SANTO DOMINGO,R.D.- El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) arribó a sus 15 años arrastrando una serie de deficiencias que se reflejan en la mala calidad de la atención en los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) y en la escasa protección social del universo de afiliados, lo que opaca sus logros.
Al margen de las decenas de quejas que a diario recibe la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), hasta el momento se desconocen las que reciben las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) por servicios no recibidos, aunque figuren en el catálogo de prestaciones y los ofrecidos por los planes de afiliación.
En el caso de los medios de comunicación, las quejas llueven a raudales, al punto de que ya ni caso les hacen a los afiliados (aunque parezca falta de sensibilidad) que acuden a la prensa convencidos de que mediante la denuncia sus situaciones particulares serán resueltas.
En estos 15 años, el único logro significativo que pude exhibir el SDSS es la ampliación de la cobertura, que de acuerdo con el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) al cierre del primer trimestre del 2016, la afiliación al Seguro Familiar de Salud, subió al 68.5% en relación del 46.2% que había en diciembre 2011, es decir, un crecimiento de 2,270,000 personas.
En el Régimen Contributivo, que protege a los trabajadores del sector público y privado formal y sus familiares, la afiliación llegó a 3,580,000 personas, un incremento de 38.4% con relación a diciembre del 2011.
Mientras que en el Régimen Subsidiado, que establece la protección de las personas más vulnerables, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo, la afiliación se incrementó en 1,313,000 personas, pasando del 46.6% de cobertura en diciembre 2011 al 101.4% al cierre del primer trimestre del 2016, para un total de 3,271,000 personas registradas
El SDSS tiene por delante grandes retos si es que quiere cumplir con su carácter universal, obligatorio, solidario, plural e integral a fin de otorgar los derechos constitucionales a la población, así como cumplir con su objetivo de regular y desarrollar los deberes y derechos recíprocos del Estado y los ciudadanos en lo referente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.
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