jueves, 26 de marzo de 2015

Mejor sistema eléctrico podría llevar a ahorros 35%

 


 
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SANTO DOMINGO,R.D.- Los costos de la energía podrían reducirse en un 30% o 35% si se ordena el Sistema Eléctrico Nacional. Para esto es necesario que en primer lugar se cumpla a cabalidad y total la Ley 125-01 de Energía.
Esta es la principal propuesta del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP) para el Pacto Eléctrico, que además insta a crear un mecanismo de veeduría social e institucional que corrija radicalmente las distorsiones recurrentes en la violación de la ley.
El coordinador del Observatorio, Fernando Peña, destacó que en segundo lugar se deben licitar todos los contratos de energía de manera transparente y abierta. “Se debe acabar con el grado a grado, con los mecanismos que permiten la corrupción y el descuido de los recursos públicos”, dijo durante el seminario nacional “Crisis del sector Eléctrico: Realidad y Alternativas”.
Indicó que se debe elevar la eficiencia de las empresas de transmisión eléctrica, ya que es un negocio rentable y puede operar sin pérdidas. “Creemos que es posible acabar con el déficit en el sistema de distribución de energía, porque efectivamente la energía que se sirven debe ser cobrada. Y estas tienen un 27% de energía de pérdidas no técnicas, que es un equivalente de lo que cuesta la Planta a carbón de Punta Catalina”, expreso.
Peña resaltó que con la realización de este seminario, que concluye mañana, se busca avanzar en la construcción del concenso necesario para que haya un pacto que garantice una energía de calidad, de más bajo costo y que pueda ser servida para el desarrollo productivo y consumidores en general donde se tome en cuenta el cuidado del medio ambiente.
Otras de las propuestas es que se acuerde la revocación inmediata de la disposición que sacrifica el precio de la energía vendida por la empresa hidroeléctrica estatal Egehid a las empresas distribuidoras o a la CDEEE con fines de “reducir” artificialmente el valor de la energía no facturada por las distribuidoras, como producto de su déficit operacional.
Además que se cree un comité nacional de vigilancia y contraloría social del sector para supervisar el cumplimiento del pacto.


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