Santo Domingo,R.D.- En su discurso de toma de posesión, el presidente Danilo Medina Sánchez esbozó las que serán líneas maestras de su ejecutoria al frente de la cosa pública. Estas remiten a tres grandes pactos o reformas sectoriales en áreas identificadas por todos los actores sociales como indispensables para el desarrollo sostenible del país y que, junto con la inseguridad, son las mayores preocupaciones no solo de autoridades y expertos sino también del pueblo llano a saber, educación, reforma fiscal y electricidad.
En este artículo nos enfocaremos en los aspectos que, a nuestro entender, deben de ser tratados en la reforma del sector eléctrico dado que los objetivos primarios en educación y en la reforma fiscal se antojan claros. Respecto a ellos sobresale que, en principio, se han agravado por la ausencia de voluntad política para hacer una inversión razonable en el caso de la educación, y por la irresponsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, especialmente de la administración saliente, en el caso del déficit fiscal.
No es tan claro, sin embargo, en el caso del sector eléctrico donde, al menos de manera facial, todas las administraciones, desde que se agudizara la crisis eléctrica a finales de los setenta, han hecho ingentes esfuerzos para solucionar este problema grave para la estabilidad social y económica. Las inversiones públicas en el sector desbordan todos los límites razonables. Para que tengamos una idea, en los últimos ocho años fueron transferidos desde el presupuesto de la nación para la “solución del problema eléctrico” más de 6 mil millones de dólares, al cambio actual, más de 240 mil millones de pesos, es decir casi el 90 por ciento de lo que recauda el Estado en un año. Sumada la recaudación de las empresas distribuidoras de electricidad en el período, de entre ochenta y cien millones de dólares al mes, el monto hubiera bastado para adquirir un nuevo sistema eléctrico, desde las generadoras hasta los contadores instalados en el más recóndito paraje, con capacidad de suplir al cien por cien los requerimientos nacionales.
No obstante esta jugosa inversión, los problemas del sistema siguen siendo los mismos, al igual que su corolario: el 50% de la población recibe un servicio más que precario. No pocos atribuyen la situación al alto costo de la energía, producto de los contratos de compra, y exigen su renegociación inmediata. Debo admitir que estos contratos pudiesen ser mejores, especialmente los surgidos de la capitalización y los famosos IPP, pero hay que recordar que en los últimos doce años, y salvo escasas excepciones, han sido renegociados en términos sino favorables al menos aceptables para el Estado. Ejemplo de esto es el Acuerdo de Madrid, que en su momento significó una reducción de un 36% en el costo de la energía, y las subsecuentes renegociaciones de las enmiendas durante las gestiones de Radhamés Segura y Celso Marranzini, que han significado pingües ahorros para el Estado[1].
Otro aspecto señalado como causante de este hoyo negro financiero son las pérdidas de electricidad de las empresas distribuidoras, que han rondado siempre el 40% del total de la energía suministrada por las generadoras, y provocado la insostenibilidad de la caja recaudadora del sistema. Empero, también en esta área se han hecho importantes inversiones; de hecho, en la actualidad se ejecuta un programa de renovación de redes a un costo de cerca de 300 millones de dólares, con financiamiento de organismos multilaterales y del presupuesto nacional, es decir, de nosotros los contribuyentes.[2] Asimismo se han establecido mecanismos coercitivos para disminuir el robo de electricidad, un adjunto del procurador General se encarga de dirigir una unidad para reducir este delito y se ha estructurado un cuerpo jurídico que sustenta las sanciones, en algunos casos draconianas y en otros simbólicas, contra los que sustraen la energía eléctrica e intervienen la red.
Por tanto, no puede decirse que en el sector eléctrico no se ha hecho nada, ni la que inversión ha sido insuficiente. Pero aunque muchos hombres y mujeres trabajan buscando soluciones y los contribuyentes seguimos pagando una alta cuota, ya sea con el pago de nuestro consumo o del consumo de los infractores a través de los impuestos, el problema sigue igual: el déficit del sector sobrepasará otra vez los 1,000 millones de dólares, las pérdidas de energía y financieras de las distribuidoras siguen siendo exageradas, el costo de la generación es muy elevado, la tarifa a su vez ronda el límite de la capacidad de pago de los consumidores, capacidad instalada es la misma de hace nueve años, la demanda al sistema se contrae, lo que a su vez afecta la economía en su conjunto[3] y, sobre todo, lo más penoso es que los dominicanos, ricos, pobres, católicos, protestantes, mansos o cimarrones, en mayor o en menor medida seguimos recibiendo apagones.
Ante esta realidad el pacto que propone Medina tiene sentido y la relevancia que le da en su discurso. Ahora bien, dicho pacto debe tener como base la identificación de las conductas o inversiones que durante los últimos años no hemos realizado y que son indispensables para la solución de un problema inconcebible en pleno siglo XXI. Es obvio que no será posible conseguir resultados diferentes replicando las acciones del pasado.
Lo anterior no implica dar marcha atrás a importantes cambios sin los cuales ningún resultado es posible, es decir la despolitización del sector, iniciada en la anterior gestión del PLD por Celso Marranzini. El sector eléctrico requiere del personal técnico formado en los últimos años para llegar a las metas que se tracen; lo mismo vale para los planes de reducción de pérdidas y la rehabilitación integral de las redes, aspectos han demostrado su necesidad y que rinden resultados. De ahí derivamos el primer aspecto del cual debe partir el pacto eléctrico, no todo lo que se hizo antes estuvo mal y, sobre todo las nuevas autoridades no son iluminados que lo saben todo.
Tomando prestado el eslogan de la campaña del PLD, hay que hacer muchas cosas que nunca se han hecho; por ejemplo, no mirar la solución como una cuestión del corto plazo. Quizá haya sido este el pecado capital de todas las administraciones anteriores: como las soluciones urgen, toman decisiones solo observando la foto del momento y generan un mayor problema al mediano plazo. Los ejemplos son muchos: el Acuerdo de Madrid, la compra de las tres distribuidoras, pero sobre todo la contratación de los IPPS en el segundo lustro de los noventa. En principio, estas contrataciones, como en los casos de Cogentrix y San Felipe, parecían buenas opciones, al menos así nos fue anunciado, pero a la menor variación del mercado de los combustibles sencillamente los costos de estas centrales se hicieron excesivos y solo se justifica su entrada en red ante las limitaciones de oferta que presenta nuestro mercado, es decir nos han generado un problema mayor.
Saco a cuentas esto porque el presidente anunció que un país hermano nos ayudará con la instalación de dos plantas de carbón, de las cuales el Estado será propietario. Dada la actual situación de las finanzas públicas, la necesidad generación y, sobre todo, la urgencia, parecería que otros contratos del tipo IPP pudieran ser suscritos, provocando mayores problemas de los que solucionarían. Por esto entiendo que en el tema de nueva generación debemos hacer lo que nunca o casi nunca se hizo: dejemos que las licitaciones de contratación se realicen en paz, y que se verifiquen dos cosas: que la tecnología sea la más eficiente y que la matriz de combustible quede racionalmente diversificada[4], de hecho en este proceso de contratación el Estado solo debería dar las garantías de pago, cosa que de facto ha dado en los últimos 12 años. Y aunque muchos escépticos dirán que esto no funciona en la República Dominicana, hoy día en una licitación de esa naturaleza hay precalificadas más de 10 empresas con interés de invertir en el país. Es decir con la contratación de nueva generación pactemos que la norma serán los esquemas competitivos de contratación contenidos en nuestra ley de electricidad.
Para que el precio mayorista sea razonable para las distribuidoras hay que tomar soluciones corto plazo; las renegociaciones de los contratos con las limitaciones de capacidad existente se convertirían en la opción más onerosa para el sistema.[5] Esto nos obliga a analizar soluciones creativas que aprovechen lo invertido en generación de pequeña escala, por ejemplo.
Asimismo, debemos pactar en el orden regulatorio para reordenar los mercados, los cuales operan con fallas esenciales en lo relativo a las normas de competencia y concentraciones de operación, que en definitiva alteran el libre juego de un espacio concebido para operar en competencia.
En lo que concierne a las distribuidoras y el consumo minorista, el pacto debe partir de la gente como centro, es decir, los intereses y necesidades del usuario, presente y futuro. Un primer paso es lograr que el usuario conozca sus derechos, pero también sus deberes. Algunos de los planes de reducción de pérdidas más exitosos que hemos tenido lo han sido porque a la inversión en rehabilitación de las redes se agregó el trabajo social con la comunidad para que esta entendiera cuáles son sus obligaciones en la preservación de este servicio público.
De igual manera hay que aplicar la parte punitiva de la ley, no como medio de recolección de pagos, sino como mecanismo ejemplarizante. Una vez puesta en marcha, la acción pública debe continuar hasta las consecuencias previstas en la ley. La cobranza y la protección de las ventas debe ser obligación de quien vende, el Estado debe proteger al sistema, única forma de proteger al usuario presente y futuro, no a uno de los agentes así sea él mismo en su iniciativa empresarial.
Asimismo debemos pactar para que las tarifas se establezcan pensando en la gente. No se trata de que el precio de venta al usuario no refleje los costos del sistema, sin lo cual nunca lograremos su estabilidad, sino que los bloques y subsidios tomen en cuenta las características del usuario y no a las empresas porque con esto último se corre el riesgo de generalizaciones y de exagerados gastos.
Por último el pacto debe basarse en la confianza, en que las soluciones serán ejecutadas con probidad y compromiso, cosa indispensable para el éxito de cualquier actividad. Estas son algunas ideas que podrían ser discutidas para formular un pacto que ayude a resolver de una vez por todas este eterno problema.
[1] Como ejemplo pongo que en la gestión de Celso Marranzini la renegociación de los contratos de AES Andrés EDE Este y EGE Haina-EDE Este, significa casi 100 millones de dólares al año para el Estado.
[2] Para tener una idea de la magnitud de este programa de rehabilitación de redes, el monto invertido es mayor al valor asignado durante la capitalización a todos los activos de EDE Este, tasados en 218 millones de dólares
[3] Esta contracción de la demanda de electricidad es uno de los elementos que mayor impacto tiene en la pérdida de competitividad de nuestra economía, toda vez que si bien nuestra economía prácticamente se ha duplicado, al no haber crecido la oferta de capacidad del sistema, muchas empresas han tenido que gastar cuantiosas sumas en autogeneración, no siempre la más eficiente, lo que incrementa sus costos de producción y como resultado quitan competitividad a sus productos.
[4] En últimas cuentas, estos dos elementos definen el precio de la generación térmica de electricidad, la eficiencia en la producción de calor de la planta y el costo del combustible usado, este último es fluctuante en el tiempo por lo que la solución más usada ha sido la diversificación de la matriz energética
[5] Si hoy rescindiéramos todos los contratos de compra suscritos en el sector eléctrico, el precio medio aumentaría considerablemente porque toda la electricidad la compraríamos al costo de la central más cara.
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=125047
No hay comentarios:
Publicar un comentario