¿Quien me garantizará un óptimo nivel de vida en la jubilación?

Cuando se debate respecto del futuro de la pensión pública y de la inestabilidad del sistema español de pensiones se hace en ocasiones de una manera un tanto técnica y de difícil comprensión por parte de los principales interesados (los futuros pensionistas). El objetivo del presente post es resumir algunas de las ideas e informaciones que considero de interés para focalizar las claves del problema, de su naturaleza estructural y sobretodo, de la necesidad de asumir ya nuestra responsabilidad individual para velar por la consecución de un óptimo nivel de vida para nuestra jubilación.

La evolución desfavorable de la demografía unida a la intensa crisis económica de los últimos años ha acelerado la desestabilización del sistema y por tanto la necesidad de realizar ajustes de calado. Uno de los datos más relevantes es la evolución esperada de la pirámide de población española en el 2050. Asistiremos a una pirámide invertida, en la que el gran envejecimiento de la población nos llevará a un ratio de pensionistas por persona en edad de trabajar de alrededor de 1.6, cuando en el año 2000 estaba en 3.6.

Fuente: “El reparto y la capitalización de las pensiones españolas”, Fundación Edad y Vida. Junio 2013

Para todos aquellos interesados en profundizar en la materia, recomiendo la lectura del libro “El reparto y la capitalización en las pensiones españolas” elaborado por la fundación Edad & Vida en colaboración con el IESE y en el que participan expertos de primera línea.

De entre toda la documentación, estudios, análisis  y simulaciones que se realizan me he quedado con lo que a juicio de los autores podría definir los puntos principales del problema:

• Pensiones excesivamente concentradas en un sistema de reparto.
• El sistema de reparto es de prestación definida (todos los riesgos derivados de la evolución demográfica quedan en manos del sector público).
• La evolución demográfica de los últimos años, lo ha hecho insostenible.

Creo que merece la pena observar y analizar detenidamente los siguientes gráficos, porque de forma muy intuitiva se puede entender la magnitud del problema y el carácter estructural del mismo.

En los últimos años hemos visto como el gobierno, año tras año ha necesitado recurrir al fondo de reserva de la seguridad social para hacer frente al pago de las pensiones ante el balance deficitario del sistema (agravado por la crisis económica) y  según apuntan todos los expertos, la recuperación del crecimiento económico no será suficiente para resolver los problemas de base.

En ese sentido, casi todas las opiniones de los expertos apuntan a la necesidad urgente de sustituir el actual sistema de reparto, por un sistema mixto de capitalización y reparto, donde la capitalización sea obligatoria o casi obligatoria. 

Es evidente que una reforma de este calado requiere tiempo y mucha reflexión pero lo que parece más evidente es que el sistema, tal y como está definido, tiene un problema estructural que se agravará con el paso de los años y que las recientes reformas realizadas en 2011 parecen insuficientes para resolverlo.

De momento, y mientras se sigue aplazando este debate, lo que si está en nuestras manos es asumir la responsabilidad individual de velar por nuestro futuro y por asegurarnos un óptimo nivel de vida en el momento de la jubilación (no se trata solo de “sobrevivir”) y para ello debemos establecer nuestro propio plan privado de ahorro, que nos permita complementar la pensión pública.

En esta linea de fomentar el ahorro privado, son numerosas la reformas fiscales realizadas en los últimos años para estimular el ahorro a largo plazo pero es obvio que el incentivo fiscal por si solo no es suficiente. Es necesario aumentar la cultura financiera, es necesario aumentar la información y es necesario, en muchas ocasiones contar con un asesoramiento experto adecuado que ayude a definir los objetivos y marcar el plan de acción.

Cuando hablamos de información nos referimos a  iniciativas como la que quiere llevar a cabo  la Seguridad Social remitiendo a los mayores de 50 años una carta en la que se les ofrece una estimación de su pensión futura.

El objetivo principal de la misma es la concienciación, por parte del público más cercano a la jubilación, de cual será su pensión estimada de forma que puedan tomar medidas encaminadas a ajustar su esfuerzo de ahorro privado y complementar su pensión pública. Es una medida muy interesante y que sin duda se podría extender también a los menores de 50 años.

Por último, para aquellos que queráis profundizar un poco más en la materia, os recomiendo leer este artículo publicado el año pasado en  http://www.communityofinsurance.es/ y escrito por Clara Armengol, Directora General Deutsche Zurich Pensiones, en el que se realiza un excelente resumen de la historia del sistema público de pensiones español. Y digo excelente,  porque la lectura del mismo nos permite empezar a entender donde surge ya con cierta claridad el problema ESTRUCTURAL del sistema.

http://elinversorpaciente.com/quien-me-garantizara-un-optimo-nivel-de-vida-en-la-jubilacion/

Incertidumbre de los sistemas de pensiones de reparto -

SANTO DOMINGO,R.D.- El déficit en los sistemas de pensiones de reparto que afectan a varios países de Europa, y especialmente a España, debe también ser un referente para quienes aspiran al regreso de este modelo de seguridad social a la República Dominicana.Las cuentas de la seguridad social de la nación ibérica, quinta economía de toda la Unión Europea, desde 2011 no arrojan un balance positivo, lo cual ha impulsado que el Gobierno español, los partidos políticos, sindicatos y demás entes sociales inicien un nuevo proceso de consultas, donde las opciones a la vista son reducir el monto de las pensiones, incrementar el endeudamiento público para mantenerlas o seguir aumentando la edad de retiro por encima de los 67 años de edad.

En 2011, el sistema de reparto español reflejó un déficit de 4,355.5 millones de euros (unos 217 mil 755 millones de pesos dominicanos). El desfase viene porque, actualmente, los gastos crecen a un ritmo anual de 5.95%; en tanto, los ingresos recibidos por las cotizaciones de los trabajadores solo aumentan al 3.15% anual.

Como las cotizaciones solo representan ya algo más del 80% de todo el gasto del sistema español de reparto y ya son insuficientes para pagar las pensiones actuales, los presupuestos públicos deben completar ese nivel mínimo para atender el pago de los pensionados actuales. El asunto es que la situación continuará agravándose año tras año.
La magnitud del problema español

Para hacernos una idea de la magnitud del problema, el gasto en pensiones en España ascendió en 2011 a 111,834 millones de euros (alrededor de 5 billones 591 mil 700 millones de pesos). Esto significa un 10.51% del Producto Interno Bruto español y un 24% de todos los gastos del total de las Administraciones Públicas en aquel país. De hecho, el gasto en pensiones es la segunda partida de los presupuestos españoles, solo superada por la remuneración a los asalariados públicos.

En términos individuales, el llamado “agujero del sistema” alcanza ya un déficit de 1,000 euros por trabajador.

La importancia cuantitativa de las pensiones públicas españolas alerta de un grave problema potencial en un futuro medianamente cercano: su capacidad de arrastre de los presupuestos del Estado español. Si el sistema de pensiones no es financieramente sostenible, las administraciones públicas en España tampoco serán sostenibles.

De ahí la preocupación que reina entre los trabajadores españoles en activo, que dudan de si habrá pensiones públicas para ellos en un futuro.

Crisis económica, baja natalidad y envejecimiento
La génesis de este agujero proviene, en buena medida, de la crisis financiera y económica de 2008 y la consecuente destrucción de empleo que trajo consigo. Menos personas empleadas o empleos de baja calidad afectan las cotizaciones y, por tanto, la generación de recursos para el sistema de reparto de pensiones.

Pero ese colapso es fruto, a su vez, de la combinación de dos factores: la reducción de la natalidad y al mismo tiempo el envejecimiento de la población, según señala el estudio “Reparto y la Capacitación en las Pensiones Españolas”, realizado por la Fundación Edad & Vida conjuntamente con el IESE Business School.

Como agravantes, la investigación agrega la multiplicidad de regímenes y excepciones que menguan la capacidad recaudatoria y advierte sobre el efecto negativo que tendría incrementar la cota de las cotizaciones en los costos laborales, porque reduciría la competitividad de las empresas y con ello la del país.

La realidad dominicana
Una perspectiva local en torno a la aplicación del sistema de reparto en la República Dominicana la ofrece el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el cual en un análisis fechado en septiembre de 2016, señala que los sistemas de reparto no tienen la capacidad de autofinanciarse y ameritan ser cubiertos con las formas tradicionales de endeudamiento público. 

El informe del CREES detalla la facilidad con que se puede romper el equilibrio financiero en este tipo de modelos previsionales, lo cual puede pasar por un incremento de los pensionados en relación a los cotizantes o también por una disminución del empleo formal.

“A lo anterior se añade el carácter público de los fondos de pensiones tradicionales, y el manejo político con que suelen ser administrados. Como los aportes van a un fondo común, el número de pensiones puede crecer sin guardar proporción con los aportes. Si los gobiernos otorgan mayores pensiones e incrementan el número de jubilados, se agrava el desequilibrio financiero”, reseña el informe.

La República Dominicana no está exenta del proceso de envejecimiento de su población y la disminución de su tasa de natalidad.

De hecho, según el CREES, esta situación se gesta desde hace varias décadas y la registra la relación de dependencia, un indicador que mide la cantidad de personas que potencialmente podría sostener a quienes están inactivos. Es decir, las personas con 65 años y más.

En la República Dominicana, “mientras en 1980 había 18 personas por cada persona de 65 o más años, en la actualidad se estima que sean 9 en total, o la mitad”, apunta el estudio que pronostica la continuación de esta tendencia con el agravante de que la realidad es peor si a esta métrica se le añade la informalidad que impera en la economía, donde el 59% de las personas que trabaja no cotiza, según el CREES.

Volviendo a España y su proceso de reforma del actual sistema de reparto, al análisis hay que agregar las diatribas políticas que ralentizan el ritmo de las modificaciones de su actual sistema de reparto.

Si esto ocurre en España, un país con mayores niveles de institucionalidad que los evidenciados en la República Dominicana, cuando llegue el momento de modificar un posible sistema de pensiones aquí, ¿se hará más rápido? ¿Habrá consenso? ¿Serán suficientes las cotizaciones actuales para mantener un sistema de pensiones 100% público? Es mejor prevenir que lamentar. -

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Desahuciados los pensionados de la Policía

SANTO DOMINGO,R.D.- Ser policía es la función pública de mayor riesgos, muchos pierden la vida sin agradecimiento alguno. Los que sobreviven y hoy están pensionados claman

¡Auxilio! por la desconsideración y los maltratos.

En la mayoría de países del mundo los pensionados o jubilados de las Fuerzas Armadas y las policías son un poder respetado y con muchas prerrogativas, en República dominicana son uno de los sectores más excluidos y vulnerables de la administración pública. Con excepción de una muy pequeña minoría los hombres y mujeres pensionados de los cuerpos militares y policiales están muriendo de hambre y enfermedades, enfermedades estas, adquiridas por la gran cantidad de años (de 20 a 40) al servicio de la patria por salarios de miseria y con el desprecio de la población a causa de los resentimientos heredados de las dictaduras y que siguen alimentados por los últimos gobiernos.

Es una burla indignante el ver politiqueros y serviles infuncionales en cargos públicos con grandes remuneraciones (cientos de miles de pesos), que en ocasiones reciben pensiones con apenas un año de servicio. De igual manera, los regidores y legisladores con todo tipo de beneficios, en menos de diez años reciben su pensión sin correr riesgos ni sacrificios.

El diccionario RAE define Jubilado: “Persona retirada del trabajo por su edad o por su incapacidad, con derecho a una pensión.” Pensión que debe ser digna, pero muy pocos lo logran. Más bien, le corresponde el segundo uso que define RAE Jubilar: “Desechar por inútil una cosa y no utilizarla más:  Jubilar un coche viejo.” En esta segunda acepción están contenidos los pensionados de la policía dominicana, como una cosa desechable e inútil que para nada se contempla en lo humano.

Por otra parte nuestro país hace la excepción a la palabra pensionado, esta es sinónimo de viejo, obsoleto, desprecio y fracasos en su carrera. Están equivocadas nuestras autoridades; en otras culturas la condición de pensionado es una persona orgullosa, con muchos valores éticos y morales en honor a sus servicios a la sociedad, haciéndolos merecedores de muchos respeto. Los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro pueden ser de gran utilidad para la institución debido a sus conocimientos y experiencias adquiridos tanto teóricos como prácticos. En otros países son una fuente de consulta en cuanto a las decisiones de políticas públicas para la seguridad. Son el orgullo institucional debido a su trayectoria y aportes a la sociedad.

Desde la creación de la Policía Nacional dominicana en el 1936, hasta hace unos meses lo referente a las cosas internas de dicha institución eran desconocidas o de poco interés social o público. Muy a pesar de nuestros esfuerzos durante más de treinta años participando en foros nacionales e internacionales, vistas públicas del congreso y quince años escribiendo o participando en comunicación para diferentes medios; hemos tenido escasos avances.

Sin embargo, a partir del 15 de julio del año 2016, que el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, promulgó la nueva Ley orgánica de la Policía Nacional, marcada con el número 590-16, la cual cuenta con 176 artículos, el interés en los asuntos propios que vive el policía dominicano ha venido aumentando, a razón de que dicha Ley Orgánica ha rebosado la copa en cuanto a los abusos y discriminación, mejor dicho, violaciones de derechos constantes durante los 81 años de existencia de la Policía Nacional.

La Ley 590-16, para nada ha venido a mejorar, fortalecer y modernizar la policía dominicana, como debe ser la esencia de toda ley, muy contrario a esto, ha debilitado, atrasado y desprotegido a los miembros de la policía, a razón de haber quitado derechos adquiridos. Lo que ha resultado causa para la indignación y desesperación de la mayoría del cuerpo policial y al mismo tiempo el comienzo del fin de la tolerancia, la sumisión y discriminación de la sociedad y los gobiernos junto a los políticos.

La mayor afectación, desconsideración y perdida de derechos adquiridos les ha tocado a los pensionados de todas las jerarquías:

1)Eliminaron el Instituto de Seguridad Social, la ARS policial y el Comité de Retiro solo tramita papeles, porque los miles de millones del fondo de pensiones ahorrados que este administraba fueron transferidos a la Dirección de Jubilación y Pensiones del Ministerio de Hacienda, sin explicación ni tomando en cuenta a los pensionados. Dicha Dirección no ha creado una instancia para atender a los pensionados de la policía, 2) No se han adecuado los sueldos de los Generales faltantes y del resto de los pensionados acorde a la ley 96-04 que rige a los pensionados, 3) Tienen varios meses con inconvenientes en los seguros de salud, 4) Excluyeron el representante de los pensionados en el Consejo Superior Policial, 5) Aumentaron 5 años al derecho de retiro con pensión de 20 a 25, también se subieron los años para retiro con el rango inmediato, 6) Anularon muchas asignaciones de combustibles y no cumplen con la mayoría, 7) Quitaron el subsidio al Instituto de Generales Retirados de la PN, IGREPOL, 8) Los dejaron fuera del aumento salarial en violación a la Ley 96-04, 9) Se han suspendido los prestamos con intereses bajos y otros beneficios relacionados, 10) La Dirección Policial en voz de su incumbente Mayor General Nelson Peguero Paredes, se desvinculó de representar o tener responsabilidad con los pensionados, entre otros tantos desprecios.

El Poder Judicial Dominicano es simbólico, ya que, las llamadas altas cortes y los tribunales competentes se han mostrado serviles y subordinados al poder político del partidismo oficialista que dirige el presidente Danilo Medina junto al comité político del PLD, razón por lo cual las instancias de inconstitucionalidad de la Ley orgánica de la Policía Nacional, 590-16, no se han fallado, de igual manera, muchos amparos y hábeas corpus han dado sentencias en contra del debido proceso, de los principios constitucionales y de los derechos humanos de los policías y militares afectados.

Debemos citar la Revolución Francesa, movimiento social, político, económico y militar que dio como resultado la victoria del pueblo trabajador junto a los burgueses sobre la nobleza feudal y el clero que regían el absolutismo monárquico con todos los privilegios, conflictos que dividieron la historia de la humanidad y universalizaron la igualdad y derechos de todas las personas. Pero, que al parecer, no ha tocado a la República Dominicana, pues una minoría que gobierna asociada a otra minoría capitalista y conservadora privatizan para ellos, los privilegios con todos los beneficios de la producción nacional y muchas veces sin trabajar, aumentando cada vez más la desigualdad y socializando los problemas y el trabajo sin beneficio alguno para los empleados y la mayoría del pueblo. Sin duda alguna, en los avances institucionales políticos y sociales estamos suspendidos en el tiempo, antes del 1789. Urge una nueva Revolución Francesa para establecer los derechos y libertades con igualdad, que están ausentes para el pueblo dominicano.

Nuestra Independencia del yugo haitiano y nuestra Restauración de anexión española, con todas las ocupaciones extranjeras siguen inconclusas. No hay independencia de poderes en el Estado dominicano, no existe la institucionalidad,  no hay garantía de derechos y libertades para la población trabajadora. Están ausentes los servicio públicos con calidad (Son derechos insatisfechos):  Justicia, seguridad, salud, educación, vivienda, empleo, agua, transporte, oportunidad de desarrollar talentos, internet, medio ambiente sano, alimentos, producción, recreación, entre otras necesidades incumplidas.

Parafraseando a K. Marx y F. Engels en su idea final del Manifiesto Comunista: “Proletarios de todos los Países, uníos”. ¡Pensionados dominicanos, uníos. Sin revolución no hay victoria!

El autor es miembro fundador y vocero del Movimiento Pro Dignidad y Derechos para los Policías Activos y Retirados, Se suman los Militares. Periodista Independiente y Mayor General Retirado PN, con 27 Años de experiencia.

http://acento.com.do/2017/opinion/8440877-desahuciados-los-pensionados-la-policia/

En RESPUESTA al trabajo periodístico en EL CARIBE: Población ignora sus derechos en la Seguridad Social

SANTO DOMINGO,R.D.- Dándole RESPUESTA al trabajo periodístico en EL CARIBE- 20/03/2017 bajo la firma de la periodista- María Teresa Morel, la Hermandad de Pensionados y Jubilados de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Hepejcodeee), opina que no es cierto la ignoracion de los afiliados del sistema,es todo lo contrario, quienes ignoran son las autoridades que manejan al sector, como la SISALRIL,DIDA,ARS,SIPEN y el mismo CNSS.

De lo anterior, diremos que el ser humano siempre ha deseado y buscado la  salud y la juventud eternas, recuérdese a Gilgamesh y Ponce de León, sin poder encontrarlas. Este dejó de buscar esas fuentes y recurrió a la ciencia como Pasteur, Lister y Semmelweis,.. Así, se ha logrado una aproximación para mantenerse activo en el otoño de su vida, tal es el caso de los pensionados y jubilados de R.D. Pero parece que hay una especie de conspiración para reducir la existencia terrenal de este sector de la población, ya que se les niega el derecho institucional a la salud, la cual es el principal de los tres pilares del envejecimiento activo.

Dicha conspiración se inicia con la negación de no incluir a los pensionados del sector público en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo como lo señala el art.123 de la ley que crea el SDSS, Ley 87-01. Con esto se contraviene el primer considerando de dicha ley que establece el deseo “de que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”. Y es que a los pensionados no les interesa figurar en la Ley 87-01sino que esta se aplique según lo señalado en su Art. 123; y no como ahora donde la Seguridad Social, al igual que los virus, las bacterias y las enfermedades catastróficas, está contribuyendo a elevar el índice de mortalidad de los pensionados. Pues en la modificación actual ya se habla de eliminar el Régimen subsidiadoContributivo, una forma de excluir ese sector.

Es impostergable la aplicación del art.123 de la LEY DEL SISTEMA DE SALUD 87-01 o la modificación de ésta para incluir a los pensionados en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, ya que esta Ley 87-01 ha sido modificada dos veces (188-07 y 189-07) y si se hubiera respetado la institucionalidad la 3ra modificación hubiera sido cuando se envió al CNSS el proyecto de inclusión de los pensionados al SDSS, y no al Congreso Nacional donde sí se puede enmendar la Ley. Dicho error se quiso enmendar con el Decreto 342-09, con el cual quedó consignada la discriminación de la mayoría de los pensionados del sector público con relación a otros pensionados y a los pensionados del Régimen Contributivo, discriminación que consiste en que los dependientes del pensionado, cónyuge e hijos, no están incluidos aunque tienen el derecho

Como también es impostergable los artículos 38,43 y 79 de la LEY 87-01, donde las autoridades ignoran al sector de los pensionados y jubilados del sistema de reparto,negando asi: Los derechos adquiridos, la indexación,etc.

El sistema de seguridad social pasó a tener dos patas: el sistema de capitalización individual y el sistema de reparto a partir de su  promulgación de la ley 87-01 en el 2001.  la ley No. 379 de 1981, no estableció un mecanismo de indexación de las pensiones,pero  esa ley debe ser sustituida por una ley moderna y actual 87-01. Lo que quiere decir, todo el vacio de la LEY 379-81, debe ser establecido por la actual. Y esos lo confirma el Artículo 35 de la Ley No.87-01 y sus modificaciones que dispone que los sistemas de pensiones establecidos mediante las Leyes Nos. 1896 y 379 mantendrán su vigencia para los actuales pensionados y jubilados, para los afiliados en proceso de retiro y para la población que permanecerá en dicho sistema de conformidad con el Artículo 38 de la ley.

 Es por eso que nuestra ONG ha realizado nuestra propuesta de recomendación de modificación a la LEY 87-01

SIE INFORMA QUE LA TARIFA ELÉCTRICA NO SUBIRÁ EN ABRIL 2017

SANTO DOMINGO,R.D.- La Superintendencia de Electricidad informó que en abril la tarifa eléctrica para los usuarios del servicio público se mantendrá inalterable, luego de emitir la Resolución SIE-020-2017-TF.

A través de un comunicado de prensa, también reportó el comportamiento que presentaron las variables que determinan la tarifa eléctrica indexada: el Fuel Oil No. 6 que fue de  US$45.3133/Bbl en el mes anterior, aumentó en 3.6 % al pasar su referencia a USGC HSFO con un valor de US$46.9484/Bbl.

El Gas Natural disminuyó de US$3.5428/MMBTU a US$3.3501/MMBTU; el Carbón Mineral se mantuvo en US$71.84/ton, mientras que la Tasa de Cambio Promedio Mensual aumentó de RD$47.0684 a RD$47.3363 por dólar.

La Superintendencia de Electricidad explicó que como resultado de las variaciones antes citadas, la tarifa indexada para abril 2017 experimentó un aumento de 0.81 % respecto a la de marzo, provocando que la tarifa aplicada vigente resulte menor que la indexada en 11.79 %.

En consecuencia, el Estado deberá subsidiar, a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), con RD$663.40 millones la tarifa eléctrica para mantener invariables los precios a los usuarios en abril. Para un total acumulado de RD$2,006.79 millones para el primer cuatrimestre del año 2017.

http://nuevo.z101digital.com/articulos/la-sie-informa-que-la-tarifa-electrica-no-subira-en-abril-03-31-2017

Generación Eléctrica de bajo costo y ambientalmente sustentable

El modelo de desarrollo de un país está montado sobre el sistema energético, que funciona como su base de sustento o columna vertebral. El sistema eléctrico es una porción muy particular de la energía total, ya que atiende una multiplicidad creciente de usos, implica una gestión en tiempo real teniendo en cuenta la variabilidad de la demanda y la oferta eléctrica¹ y posibilita la diversificación de las fuentes a partir de las cuales es posible la generación.

El consumo eléctrico aumenta en forma constante e ininterrumpida, incluso en periodos en que la actividad económica se encuentra en declive, y esta tendencia se mantendrá en el futuro, aun si se incorporan mayores niveles de eficiencia en el consumo, tanto industrial como doméstico.

Los países con mayor calidad de vida del mundo tienen actualmente un consumo de electricidad per capita que es hasta 4 veces mayor que el de Argentina, que a su vez es uno de los más altos de América Latina². Es decir, para que nuestro país profundice los niveles actuales de desarrollo e inclusión social deberá aumentar su capacidad de generación eléctrica.

Otro indicador de la importancia de la electricidad está dado por la relación directa que existe entre el consumo eléctrico y el Producto Bruto Interno, ya que las variaciones en la economía de un país impactan inmediatamente sobre la demanda eléctrica. En el cuadro Relación electricidad-PBI puede observarse claramente esta relación para los últimos 25 años en nuestro país, donde las curvas de ambos indicadores tienen prácticamente un comportamiento idéntico.

Es por ello que, además de desarrollar nuevas tecnologías en la explotación de gas (que actualmente constituye la fuente del mayor porcentaje de la generación eléctrica en el país), de seguir potenciando el sector nuclear –en el que hoy somos líderes en la región–, Argentina ha retomado el sendero de ejecutar proyectos de aprovechamiento de la energía del agua para fortalecer al sistema eléctrico con una fuente económica, no contaminante y que permite independizar la generación de los costos internacionales de combustibles.


http://www.estrucplan.com.ar/secciones/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=3623

Los apagones en zona norte de la capital

SANTO DOMINGO,R.D.- Organizaciones barriales, vecinales, deportivas, culturales, religiosas, cooperativas y de desarrollo pertenecientes a la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO) han llamado la atención a las autoridades de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDEEE) y Edeeste sobre los constantes apagones en los barrios María Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa María, Villa Fontana, Loma del Chivo, 27 de Febrero y Agua Dulce; pertenecientes a la parte alta de la Capital.

Estas organizaciones indican que los apagones se han prologan por 8, 9, 10 horas y más en los barrios antes descritos.

Los apagones constantes han provocados irritación en la población y disminución de asistencia en las actividades cívicas, educativas, religiosas y deportivas en horas nocturnas.

Por ejemplo las misas ofrecidas por la iglesia católica en horas de las noches son cada vez menos la participación de la gente por miedo a los atracos y a la soledad de las calles.

Además la ola de apagones a reducido la producción de los herreros, heladeros, gomeros, motoconchitas y otros pequeños negocios.

Las personas de estos barrios están irritadas con el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que no ven que el gobernante está enfrentado con autoridad los principales males del país.

En casi todas las reuniones de las organizaciones populares, deportivas, religiosas, culturales, vecinales, educativas; la gente muestra sus disgustos constantes con los prolongados apagones.

Por ejemplo hace varios meses, el barrio María Auxiliadora se incorporó a las 24 horas de energía eléctrica y que sus moradores estaban cumpliendo con el pago, pero que hace varias semanas le están dando aun así, apagones.

La gente no quiere salir de sus casas por temor a la criminalidad y delincuencia que ofrecen los constantes apagones de la empresa Edeeste a estas comunidades.

Es por esta razones que  las organizaciones están planteando movilizarse para llamar la atención de la Corporación Dominicana de Electricidad y Edeeste sobre esas situaciones que promueven el desempleo y violencia en las personas.

De hecho, en varias ocasiones han ocurrido protestas callejeras con quemas de gomas, tiraderas de piedras y basuras en las principales calles y avenidas.

En la columna de hoy de Conflictos y Mediaciones he hecho un alto para tratar este tema que afecta a miles de personas y que a la vez es generadora de conflictos sociales.

http://eldia.com.do/los-apagones-en-zona-norte-de-la-capital/

Proyecto dispone sanciones graves a telefónicas violan derechos clientes

SANTO DOMINGO,R.D.- Un proyecto de ley orientado a regular los servicios telefónicos dispone sanciones hasta “muy graves” a las prestadoras de esos servicios que atentan contra los derechos de los clientes, como hay casos ya existentes.
La pieza legislativa, original del vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, señala que en violación a los derechos constitucionales, las prestadoras de servicios cobran hasta minutos que el cliente no consume.
“Se hace necesario transparentar las relaciones de las prestadoras de servicios, con sus clientes, respecto de los servicios pagados y no consumidos”, significa la iniciativa.
Servicios pagados y no consumidos. El artículo primero del proyecto tiene por objeto “transparentar las relaciones de las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, con sus clientes, respecto de los servicios pagados y no consumidos”.
El artículo tercero, que trata sobre los minutos pagados y no consumidos, dispone que “Al momento de acordar una contratación para la adquisición de un servicio prepago, con una prestadora de servicio de telecomunicaciones, queda establecido que los minutos contratados y pagados por el cliente o usuario y que no hayan sido consumidos serán traspasados y acumulados al mes siguiente”.
El artículo cuarto “dispone que los minutos que no hayan sido consumidos y que hayan sido pagados, se acumularán hasta por un tiempo de 12 meses”.
El artículo séptimo significa que “no se les podrá seguir facturando el tiempo que se mantenga el servicio suspendido”.
Faltas muy graves. El artículo 11 del proyecto del senador Sánchez dispone que las prestadoras de servicio serán sancionadas con faltas consideradas muy graves, conforme a la Ley General de las Telecomunicaciones.
El proyecto recuerda que el artículo 147 de la Constitución establece que es facultad exclusiva del Estado, la regulación de los servicios públicos, los cuales serán regulados por los organismos creados por ley para tales fines.
La pieza fue remitida a investigación.


http://hoy.com.do/proyecto-dispone-sanciones-graves-a-telefonicas-violan-derechos-clientes/

Editorial El Pacto Eléctrico ¿murió?

Foto: Una de las sesiones de discusión para el Pacto Eléctrico

El 9 de enero el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que se agilizaría la discusión para llegar a un acuerdo y firmar el Pacto Eléctrico. Esta fue la información:

El Gobierno se reunirá muy pronto nuevamente con todos los sectores que participan en la definición del Pacto Eléctrico, informó este lunes la Presidencia de la República Dominicana.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dijo que se hará en procura de avanzar rápidamente hacia la mejora del servicio energético.

Los encuentros se producirán en el marco del Consejo Económico y Social, presidido por monseñor Agripino Núñez Collado, y serán liderados por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

El 23 de enero el enero el Ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, aclaró que el gobierno quiere un Pacto Eléctrico fuerte y bien estructurado, como lo merece la sociedad dominicana:

El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, declaró este lunes que el Gobierno aspira a un “pacto eléctrico robusto” y que por esa razón es que el proceso se ha tomado más tiempo.

Señaló que el pacto pudo haber sido discutido a una mayor velocidad y suscrito en menos tiempo, pero con la particularidad de que sería un acuerdo “light” que la sociedad dominicana no merece.

Un mes después, el 23 de febrero se produjo la reunión de reanudación para el Pacto Eléctrico. Y en el siguiente texto se resume el contenido y propósito de la reunión:

El Comité de Coordinación del Pacto Eléctrico se reunió este miércoles, con el objetivo de acordar la continuación del diálogo para la suscripción de la iniciativa, tras varios meses en fase de “revisión técnica”.

El encuentro fue encabezado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), monseñor Agripino Núñez Collado.

Se precisó que ya hay varios temas que han sido consensuados por todos los participantes en las discusiones. Sin embargo aún quedan aspectos, “que por su complejidad técnica, han requerido mayor tiempo” para su análisis y consenso.

La última actividad que registra la página del Consejo Económico y Social (CES) dedicada al Pacto Eléctrico es del 5 de noviembre del 2016.

El Pacto Eléctrico, contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, duerme tranquilamente en lo que el gobierno atiende otros problemas más urgentes que tiene el presidente Medina. Por ejemplo, aclarar la licitación y concesión de las plantas de Punta Catalina, o las investigaciones del Ministerio Público sobre Odebrecht, o estabilizar el sistema cambiario, a mejorar el gasto público como sugiere el FMI, o resistir las presiones de las marchas verdes, o concebir un buen plan para enfrentar la delincuencia.

Los planes del gobierno con el Pacto Eléctrico han quedado rezagados. Es cierto que hubo contradicciones y diferencias entre los funcionarios del gobierno sobre el Pacto, y que públicamente se habló de ello. Sin embargo, las revelaciones de soborno de Odebrecht lo han trastocado todo.

¿Se animará el CES a retomar el Pacto Eléctrico luego que concluya su informe sobre Punta Catalina?

http://acento.com.do/2017/opinion/editorial/8444331-pacto-electrico-murio/

¿Cambió su plan telefónico? Eso no implica renovación de contrato

SANTO DOMINGO,R.D.- Carmen Altagracia Ventura cambió de domicilio. Pidió a la empresa telefónica que le hiciera el traslado de su línea residencial que contrató en 1997. Tenía 18 años como cliente y jamás le cortaron el servicio por falta de pago.

El técnico de la empresa la puso a firmar “el traslado” del teléfono, pero resultó ser una renovación de contrato. Ella, igual que la mayoría de los dominicanos, no leyó lo que firmó porque “son muchas letras” y además son pequeñas.

A menos de un año y medio de residir en su nuevo domicilio decidió cambiarse de prestadora a través de la portabilidad numérica. Ahí fue cuando se dio cuenta que debía pagar una penalidad porque “no había cumplido los 18 meses de contrato mínimo”. ¿Cómo es posible que pague penalidad por un servicio que tiene contratado hace tantos años?

No reclamó y pagó lo que le solicitaron. Su caso es sólo uno de tantos que el ciudadano deja pasar porque prefiere evitar la fatiga del reclamo, especialmente por lo tedioso que resulta el proceso.

El Reglamento General del Servicio Telefónico de la Ley 153-98 de Telecomunicaciones es explícito: El período mínimo de duración para cancelar un contrato no podrá ser reiniciado por la prestadora a consecuencia de la solicitud de servicios adicionales, su reducción o traslado de dirección o residencia por parte del usuario.

La normativa, dictada mediante resolución 110-12 del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), y modificado por la resolución 003-13, establece que los contratos de servicio sólo podrán estar sujetos a un período mínimo de vigencia en aquellos casos en que las prestadoras proporcionen al usuario: (a) subsidio de equipos terminales, o (b) descuentos, rebajas o exoneraciones en las tarifas vigentes del servicio. “Debe quedar indicado expresamente en el contrato el valor total de cualquier subsidio o descuento”, indica.

En cualquier caso, según el reglamento, la prestadora deberá ofrecer la opción de contratar el servicio sin sujeción a un período mínimo de vigencia, para que el usuario pueda comparar las condiciones y tarifas y decidir libremente.

De manera explícita establece que el valor total de descuento o subsidio referido en el presente numeral (14.4) se calculará como la diferencia entre el valor del contrato sujeto a período mínimo de vigencia y el valor del contrato sin período mínimo de vigencia.

En reglamento, en su inciso 14.6, que trata sobre las condiciones y tiempo de duración, establece que los contratos de servicio deberán especificar el mecanismo utilizado para determinar el cargo de penalidad por cancelación antes del tiempo indicado en el contrato, cuyo cargo de penalidad deberá ser prorrateado y amortizado mes tras mes y en ningún caso podrá ser mayor al saldo de descuento o subsidio referido en el artículo 14.4.

Para evitar que los usuarios sean sorprendidos por la ignorancia de sus derechos, el reglamento dicta que en todo caso las disposiciones del contrato de servicio en el que apliquen plazos mínimos, deberán ser resaltadas ante los demás términos y condiciones e informadas al cliente de manera expresa previo a su ejecución.

Contexto
En noviembre de 2013, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo efectuó una tercera audiencia por un recurso de amparo de cumplimiento incoado por la Fundación Prensa y Derecho contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El tribunal, presidido por el magistrado Federico Fernández, había aplazado la audiencia en dos fechas por incidentes generados por los abogados intervinientes en representación de las compañías Claro, Tricom, Viva, Wind y Orange.

La fundación, que preside el abogado Namphi Rodríguez, buscaba que Indotel regule los contratos de adhesión de las empresas telefónicas y elimine las cláusulas que resultan abusivas para los derechos de los usuarios dominicanos.

En declaraciones hechas para elDinero, Rodríguez responsabilizó a Indotel de los supuestos abusos que se cometen contra los usuarios de los servicios que ofrecen las empresas que venden telefonía, TV e internet.

A su entender, los consumidores están a merced de las empresas de telecomunicaciones y entiende que ya es hora de que la población entienda lo importante que es reclamar sus derechos.

Rodríguez considera abusiva la cláusula de sujeción mínima de 18 meses, ya que fija un plazo igual para todos los servicios contratos, sin discriminar el plan ni valor de los equipos que instale o entregue la empresa a los clientes.

ProConsumidor
La Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor en su artículo 81 se refiere a los contratos de adhesión o formularios, que son aquellos que fueron redactados previa y unilateralmente por los proveedores de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener el servicio.

En su artículo 82, la legislación también establece que las cláusulas de los contratos de venta de productos y prestación de servicios serán interpretadas siempre del modo más favorable para el consumidor.

Sobre las cláusulas y prácticas abusivas en contratos de adhesión, la legislación las considera nula y sin efecto cuando permitan al proveedor la modificación sin previo aviso de los términos y condiciones del contrato, lo que, en ningún caso, podrá hacerse en forma discriminatoria y sin criterios objetivos para los consumidores o usuarios.

Para Namphi Rodríguez constituye una violación de los artículos 53 de la Constitución y 2 de la Ley 358-05 de Derechos del Consumidor o Usuario, aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad por daños sufridos por los usuarios debido a causa de las telefónicas.

http://www.eldinero.com.do/13407/cambio-su-plan-telefonico-eso-no-implica-renovacion-de-contrato/