Las laxitudes financieras que envuelven el negocio de la generación eléctrica, paradójicamente arrojan más sombras que luces en un país en el que la crisis de ese sector sobrepasa los cincuenta años. Es así cómo la inversión conjunta de las empresas extranjeras ligadas a la generación de electricidad, es inferior a la proporción del déficit que generan sus contratos, aunque afirman siempre lo contrario.
El cálculo aproximado de esta pérdida es de 588 millones de dólares, equivalentes al 60 por ciento del déficit que generan los “electrizantes” contratos.
Las informaciones sustentadas en los estados financieros de las propias empresas extranjeras generadoras de electricidad, reflejan que los excedentes económicos son cada vez mayores, pues mientras el Estado, a través de sus empresas subsidiarias, debe aportar anualmente unos 462 millones de dólares adicionales, por las cláusulas establecidas en unos contratos que “electrocutan”, las generadoras han obtenido ya –con creces- el retorno de sus inversiones. Muchas de las causas de esta dicotomía han sido expresadas en las querellas interpuesta por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) contra las principales empresas generadoras: EGE- Haina y EGE-Itabo, de capital mixto, cuyos administradores han sido señalados como responsables de un alegado fraude por más de 10 mil millones de pesos en perjuicio del Estado.
A juzgar por los datos antes expuestos, toda la maraña que envuelve al sector energético nacional se reduce, en parte, a la firma de unos contratos bastante beneficiosos para la inversión foránea, que ha amortizado más del 100 por ciento de la misma, y que no alcanza los 447 millones de dólares, del que un 60 por ciento corresponde al capital extranjero y el 40 restante al mercado local.
La explicación viene a cuento después de hurgar en los propios estados financieros de las empresas generadoras, los que reflejan que AES Corporation, casa matriz de AES Dominicana e inversionista privada en EGE-Itabo, cotiza en la bolsa de valores de New York, y en lugar de invertir su capital con los riesgos que implica este tipo de transacción, hizo un “préstamo subordinado” de su casa matriz a AES DOMINICANA, por un monto superior a los 400 millones de dólares, indicando en dichos estados que ese préstamo es considerado “como una inversión de capital y los respectivos intereses son un pago restringido bajo las condiciones establecidas entre las partes”.
Es decir que, el monto de la “cuantiosa” inversión extranjera jamás ha sido suficientemente aireado ni cuantificado ante la opinión pública, y tal como explica una publicación en un diario digital, calzada con la firma de Felipe Fernández, “tampoco se ha comparado el monto de esa inversión con el costo que ha representado para el Estado el subsidio eléctrico (US$1,245 millones en 2012 y US$5,200 millones desde 2004 a la fecha), ni tampoco su posición relativa con referencia al déficit del sector eléctrico consolidado (US$980 millones en 2012)”.
Para sustentar la afirmación antes expuesta, el artículo citado alude los resultados relativos al cuarto trimestre de 2011, publicados en la página web de AES DOMINICANA, en la que se muestra que AES CORPORATION posee otras inversiones en el país a través de sus subsidiarias AES ANDRÉS B.V. y Dominican Power Partners.
A saber: “US$15 millones en capital accionario y algo más de US$109.2 millones como “contribución de capital”, lo que indica un aporte real de capital de apenas US$124.2 millones, en una empresa que tiene activos totales, al cierre de 2011, por un monto de US$880.4 millones, para una relación activos/capital de apenas 14.1%”.
Aparentemente esa situación se genera debido al préstamo tomado a AES Dominicana, por un monto superior a los US$400 millones, según traducción del autor de la publicación.
De acuerdo a la citada fuente, esa controversial contribución de capital, que a veces da la impresión de haber sido un préstamo entre compañías vinculadas, las subsidiarias -AES ANDRÉS, B.V. y Dominican Power Partners- han pagado cada año a AES Corporation alrededor de US$38.2 millones, generando confusión para entender la particular inversión, “ya que la dinámica que le sirve de soporte implica el pago de intereses, lo que a su vez reduce sustancialmente las utilidades netas de la empresa, sujetas al pago del impuesto sobre la renta”.
“No obstante, los pagos al exterior de esos intereses, como no fueron devengados por una institución financiera, sino por la casa matriz de esas empresas, también generan una situación favorable al fisco, pues están sujetos a la retención y al pago del 25% de dicha suma, como lo regula el Artículo 305 del Código Tributario”, refiere la publicación.
Es decir que, si en un ejercicio laxo se suman los US$124.2 millones invertidos por AES Corporation en sus subsidiarias directas en República Dominicana, a su participación accionaria en EGE-Itabo, mencionada anteriormente, entonces la inversión total de la empresa matriz en el país asciende a US$302.2 millones, que sumados a la inversión privada hecha por otro grupo “extranjero” en EGE-HAINA, totaliza la suma de US$446.5 millones.
Los mismos estados financieros, esta vez de EGE-Itabo, presentados como parte de las pruebas en la querella del FONPER contra las generadoras, indican que la participación accionaria de AES Corporation en esta empresa de capital mixto, ronda los 178 millones de dólares y de acuerdo al mismo documento, en EGE HAINA, “la ‘inversión extranjera’ realizada inicialmente, y actualmente controlada por grupos nacionales, se aproxima a los US$144.5 millones”, esto significa que la inversión real es de aproximadamente 322.5 millones.
Si se compara esta suma con las aportadas por el Estado dominicano para subsidiar el sector energético –mil 245 millones de dólares solamente en 2012 y desde el 2004 al día de hoy, cerca de cinco mil 200 millones de dólares-, se puede verificar que la “inversión extranjera” ha sido poco menos que mínima.
Informaciones recientes de las mismas empresas dan cuenta de que, entre las subsidiarias de AES Corporation -incluyendo EGE ITABO- y EGE HAINA producen más del 60 por ciento de la capacidad de generación de República Dominicana. La inversión conjunta de esos dos grupos en el negocio de la generación eléctrica ha sido amortizada en su totalidad, pues, conforme anexos a las querellas presentadas por el FONPER, entre 2002 y 2010, las utilidades netas de EGE ITABO sumaron RD$8,609 millones, equivalentes a US$217.95 millones, calculados a la tasa del dólar del día de hoy. El 50% de este monto, equivalente a US$108.98 millones, corresponde a AES CORPORATION en razón de su participación accionaria.
Asimismo, conforme a los estados publicados en la página web de AES DOMINICANA, las demás subsidiarias directas de AES CORPORATION generaron, sólo en los últimos tres años, utilidades netas por US$3.49 millones en 2009, US$53.82 millones en 2010 y US$84.46 millones en 2011, sumando en esos tres años US$141.77 millones.
“Sólo en esos períodos AES CORPORATION ha percibido alrededor de US$250.75 millones, además de los US$114.67 millones recibidos en el periodo 2009-2011, por concepto de los intereses por el préstamo que le hizo a sus subsidiarias AES ANDRÉS, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS, todo lo cual suma US$365.38 millones. A esto debemos sumar los US$53.31 millones de dólares percibidos por AES CORPORATION por concepto del canon de administración de EGE ITABO (2.95% de las ventas netas), con lo cual el monto se incrementa a 418.69 millones, suma que supera la inversión real de ese conglomerado en el país en US$116.93 millones”.
En el caso de EGE HAINA, esa sociedad generó beneficios netos, entre 2000 y 2010, por RD$6,211.3 millones, equivalentes a US$157.25 millones de hoy. De igual modo, en 2011, sus utilidades netas fueron de US$65.47 millones, que sumados a las utilidades de años anteriores totalizan US$222.72 millones. De esa suma, el 50% corresponde a los socios privados, es decir US$111.36 millones. Sumado lo anterior al canon de administración devengado por los administradores privados desde 2000 a 2011, que ascendió a US$90.5 millones de dólares, es claro que el total devengado por quienes realizaron esa “inversión extranjera” alcanza los US$201.86 millones, monto que supera en cerca de US$58 millones el monto de su inversión inicial, sólo por esos dos conceptos.
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