo que se trata, sostiene, es que haya un solo ente que dirija y trace la política.
A su entender, la creación del Instituto Nacional de Tránsito (Instran), como único ente regulador del sector, garantiza la organización, planificación, fiscalización y control de todas las actividades del sector transporte.
La nueva institución tendría un consejo directivo conformado por los principales ministros y funcionarios que tienen que ver con el sector.
El subdirector de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Leonel Carrasco, considera que desde principios de los años 60 se perdió el control de la ciudad en cuanto a la migración del campo y sobre el ordenamiento territorial, así como en el tránsito y transporte terrestre.
A su entender, el crecimiento desordenado de las ciudades ha sido una de las causas del desorden en el tránsito. De lo que sí está seguro es que el caos en el transporte público provoca inseguridad, pérdida de tiempo y recursos económicos, contaminación ambiental y otros aspectos dañinos al ser humano.
“Hace falta, sin esperar más, aprobar y promulgar la Ley de Movilidad Terrestre, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Esto es fundamental. Otra legislación vital es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Estamos enfocados en seguir un planteamiento que hicimos en 2005 sobre la red maestra tres líneas de metro principales y dos secundarias, de las cuales estarían de Este a Oeste y una de Norte a Sur”, explicó.
Carrasco dijo que la Opret, junto con las demás, está en la mejor disposición de que en el país funcione una institución que lidere toda la política de tránsito y transporte en el país. “Lo peor es que no hay una ley transporte en el país y lo que hay es una de tránsito que es obsoleta”, indicó.
“Me siento comprometido y fascinado con este tema. El equipo de la Opret busca mejoría y estamos en la mejor disposición de contribuir cada día a una solución en el tránsito”, explicó Carrasco, quien señaló de manera particular esa entidad ha tomado medidas a agilizar el transporte de pasajeros en algunas vías de la capital.
Estimó que “sin exageración” cerca del 35% de los problemas del tránsito se deben a problemas de educación y la forma irregular en que muchos logran la licencia de conducir. A su entender, los transportistas deberían trabajar más de cerca con el Estado por el nivel de responsabilidad que tienen en hallar una solución al problema.
Punto de vista
El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, consideró que una de las causas del caos está en que a mayor cantidad de vías habrá más vehículos individuales, lo cual es un símbolo de la independencia estimulada por el consumismo.
En su caso, y dice que “se da el lujo de decirlo”, sus unidades de la avenida 27 de Febrero, donde Fenatrano tiene 45 guaguas en condiciones mejor que en Estados Unidos, cuentan con conexión wi-fi, cámaras de seguridad y otros servicios de comodidad, con la diferencia que en el país el pasaje cuesta RD$25.
Admite que el transporte público no le garantiza a un ciudadano que deje su vehículo en casa porque de regreso a su hogar no tiene seguridad, ni siquiera del Metro de Santo Domingo, de encontrar cómo transportarse.
Afirma que una solución al transporte público requiere de voluntad política porque a través de este se mueve alrededor de 80% de los empleados.
Los dirigentes y empresarios del transporte Blas Peralta y Antonio Marte han expresado que están dispuestos a coordinar las acciones que sean necesarias para buscarle una solución definitiva al problema del transporte.
A su entender, la falta de voluntad política ha sido uno de los principales obstáculos para lograr un consenso en torno a un proyecto que dé soluciones reales al problema.
Hay personas que sobrepasan las 400 multas de tránsito, según Katiuska Viviano, fiscal y coordinadora del Tribunal de Tránsito de la Amet. A la vez sostiene que solo la quinta parte del salario mínimo del sector público es destinado a pagar uno de los precios mencionados dependiendo de qué infracción se cometa.