Banco Mundial y BID no respaldan plantas de carbón por “preocupaciones ambientales”, según The Economist

Un informe de la publicación inglesa, encargado por Funglode, recomienda reorientar comercialmente la central de Punta Catalina e incorporarla al mercado como una empresa independiente, que venda energía eléctrica exclusivamente a la CDEEE. Sostiene Danilo Medina vulneró la Ley de Compras y Contrataciones Públicas al emitir el decreto 167-13 para ampliar el parque de generación de bajo costo

Foto: Fuente Externa/Acento.com.do/Según la CDEEE, para Punta Catalina se hicieron ofertas de financiamiento por US$3,000 millones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Preocupaciones ambientales” en torno a la Central Termoeléctrica Punta Catalina habrían determinado que organismos financieros multilaterales no hayan respaldado el proyecto energético gubernamental, que se construye en Baní, provincia Peravia, con miras a su entrada en operación para finales del 2017.
Así lo plantea la revista especializada The Economist en un informe titulado “El futuro del sector eléctrico en la República Dominicana”, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la publicación inglesa por encargo de la Fundación Global Economía y Desarrollo (Funglode).
Al referirse a la política energética que implementa el gobierno de Danilo Medina, el informe reseña que se ha centrado en ampliar y diversificar la capacidad de generación para hacerla menos dependiente del petróleo. Una estrategia cuya “pieza central” es la construcción del complejo de de 769.8 megavatios (MW), que consta de dos plantas generadoras a carbón mineral.
Sostiene que el proyecto no solo suministrará la electricidad necesaria para suplir la demanda nacional, “sino que también le dará al Gobierno mayor influencia para negociar precios más bajos (de compra de la energía) con los generadores privados, cuando comiencen a caducar” los contratos vigentes, que perimen casi en su totalidad entre este año y el 2016.
No obstante, “algunos aspectos de la postura del Gobierno han provocado inquietudes”, sostiene The Economist. Señala que “poco después del lanzamiento de la licitación (para el proyecto) el presidente Medina emitió un decreto para acelerar el proceso, pasando por alto la mayoría de los requerimientos de la ley que supervisa” la contratación de bienes y servicios en la administración pública (Ley 340-06).
“Algunos críticos argumentaron que esta decisión había comprometido la transparencia del proceso”, consigna el informe, que parece referirse al decreto 167-13, emitido en junio del 2013, mediante el que se declaraba de “emergencia nacional” el aumento del parque de generación de bajo costo.
Organismos multilaterales
El informe encargado por la entidad que encabeza el ex presidente Leonel Fernández apunta que para enero del 2015 el Gobierno había anunciado haber asegurado el financiamiento requerido para el proyecto, que construye el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, a un costo final estimado “en alrededor de dos mil millones” de dólares.
Agrega, sin embargo, que el proyecto “no está siendo respaldado por los prestadores multilaterales tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debido a preocupaciones ambientales, aun cuando estas entidades, hasta hace poco, apoyaron las reformas propuestas por el gobierno” en el sector eléctrico.

El informe de The Economist fue hecho a solicitud de Funglode.

Además -prosigue el texto-, “algunos actores del sector privado ven la intervención directa del gobierno en el negocio de generación de energía como innecesaria, afirmando que la inversión debe dirigirse, en su lugar, a la mejora de las áreas de transmisión y distribución”. Añade que la decisión oficial de invertir en la generación a base de carbón también es objeto de crítica, “ya que el carbón se considera una fuente de energía sucia”.
Comercialización y privatización
Con relación a la estructura de las instituciones en el sector energético, se recomienda que Punta Catalina “se incorpore al mercado y a las estructuras de administración y gestión de la CDEEE” si se desea que permanezca en el ámbito estatal.
Se plantea que el proyecto “debe reorientarse comercialmente a través de la incorporación como una empresa independiente y a través de un Acuerdo de Compra de Energía (PPA), vendiendo energía eléctrica a la CDEEE como comprador único”.
Cuando sea terminada la construcción, la ejecución del contrato de servicio y el acuerdo PPA, el “proyecto podría estar sujeto a la participación del sector privado, a una venta completa – cualquier tenedora a través de la CDEEE tendría entonces un acuerdo de administración temporal-“, agrega.
Considera The Economist que la venta de la central eléctrica “ayudaría a generar fondos para el Estado, incluyendo impuestos más altos que surgirían de las mejoras que el sector privado produciría para el desempeño de los negocios”.
Argumenta que el papel de Punta Catalina en el mercado debe determinarse “mediante un nuevo PPA” antes de su entrada en operación. Sin ese tipo de acuerdo, “será difícil para el sector de distribución contratar a generadoras existentes para otras necesidades o nuevos proyectos”.
El informe de The Economist concluye que el plan a largo plazo para el sector eléctrico debe incluir “por lo menos la privatización parcial de algunas áreas operativas, incluyendo la distribución y posiblemente también” del complejo de las plantas de carbón.
Asimismo, considera que la función principal del Estado en el sector “debe ser la de supervisor y regulador” del sistema, puntualizando que este ha de ser “un tema central de discusión” en el marco del Pacto Eléctrico.
Según ha informado la CDEEE, para el financiamiento del proyecto se han obtenido y aprobado hasta la fecha préstamos por unos US$1,288 millones, a través de entidades como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Socia de Brasil (Bandes), el Deutsche Bank de Alemania y el Banco Santander, sucursal Milán. Con fondos presupuestarios se han invertido en las instalaciones otros 600 millones de dólares.


 http://acento.com.do/2015/ecologia/8279018-banco-mundial-y-bid-no-respaldan-plantas-de-carbon-por-preocupaciones-ambientales-segun-the-economist/