SANTO DOMINGO,R.D.. Una ciudad
confortable y segura, que garantiza a sus ciudadanos el derecho
constitucional al libre tránsito, debe contar con aceras adecuadas, en
buen estado y sin obstáculos. El Distrito Nacional y otras ciudades del
país aún tienen esta tarea pendiente.
Las aceras son superficies
pavimentadas que se construyen con el propósito de facilitar la
movilidad de los peatones en las zonas urbanizadas. En la República
Dominicana, sin embargo, esta función ha sido limitada y hasta anulada
en algunos lugares, debido a los usos inadecuados que se les da a estos
espacios.
Sin que ninguna autoridad
lo impida, con frecuencia las aceras son utilizadas como parqueos
improvisados, basureros, zona de carga y descarga, depósitos de
construcciones, talleres, paradas del transporte público, comedores
ambulantes, escaparates de tiendas, y puntos de venta de una legión de
vendedores informales. A esta lista se agregan los imbornales sin tapas y
las rupturas y desniveles que muestran las aceras por falta de
mantenimiento.
Los llamados a resolver los
problemas generados por el mal uso de las aceras son los ayuntamientos.
Según la ley 176-07, al Distrito Nacional y los Municipios (artículo
19) les corresponde el ordenamiento del tránsito de vehículos y de
personas en las vías urbanas y rurales (literal a), y son responsables
de normar y gestionar el espacio público (literal b). También es de su
competencia la construcción y conservación de aceras (literal g), aunque
por falta de recursos de esta parte se encarga generalmente el
Ministerio de Obras Públicas.
La Dirección de Defensoría y
Uso de Espacios Públicos es la estructura del Ayuntamiento del Distrito
Nacional (ADN) encargada de aplicar las normas que regulan los
espacios públicos, la cual, según el director de Comunicación de la
institución edilicia, Omar Liriano, envía todos los días brigadas a las
calles, auxiliadas por militares, "que logran liberar múltiples espacios
de la ciudad ocupados por particulares".
Liriano asegura que las
aceras obstruidas se han convertido en un dolor de cabeza para el
Ayuntamiento, pese a que han rescatado una gran cantidad de metros
lineales y diariamente se hacen sometimientos por ese motivo en los dos
tribunales municipales ubicados en Manganagua y en San Carlos.
Lamenta que el ADN no
cuente con el personal represivo necesario para impedir que regresen las
personas a esos espacios; pero para este fin, indica, han establecido
acuerdos de trabajo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y
la Policía Nacional, "porque aunque la alcaldía tiene una policía
municipal, no cuenta con miembros suficientes para que en cada sitio
pueda dejar una persona cuidando".
A juicio de Liriano, la
ocupación irregular de los espacios públicos no es un problema sencillo,
porque tiene implicaciones de índoles social y económica "y en un
Estado hay que ver todas las variables, y se tienen que ir asumiendo las
violaciones poco a poco para ir regulándolas y disminuyéndolas con el
tiempo".
El director de Comunicación
del ADN se refirió en ese sentido a estudios realizados por el cabildo y
por otras entidades, que señalan que actualmente de cada diez
personas que ocupan espacios públicos con fines de ventas, ocho son de
nacionalidad haitiana, lo que consideró genera una situación delicada
debido a que el proceso de regularización de extranjeros que se lleva
cabo ha puesto el país bajo la mirilla internacional.
Puntos críticos en la capital
Aceras obstaculizadas se
pueden observar en casi todas las calles y avenidas del Distrito
Nacional, pero existen puntos específicos en los que la situación se ha
tornado verdaderamente crítica.
La intersección de la
avenida Duarte con la calle París, y sus alrededores, se ha convertido
con el paso de los años en el ejemplo más dramático de desorden y
arrabalización de un espacio urbano, provocado principalmente por las
actividades de los comercios formales e informales que allí convergen.
Por otro lado, Villa
Consuelo se ha devenido en un dinámico sector comercial, pero los
negocios han crecido de manera desmedida y sin ningún orden, porque los
comerciantes aprovechan hasta el más mínimo espacio disponible para la
venta de mercancías nuevas y usadas y para la instalación de talleres de
reparación de todo tipo, dejando muy poco espacio al tránsito peatonal y
vehicular.
Barrios como Villa Juana,
San Carlos, Villas Agrícolas, Villa María y María Auxiliadora también
han crecido en la informalidad, por lo que sus calles y aceras se han
visto seriamente afectadas con todo tipo de obstáculos.
El kilómetro 9 de la
Autopista Duarte es otro punto crítico, donde las aceras, áreas verdes y
calzadas han sido ocupadas por autobuses del transporte interurbanos,
carros del concho y buhoneros, haciendo casi imposible transitar por la
zona.
Los pasos de peatones
debajo de los elevados también suelen concentrar vendedores ambulantes.
Ejemplos se observan en la avenida Luperón casi esquina Independencia y
en la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy, espacios que son
utilizados también por choferes del transporte público como zonas de
parqueo.
Los lugares que generan
flujos constantes de personas, como hospitales, universidades y
mercados, también son espacios por excelencia para las ventas
informales de todo tipo de mercancías, pero sobre todo proliferan los
negocios de comida.
Propuestas para la solución
Para Omar Liriano, director
de Comunicación del ADN, el problema del uso ilegal de la aceras en la
capital se podría solucionar si la alcaldía contara con un presupuesto
para esos fines, porque según dice, no tienen los recursos necesarios
para intervenir los espacios ocupados ni para luego mantenerlos y
cuidarlos para que se les dé el uso adecuado.
Sostiene que muchas de las
intervenciones que se han hecho hasta el momento para rescatar espacios
públicos han sido con dinero aportado por el gobierno central; pero
"sabemos lo qué tenemos que hacer, se han hecho todos los estudios, el
problema es puramente económico", concluyó.
Sin embargo, para el
arquitecto Leopoldo Franco la planificación de la solución de este
fenómeno requiere de mucho cuidado, desde el punto de vista económico,
ambiental, social y hasta en el orden público, "dado que de esos
aglomerados sin control descienden señales a la población en el sentido
de que no hay ley, reglamentos ni autoridad".
El arquitecto Franco opina
que la solución no se trata de una iniciativa de un síndico efímero que
quiere ganar votos con soluciones improvisadas, el asunto requiere un
enfoque con mucha profundidad política, usando criterios científicos de
planificación multidisciplinaria, anclados en la realidad socioeconómica
del país.
A su juicio, los criterios
utilizados deben ser pragmáticos, orientados a soluciones permanentes
que frenen los nuevos intentos de involución urbana y que reorganicen lo
que ya existe sin el usual componente populista de los políticos.
Considera que en principio,
para que la idea germine y crezca, se debe instituir una comisión
multidisciplinar que se vaya integrando a partir de un liderato
profesional, y en la medida en que se detecten y configuren las
necesidades, agregar a los representantes sociales y del comercio
formal e informal.
De su lado, el arquitecto
urbanista Erick Dorrejo ve la solución de la problemática en el
fortalecimiento de las administraciones de los gobiernos locales, las
cuales deberán tener equipos suficientes para el monitoreo continuo de
los espacios públicos, con la intensión de preservar el orden
establecido para el uso colectivo de los mismos.
De igual manera, favorece
una alianza entre el gobierno local y nacional para iniciar un proyecto
de fomento a los "empleos urbanos formales", mediante el cual los
vendedores puedan registrarse a través de la Dirección General de
Impuestos Internos, y los ayuntamientos creen espacios específicos para
localizar sus ofertas bajo una autorización de uso del suelo.
Considera que es necesario
que el gobierno central y los cabildos inicien una gestión compartida
del territorio municipal, y logren identificar la oferta, determinar la
demanda y orientar a los pequeños emprendedores por el camino de la
formalidad, lo que genera la posibilidad de nuevos empleos, garantiza la
salubridad de lo que se vende y transforma un sector con aires de
ilegalidad en un atractivo tanto para los residentes del país como para
los turistas.
El origen
Los arquitectos Dorrejo y
Franco coinciden en que el problema de ocupación del espacio público en
el Distrito Nacional y en las principales ciudades del país se debe
fundamentalmente a las condiciones socioeconómicas en las que se
desenvuelve una gran mayoría de la población dominicana.
Para Dorrejo las zonas
urbanas son refugios de personas que emigran de los campos en busca de
oportunidades, y cuando llegan a las ciudades se dan cuenta de que no
hay empleos suficientes y se ven obligados a recurrir a la informalidad
para sobrevivir, "solo que el alto porcentaje de informalidad urbana
incide en la tasa de ocupación ilegal del espacio público".
El arquitecto urbanista
también cree que la ocupación ilegal de las aceras es resultado de una
débil gestión institucional, y señala a los ayuntamientos como las
entidades responsables de normar y gestionar los espacios, por lo que
son los llamados a preservar el orden en las aceras, "y su uso con fines
particulares es un acto de ilegalidad que debe ser perseguido, sometido
y castigado por las administraciones locales".
El arquitecto Franco agrega
que la migración incontrolable a las ciudades propicia la creación
espontánea de enormes barrios marginados, donde también habitan quienes
no se ubican en una sociedad del consumo y recurren al alojamiento
precario. "Esta enorme masa de la población en busca de oportunidades
debe recurrir a cualquier medio que le provea la subsistencia de su
familia, aún sea en términos de sobrevivencia", sostiene.
Muchas de estas personas,
asegura, al buscar la forma de ganarse la vida en el comercio informal
invaden cualquier espacio urbano, creándose en muy breve tiempo
verdaderas ciudadelas comerciales sin ninguna organización ni control de
parte de los organismos y funcionarios llamados a evitarlo.
http://www.diariolibre.com/destacada/2014/09/09/i781891_aceras-santo-domingo-paso-hacia-ninguna-parte.html
