jueves, 16 de junio de 2022
«La sociedad y el Estado deben cuidar más a nuestros adultos mayores ”, dice especialista
miércoles, 15 de junio de 2022
Senasa se ha convertido en la ARS más grande que tiene el país
EEl Seguro Nacional tiene una cartera de afiliados de más de 7 millones: 5.8MM subsidiados y 1.3 contributivos
El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha convertido en la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) más grande del país, logrando tener una cartera de más de 7 millones de afiliados, de los cuales 5.8 millones pertenecen al régimen subsidiado y 1.3 millones al contributivo.
Con esto, la entidad que nació en 2001 con la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, mediante la Ley 87-01, tiene la responsabilidad de atender el 70 % de la población dominicana que ahora está bajo una sola institución de salud.
La información viene de parte del director ejecutivo de la institución, Santiago Hazim, quien explicó que en lo que respecta a seguros de salud, sobre todo, en el régimen contributivo, Senasa lidera en el país porque, desde el Gobierno, se ha trabajado para que todo dominicano “sienta que tiene y es dueño de una tarjeta que le produce la garantía de la salud” y que dicho seguro no es sólo para “los pobres”. A juicio de este, una prueba fehaciente de esto es que en menos de dos años esta gestión ha logrado asociar a 2 millones de personas.
“Nosotros somos, en el régimen contributivo, la ARS más grande. Desde que nosotros llegamos, cogimos el déficit que teníamos de unos 300 mil afiliados y ya la hemos convertido en la ARS contributiva más grande de este país. Es una primicia que les estoy dando a ustedes, no se lo había dicho a nadie, pero somos la ARS más grande de este país. Nosotros nos dedicamos a trabajar y a darle garantía a cada gerente, a cada director, a cada ministro, a cada zona franca, a cada hotel, estaban respaldados por un seguro que le iba a dar mejor cobertura que cualquier otro”, detalló el funcionario al participar como invitado a la entrevista especial de elCaribe-CDN.
Al hablar de manera más amplia de lo que definió como un hito en la historia de la de la salud, Hazim, quien se hizo acompañar en la entrevista del coordinador del Gabinete Gerencial, Gustavo Güílamo y de la gerente de Afiliación de la institución, Carmen José Velázquez, dijo que el 45 % del total de los afiliados del Senasa contributivo pertenece a empresas privadas, mientras que los demás corresponden al sector público.
“O sea, nosotros tenemos casi un 50 y 50. Nosotros nunca hemos ejercido el derecho de la ley que nos manden a todos los afiliados a nosotros porque nosotros entendemos que teníamos que demostrar que ARS Senasa no es una institución por serlo, sino que es una ARS indetenible que lo que está buscando es conseguir lo que el dominicano necesita (…) Ahora tenemos 5.8 millones del subsidiado y 1.3 millones es del contributivo”, precisó.
El director del Senasa fue enfático en señalar que ya no es una preocupación de un afiliado el hecho de que algún centro de salud o de diagnóstico no le cubra un procedimiento o servicio porque lo que cuestiona ahora es dónde no está el seguro. “Somos la ARS con más prestadores de servicio en el país.
Ahora, es quién no está en Senasa y hemos conseguido que las clínicas se integren, que los médicos se integren, que los laboratorios se integren y tú buscas en cualquier laboratorio clínico y está, cualquier centro diagnóstico y está, cualquier clínica y está, en los médicos y está. Nosotros le hemos dado un cambio al sentido de la palabra Senasa. Ya Senasa no es un seguro de gobierno, un seguro de los pobres, Senasa es un seguro para los dominicanos, es un seguro para que los dominicanos tengan la seguridad de que su salud está asegurada”, señaló.
RD$50,000 MM de pagos en salud
Tras manifestar que a la llegada de este gobierno el objetivo era universalizar la salud, Santiago Hazim comunicó que esta administración ha invertido más de 50 mil millones de pesos en salud en pagos a prestadores, lo cual han hecho con las facturas a través de las clínicas, médicos o laboratorios.
“Nosotros le damos ese dinero a ellos, que es lo que nos corresponde, porque nosotros lo que somos es una administradora del dinero del pueblo”, indicó.
Para enumerar cada uno de esos pagos, Hazim mencionó que la entidad ha conseguido que los hospitales y centros de atención primaria puedan atender a los pacientes que antes no eran muy comunes, logrando ampliar la cartera de prestadores de salud a más de 8 mil.
Sostuvo que desde que dirige Senasa se han atendido casi 100 mil pacientes de cáncer, cubriéndole todo el tratamiento desde cirugía, quimioterapia, radioterapia, atendimiento, internamiento, representando esto casi 2 mil millones de pesos y fue cubierto en su totalidad.
De igual forma, refirió, se ha cubierto más de 1 millón 550 mil recetas a pacientes. “Estamos hablando que le hemos dado receta a más de 15 % de la población dominicana; casi el 20 % de la población se ha llevado una receta paga de Senasa, lo que asciende a más de 1,700 millones de pesos cubiertos por Senasa”, destacó.
Asimismo, puntualizó, que en pacientes de diálisis Senasa ha dispuesto 1,000 millones de pesos; en cuidados intensivos 1,500 millones de pesos y que en cateterismos para pacientes cardíacos 1,000 millones de pesos.
Uno de los temas que a la población le inquieta a la hora de tener que acudir a un centro de salud es la cobertura en enfermedades de alto costo.
Sobre el particular, el director del Senasa, Santiago Hazim comunicó que la entidad trabaja con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que la cobertura para enfermedades de alto costo pase 1 millón al año a 2 millones al año.
“Lógicamente, dos millones de pesos en ninguna otra ARS te cubre, seríamos los únicos en el mercado que estaríamos cubriendo dos millones de pesos. Esto se hace porque la formación social de Senasa es una ARS que aunque trabaja en el sector privado tenemos que entender que cubrimos el 70 % de la población, incluyendo los pobres”, reflexiona. Lo anterior lo dijo al referir, a modo de ejemplo, que en la actualidad a una persona con cáncer se le receta entre quince a dieciséis quimioterapias que tienen un costo de 200 mil pesos cada una, lo cual le sale muy caro a las familias.
En la entrevista Hazim anunció, además, que para llegar a proporcionar un mejor servicio en la salud, el Seguro Nacional de Salud se encuentra inmerso en un proceso de coordinación con los hospitales y las Unidades de Atención Primaria (Unap) a fin de que la hiperpoblación que existe en los centros de tercer nivel baje. Esto haciendo entender a la gente que en esos lugares (en las Unap) pueden conseguir que se le hagan electrocardiogramas, sonografías, radiografías, además de consultas médicas en especialidades básicas.
Salud mental y atención a pacientes
En medio de la pandemia se habla de atención de la salud mental, pero la cobertura de este servicio de salud las ARS del país no dan cobertura. Al referirse a este aspecto, el director de Senasa compartió que desde su punto de vista personal “ningún paciente debe de carecer de un servicio, independientemente cuál sea” y que debe tener un respaldo de su aseguradora”. Sin embargo, señaló que Senasa, como ARS, no puede unilateralmente hacer cobertura de ningún diagnóstico.
Sobre las quejas de pacientes de que en algunas clínicas les cobran dinero en momentos de emergencia aun cuando tienen seguros de salud, Hazim, informó que la Sisalril está buscando cómo ponerles multas a los centros que hagan eso, pero para ello, tienen que llegar las reclamaciones y las quejas, a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DiDA-
https://www.elcaribe.com.do/panorama/almuerzo-semanal/senasa-se-ha-convertido-en-la-ars-mas-grande-que-tiene-el-pais/
da).
Servidores públicos no pueden reclamar sus derechos
Santo Domingo,R.D.-¿Tendrán los servidores públicos que usar el servicio de Alguaciles para presentar a la DIDA sus reclamos de traspasos a Hacienda? Consideramos que la negativa de la DIDA a recibir los reclamos de traspasos de los servidores públicos no tiene ningún fundamento.
Por LUIS HOLGUÍN-VERAS 14-06-2022
No entendemos las razones por las que la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) se niega a recibir las solicitudes o reclamos de las personas afiliadas, toda vez que es un derecho como ciudadanos y más aún como afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, amparados incluso por derechos adquiridos en base a la Ley 379-81, reconocidos en la propia Ley 87-01 y protegidos por la Constitución Dominicana.
El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) rechaza la actitud que mantiene el personal de la DIDA, el cual no se corresponde a la naturaleza de esa entidad, ni a las funciones que le confiere la Ley que creó esta institución, ni las disposiciones legales que regulan los servicios que deben ofrecer la Administración Pública y los Procesos Administrativos.
Da pena, que una persona que ha trabajado en el Estado acumulando ya 32 años de servicios y teniendo pronto 60 años de edad, viajando desde el interior del país a las oficinas de la DIDA, esta entidad se niegue a recibirle su solicitud de traspaso al sistema de reparto.
Lo indignante es que le digan a esta afiliada que debe esperar tener los 60 años de edad (para lo cual le faltan sólo unos meses), como si cuando cumpla esta edad, ellos le garantizan que logrará que le autoricen y efectúen su traspaso.
Eso es un vulgar engaño que hace el personal de la DIDA, es una irresponsabilidad, totalmente incongruente con el discurso de la Directora de esa institución que ha solicitado al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que emita una Resolución en la que se reconozca el derecho a permanecer en el sistema de reparto a todos los servidores públicos, amparados por la Ley 379-81, sin importar la edad, como lo dispone el artículo 38 de la Ley 87-01.
La DIDA tiene la obligación de recibir las solicitudes de los Afiliados y tiene el derecho de responder lo que entienda debe hacer, siempre teniendo en cuenta que tiene el deber de cumplir la función que le confiere la ley que le creó y las demás disposiciones que se refieren a los derechos de los ciudadanos.
La Ley No. 107-13 que trata sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, por ejemplo, nos señala ciertos derechos que amparan al ciudadano o afiliado que hace un reclamo a la DIDA.
Como ejemplos, voy a citar algunos de los derechos que aparecen planteados en el Artículo 4 de la Ley 107-13, relativo al Derecho a la buena administración y derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. Veamos:
“5. Derecho a presentar por escrito peticiones.”
“6. Derecho a respuesta oportuna y eficaz de las autoridades administrativas.”
“8. Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar desfavorablemente.”
“15. Derecho a formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento administrativo.”
“16. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y recursos ante la Administración.”
“22. Derecho a copia sellada de los documentos que presenten a la Administración Pública.”
“23. Derecho a ser informado y asesorado en asuntos de interés general.”
“24. Derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad.”
“26. Derecho a conocer el estado de los procedimientos administrativos que les afecten.”
“28. Derecho a participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos o de interés general.”
“30. Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas.”
“32. Todos los demás derechos establecidos por la Constitución o las leyes.”
Por otro lado, la propia Ley 87-01, en su Artículo 29 que se refiere a la creación de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entre las distintas funciones que le establece incluye las siguientes:
“a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema.”
“b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.”
“c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.”
“d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.”
“e) Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las Administradoras de Fondos de Pensiones (ARS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado.”
“f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados.”
Aunque hemos leído en varias ocasiones estas funciones, no acabamos de encontrar aquellas que establezcan que la DIDA debe obstaculizar el apoyo a una persona afiliada que demanda un derecho adquirido y fundamental.
Por lo contrario, lo que sí encontramos son mandatos a tener una aplicación que facilite el servicio de información y atención a las personas afiliadas, incluso a distancia.
En el literal b se le asigna la responsabilidad de “Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.” ¿Y eso es lo que hace la DIDA cuando se niega a recibir de la persona afiliada su reclamo de un derecho que le está siendo negado?
Los literales c y d le asignan a la DIDA la responsabilidad de asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus reclamos.
Si la Directora de la DIDA ha dicho en reiteradas ocasiones que ha pedido en múltiples ocasiones al CNSS que reconozca el derecho de los servidores públicos amparados por la Ley 379-81, sin importar la edad, como dice el artículo 35, 38 y 39 de la Ley 87-01, en el MOPESEP nos preguntamos ¿Por qué los empleados de la DIDA se niegan a recibir la solitud de traspaso a Hacienda que hacen los servidores públicos amparados por la Ley 379-81?
El MOPESEP entiende que la Directora General de la DIDA debe ordenar a sus empleados que reciban todos los reclamos y solicitudes de las personas afiliadas, sin importar su edad y sin poner ningún impedimento a dicha recepción y procediendo luego a analizar cada caso, pudiendo responder explicando las causas por las que no se le puede traspasar y ofreciéndoles las opciones de apoyo que le puede brindar la DIDA en el marco de las funciones y responsabilidades que le asigna la Ley 87-01 y la Constitución como parte del Estado Dominicano y de la Administración Pública.
El MOPESEPse pregunta, ¿Tendrán los servidores públicos que usar el servicio de Alguaciles para presentar a la DIDA sus reclamos de traspasos a Hacienda? Consideramos que la negativa de la DIDA a recibir los reclamos de traspasos de los servidores públicos no tiene ningún fundamento y lo que hace es irritar al afiliado y agregar más frustración a un sector al que se le sigue negando derechos adquiridos y fundamentales y por los que la propia DIDA se ha manifestado a favor y ha solicitado al CNSS que estos derechos les sean reconocidos.-
https://acento.com.do/opinion/servidores-publicos-no-pueden-reclamar-sus-derechos-9072044.html
jueves, 9 de junio de 2022
R.D. está obligada a mejorar las pensiones
La pérdida energética equivale a dos plantas de generación
miércoles, 11 de mayo de 2022
¿Hay pensiones en República Dominicana? AFP: Negación de la seguridad social
Por MATÍAS BOSCH 11-05-2022 00:01
La pensión es un salario social cuya finalidad es la sustitución del ingreso cuando la edad o las condiciones personales no permiten seguir generándolo de forma autónoma. Esto puede ser por el envejecimiento natural e irreversible de todo ser humano; por una discapacidad que nadie puede planificar ni eludir si llega; o por el fallecimiento, dejando sin ingreso a las personas económicamente dependientes.
Las pensiones y los sistemas de seguridad social se ampliaron e institucionalizaron en el mundo a partir de una constatación: la inmensa mayoría de la población vive de su propio trabajo, de su capacidad de generar ingresos y, principalmente, de un salario. Solo una pequeñísima parte de la población cuenta con la fortuna individual (heredada y/o acumulada) para hacer frente a las necesidades y contingencias de la vida, bastándose a sí mismos. La idea es que la mayoría social no estuviera condenada de origen a la miseria, a sobrevivir por la beneficencia o a costa de sus familias.
Por eso mismo, las pensiones y la seguridad social no pueden funcionar como bienes de consumo que administren privados en función de un precio, un riesgo y unas expectativas de ganancia. Se declararon derechos fundamentales porque son la base de que las personas puedan sostenerse y vivir, ellas y sus familias, y por tanto deben ser independientes de intereses privados, del estatus y la capacidad de pago particular.
¿Hay pensiones en República Dominicana?
Una pensión debe sustituir adecuadamente el ingreso que se deja de generar, ser suficiente para vivir con dignidad y permanente en el tiempo. Para esto, no puede depender de la capacidad de ahorro individual, pues la inmensa mayoría de población -al no ser beneficiaria de herencias ni dueña de grandes capitales- siempre dependerá de ingresos modestos, humildes, cuya mayor parte se consumirá en la subsistencia, bienes y servicios indispensables, incluyendo a la clase media y pequeños empresarios. De nada sirve que se llame “capitalización individual” o como sea para generar una rentabilidad que en ningún país ha permitido cubrir más allá del 40% del ingreso (con mucha suerte), que se agota en el tiempo y se calcula con tablas de edades deliberadamente diseñadas para dividir y hacer más bajo aún el monto a entregar cada mes.
Recientemente las AFP anunciaron con bombos y platillos la entrega de los fondos a sus legítimos dueños por ser de “ingreso tardío” en el sistema. Mientras las AFP estuvieron enriqueciéndose por años con sus ahorros, a 27,155 dominicanos y dominicanas de 60 años y más les tocó en promedio 305 mil pesos que, a 30 mil pesos por mes, no les durará ni un año y tendrán que conformarse con que esa fue su “capitalización individual”. ¿Comerán con esa palabra tan chula por el resto de sus días? ¿En qué condición quedan estas miles de personas y sus familias? ¿Acaso no constituye una estafa mayúscula?
Las pensiones y la seguridad social se entienden bienes sociales que no deben obedecer a las reglas del mercado, como una garantía que, hasta Marine Le Pen, candidata de ultraderecha en Francia, llama “solidaridad nacional”. Son llamados también “derechos de ciudadanía” porque permiten a todos ser parte de la sociedad en igualdad real y en mutua protección, vivir libres y sin miedo, no condicionados al “quién es quién” y que no impere la ley de “sálvese quien pueda”.
En contrario, de México a Chile, pasando por República Dominicana, la privatización de las pensiones bajo las AFP es un régimen que viola todos los preceptos fundamentales, es matemáticamente inviable y niega la existencia de seguridad social, dejando a las personas en la desprotección, la vulnerabilidad y el miedo, obligadas a elegir entre la caridad pública o familiar, la miseria o la muerte, mientras su sudor ha sido la fuente de enriquecimiento de grupos de administración.
¿Nadie sabía lo que iba a pasar?
¿Esto debió imponerse en República Dominicana? ¿Era una especie de mandato divino o verdad revelada, como sus profetas han asegurado, y que debería mantenerse hasta la eternidad? Se puede afirmar categóricamente que no, y que todos sus efectos nocivos y antisociales estaban previstos.
Para verificarlo se pueden citar algunos párrafos contundentes y preclaros de lo dicho por el exministro y exvicepresidente Rafael Alburquerque en los conversatorios organizados y publicados por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) muy a tiempo, en 1998. Citamos:
“Se incurre en una falacia cuando se oponen las bondades de la capitalización individual a los efectos perversos del sistema tradicional de reparto, pues si este último tiene sus problemas no es menos cierto que el primero puede ser muy perjudicial para los trabajadores de bajos ingresos y para las mujeres”.
“Tampoco es aceptable considerar que con el modelo de capitalización individual se incentiva el ahorro nacional y se promueve el desarrollo económico, pues esta premisa no es tan cierta en países con un mercado reducido de asegurados, como es el nuestro, amén de que los indicados efectos también pueden obtenerse con un modelo de capitalización colectiva en manos del Estado, con la ventaja de que no se pone en manos de un determinado y reducido sector económico el manejo de cuantiosos recursos y, por tanto, el poder de decidir, en función de sus intereses particulares, el futuro de millones de personas”.
“De igual manera, es un simple cuento de hadas divulgar la idea de que esta es una lucha entre la libre competencia y el monopolio estatal, pues la experiencia demuestra que en el modelo de capitalización individual el mercado termina siendo controlado por un duopolio o un oligopolio”.
Y remató Alburquerque: “Sea dicha la verdad monda y lironda, franca, abierta, atrevida: el debate al cual asistimos es el antagonismo entre los que creen y los que no creen en la seguridad social; entre los que intentan preservar la seguridad social y los que tratan de sepultarla; entre los que privilegian lo social y los que reducen el problema a lo puramente económico; entre los que entienden que la economía debe estar al servicio del hombre y los que piensan lo contrario; entre los que defienden la seguridad social real y verdadera, y los que buscan un negocio asegurado”.
Todo lo dicho por Alburquerque podía ser tomado por hipotético en 1998. Hoy, a 21 años de la Ley No. 87-01, resultan hechos confirmados en República Dominicana y en el resto de los países donde esta receta se aplicó. Como colofón, sirvan los dichos del expresidente chileno Ricardo Lagos, en noviembre de 2016, cuando afirmó:
“Las AFP se preocupan más de las utilidades de sus propietarios que de las pensiones de sus afiliados. Es un sistema injusto y hay que cambiarlo. Los trabajadores y trabajadoras chilenos merecen un sistema de pensiones solidario y justo que reconozca el trabajo de toda una vida. Ni un peso más para las AFP. Participemos del debate y alcancemos amplios acuerdos para cambiar este sistema injusto”.
La pelota ahora está del lado de quienes, en el Poderes del Estado, tienen el deber de decidir en función del interés público, los derechos de la ciudadanía y el bien supremo de la nación. Asimismo, de quienes deben informar a la sociedad y facilitar la generación de opinión pública razonada y fundamentada. Y, por supuesto y sobre todo, de la ciudadanía, que es en última instancia, en cada momento histórico, el actor colectivo que debe garantizar la satisfacción de sus derechos. Así ha sido desde 1844 hasta el presente, en cada ocasión en que grupos de poder e intereses particulares, de forma manifiesta, pretenden primar sobre la dignidad y el bienestar general. La República Dominicana tiene la oportunidad de no ir hacia una crisis social y política, del todo evitable, y para ello se necesita valentía histórica y vocación patriótica
https://acento.com.do/opinion/afp-negacion-de-la-seguridad-social-9061326.html
domingo, 8 de mayo de 2022
Transporte: Accidentes y contaminación
El PNUMA (Programa Naciones Unida para Medio Ambiente) le preocupa la gran cantidad de vehículos usados que las naciones ricas exportan a los países en desarrollo, Cuando ya en sus países son desechados por contaminar el aire y poner en peligro a sus habitantes, no tienen reparo en que sean enviados a otras naciones, donde ocasionan los danos a los cuales ellos se cuidan, mostrando así, su desprecio hacia los demás seres humanos.
En el informe de la PNUMA, muestra que las más perjudicadas son las naciones pobres del África, donde los vehículos entran con más de 18 años, lo que agudiza no solo la gran contaminación, también los accidentes de tránsito por sus malas condiciones. El mismo informe establece que el sector del transporte es responsable del 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que algunos países más responsables, están incentivando otros modelos.
Mi amigo Juan Garrigo, quien me habla del informe, dice que esta es una de las anestesias sociales que tenemos aquí, pero sobre todo con las motocicletas, donde los gobiernos han permitido, todos los desaciertos, en su importación como en su uso irregular, siendo las responsables del 70% de los accidentes, muertos y heridos, y por ende de una gran contaminación del aire, pero también el ruido infernal y el estrés de conductores y peatones.
Otro amigo, me indica que aquí se exportan a partir del 30 de junio, los más viejos del 2017, pero la prohibición solo a los vehículos EU, por presión de los concesionarios, ya que entran de otros países sin fecha de fabricación, como el caso de los taxis amarillos sonata, los que llegan con mas de 700 mil kilómetros de uso, y se destruyen de cualquier impacto leve. Además, según mi apreciación son los que más violaciones de tránsito cometen. También me cuenta que algunos importadores se fueron a Japón a cambiarle el guía a la izquierda para que entren al país, cuando se prohibieron.
Ahora bien, a nuestro entender, el problema que más nos impacta, es la falta de la revisión técnica vehicular, como lo demanda la ley 63-17. Si la aplicamos debidamente, sacaremos de circulación una buena cantidad de vehículos por su tiempo de uso y su deplorable situación, con lo que bajaremos la cantidad de accidentes y contaminación.
Estas medidas necesarias que impone la ley, obligarían al Estado a diseñar mejores políticas públicas en el transporte, que van a impactar significativamente en la reducción de accidentes, en la salud y en los gastos del gobierno. Y estoy seguro de que, en el caso de los motores, hasta reducirían en más de un 25% la delincuencia. Pero la falta de voluntad y coraje de los políticos, nos tienen entrampados en estas incongruencias que tienen solución a la vista.
Por Osiris Mota
https://eldinero.com.do/author/omota/
viernes, 6 de mayo de 2022
RD sumó 310,081 unidades a su parque vehicular en 2021
miércoles, 4 de mayo de 2022
Día Nacional del Árbol, insta proteger bosques que garantizan el agua
miércoles, 27 de abril de 2022
LA INCONSISTENCIA SOBRE LA CUBIERTA BOSCOSA EN R.D./
Por>Ings.
La inconsistencia sale a flote casi cada vez que hay un evento internacional donde hay que informar por escrito o un evento interno salpicado de partidarismo político. Esta siembra, plantación de informes “creativos”, parafraseando a Joseph Stiglitz, crea una cubierta de desinformación y debates políticos de cuestiones técnicas, innecesariamente. Y mas sorpresas ha sido la alocución para resaltar los avances que está teniendo el país en su cobertura boscosa que ha ascendido de un 14,5% a un 43%. el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera, en Panamá. en la década de los 80 apenas República Dominicana llegaba a un 14,5% y que en el 2021 ascendió a un 43% de cobertura y se aspira llegar a un 45%. Sin se;alar que hemos realizado para dicho aumento.
Partiendo del trabajo publicado en julio del 2012 Cubierta boscosa de RD: Datos reales por los ings. Domingo Rodriguez Tatis/ Hector T. gonzalez Vargas-https://eldia.com.do/cubierta-boscosa-de-rd-datos-reales-i-de-2/ Revisado por el Dr.Ing.Juan ANT. Gonzalez
En ese entonces Fuimos inmensamente sorprendidos con la información temeraria, a nuestro juicio, de que en República Dominicana la cobertura boscosa se incrementó en casi ocho por ciento (8%) en los últimos ocho (8) años, ya que pasó de32% en el 2003 a 39.7% en el 2011. Estos porcentajes son relativos a la superficie del país. Los medios de comunicación, alborozados, eufóricos, se hicieron eco de este logro”; nosotros estábamos espantados.
Y estábamos espantados porque según la información de ese mismo Ministerio de Medio Ambiente dada a la FAO, la información debió ser que “la cobertura boscosa disminuyó de 41% a 39.7% en un (1) año, de 2010 al 2011; es decir 1.3 puntos porcentuales, casi un 3.20 % de decremento”. Esto debe ser así aunque sea verdad que la cobertura para 2011 es de 39.7%, si los informes y los datos oficiales fueran consistentes. Aunque, lamentablemente, no los son.
Y mas sorpresas ha sido la alocución para resaltar los avances que está teniendo el país en su cobertura boscosa que ha ascendido de un 14,5% a un 43%. el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera, en Panamá. en la década de los 80 apenas República Dominicana llegaba a un 14,5% y que en el 2021 ascendió a un 43% de cobertura y se aspira llegar a un 45%. Sin se;alar que hemos realizado para dicho aumento.
Una Cobertura boscosa, Es el área que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de copas superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. Es bueno tener presente que cobertura boscosa depende de: la reforestación, la forestación, la deforestación causada por el hombre, la deforestación causada por incendios no provocados por el hombre y, muy importante en nuestro caso, la regeneración natural del bosque.
Estábamos dándole seguimiento a esos informes raros desde el 2010, creativos, desde el último informe de los ODM. Justamente, era con relación a la cobertura boscosa.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la R.D., presentó EL INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2010 a la prensa nacional, donde El ministerio presenta como favorables los resultados en esta meta dando a conocer que en el indicador 7.1 la superficie de tierras cubiertas por bosques aumentó de de 28.4% (1990) a 32.6% en 2009.
Esto se hizo a pesar de que el informe oficial ODM 2010, citando a la ONE que tomó de la FAO(1990 Y 2000) dice: que la cobertura boscosa del país en la pasada década(1990) era 26.4% y 32.6% en 2003 (pag. 105). Pero debió ser 28.4% y no 26.4%, ya que en la misma página se puede ver, en el gráfico 45, 28.4% tanto en año 1990 como en el 2000(¿?); pero en el informe FRA/FAO 1990- Países Tropicales, en el cuadro 4c, se puede ver que la cubierta boscosa era de 10770 Km cuadrados de un total de 48380 Km2, para un total de un 22.26%, no 28.4%. Entonces, está claro que la información: 28.4% (1990) a 32.6% en 2009 presentada por el Ministerio de Economía revela que no había información consistente para el 2009, por lo cual se cambió 2003 por 2009.
Pero la aparición del 28.4% de cobertura boscosa ya había aparecido en el 2005 en el informe de la FAO, FRA 2005.En las tablas 3 y 4, se puede ver que República Dominicana tenía una cobertura boscosa para ese año de 1, 376,000 hectáreas, equivalente a 28.4%(Tabla 3, Pag.193). Pero, como no había datos disponibles, también se le dijo a la FAO que el 28.4% de cobertura se mantuvo constante, ya que aparecen las 1, 376,000 hectáreas en los años 1990, 2000 y 2005(Tabla 4, pag.199). Es bueno señalar que este mismo porcentaje de 28.4% (1990,2000 y 2005) aparecen en las tablas de las págs. 508 y 509 de República Dominicana en Cifras 2011(ONE) Fíjese, que en el párrafo anterior señalamos que la cobertura de 32.6% para el 2003 (Inf. ODM 2010) es para el 2009, según lo presentó a la prensa el ministerio de Economía. Si confiamos en los datos anteriores y los graficamos, veremos que la cobertura boscosa no se mantuvo constante (1990,2000 y 2005) como habíamos dicho sino que se redujo de 32.6% en 2003 a, otra vez, 28.4% en 2005 (bajó 4.2 punto o decreció un 12.9%), según los “datos oficiales”.
Nótese, que ese 28.4% del 2005 está dentro del rango del incremento del 8% 2004-2011(8 años), lo cual quiere decir que el incremento del 8% no fue en 8 años sino que debería ser en seis, si 6 años (2006-2011) subió de 28.4% a 39.7%,es decir, subió 11.3 puntos. Lo cual creció 1.88% anualmente.
Queremos resaltar el hecho de la ausencia de información de la serie 2000-2010. En Dominicana en Cifras 2011 sólo aparecen con cobertura boscosa los años 2000 con el conocido 28.4%, el 2003 con el 32.6% y el 2005 con, otra vez, el 28.4%(págs. 508 y 509) luego no aparece información, incluyendo el 2010.
Ahora bien, paradójicamente, la información que no aparece en el “patio”, aquí, que ni la ONE la encuentra, aparece en la ONU/FAO. Y es que en la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO o FRA 2010 como por arte de magia aparece que tenemos una cobertura boscosa de 41% (1, 972,000 hectáreas de las 4, 839,000 hectáreas de la superficie del país), Tabla 2, pag.233.
Luego, en el mismo informe de evaluación de la FAO vemos (Tabla 3, pág. 238) que la tasa de cambio de los período 1990-2000, 2000-2005, 2005-2010 es cero (0), no varió, y es cierto, porque la cobertura permaneció constante en 1990, 2000,2005 y 2010 con 1,972, 000 hectáreas; todo esto a pesar de los datos oficiales que tiene Dominicana en Cifra2009 ( pág. 34) y Dominicana en Cifras 2011(págs. 508 y509) dados en el párrafo anterior.
De los diferentes porcentajes para distintos años citado mas arriba, cuál consideraría usted de mayor credibilidad? Queremos hacer notar que la CEPAL también es ONU, igual que la FAO, y CEPAL consideró que los datos confiables del 1980 al 1998 para la cobertura boscosa eran19.6%-1980(FAO 1981); 26.0% para el 1984(Proyecto MARENA) y 27.5% para el 1998(DIRENA 1998). Esto se puede ver en el Cuadro 52, Superficie Forestal de Desarrollo económico y social en República Dominicana: Los últimos 20 años y perspectivas para el siglo XXI ,2000. Para finalizar nos gustaría saber de donde saca el ministro el dato de los años 80 de 14,5%./
Suscribirse a:
Entradas (Atom)