viernes, 20 de septiembre de 2019

Hacer frente a una emergencia climática


Tomado de la edición de octubre de 2019 de Physics World . Los miembros del Instituto de Física pueden disfrutar de la edición completa a través de la aplicación Physics World .
Esta historia es parte de  Covering Climate Now , una colaboración global de más de 250 medios de comunicación para fortalecer la cobertura de la historia climática.
Matthew Jones y Charles Adams dicen que los físicos necesitan cambiar la forma en que trabajan para que la física sea más sostenible
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un informe el año pasado que establece claramente lo que se necesita para limitar el calentamiento global a 1.5 ° C. Señaló la abrumadora evidencia de que el cambio climático irreversible ya estaba ocurriendo y que muchos de los cambios ocurrían más rápido de lo que se pensaba. Sin embargo, en el corazón del informe había un mensaje de esperanza y optimismo: podemos recuperar algo de control y evitar el desastre si actuamos rápidamente.
Si bien todos debemos actuar individualmente, también sentimos que la física como disciplina debe unirse para evitar el inminente desastre climático. Por lo tanto, pedimos a la comunidad (estudiantes, científicos, industriales, editores y financiadores) que declaren una emergencia climática y se comprometan a colocar las reducciones de emisiones en el centro de nuestro trabajo. Esto significa colocar las reducciones de emisiones en el corazón de todo lo que hacemos. En busca de inspiración, debemos mirar al movimiento Pugwash , que buscaba un mundo libre de armas de destrucción masiva, y a los ideales fundadores de organizaciones como el CERN , que aprovechó el enfoque colaborativo basado en la evidencia de la física para brindar paz y prosperidad.

Tabla de cambio climático

Muchos físicos ya están trabajando en la ciencia y la tecnología de la reducción de emisiones, y este esfuerzo continuará creciendo. En cambio, nos preocupa la acción de toda la comunidad que cambia la forma en que trabajamos y demuestra al público en general que las actividades globales de colaboración como la ciencia pueden llevarse a cabo de manera sostenible. Es esencial que la física desempeñe su papel en un llamado a la acción más amplio y creciente de toda la comunidad científica.
APS?  Acogiendo con beneplácito el espectro completo de la investigaciónAnuncio
A fines de agosto, la activista climática Greta Thunberg cruzó el Atlántico a través de un velero de cero emisiones para hablar en la Cumbre de Acción Climática de la ONU el 23 de septiembre. Ella viajó de esa manera para llamar la atención sobre el costo ambiental de los viajes aéreos, que muchos de nosotros ignoramos. Todos estamos familiarizados con el científico principal que se lanza para dar una conferencia antes de partir para otro evento esa tarde o al día siguiente. Dado el costo del carbono, es difícil argumentar que este modelo de superestrellas nómadas que pasan el verano en los aeropuertos está justificado, especialmente en una era en la que millones de personas pueden ver las conversaciones de TED transmitidas en vivo. De hecho, un estudio recientepor la Universidad de Columbia Británica en Canadá sugiere que, más allá de un nivel mínimo bajo, más viajes no hacen nada para mejorar la productividad científica. Para poner las cosas en perspectiva, una investigación reciente realizada por la principal institución suiza de investigación ETH Zurich descubrió que los vuelos representaban el asombroso 50% de sus emisiones. Claramente se necesita una acción urgente.
Los físicos, que lideraron el mundo desarrollando mejores formas de colaboración, desde el telegrama hasta la World Wide Web, deberían mostrar liderazgo cuando se trata de reducir sus viajes. Hacer un mayor uso de la tecnología en línea en las conferencias de física también tendría beneficios más amplios, como permitir que las personas que tienen que cuidar a los miembros de la familia, o que tienen dificultades para viajar, participen de forma remota. También ayudaría a los físicos de países con menos fondos para la ciencia. Una campaña de base para reducir la cantidad de viajes académicos se lleva a cabo desde 2015.
Ya hemos comenzado a preguntar a los organizadores acerca de dar nuestras charlas de forma remota, estimulando discusiones de alto nivel con la American Physical Society y en las principales universidades de EE. UU. Como resultado, uno de nosotros probará una "visita virtual" a la Universidad de Harvard y al Instituto de Tecnología de Massachusetts este invierno, que incluirá presentaciones y debates remotos. De hecho, en una reunión reciente que organizamos en la Universidad de Durham en el Reino Unido, la charla destacada se realizó de forma remota desde un laboratorio nacional en los Estados Unidos, lo que demuestra el potencial de una colaboración científica de alta calidad que no comprometa la calidad de la reunión.
Además de la acción a nivel individual, también debemos buscar cambios en las políticas de los organismos de financiación, las sociedades científicas y los comités de contratación. Por ejemplo, las reglas establecidas por UK Research and Innovation , la organización paraguas de los siete consejos de investigación del Reino Unido, actualmente favorecen los medios de viaje más baratos (en lugar de los más eficientes en carbono) y expresamente prohíben el uso de fondos para pagar la compensación de emisiones. En 2004, Kevin Anderson, un científico del clima de la Universidad de Manchester, Reino Unido, propuso la idea de una "tarjeta de crédito de carbono" para tener en cuenta adecuadamente las emisiones de carbono. Tales ideas podrían permitir a las agencias de financiación reducir el número de conferencias internacionales a las que asistimos, reduciendo nuestra dependencia de los viajes aéreos.
También recomendamos que la sostenibilidad se convierta en un criterio explícito cuando los organismos de financiación evalúen las solicitudes de subvención, en un nivel similar a las consideraciones éticas y el impacto. Por lo tanto, cualquier intento de evaluar el impacto académico y social de nuestra investigación y enseñanza, como el Marco de Excelencia en Investigación del Reino Unido, también debe incluir una evaluación de su impacto climático.
Algunos podrían argumentar que cualquier cambio que hagamos es una gota en el océano. Lo mismo, por supuesto, es cierto para la mayoría de nuestras contribuciones individuales al progreso científico. Sin embargo, la física da forma a todos nuestros futuros. Usemos este increíble privilegio para actuar sobre el cambio climático y entregar a nuestros hijos un mundo donde aún puedan seguir su sueño de física.

jueves, 19 de septiembre de 2019

Principal reto de las EDES de electricidad es su saneamiento

eledectricidad ede

SANTO DOMINGO,R.D.-República Dominicana no tiene problemas de generación de energía. En estos momentos hay una capacidad disponible que supera los 2,970 megavatios y la demanda máxima, según registros históricos del Organismo Coordinador (OC), ha sido de 2,700 megas, lo que da como resultado una reserva de 254 megavatios.
Según un informe de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), la capacidad instalada es de 4,435 megavatios, de la cual un 38.1% es dependiente de combustibles fósiles, un 32.9% es de gas natural, un 11.2% de las hidroeléctricas, un 3.1% es de viento, un 1.3% es biomasa y un 0.5% es solar.
El vicepresidente ejecutivo de la ADIE, Manuel Cabral, explicó a elDinero que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sólo tiene que superar un solo reto: los problemas de distribución y comercialización, el cual está en poder de las empresas distribuidoras de electricidad (Ede).
Según la ADIE, para el primer semestre de este año la energía fue abastecida por las siguientes fuentes primarias: gas natural 29.3%; carbón 16.1%; derivados de petróleo 41.6%; agua 6.1%; biomasa 1.3%; viento 4.6%, y sol 1.0%.
Cabral asegura que desde el punto de vista de generación eléctrica no hay problemas en el país y para el año próximo las unidades de Punta Catalina estarán en el sistema. Además, consideró, se verán adelantadas y terminadas las conversiones de cerca de mil megavatios de generación en San Pedro de Macorís y otras zonas.

“Del sector eléctrico se han hecho propuestas, se ha discutido, análisis por expertos locales e internacionales y no hay que esperar al 2021 para implementar los cambios que merece el sector eléctrico. No es cuestión de ponerse a discutir y de crear grandes planes ni compromisos. Aquí ya todo lo que se ha trabajado está bien claro y se sabe lo que debemos hacer”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la ADIE.
Cabral también señaló que está proyectada la construcción de una serie de parques de energías renovables, tanto solar como eólica, por los cuales entrarán cerca de 150 megavatios anuales. En ese sentido, indicó que si hoy hay suficiente generación para cubrir la totalidad de la demanda, en los próximos años habrá capacidad para abastecer la creciente economía.
“No habrá ningún cuestionamiento en el sentido de la generación. ¿Dónde está el problema? Todos los análisis indican que el reto está en el sistema de distribución y comercialización de la electricidad. Las pérdidas siguen siendo sumamente altas. Algunas de las distribuidoras han logrado bajar algunos de los circuitos. Hemos visto mejorías en Edesur y Edenorte, pero todavía siguen sobre el 20% y ni hablar de Edeeste, que hay meses que reporta un 40% de pérdidas”, explicó Cabral.
A su entender, ya no es tiempo de hablar ni discutir mucho sobre el tema. Expresó que la Ley General de Electricidad es muy clara en las cosas que se deben hacer. Recordó que más allá de eso se discutió por tres años el Pacto Eléctrico y se llegaron a grandes acuerdos con cronologías y cómo se deberían implementar, por lo que si bien el país pasa por un proceso de transición política, para atacar las dificultades del sector eléctrico no es necesario esperar.
El vicepresidente ejecutivo de la ADIE dice que desconoce las razones por las que no se firmó el Pacto Eléctrico luego de tres años de discusiones entre los diferentes sectores. Refirió que se hizo un esfuerzo importante de los sectores público y privado, así como sindical y los demás participantes, incluyendo personalidades de alto nivel en las últimas reuniones, llegándose a acuerdos importantes sin que al final se firmara.
El reto principal que tienen las distribuidoras es su saneamiento, pues son empresas deficitarias que siguen dando apagones masivos a la población. Más allá de eso, indicó, hay un problema de elevados gastos operativos, pues cuando se comparan con sus pares regionales son muy altos. “Además de las pérdidas tienen gastos operativos inflados. Esta combinación hay que trabajarla”, apuntó.
Recordó que las distribuidoras deben publicar sus estados financieros, pero tienen años que no lo hacen. Por este panorama, consideró, no se puede hablar de un nuevo esquema de capitalización sin transparentar sus operaciones.
Ampliación de la ADIE
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral, destacó la importancia que tiene el sector eléctrico para el desarrollo económico el país, así como también de cualquier otro del mundo.
“Entendimos, y esta es la visión actual, que es muy conveniente tener todos los actores del sector eléctrico que tienen inversión privada bajo una misma sombrilla, ya sea con acuerdos estratégicos con asociaciones empresariales, que vamos a representar, o que se hagan socios directos de ADIE en la modalidad que sea. Al fin y al cabo es quitar la visión de que sólo representamos a un sector en puntual, que son los generadores”, explicó.
Según expresó, la realidad es que hoy día ya la institución aglutina a parte de los nuevos proyectos de energía renovable, los cuales se han ido incorporando. Uno de los primeros acuerdos, dijo, fue con los sistemas aislados y ahora ya hay firmas de abogados que se relacionan con la industria.
Respecto a los nuevos miembros, una de las condiciones es que las empresas tienen inversión privada dentro de su capital, por lo que se descarta que una empresa pública pueda participar. Sobre este tema, dijo que Ege Haina y Ege Itabo, que son de capital mixto, pertenecen a la ADIE.

miércoles, 18 de septiembre de 2019

Ley de Aguas, una emergencia nacional



El agua es el elemento más importante para la vida. Es vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que habitan el planeta Tierra. Este recurso también juega un rol de primer orden en todas las actividades económicas, sociales del hombre y en la conservación del medio ambiente.
Por esa razón el Estado debe asumir tutela especial sobre las aguas, a través de la aplicación de las normas regulatorias que garanticen que el aprovechamiento de este recurso natural se efectúe en beneficio del desarrollo nacional y de la sociedad en su conjunto.
El marco regulatorio del agua en el país no toma en cuenta el principio de separación de roles considerado un paradigma en la administración de las aguas.
Existen tres niveles jerárquicos que se deben respetar para garantizar una administración eficiente, estos niveles se definen como sigue:
  1. Rector define las políticas públicas, planes y estrategias que permitan organizar, ordenar y emitir directrices para la gestión integral de los recursos hídricos.
  2. Regulador administra y fiscaliza el cumplimiento de las políticas públicas sobre el recurso, definida en el nivel rector.
  3. Operador organiza y realiza las tareas ordinaria, pertinentes al sector de los usuarios de servicios del agua obedeciendo las normas, planes y disposiciones administrativas definida por el organismo rector y por el regulador de los recursos hídricos.
La no observancia de estos principios ha resultado en los siguientes aspectos negativos en la administración de las aguas nacionales:
  • Usurpacion, varias instituciones realizan tareas que jerárquicamente corresponden a otras, ejemplo trabajo de medición, investigación y de administración del recursos en un nivel operativo.
  • Regulación Fragmentada por ejemplo el agua superficial está bajo el dominio del INDRHI y el agua subterránea bajo el dominio de la Secretaria (Ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA).
  • Múltiples protagonistas en la administración de los servicios (rol operativo), varias Instituciones (INDRHI, INAPA, CAASD, CORASAN, CORAAMOCA, CORAPLATA etc.), realizan roles en la administración de los servicios del agua  sin ninguna planificación ni comunicación  entre ellos.
  • Elevado nivel de superposición y duplicidad en las labores de fomento y desarrollo de obras (construcción) para el aprovechamiento de los recursos hídricos.
  • Confusión, las  leyes relacionadas al sector no solo violan estos principios de administración sino que además generan una gran confusión. Por ejemplo La ley No. 5822 (vigente), sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, del 29 de marzo del 1962 y sus modificaciones,  todavía tiene en su articulado a la Dirección General  Hidráulicas como autoridad máxima del agua y la ubica en  la Secretaria (Ministerio) de Obras Públicas. Esta entidad fue abolida por la  Ley 701 del 1965 que creo  la  Secretaria de Estado de Recursos Hidráulicos  esta ley fusiono a la Dirección General de Riego de la Secretaría de Estado de Agricultura, la Comisión Nacional de Irrigación, fuerza y control de ríos (CONAIF), el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) y el Servicio Nacional de Acueductos Rurales. Dicha Secretaría fue suprimida poco después, el 8 de abril de 1965. Finalmente,  la Ley 6  del 8 de septiembre del 1965 y sus modificaciones  crea El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI);  como la máxima autoridad en materia de aguas nacionales y lo constituye en el ente superior con carácter de usuario principal (riego), ejecutivo (constructor de obras hidráulicas),  técnico, normativo y consultivo de la República Dominicana, en materia de la gestión. integrada de los recursos hídricos, incluyendo su administración, regulación, control, y protección. Esta ley contradice La Ley 64-00 del 2000,  que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En resumen, el Marco Institucional vigente en relación al recurso agua en el país es una verdadera tela de araña, donde los roles (rector, regulador y operador) se entrelazan mutuamente.
Propuesta de Ley de Aguas
Para eliminar esta institucionalidad dispersa y obedeciendo al mandato de la Ley No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, la cual en su artículo 192párrafo Idispone la modificación, actualización y modernización de la Ley No. 5852, un grupo de expertos, Raúl Pérez,  Rene Mateo (quien suscribe) y  Norberto Quezada (PhD),  recibimos instrucciones del entonces Director del INDRHI Silvio Carrasco y del Subdirector Técnico Gilberto Reynoso, en el 2001 para que bajo su coordinación y supervisión iniciáramos, la elaboración de una propuesta de Ley de Aguas.
Este trabajo culminó, después de cuatro años de debates nacionales, consultas con expertos internacionales  y  discusiones a nivel nacional con todos los actores del sector agua (INDRHI, INAPA, CAASD, CORASAN, CORAAMOCA, CORAPLATA y la Comisión del Senado de Medio ambiente), con el sometimiento de la propuesta de Ley de Aguas al Senado de la Republica por el Presidente Constitucional Ing. Hipólito Mejía,  en junio del 2004.
Esta propuesta de ley de aguas, crea La Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA), en sustitución del INDRHI, como órgano rector de las aguas nacionales con personería jurídica de derecho público con autonomía técnica y administrativa. Asimismo se crean los organismos sectoriales (riego, agua potable, generación hidroeléctricas etc.) responsables de la regulación de los servicios del agua, con el objetivo de normal y fiscalizar los operadores de servicios para asegurar que estos cumplan con la legislación y normativa vigente y ofrezcan un servicio de calidad. Estos organismos serán   además responsable de emitir las licencias a los distintos operadores y colaboraran en la formulación y ejecución del Plan Hidrológico Nacional.
En término generales la propuesta de  ley   pretende ser un instrumento de gestión de recursos hídricos para que todos los usuarios puedan utilizarlos con la mejor equidad, seguridad y sostenibilidad, sin afectar sus usos para las futuras generaciones. Esto significa, la creación, eliminación  o adecuación de los organismos necesarios para la implementación de las políticas públicas sobre los  recursos hídricos establecidas en la estrategia de planificación nacional de desarrollo de ese sector. El proceso debe ser inclusivo con los organismos sectoriales actuales, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas establecidas en la presente propuesta de Ley.
Se han realizados varios intentos fallidos con la finalidad de lograr la promulgación de la necesitada Ley de Aguas, siendo la más reciente, la presentada por Adriano Sánchez RoaSenador de la República, Por la Provincia Elías Piña.
¿Por qué no se ha aprobado la Ley de Aguas?
Las dificultades se pueden explicar en varias vertientes:
Intereses Institucionales: el agua es un ente económico,  por lo que los incúmbentes  de turno ven en la promulgación de la Ley de Aguas una amenaza por miedo a una posible disminución del presupuesto y en los roles o  tareas sobre el agua que tradicionalmente realizan las instituciones que momentáneamente dirigen.
Técnica: la implementación de la ley implicara la especialización del organismo rector (ANAGUA), para la generación de conocimiento sobre los recursos hídricos. En la actualidad no hay apoyo significativo a la labor de investigación, existiendo un gran vacío de conocimiento básico sobre el agua.
Este organismo rector tendrás que realizar tareas altamente técnicas como: el plan hidrológico nacional (el ultimo se hizo incompleto en el 2012); proyecto de manejo de sequía;  un inventario (medición) de la calidad y cantidad de agua a nivel nacional;  estudios de zonas áridas; estudio de las relaciones agua – medio ambiente, comportamiento de acuíferos, relación agua – roca, conversión de la metodología para la entrega de los servicios del agua (cálculos y tipos de tarifas) etc.
 Política: No existe interés público (políticos) ni del sector  privado por ordenar  el sector,  uno por temor a la posible manipulación mediáticas en su contra (privatización, aumento de tarifa, conversión a tarifa volumétrica, facturación, eliminación de subsidios,  reducción del número de instituciones del sector, conflictos entre usuarios etc.) y el sector privado porque obtiene ventajas económicas del caos.
Conclusión
Para la aprobación de este proyecto se debe realizar una revisión más profunda a la actual propuesta que data del 2001 (18 años) para incluir aspecto como la participación local o provincial  en la dirección de los consejos de cuencas; una visión enfocada en la demanda para romper el ciclo o cultura actual operativa en el manejo del agua por los operadores de los servicios.
En esa revisión se debe hacer énfasis en incluir otra ronda de dialogo y discusión más amplia e inclusiva para limitar el protagonismo de las instituciones oficiales relacionadas con el agua y con ellos lograr el liderazgo necesario para lograr una reforma integral

martes, 17 de septiembre de 2019

Sector eléctrico en silencio ante ola apagones



SANTO DOMINGO,R.D.- Los ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y de la Superintendencia de Electricidad (SIE) no han ofrecido ninguna explicación sobre las razones que explican la intensa ola de apagones que se siente en el país.
El esfuerzo por contactarles, a través de los departamentos de Relaciones Públicas de las respectivas instituciones para que ofrezcan información, fue infructuoso ayer, mientras que se incrementan las quejas y reclamos en los distintos barrios de la capital y comunidades del interior del país.
El director de Comunicaciones de la CDEEE, Esteban Delgado, en respuesta a la solicitud de una reacción de parte del vicepresidente ejecutivo de la institución, Rubén Jiménez Bichara, sugirió a esta redactora consultar el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), para que verificara la cantidad de plantas generadoras que estaban fuera de servicio y otras que se encontraban generando muy por debajo de su potencial.
“AES está aportando 40 de 300 (-270); Bersal está aportando 5 de 25 (20); CESPM está aportando 170 de 300 (-130); Metaldom está aportando 10 de 42 (-32); Haina TG está en 0 de 100 (-100)”, respondió Delgado.
Al intentar contactar al Superintendente de Electricidad, César Prieto, se informó que había salido cerca del mediodía de la institución.
Las distribuidoras
Las empresas distribuidoras de electricidad se mantienen con el mismo discurso, indicando que existe un déficit de generación que afecta la oferta de energía a sus circuitos.
Edeeste informó ayer, a través de su encargado de comunicación, que cuando hay déficit de generación el Organismo Coordinador del SENI solicita deslastrar carga, o sea, sacar circuitos, lo que dijo ocurría ayer en la tarde.
Generación
Según el OC-SENI, este lunes la generación real bruta se ubicaba por encima de la programada durante casi todo el día, solo de 6:00 a 7:00 de la noche la generación cayó por debajo de lo programado, entre los 89.45 MW y 210.7 MW.
Según el reporte en tiempo real del Organismo Coordinador del SENI, 17 unidades térmicas (plantas) se encontraban fuera de servicio, entre estas San Pedro Vapor, San Lorenzo 1, San Felipe VAP, San Felipe, Río San Juan, Montecristi Solar, Metaldom, Los Orígenes GN, Los Minas 5 y 6, CESPM 3, la generación de emergencia de AES Andrés, Haina TG, Inca Km.22, Estrella de Mar (SGN, SFO y CFO).
En disponibilidad parcial se encontraban: AES Andrés (generando 30 MW, Bersal (5.50 MW); CEPP 1 y 2 (45.4 MW); CESPM 1 y 2 (170 MW); ITABO 1 y 2 (248 MW); Quisqueya 1 y 2 (355 MW), entre otras.
La unidad 1 de Punta Catalina se encontraba anoche inyectando al sistema 330 MW.
Protestas
Distintos sectores de la Capital y del interior del país reportan largas horas de apagones que afectan a los negocios y los quehaceres del hogar y el descanso de las personas.
En Enriquillo, provincia Barahona, se reportó un incendio en las oficinas de Edesur, supuestamente fruto de una protesta en contra los apagones en este municipio. Benny Rodríguez, reportero de este medio, informó que una muchedumbre incendió las instalaciones de la oficina en esta localidad.
En las noches.
Residentes de Alameda, Almirante, 27 de Febrero y otros barrios indicaron que los apagones en las noches han propiciado una mayor inseguridad por la ocurrencia de robos y atracos.
Desesperados.
Los apagones, sumados a la intensa ola de calor que se siente en todo el territorio nacional, mantienen a la población irritada. Lucas Matías, residente en la Zona Oriental, afirma que “esta situación no me permite hacer nada”.

lunes, 16 de septiembre de 2019

Pobre servicio público de agua y luz alienta a empresas privadas


Industrias de purificación de agua y venta de inversores y plantas suben las ganancias cubriendo un vacío del Estado
SANTO DOMINGO,R.D.- La debilidad histórica del Estado dominicano en dos servicios fundamentales, como son el agua y la energía eléctrica, se ha traducido en “alimento” para el sector privado, que ha ido llenando esos vacíos. Pero adquirir esos servicios ha acabado encareciéndole enormemente la vida al consumidor.
Entre los dos (compra de agua y pago energía) socaban cada mes el presupuesto del hogar, mientras las empresas engrosan las cajas registradoras por concepto de sus ventas.
Con el tema del agua hay varios factores que caminan en contra de los usuarios: No se puede usar para beber la del grifo (la que llega por tuberías), porque no es seguro hacerlo, pero además hay falta de confianza por parte del público. Poca gente se atreve a tomársela. El otro factor es que la cobertura sigue siendo limitada en el territorio nacional.
Mientras, por el lado eléctrico, los constantes e históricos cortes o apagones hacen muy difícil la vida, sin el acompañamiento de inversores, plantas eléctricas y en el peor de los casos velas o lámparas de tubo (básicamente en la zona rural).
Cuantificar la cantidad de inversores y otros aparatos que todavía se comercializan al año para cubrir los déficits de “luz” no es una tarea fácil; oficialmente no hay registros sobre ese capítulo. Pero el hecho de que opere todavía en el país una cantidad inmensa de empresas fabricantes, ofrece una aproximación a la respuesta que se busca.
La cobertura de agua, (las personas que tienen el líquido en el espacio donde viven) era en el año 2013 de apenas 46.3% por acometida, es decir, en instalaciones en viviendas, y alcanzaba a 67%, cuando se consideraba la existencia en los patios. Esto, de acuerdo con datos ofrecidos en varios momentos y escenarios por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). Es probable que la situación haya variado, para bien o para bien en los tiempos actuales.
Hace varios años un estudio determinó que en República Dominicana se requiere establecer planes generales de manejo integrado en las macrocuencas que abastecen los acueductos principales y acciones a microescala que involucren las poblaciones de las comunidades.
La investigación la realizó el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y The Nature Conservancy, con auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En poco más de diez años el mercado de agua en botellitas de 16 onzas ha crecido entre el 30 y el 35%, de acuerdo con datos la Asociación Dominicana de Embotelladoras de Aguas Purificadas (Adeagua), cortados a diciembre de 2018.
El negocio de agua, en general, ha adquirido niveles tan importantes como quizás nunca imaginaron nuestros antepasados, quienes advertían que “un día el agua sería vendida”, sin imaginar la fuerza que tendría ese negocio para estos tiempos. Pero las cifras hablan.
El sector formal de agua tiene agrupados en la Adeagua unos 100 miembros. En el país existen alrededor de 300 empresas formales del ramo, pero de manera informal hay alrededor de 1,000, indican las cifras de la organización que agrupa a las empresas formalizadas.
Lo ideal sería que la gente no tenga que comprar una sola gota de agua, sino que el grifo de la llave pueda proporcionarla en condiciones óptimas, tanto para consumo, como para otras actividades. No ocurre así. Más del 80% de la población dominicana consume agua embotellada, indican los números de la Adeagua, ofrecidas a elCaribe.
Las empresas formales del sector generan cerca de 10,000 empleos directos y otra cantidad de indirectos. En adición a la comercialización de agua usada para tomar, existe un negocio de camiones cisternas, que ofertan el líquido fundamentalmente para uso doméstico, y hay disponible también marcas de agua importada para la ingesta, procedentes de variados países, entre ellos España, Francia, Estados Unidos y de Italia. Sin embargo, ese tipo de producto extranjero presente en el mercado local no afecta a la industria, pues su consumo y uso no alcanza el 1% dentro de la demanda, según Adeagua. Tampoco es competencia desleal, porque su precio suele ser más elevado que las marcas nacionales. Un camión de agua cuesta entre 700 y 1,200 pesos, según el tamaño. Un botellón para consumo cuesta entre 65 y 75 pesos en el comercio al detalle. En fin, el dominicano se ha acostumbrado a consumir agua envasada, que adquiere en colmados u otros establecimientos. Las inversiones instaladas en las empresas embotelladoras superan los US$400 millones.

sábado, 14 de septiembre de 2019

Los desamparados del sistema de pensiones: LEYES 379-81,1896-48


SANTO DOMINGO,R.D.- Un día Berkys Colón Cruz comenzó a sentir temblores en un dedo de la mano derecha. Entonces, era la directora del departamento de contabilidad de una multinacional en Santo Domingo. Primero llegaron esas sacudidas involuntarias, luego notó cómo su voz comenzaba a desvanecerse y, poco a poco, se fueron sumando otros síntomas que intentó esconder. Con el paso del tiempo ya no pudo disimular más: el mal de Parkinson ya afectaba más de 60 % de su cuerpo.
“Un día me caí en el trabajo porque el cerebro no le manda el mensaje a las piernas. Entonces, tuve que tomar la decisión de dejar el trabajo porque ponía en riesgo mi vida”, relata apenas con un hilo de voz.
Cuando se retiró de la vida laboral por discapacidad tenía apenas 38 años y comenzó a transitar un camino de trabas institucionales y jurídicas, de vacíos legales que le han hecho más difícil la vida. Berkys es una de los miles de dominicanos que han tenido que luchar contra el sistema para obtener una pensión por discapacidad, pero también es una de las 168 personas a las que el año pasado la Superintendencia de Pensiones (Sipen) anuló su asignación de discapacidad por haber cumplido 60 años, una situación amparada por un vacío legal que ha dejado a esas personas sin protección alguna.
Hace ya 18 años, cuando se aprobó la Ley 87-01, se fijaron los términos generales para el funcionamiento del sistema de Seguridad Social en el país. Con el tiempo se fueron aprobando los reglamentos y las normas específicas para la operatividad del esquema en cada uno de sus ámbitos. Uno era el de las pensiones por discapacidad y de sobrevivencia, que se fue definiendo con varias normativas y reformando con el tiempo.
Lo que ha ocurrido a partir de estos cambios es que las personas que tienen alguna discapacidad que les impide trabajar, y que cotizaban al sistema de pensiones, al cumplir los 60 años se quedan desamparadas.
Pero siete años más tarde perdió la batalla. En 2017, justo el día en que cumplió 60 años, le anularon la pensión por discapacidad. “A ella le niegan el derecho de seguir recibiendo ese beneficio que estipula la ley”, indica Rafael.

viernes, 13 de septiembre de 2019

Pensiones en República Dominicana


SANTO DOMINGO,R.D.-Cuando el año cero de las pensiones llegue a la República Dominicana, en 2033, alrededor de un 15 % de la población tendrá edad para retirarse, pero no muchos podrán. Las tres décadas de ahorro para más de 1.7 millones de ciudadanos se convertirán en menos de la cuarta parte del último ingreso que recibieron, y eso si lograron los aportes suficientes durante su vida laboral para alimentar sus cuentas de capitalización individual.
Esa tasa de reemplazo de 22 % que recibirían los cotizantes por sus fondos de pensiones es un cálculo de analistas, no hay una estimación oficial que precise cuánto recibirá en promedio cada trabajador. La respuesta desde la Superintendencia de Pensiones (Sipen) es que todo depende del caso. “No existe una única tasa de reemplazo para los pensionados por vejez del sistema dominicano de pensiones”, indicaron desde esa institución a través de Acceso a la Información. Hace siete años la entidad dejó de publicar la tasa de reemplazo de los afiliados a los fondos de pensiones. Para entonces, era de 36 % en promedio.
Pero Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01, que dio origen al sistema de seguridad social dominicano, tiene clarísimo el panorama: una persona que gana un salario de 20,000 pesos al mes se retirará con una pensión por vejez de apenas 6,000 pesos por sus 30 años cotizados en su cuenta de capitalización individual, y no es seguro que ese ahorro alcance hasta el día de su muerte. “Todos los sistemas de pensiones están en crisis”, zanjó.

La crisis de la seguridad social ya ha sido alertada. El propio superintendente de Pensiones, Ramón Contreras, señaló que hay que buscar una solución, pero que la salida debe ser legislativa. “Este es un sistema de capitalización individual que se alimenta de nuestros aportes y de los del empleador, de modo que, si aportamos poco y ahorramos poco en nuestra vida laboral, ya sea por bajas cotizaciones o por la intermitencia laboral, por la informalidad, la elusión y la evasión, al final los montos de retiro serán escasos”, dijo Contreras.
Agregó que es la Ley 87-01 la que establece la edad de retiro, así como los aportes de los trabajadores y la parte que corresponde al empleador, de manera que, si se quiere jugar con esos elementos para incrementar las pensiones del futuro, hay que concretar un cambio legal.
La normativa vigente indica que para pensionarse por vejez el afiliado debe haber cumplido 60 años de edad y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses.
“Los aportes están determinados por la ley 87-01, y para variarlos hay que variar la ley”. Dijo que por ello desde el año pasado operan mesas de trabajo que intentan resolver el entuerto de un sistema de pensiones que está en crisis y ni siquiera ha comenzado a operar en su totalidad. Se trata de una instancia gubernamental y de otra privada y laboral para discutir sobre la seguridad social, “porque este es un tema tripartito y entre los tres debemos tomar las previsiones necesarias para que las pensiones puedan ser suficientes, dignas y garanticen la felicidad de los dominicanos cuando lleguen al fin de su vida laboral”, zanjó.
Pero esa solución de aumentar la edad de jubilación y la cotización no alcanza para todos. La única forma de lograr esa pensión de RD$6,000 pesos a la que se refiere Díaz Santana es si el afiliado cotiza ininterrumpidamente durante 30 años al sistema. No puede quedar desempleado por mucho tiempo ni trabajar en un pequeño emprendimiento informal o por su cuenta.
Rafael Ortiz, un hombre de 68 años de edad que ha laborado de forma independiente toda su vida, no tiene más opción que trabajar hasta que ya no pueda más. Para él no hay pensiones. “Me he pasado la vida trabajando, pero ya llegó un momento en que no puedo hacerlo como antes. Los independientes no tenemos pensiones, no tenemos nada. Cuando a mi se me acabe el dinero que tengo ¿qué es lo que me queda? Morir”, dice.
Y su drama va más allá del tema de las pensiones. Ortiz, quien hace cuatro años sufrió un derrame cerebral, tiene una póliza de seguro que le cubre lo justo. Por su edad, una aseguradora se lo pensaría dos y tres veces para aprobarle un plan de salud, así que debe mantenerse con el que tiene, que no le cubre las consultas médicas y le reconoce una pequeña porción de los 30,000 a 40,000 pesos que gasta cada mes solo en medicinas.
Aunque el caso de Ortiz revela la realidad del trabajador informal —que es más del 50 % del mercado laboral— en el mundo de las pensiones, la vulnerabilidad también abarca a los cotizantes del sistema de seguridad social. Díaz Santana explicó que el seguro de vida, para el que se aporta 1 % del salario cotizable del trabajador, perime cuando éste cumple 65 años de edad. No lo dice la norma 87-01, sino que esta y otras limitaciones se añadieron luego a los reglamentos que, señalan varios expertos, desdibujaron el sentido de la normativa marco de la seguridad social.
“Esos reglamentos no responden a las neccesidades de los trabajadores, porque fueron hechos para beneficiar a las empresas”, dijo Díaz Santana.
La paradoja salarial
De acuerdo a los datos que publicó la Sipen en su boletín enero-marzo de este año, los salarios de los trabajadores se van incrementando a medida que se acercan sus años de retiro, con lo que los aportes más altos a los fondos de pensión ocurren justo cuando la vida laboral está a punto de terminar.

jueves, 12 de septiembre de 2019

Punta Catalina y el sistema eléctrico


SANTO DOMINGO,R.D.- Es mala la decisión del gobierno de vender el 50% de las acciones de la compañía que funja como propietaria de la central termoeléctrica de Punta Catalina (PC). Son múltiples las razones por las cuales ese plan no beneficia los intereses colectivos de la población, los que serían mejor servidos reteniendo la propiedad total. Pero esos intereses tampoco serán redimidos hasta tanto no se busque una solución a la injerencia de la clase política en el sistema eléctrico. Sin ese tipo de solución PC ayudara muy poco a que salgamos de la crisis energética que empantana el desarrollo del país.
Lo errado de la decisión se pone en evidencia al ponderar los objetivos del gobierno que justificaron la central. El principal fue el de inducir con su operación una rebaja en los costos de la electricidad para las distribuidoras estatales. Eso a su vez se traduciría en una rebaja de la tarifa eléctrica y una disminución del subsidio estatal a las edes. La inducción de la rebaja se lograría porque, al PC usar carbón y así poder vender más barato su electricidad, los demás generadores se verían obligados a reducir sus costos de operación mediante el cambio de su tecnología (p. ej. el ciclo combinado) y el abandono de los más caros combustibles fósiles (fuel oil, diesel). Una consecuencia de esos logros seria la disminución de los apagones.
Las autoridades han proyectado unos resultados del primer año de operación de PC que, en un primer análisis, aparentarían cumplir por lo menos con el objetivo de la inducción del cambio de los otros generadores. Independientemente de que se venda la mitad de la empresa de PC al sector privado, se espera que la planta producirá un beneficio neto de US$245 millones, asumiendo una producción anual de 5.5GWh. Además, se calcula que la venta de su energía a US$0.10 el kv/h generaría a las edes un ahorro de US$500 millones, en vista de que el precio promedio a que compran actualmente es US$0.14 el kv/h. Estos resultados abonarían también a los objetivos de disminuir el subsidio eléctrico y, tangencialmente, a disminuir los apagones.
Sin embargo, este esquema tiene sus bemoles. En primer lugar, los beneficios netos no necesariamente serian del monto estimado. Podrían ser mayores en caso de que, como es dable esperar, el precio del carbón continúe bajando, pero menores en caso de que suba. De cualquier modo, con la venta del 50% de las acciones el gobierno solo recibiría la mitad de los dividendos, lo cual implica que el monto disponible para invertir en las otras deficiencias del sistema seria mucho menor de lo anunciado. Por otro lado, el cuantioso ahorro que tendrían las edes al comprar la energía mas barata de PC no seria tal en vista de que estas pierden todavía un 27% de la energía que sirven, siendo Edeste la peor. De ahí que los beneficios estimados no serían tan cuantiosos.
El otro problema del esquema es que deja intacta la tarifa eléctrica. Si bien el ahorro de las edes se basa en la diferencia en el precio de la energía entre la que suplirá PC y la que suplen los demás, las autoridades no dicen que tendrán que mantener la tarifa tal y como esta mientras exista la necesidad de seguir subsidiando las edes. Tampoco se cumpliría con el objetivo de reducir los apagones mientras se mantenga esa necesidad porque los apagones, como se sabe, no se deben a un déficit de generación sino a una necesidad financiera de las edes. Y el argumento de la ADIE de que sobran 200MW de capacidad de generación no parece correcto porque no toma en cuenta la necesidad de una reserva (fría y caliente) para el SENI, la cual se estima en 1,100MW.
Ahora bien, el esquema retiene su validez en tanto empujaría hacia el cambio deseado en los demás generadores. Pero resulta evidente que si se optara por suplir la energía de PC al costo se conseguiría generar una mayor presión sobre ellos. También aumentaría el ahorro de las edes y se podría inclusive efectuar una ligera baja en la tarifa, amén de una disminución marginal de los apagones. Estos resultados tendrían mas sentido que los del esquema citado mas arriba. Y si el carbón baja de precio, como se espera que suceda por la gradual disminución de la demanda que esta induciendo el calentamiento global y la adopción de las renovables, vender la energía al costo seria aun mas beneficioso para los intereses colectivos.
Conviene más entonces que el gobierno se quede con la total propiedad de PC y contrate a un operador privado competente que la administre sin injerencias políticas. Esto debería suceder por un periodo no menor de cinco años para que los otros generadores sientan la presión de reconvertirse. Pero la inducción a la reconversión puede resultar un sueno de una noche de verano. Eso así porque, como muestra la gráfica adjunta, solo un 38.1% de la generación se hace a base de petróleo. Una 32.9% se genera con gas natural, lo cual no requeriría reconversión. Las renovables aportaron solo un 7% en los primeros seis meses del año. De manera que lo que hay que reconvertir sería prácticamente solo una tercera parte de la producción.
El alcance de la inducción se torna más incierto al considerar la propiedad estatal de la generación, representada principalmente por EGEHaina y EGEItabo. En EGEHaina, el generador más grande, el estado es propietario de un 62% de las acciones (un 49.95% el gobierno y el resto el Banco Central), mientras en EGEITABO retiene un 49%. (Estas dos plantas aportaron un 29% del total generado en el 2017.) EGEITABO opera a carbón totalmente y, asumiendo que el precio del carbón continuara bajando, no habría incentivo para cambiar. En el caso de EGEHAINA una parte se genera con carbón y fuel oil, pero también se genera con biomasa, solar y eólica. Aunque esas plantas producen cuantiosos beneficios a los precios que venden a las edes, cabe preguntarse si el estado y su socio procuraran la reconversión. ¿Hasta qué punto le conviene al estado embarcarse en la reconversión de estas plantas? 
En el escenario aquí descrito, por tanto, el objetivo de la inducción a la reconversión no será una meta fácil de lograr y su concreción podría tomar un largo tiempo. Es mas probable que la matriz energética evolucione hacia las renovables mas rápidamente. Pero lo que queda claro es que PC no resolverá la crisis del sistema eléctrico. Es decir, PC por sí sola no traerá un cambio en la matriz de generación hacia las energías renovables, no conjurará el déficit creciente de energía (estimado entre 150 y 200MW adicionales cada ano) y no resolverá el problema de las pérdidas de las edes ni de las deficiencias y déficits en la transmisión.
Aun si un operador privado se contrata para PC, el moquillo de la gerencia política del sistema continuara negándole a la población energía suficiente y barata para el desarrollo. Es por lo que el Consejo Económico y Social (CES), con respaldo de los partidos políticos, debe promover una “solución final” que incluya la privatización total del sistema y una compensación a la clase política que le aminore el costo político de desentenderse del sistema. Esa compensación, a manera de una reparación de guerra, seria la clave para lograr una solución definitiva al problema eléctrico. Al final, el costo para la población de esa “reparación” seria mucho menor que el que implica continuar con la gerencia política. Y si lográramos resolver el problema eléctrico ahorraríamos, según un calificado experto nacional, por lo menos mil millones de dólares al año.
¿En qué consistiría esa “reparación”? Los intereses de la clase política que la obligan a mantener su manejo del sistema serian básicamente los empleos que podrían ofrecerle a su militancia. El empleo supernumerario de las edes, las cuales tienen mas de 7,000 empleados cuando podrían funcionar, según consultores extranjeros, con 1,200. Si la privatización conlleva la eliminación de 5,800 empleos, la “reparación” deberá consistir en buscarle a quienes lo tengan una compensación por un periodo de transición de por lo menos tres años. No contamos aquí la corrupción que se deriva de las compras y contrataciones, y las otras canonjías que se asocian con el poder que dan las posiciones encumbradas del sistema. Su eliminación seria el precio moral a pagar.