SANTO DOMINGO, R.D.- Balaguer, que no tenía confusión de ideas, era consciente de las
consecuencias de la ruta doctrinaria de la eficiencia neoliberal que
recomendaban Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Todo cambió con Leonel
Fernández, dijo al país que privatizaba la CDE para terminar con
apagones, subsidio y la inestabilidad financiera, la subdividió en
varias sociedades el 24 de junio de 1997, luego de promulgar la Ley
No.141-07 sobre Reforma de la Empresa Pública.
Diez y seis años después pagamos su improvisación. El subsector
atraviesa por la peor crisis desde que en Baní se instala el primer
alumbrado eléctrico en 1845, en sustitución de los faroles de vela y
cera, o desde que Horacio Vásquez emite el decreto que da inicio al
sistema eléctrico nacional y autoriza la operación de la Compañía
Eléctrica de Santo Domingo propiedad privada en 1928.
El fracaso está a la vista. En promedio y al mes, el usuario soporta
17.7 apagones, con una duración de 4.5 horas, siete veces más que la
media de 2.5 de América Latina y el Caribe. Paga la tarifa eléctrica más
alta de la Región, cuando se suponía que debía igualar el costo
marginal de un kilovatio/hora. A final del 2013, en los sectores
industrial y comercial pagó US$0.2572 y US$0.6373, muy superior al
promedio de la Región de US$0.1556 y US$0.2122, respectivamente.
Enorme es la brecha entre ingreso y gasto que el Gobierno compensa
con dinero del presupuesto, causando daño macroeconómico al aumentar el
déficit fiscal y la deuda pública. Sin sumar la deuda flotante con
generadores (US$905 millones), en parte porque las distribuidoras
pierden 42% de la energía que compran, casi tres veces el promedio de
América Latina, el subsidio acumulado será de US$10,125 millones desde
el 2005 hasta final de 2014. Con lo que se pudo comprar los 720
megavatios que el gobierno instala en Punta Catalina, Baní, y sobraba
mucho dinero para salud y educación.
Si hay certidumbre de que las dos plantas a carbón entrarán en
operación en 2017, con la firma del pacto el gobierno estará en mejores
condiciones para renegociar los contratos que se vencen (San Felipe en
2014; Cogentrix en 2018; los del Acuerdo de Madrid en 2016 y AES en
2016), y el usuario de la energía podrá tener esperanza realista de que
pagará menos por el kilovatio/hora. Para que el pacto no se convierta en
otro compendio de poesías, por decreto debe puntualizarse su objetivo,
que es reducir la tarifa, lo que pasa por contratar energía a un menor
precio, aumentar la generación de bajo costo e invertir en distribución,
con cifras y fechas específicas.
Evita que en pocos años estemos hablando de la tercera renegociación,
el Acuerdo de Madrid fue la segunda, Trujillo lo hizo primero. Su
pantomima fue denunciar el contrato al poco de tiempo de haberlo firmado
con la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, subsidiaria de la Stone
& Western Co. y relacionada con Chase Manhattan Bank. Alegó que la
tarifa era muy alta, debía reducirse, que la empresa debía comprometerse
con inversiones puntuales, logró ambas cosas, teatralidad evitable,
como también lo era el Acuerdo de Madrid que redujo la tarifa, de Leonel
Fernández no haber tenido confusión de ideas en 1997.
http://hoy.com.do/el-pacto-electrico/
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