Enmendar “fracaso” de la ley seguridad social

SANTO DOMINGO,R.D.- Hace varios años se habla de la necesidad de modificar la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada el 9 de mayo del 2001.

En su presentación esta ley es descrita como “una pieza moderna, coherente y flexible que permitirá al país colocarse, en sólo una década, entre los países más avanzados de América Latina en este campo”.

El prólogo de la legislación establece que esta fue producto del consenso total de la población dominicana, recibiendo el apoyo del Gobierno, el sector empresarial y el movimiento laboral.

La ley dice que estuvo precedida por un proceso de consultas nacional “sin precedentes” durante el cual se realizaron vistas públicas en todo el país e incluso en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y que además contribuyeron las instituciones religiosas, las organizaciones populares y barriales.

Pero hoy, a 14 años de su promulgación, esta legislación que en aquel entonces se presentó como un proyecto “con un profundo contenido humano”, que tendría un gran impacto social y económico, se considera un fracaso total, al menos así opinan el experto en seguridad social, Fulgencio Severino, y el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicana (CNTD), Jacobo Ramos.

Ramos, quien también es miembro del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), desde hace tiempo ha planteado que esta ley amerita una modificación, pero Severino va más allá, considera que debe ser reformada completamente.

¿En qué fundamentan sus planteamientos?
Para el doctor Severino, en todos estos años la ley 87- 01 no ha logrado cumplir con ninguno de sus principios, especialmente con el de universalidad, que establece que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica.

Severino opina que el SDSS es un instrumento que sólo ha beneficiado a la élite política y económica del país, no a la mayoría de la población. Para ellos sí ha sido exitosa, para los bancos y el Gobierno.

Ese sistema debe ser reformado completamente, no merece remiendos, porque se han violado los principios básicos que dieron origen a la ley”, planteó el experto.

Severino critica no sólo que todavía no todos los ciudadanos no han sido ingresados al sistema, sino también que los sí lo están no tienen garantizados buenos y económicos servicios de salud, ni tampoco bien aseguradas adecuadas, y en un tiempo prudente, pensiones por vejez.

El experto indicó que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han demostrado tener un concepto de negocio, lo que se evidencia, dice, en la negación de servicios a los afiliados a pesar de que se les aumente el capital.

“La élite que gobierna República Dominicana, tanto política como económica, lo que quiere es hacer negocio con las dificultades del pueblo. La gente tiene que pagar altos montos de diferencia en las clínicas y en los hospitales no reciben un buen servicio”, cuestiona.

En esto Ramos coincide con Severino refiriéndose a las precariedades por las que atraviesan los beneficiados del régimen subsidiado, que es el que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes y lo financia fundamentalmente el Estado.

Lo que está pendiente
Ramos indica que la población aún espera la implementación del régimen contributivo subsidiado, que según la ley protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabaj a d o r e s por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional.

El dirigente sindical también refirió que tampoco se han implementado las pensiones solidarias (pertenecen al régimen subsidiado), cuya finalidad es beneficiar a la población discapacitada, desempleada e indigente.

La transformación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), que está contemplada en la ley, también está pendiente, entre otros aspectos, según Ramos.

¿Qué ha pasado?
En opinión de Ramos la ley 87-01 ha fallado en beneficio de los ciudadanos porque su finalidad original fue garantizarle recursos al sector financiero del país. Por eso, dice, los trabajadores no tienen garantizadas ni siquiera pensiones dignas.

“Esta ley no ha llenado las expectativas de los trabajadores porque no se concibió para darles protección efectiva, sino para resolver un problema financiero que tuvieron los bancos, que ahora están ganando miles y miles de millones. Este sistema no brinda protección eficaz a la clase trabajadora”, plantea Ramos.

Es por esto que el año próximo el sector sindical arreciará su lucha para lograr que esta legislación sea modificada. De hecho, Ramos informó que el sector tiene casi elaborado el plan de acciones que desarrollarán hasta lograr que el Gobierno convoque a un diálogo tripartito (representantes del Estado, empresarios y trabajadores) para discutir las posibilidades de modificación.

Según el presidente de la CNTD, la clase laboral está recibiendo asesoría de expertos en seguridad social y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para elaborar sus propuestas y presentarlas al Gobierno y a los empresarios.

Cuando se le pregunta a Ramos si puede citar al menos algunos aspectos positivos de la ley se limita a decir que son tan mínimos que no puede ni verlos, al menos de manera individual.

No obstante, en términos macroeconómicos considera que ha contribuido con la estabilidad económica del país. Por eso enfatiza en que llegó el momento de cambiarla.

 AFILIADOS AL SISTEMA 
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), del 2003 al 2014 se habían afiliado al SDSS poco más de 6. 1 millones de dominicanos; 50.77% pertenecientes al régimen contributivo, que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores; y 48.74% correspondientes al régimen subsidiado, el cual protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes.

http://www.listindiario.com/economia/2015/12/28/401850/2016-ano-para-enmendar-fracaso-de-la-ley-seguridad-social

La Responsabilidad objetiva en derecho del consumidor

SANTO DOMINGO,R.D.- En sentencia 381-2014, la Corte de Apelación del Distrito Judicial de la provincia de La Vega Real, acaba de sentar un precedente importante en materia de jurisprudencia de consumo, cuyas características merecen ser comentadas. En un país donde los jueces de tribunales inferiores no suelen estar al día, ni aplicar las directrices jurisprudenciales que les trazan tanto el Tribunal Constitucional como la Suprema Corte de Justicia, resulta alentador constatar que no todo está perdido en el ámbito de la justicia judicial, pues ciertas cortes son capaces de razonar por si misma y hacer derecho sin esperar instrucciones superiores apegadas solamente a los principios de independencia e imparcialidad con que están investidos.

Esto es importante porque permite al consumidor la cabal protección de sus derechos legal y constitucionalmente establecidos. Por igual, el hecho de que haya sido la jurisdicción civil la que haya razonado como comentamos es mucho más significativo pues implica el que se ha dado cumplimiento al artículo 51 de la ley 137-11, relativo a que todo tribunal está obligado a garantizar los derechos ciudadanos por vía difusa, es decir, no solo por vía directa por ante el Tribunal Constitucional ni solo mediante la acción de amparo.

En uno de sus párrafos ha dicho la Corte de La Vega, sin que sea la primera vez que lo haga, pues son múltiples sus fallos al respecto, que: “tratándose en la especie de una responsabilidad objetiva, esta se produce independientemente de la culpa o falta de la recurrida y comprobarse el vínculo de causalidad, ya que el vehículo fue robado del parqueo del referido centro médico, por lo que está obligada como lo dispone la ley a la reparación del daño producido de manera adecuada, suficiente y oportuna.” Lo que implica la restitución de su valor o precio como del lucro cesante resultante de la sustracción.

Esto es: el asunto que conoció la corte fue la sustracción de un vehículo de un usuario de los servicios de un establecimiento de servicios médicos y el damnificado pudo probar que efectivamente, había estacionado su vehículo en el parqueo del establecimiento donde se encontraba. Algo muy usual entre nosotros, pero que cuando ocurre, nunca asumen responsabilidad los establecimientos comerciales. Pero en la especie, tenemos a un usuario que accionó en justicia y obtuvo recepción de parte de una Corte que se distingue por aplicar el derecho vigente, es decir, el derecho del Estado Social y no como hacen otros que se mantienen aferrados a los razonamientos del decimonónico derecho del Estado Legislador.

El hecho de que se invoque la responsabilidad objetiva como causal que ha permitido el que lo jueces razonablemente hayan podido encontrar responsabilidad, es un tema poco común pues los jueces, por ejemplo de la Provincia Santo Domingo, como los del Distrito Nacional, son pocos dados a profundizar y razonar sus decisiones sino que abrumados por la rutina y los viejos y obsoletos manuales del Estado Liberal, siguen dando sentencias que constituyen actos de inconstitucionalidad por no ser conforme a la constitución vigente ni a la leyes vigentes.

Es un salto impresionante pues nuestros jueces, cuando encuentran indicios probatorios suficientes entonces recurren a la teoría de la falta o de la culpa, con la desgracia de que en la mayoría de sus decisiones no encuentran ni la una ni la otra, por tanto, la teoría de la responsabilidad objetiva, permite a los denominados jueces legos, es decir haraganes, no auscultar mucho para establecer reparaciones apegados a teorías eximentes sino que pueden determinar simplemente si se ha producido una falta de responsabilidad, una negligencia que ha afectado a un consumidor.

Lo cual deja margen al juez para, si lo desea, en asuntos ajenos al derecho de consumo, hacer uso tanto de la teoría de la culpa como a la de la falta. Así a nuestra corte, no le fue necesario mirar hacia el Código Civil sino que se concentró en el artículo 102 de la ley 358-05 y encontró el asidero legal actualmente en vigor para fallar como falló. Ese artículo es preciso y conciso pero tiene la desgracia, de que los jueces legos prefieren mirar hacía 1804.

http://diariodigital.com.do/2015/12/23/la-responsabilidad-objetiva-en-derecho-del-consumidor/

Directrices que impone a RD y al mundo la contaminación ambiental

SANTO DOMINGO,R.D.- El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), a través de su dirección técnica, ha venido dando un seguimiento permanente, a la problemática del cambio climático y sus efectos en el mundo, particularmente en la República Dominicana, dada la imperiosa necesidad de la población local y mundial, de proveerse de los mecanismos que además de permitirle detener su aumento, hagan posible encarar sus graves consecuencias.

Resultando en estos cometidos, de relevancia para el organismo, la Cumbre de Desarrollo Sostenible del pasado mes de Octubre en Bolivia, en que la ONU trazó una serie de normativas relacionadas con el clima, que serian refrendadas y analizadas en forma concreta en la XXI Conferencia Sobre el Cambio Climático (COP-21), finalizada en Paris el 11 de diciembre 2015,  tras su celebración durante 12 días, en la que más de 150 Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo,  incluyendo las naciones más poderosas, han arribado a acuerdos, tendentes a mantener en 2 Grados Celsius el calentamiento a nivel global para el 2030.

Importancia que visualiza, no por el hecho de haberse visto en ese foro desde el presidente Danilo Medina hasta los presidentes de mayor poder del mundo, como lo son Barack Obama y Vladimir Putin pronunciar discursos y serios planteamientos, sino por lograrse por primera vez,  después del Protocolo de Kioto adoptado por 187 Naciones el 11 de Diciembre de 1997,  luces  reales al final del túnel, en torno a la solución del calentamiento global,  los cambios climáticos y la contaminación ambiental,  que atentan en contra de la existencia de nuestro planeta, como de las diversas formas de vida que lo conforman.

Cuyos  impactos, contempla de una gran dimensión,  al  escucharse por primera vez al presidente de una de las naciones más contaminante del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, no sólo admitir, que la misma ha sido y sigue siendo uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, Co2, gas metano, Ch4, óxido nitroso, N2O,  y de los gases industriales a base de flúor y azufre), sino también, comprometerse formalmente, en procurar con firmeza la erradicación de la problemática.

¿Hay esperanza en RD y el Mundo?:

El CRD entiende que ha nacido una esperanza cierta, tras luego de ver llegar al “Cuco”, por fin las grandes naciones, que habían ignorado el Protocolo de Kioto, se han decidido a iniciar medidas contundentes.

Ve que cierto es,  que ya el daño es irreversible en muchísimos aspectos y por eso ya hoy se habla otro idioma al referirnos al cambio climático y sus consecuencias, en razón, de que no se habla de evitar, se habla de mitigar los daños y de adaptarnos como naciones a los efectos del mismo.

Resaltando, que el compromiso asumido por  casi  200 naciones para limitar a no más de dos grados Celsius, el calentamiento para el año 2030, será de gran impacto para la humanidad, a lo cual, se une, la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que también, constituye un espaldarazo moral muy alto a la necesaria toma de conciencia  del mundo para asumir un compromiso nuevo en este sentido.

Mitigación de los daños del cambio climático:

Para la entidad de desarrollo que agrupa las provincias de la Región Nordeste y  el Cibao Central, mitigar los daños del cambio climático,  no es tarea fácil,  por tanto, llama a que nos  fijemos, en lo siguiente:

A).- En el mundo ya somos 7,350 millones de seres humanos y para el 2050 se proyecta una población de 10,000 millones.

B).- Al 2015, la cobertura boscosa del mundo es de un 30.6 % de su superficie, con el agravante que de  esa cobertura, el 50% se ubica en 4 países de los casi 200 que tiene el sistema de las Naciones Unidas.

C).- Si miramos la cobertura por habitantes que teníamos en 1990 que era de 0.8 hectáreas (Hectáreas es la superficie que ocupa un cuadrado de 100 metros de lado, y que equivale a 10,000 metros cuadrados), al 2015 es de apenas 0.6 por habitantes y nada indica que esa proporción se mantendrá, pues la población no cesa de crecer y los recursos forestales descienden a un nivel que solo en Brasil, supera los 60 millones de hectáreas, en los últimos 25 años.

Al CRD, le preocupa esta situación, ya que esto es lo que está pasando con los bosques a escala mundial, pero el calentamiento global no es solo causado por los efectos de la deforestación, el proceso de industrialización de las naciones en desarrollo, crece en la medida que aumenta la población y la demanda de más bienes y servicios.

La agricultura expansiva para la generación de alimentos, cada vez reclama más espacios al bosque, dando por resultado, que con la reducción de los mismos se tiene menos agua; a lo que se une, que cada año  millones de terrenos,  son reclamados por el crecimiento expansivo de las ciudades, generando más  basura  y demandando más energía eléctricas, de los que resulta, la producción de millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

Cambio de patrón que se exige a RD:

El CRD, propugna por una verdadera política de promoción y fomento de la energía renovable en el país, en virtud de que los grandes desafíos de la humanidad, hoy en día, es el cambio del patrón energético, ya que, los combustibles fósiles, son todos grandes contaminantes y hasta ahora el mundo depende de ellos.

Al respecto resalta, que si cierto es, que los recursos renovables (aire, sol, mar), apenas son utilizados, en el caso de nuestra nación, dicho uso casi ni existe, ya que si bien tenemos  una Ley marco (la 57-07),  que regula e incentiva la instalación de empresas generadoras de energía renovable, la burocracia, el alto costo de los dispositivos, el choque con los intereses de los grandes generadores, han impedido que en República Dominicana crezca y se popularice,  la cultura de la generación de energía renovable, a lo cual se suma, el alto costo financiero para accesar a un financiamiento para estos fines, lo que hace evidente, que tenemos un rumbo equivocado,  en cuanto a energía renovable se refiere.

A lo que se añade, que la creación y promulgación de la Ley 57-07, se ha enmarcado, en puro formalismos para llenar requisitos, que de una verdadera voluntad política para crear una cultura de generación sostenible de energía. En tal sentido, contempla, que la Comisión Nacional de Energía (CNE), hasta ahora no ha cumplido  el importantísimo rol, para lo que está convocada, a fin de crear y desarrollar verdaderos modelos,  para que los ciudadanos comunes y  las Pymes puedan accesar a las  tecnologías  relativas a  las energías renovables.

Al efecto, para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), es una tarea inmediata del Estado Dominicano, su gobierno y  los Municipios juntos con el sector privado, dar paso con la implementación de los compromisos asumidos por el país, en la XXI Conferencia Sobre el Cambio Climático (COP-21),  a la generación sostenible de energía renovable, por sus beneficios socioeconómicos y ambientales, y además,  por ser parte sustancial,  de los acuerdos arribados en la referida conferencia  mundial.

http://almomento.net/directrices-que-impone-a-rd-y-al-mundo-la-contaminacion-ambiental/166092

RD pierde en promedio 420 millones de dólares anuales por desastres naturales -

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana pierde en promedio 420 millones de dólares anuales por desastres naturales, según un informe dado a conocer hoy, miércoles, en el país.

El estudio, titulado 'Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en la República Dominicana' fue realizado por el Banco Mundial (BM) y el Ministerio de Economía y contó con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE).

El análisis destacó que los eventos climáticos extremos y otros desastres naturales tienen un impacto negativo significativo en el manejo de las finanzas públicas, al tiempo que propuso opciones para fortalecer la protección financiera del país.

La República Dominicana, según el estudio, que cita el Índice de Riesgo Climático Global 2016 de Germanwatch, ocupa el lugar número once de una lista de 183 países más afectados por eventos climáticos.

En ese sentido, recomendó incluir consideraciones de gestión del riesgo de desastres en las finanzas públicas, clave para asegurar la sostenibilidad del desarrollo del país.

El ministro de Economía, Temístocles Montás, señaló que este diagnóstico presenta varias opciones para contribuir a la elaboración de una estrategia costo-eficiente de gestión financiera del riesgo de desastres.

El informe resalta que los eventos como los huracanes David y Federico de 1979 provocaron pérdidas de hasta el 16 % del PIB en ese año y que si en la actualidad estos eventos ocurrieran nuevamente las pérdidas asociadas podrían llegar a ser el doble y tendrían grandes impactos negativos en la economía dominicana.

El informe sugiere tres prioridades para fortalecer la protección financiera del país ante desastres·

La primera es mejorar el conocimiento sobre el impacto económico de los desastres y los recursos públicos asignados en las situaciones post-desastre, mediante el desarrollo de una base de datos actualizada y comprensiva;

A la vez, ampliar y mejorar el alcance de los instrumentos financieros existentes para enfrentar el costo de los desastres.

Esto incluye aumentar la capacidad presupuestaria post-desastre del gobierno a través de préstamos contingentes; transferir parte del riesgo soberano fortaleciendo el aseguramiento de los activos públicos y promover el aseguramiento catastrófico del sector privado y viviendas.

Por último, subraya la necesidad de desarrollar un marco estratégico integral para la gestión financiera del riesgo de desastres

- See more at: http://www.7dias.com.do/economia/2015/12/23/i202598_pierde-promedio-420-millones-dolares-anuales-por-desastres-naturales.html#.Vn1SIvl97IU

ETED concluyó 25 proyectos en 2015 en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), dirigida por Julián Santana, cierra este año con más de 25 proyectos concluidos, los cuales le permiten brindar un mejor servicio a sus clientes y usuarios en materia de transmisión de energía.

Con una inversión considerable de RD$379,948,799.86, ETED ha ejecutado importantes obras de ingeniería como parte de las acciones que se sustentan en el segundo eje (Reducción de las pérdidas de energía) de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, para la solución de la problemática del sector eléctrico, lo que benefició a más de 1,922,404.00 habitantes.

Entre los proyectos figura la línea de transmisión a 138 kV San Pedro de Macorís – Hato Mayor, la cual formará parte del anillo 138 kV del este. Esta línea asegura el suministro de energía y mejora el perfil de tensión de San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, El Seibo, Hato Mayor, Miches y Sabana de la Mar, logrando beneficiar 1,167,754 usuarios.

También citó la construcción de la línea de transmisión a 69 kV Palamara – INCA, que optimizará la confiablidad de suministro a las subestaciones Inca, Ciudad Satélite, Campamento 16 de Agosto, Villa Altagracia, ZF Villa Altagracia y Cítricos Nacionales, y mantendrá los niveles de tensión de lo zona de Santo Domingo Oeste y los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Villa Altagracia, beneficiando unos 199,611 usuarios, además de los usuarios no regulados.

Otra obra concluida en este año y que es parte de las metas de la empresa, es la construcción de la subestación San Cristóbal 138/12.47 kV, la cual tiene como objetivo eliminar las restricciones del sistema 69 kV Baní-San Cristóbal y Haina, asegurar un suministro confiable y mejorar el perfil de tensión de la zona.

http://hoy.com.do/eted-concluyo-25-proyectos-en-2015-en-todo-el-pais/--------22-12-2015

Capacidad energética RD es 3,742 megavatios

SANTO DOMINGO,R.D.-. La capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) al mes de noviembre de 2015 era de 3,742 megavatios, y aparte de los que pueda sumar el sector privado, para el año 2017 se espera que el gobierno adicione 700 megavatios más para el fortalecimiento de la oferta energética.

De acuerdo a un boletín realizado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), del total de megavatios que contiene el SENI, 3,046.69 son de origen térmico, los que representan un 81.4%, mientras que 615.72 megavatios provienen del sector hídrico, para un 16.5%, y 79.45 provienen de centrales eólicas, para un 2.1%.

“La capacidad instalada no es lo mismo que la generación de energía. La capacidad representa la potencia en megavatios y la energía es expresada en megavatios hora. Por ejemplo, las hidroeléctricas tienen una capacidad de 16.5 megavatios del total general, pero en la práctica sólo generaron el 6.5% de la electricidad en el año 2015”, indica el informe.

El pastel energético de República Dominicana está dividido en ocho pedazos.

Además, los datos ofrecidos por la ADIE muestran en detalle la composición de las fuentes primarias de energía. En ese sentido expresa que a base de fuel oil número 6 el país cuenta con capacidad energética de 1,397.59 megavatios, siendo ésta la mayor cantidad.

A esta división le sigue el agua, que tiene 615.72 megavatios del total de la capacidad instalada, luego el gas natural, con 555 megavatios.

También, en ese orden está el fuel oil número 2 con 435.9 megavatios, seguido del carbón con 313.6 megavatios, luego está una combinación del fuel oil número 6 y el número 2 con 185 megavatios; después está la combinación del fuel oil número 6 y gas natural con 159.6 megavatios y finalmente está el viento, con una representación de 79.45 megavatios del total de la capacidad instalada hasta noviembre de 2015.

http://www.diariolibre.com/economia/capacidad-energetica-rd-es-3-742-megavatios-LY2265629

Cinco mil millones de dólares para financiar la lucha contra la deforestación

Cerca de mil millones de personas dependen directamente de los bosques para alimentarse, respirar y asegurar su subsistencia. Por ello, el segundo día de la COP21 será recordado por audaces compromisos con los bosques, entre los que destaca el anuncio de 5 mil millones de dólares para financiar la lucha contra la deforestación.

El segundo día de la COP21 trajo buenas noticias para los bosques. Por un lado, se comprometieron importantes fondos de financiamiento contra la deforestación. Por otro, varios países que cuentan con bosques revisaron sus contribuciones de conservación. Finalmente, diversos actores públicos y privados involucrados clarificaron sus roles frente al tema.

Estos y otros compromisos se anunciaron durante los eventos paralelos y plenarios de la Agenda de Acción Lima-París (LPAA, por sus siglas en inglés), que involucra a actores estatales y no estatales de manera cooperativa para apoyar el nuevo acuerdo global sobre cambio climático que los gobiernos esperan alcanzar en París.

La importancia de los bosques en el cambio climático

En el segundo día de la COP, el rol de los bosques y su importancia para la mitigación y adaptación del cambio climático fue el tema principal de una serie de eventos paralelos y plenarios en el marco de la LPAA.

De hecho, cerca de un cuarto de todas las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo. La deforestación es responsable de la mitad de este impacto, básicamente por la demanda de alimentos y de productos maderables.

Compromisos de los actores

Recursos financieros. Alemania, Noruega y el Reino Unido anunciaron que proveerán 5 mil millones de dólares entre el 2015 y el 2020 para reducir la deforestación, siempre que esto pueda demostrarse con reducción de emisiones que sean medibles, reportables y verificables.

Cuidando los bosques. Guatemala se comprometió a restaurar 140 millones de hectáreas de bosques con una inversión de entre 80 y 100 millones por año; Perú ha incluido la protección de 130 millones de hectáreas de terreno amazónico como parte de su política nacional de conservación.

Por su parte, Paraguay está recuperando y protegiendo un millón de hectáreas de bosques al año 2030, lo que significa un potencial de reducción de emisiones de 200 millones de toneladas de CO2. Finalmente, Brasil anunció que ha logrado un recorte del 70% en la deforestación del Amazonas en la última década.

Contribuciones. Durante el evento también se revisaron algunas de las contribuciones nacionales (INDC por sus siglas en inglés) de países que incluyen temas de deforestación, tales como Brasil, Indonesia, Paraguay o Colombia.

Rol de las empresas. Empresas del sector privado como Marks & Spencer y Unilever se comprometieron a acabar con la pérdida del bosque natural al 2030. Con este  anuncio, que incluye a otras 42 empresas de la coalición We Mean Business, buscarán reducir emisiones netas en deforestación para antes del 2020 dentro de sus cadenas agrícolas de producción de aceite de palma, soja, papel y productos cárnicos.

Sumando la gente. Las comunidades indígenas y la sociedad civil también se han implicado en estos compromisos. Han presentado la construcción del Fondo Indígena del Amazonas para promover una Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) que apoye a las comunidades y la sociedad civil.

http://finanzascarbono.org/noticias_externas/

Energías renovables encienden el debate eléctrico

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Justo cuando el proceso de discusiones del Pacto Eléctrico se encuentra en su etapa más decisiva, el tema de las energías renovables ha subido de temperatura el debate y revuelto los vientos de la aparente armonía entre Gobierno y sector privado.

Mientras el Gobierno mantiene su objeción al restablecimiento pleno de los incentivos de fomento al sector, que redujo en la reforma fiscal del 2012, organizaciones empresariales truenan contra la propuesta de modificación del “Reglamento de Medición Neta” emitido ese mismo año, que ha formulado la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Asimismo, emergen nuevamente las quejas y denuncias sobre las “trabas” burocráticas en la concesión de los permisos requeridos para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, que estarían presentándose en la Comisión Nacional de Energía (CNE) y otras instancias oficiales.

Al debate público suscitado en torno a este “caliente” tema se ha sumado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entidad que externó su preocupación por la negativa oficial a restituir los incentivos fiscales, que se habría planteado en las sesiones del Pacto Eléctrico.

En un comunicado, el Conep solicitó desestimar esta decisión, que desde su óptica “limita el desarrollo sostenible del país y el fomento del potencial de los recursos renovables, además de afectar la expansión” del sistema energético.

En su artículo 12, la Ley 57-07 de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía confiere a los “autoproductores” de estas fuentes energéticas “hasta un 75% del costo de la inversión en equipos, como crédito único al Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, incentivo fiscal que fue limitado a un 40% en el 2012.

Carlos Jarnáris, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable.

Ese cambio, según la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable (ASEEFEER), ha frenado el desarrollo del sector y “estancado”, de paso, el inicio de once proyectos de inversión que en conjunto incorporarían al parque de generación nacional unos 1,300 megavatios de “energía limpia”.

Carlos Janáriz, presidente de esta entidad, añade que la medida contraviene el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés), “una de cuyas cláusulas dispone que no se puede disminuir la protección ambiental para favorecer un comercio X, en este caso al carbón y los demás combustibles fósiles”.

“Tenemos un marco legal que nos lo troncharon, tal vez por desconocimiento de alguien (…) producto de que había una reforma fiscal. Pero ¿cómo tú le bajas los incentivos a una ley (57-07) que todavía no ha comenzado” a implementarse?, dijo Jarnáriz al periódico Acento.

El empresario asegura que el restablecimiento del incentivo fiscal era precisamente el único punto de consenso a que habían arribado los diversos sectores participantes en el Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, con miras promover las energías renovables.

Un impuesto “al sol y al viento”

Pero si algo ha contribuido a encender las alarmas en los predios empresariales, es la posible modificación del Reglamento de Medición Neta vigente desde el 2012, a instancias de la CNE, y que según diversas fuentes empresariales no tiene el respaldo de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas.

Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), afirma que esta iniciativa equivale a colocarle una especie de “impuesto al sol y al viento”, que son las dos fuentes primarias de energía fotovoltaica y eólica.

El reglamento faculta a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para que puedan generar electricidad de fuentes renovables en sus propiedades, y vender los excedentes de esa producción a las distribuidoras, al mismo precio que les venden las EDEs.

Con su modificación se procura que los autoproductores vendan la energía que generan “a un precio más bajo que la energía que le compra de las distribuidoras, y no como estipula el artículo 20 de la ley 57-07, a los precios regulados” por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

“De producirse esta modificación al reglamento y la Ley estaríamos presenciando la estocada mortal para desincentivar el desarrollo de las energías renovables en el país” Milton Morrison, directivo de la ADIE.

Gracias a esta normativa –apunta Morrison- pudo atenuarse el impacto negativo del recorte de incentivos del 2012, y se han instalado en el país más de 18 MW de potencia en los últimos tres años, esencialmente a base de energía solar, señala el directivo de la ADIE.

Advierte que de implementarse esta modificación al reglamento y a la Ley 57-07 “estaríamos presenciando la estocada mortal para desincentivar el desarrollo de las energías renovables” en la RD.

Además de reducir el crédito fiscal concedido mediante el ISR a los autorproductores, la reforma tributaria de julio de 2012 suprimió las exenciones impositivas estipuladas en los artículos 10, 12 y 23 de la legislación, que incluían “impuestos sobre la renta, tasas, contribuciones, arbitrios, aranceles, recargos cambiarios y cualquier otro gravamen establecidos” hasta el año 2020.

Esto incluyó a las energías renovables, así como la producción de bioetanol, de biodiesel y “de cualquier combustible sintético de origen renovable”. Según el directivo de la ADIE, esas modificaciones minaron “la dinámica de inversión y las expectativas de retorno” que alumbraron cinco años antes, con la promulgación de la ley 57-07.

La propuesta de la CNE también es rechazada por la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer), que ha acusado públicamente a este organismo de plantear cambios “devastadores” en la normativa sectorial y pretender “sabotear” el desarrollo de las denominadsa energías limpias.

La entidad empresarial sostiene la modificación al Reglamento de Medición Neta se ha pretendido imponer al margen del escenario del Pacto Eléctrico, y que la misma vulneraría, de aprobarse, los derechos adquiridos de los actuales usuarios de sistemas renovables, con un determinado período de gracia.

Hasta octubre de este año, en la CNE había registrados 901 clientes en el Programa de Medición Neta, con una capacidad instalada de 19,715 kilovatios.

Para el industrial Celso Marranzini, ex titular de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (2009-2012), la propuesta constituye un “tremendo error” de la CNE, que evidencia además la “falta de continuidad” de las políticas públicas en materia energética, y puede por tanto alejar potenciales inversiones.

“Eso es parte de los graves problemas que ha tenido el sector eléctrico en nuestro país… usted llama a un inversionista a invertir en el sector, y de repente o le dificultan los problemas, las aprobaciones de los proyectos, y después le cambian las reglas de juego”, expresa.

Isa Conde: “Estamos rompiendo barreras”

Señala que las trabas que imposibilitan una mayor expansión del sector empiezan desde el momento en que se solicita toda la “permisología” requerida a nivel estatal para el desarrollo de nuevos proyectos de generación, algo incluso que admiten las propias autoridades.

“Hemos tenido problemas con la permisología, pero yo le aseguro que estamos trabajando en eso; estamos rompiendo barreras”. Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, asegura que el Gobierno tiene entre manos un “ambicioso plan” para fomentar las energías renovables, que incluye la adopción de medidas concretas en esa dirección.

Sostiene que el principal problema “no son los incentivos, son las trabas de la permisología, que los proyectos no avanzaban, y eso se está trabajando para que fluyan con más eficacia, que la gente reciba respuesta más rápido”.

Isa Conde niega que el Gobierno haya “vetado” con su oposición que se restituyan los incentivos, como ha reclamado el Conep.

“No ha habido veto ni nada parecido, lo que pasó es que se llevó al Pacto (Eléctrico) una resolución y la resolución contenía otra cosa, además de esa, que tenía que estudiarse; entonces la tradición es que cuando hay un tema que amerita más discusión, se manda a disenso, pero el Gobierno no va a quitar mas incentivos”.

Con relación al Reglamento de Medición Neta, el funcionario subraya que éste ha sido aprobado todavía y que su conocimiento ha sido pospuesto para el próximo año, después que se concrete la firma del Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico.

El desarrollo en el país de las energías renovables forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y es promovido activamente por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), sobre todo por su impacto en el medioambiente y el cambio climático.

Este objetivo se enmarca también dentro de la política que se ha planteado la administración de Danilo Medina, con miras a diversificar la matriz de generación a partir de fuentes menos costosas y no derivadas del petróleo.

En la actualidad el 85% de la electricidad se produce a base de combustibles importados –petróleo, gas natural y carbón-, al tiempo que solo alrededor del 2% del suministro al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) proviene de fuentes consideradas renovables o limpias, básicamente éolica.

http://acento.com.do/2015/economia/8309550-energias-renovables-encienden-el-debate-electrico/

Solución al calentamiento global y la contaminación en RD y el mundo

SANTO DOMINGO,R.D.- El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), a través de su dirección técnica, ha venido dando un seguimiento permanente, a la problemática del cambio climático y sus efectos en el mundo, particularmente en la República Dominicana, dada la imperiosa necesidad de la población local y mundial, de proveerse de los mecanismos que además de permitirle detener su aumento, hagan posible encarar sus graves consecuencias.

Resultando en estos cometidos, de relevancia para el organismo, la Cumbre de Desarrollo Sostenible del pasado mes de Octubre en Bolivia, en que la ONU trazó una serie de normativas relacionadas con el clima, que serian refrendadas y analizadas en forma concreta en la XXI Conferencia Sobre el Cambio Climático (COP-21), finalizada en Paris el 11 de diciembre 2015,  tras su celebración durante 12 días, en la que más de 150 Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo,  incluyendo las naciones más poderosas, han arribado a acuerdos, tendentes a mantener en 2 Grados Celsius el calentamiento a nivel global para el 2030.

Importancia que visualiza, no por el hecho de haberse visto en ese foro, desde el presidente Danilo Medina hasta los presidentes de mayor poder del mundo, como los son Barack Obama y Vladimir Putin pronunciar discursos y serios planteamientos, sino por lograrse por primera vez,  después del Protocolo de Kioto adoptado por 187 Naciones el 11 de Diciembre de 1997,  luces  reales al final del túnel, en torno a la solución del calentamiento global,  los cambios climáticos y la contaminación ambiental,  que atentan en contra de la existencia de nuestro planeta, como de las diversas formas de vida que lo conforman.

Cuyos  impactos, contempla de una gran dimensión,  al  escucharse por primera vez al presidente de una de las naciones más contaminante del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, no sólo admitir, que la misma ha sido y sigue siendo uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, Co2, gas metano, Ch4, óxido nitroso, N2O,  y de los gases industriales a base de flúor y azufre), sino también, comprometerse formalmente, en procurar con firmeza la erradicación de la problemática.

¿Hay esperanza en RD y el Mundo?:

El CRD entiende que ha nacido una esperanza cierta, tras luego de ver llegar al “Cuco”, por fin las grandes naciones, que habían ignorado el Protocolo de Kioto, se han decidido a iniciar medidas contundentes.

Ve que cierto es,  que ya el daño es irreversible en muchísimos aspectos y por eso ya hoy se habla otro idioma al referirnos al cambio climático y sus consecuencias, en razón, de que no se habla de evitar, se habla de mitigar los daños y de adaptarnos como naciones a los efectos del mismo.

Resaltando, que el compromiso asumido por  casi  200 naciones para limitar a no más de dos grados Celsius, el calentamiento para el año 2030, será de gran impacto para la humanidad, a lo cual, se une, la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que también, constituye un espaldarazo moral muy alto a la necesaria toma de conciencia  del mundo para asumir un compromiso nuevo en este sentido.

Mitigaciòn de los daños del cambio climático:

Para la entidad de desarrollo que agrupa las provincias de la Región Nordeste y  el Cibao Central, mitigar los daños del cambio climático,  no es tarea fácil,  por tanto, llama a que nos  fijemos, en lo siguiente:

A).- En el mundo ya somos 7,350 millones de seres humanos y para el 2050 se proyecta una población de 10,000 millones.

B).- Al 2015, la cobertura boscosa del mundo es de un 30.6 % de su superficie, con el agravante que de  esa cobertura, el 50% se ubica en 4 países de los casi 200 que tiene el sistema de las Naciones Unidas; C).- Si miramos la cobertura por habitantes que teníamos en 1990 que era de 0.8 hectáreas ( Hectáreas es la superficie que ocupa un cuadrado de 100 metros de lado, y que equivale a 10,000 metros cuadrados), al 2015 es de apenas 0.6 por habitantes y nada indica que esa proporción se mantendrá, pues la población no cesa de crecer y los recursos forestales descienden a un nivel que solo en Brasil, supera los 60 millones de hectáreas, en los últimos 25 años.

Al CRD, le preocupa esta situación, ya que esto es lo que está pasando con los bosques a escala mundial, pero el calentamiento global no es solo causado por los efectos de la deforestación, el proceso de industrialización de las naciones en desarrollo, crece en la medida que aumenta la población y la demanda de más bienes y servicios.

La agricultura expansiva para la generación de alimentos, cada vez reclama más espacios al bosque, dando por resultado, que con la reducción de los mismos se tiene menos agua; a lo que se une, que cada año  millones de terrenos,  son reclamados por el crecimiento expansivo de las ciudades, generando más  basura  y demandando más energía eléctricas, de los que resulta, la producción de millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

Cambio de patrón que se exige a RD: 

El CRD, propugna por una verdadera política de promoción y fomento de la energía renovable en el país, en virtud de que los grandes desafíos de la humanidad, hoy en día, es el cambio del patrón energético, ya que, los combustibles fósiles, son todos grandes contaminantes y hasta ahora el mundo depende de ellos.

Al respecto resalta, que si cierto es, que los recursos renovables (aire, sol, mar), apenas son utilizados, en el caso de nuestra nación, dicho uso casi ni existe, ya que si bien tenemos  una Ley marco (la 57-07),  que regula e incentiva la instalación de empresas generadoras de energía renovable, la burocracia, el alto costo de los dispositivos, el choque con los intereses de los grandes generadores, han impedido que en República Dominicana crezca y se popularice,  la cultura de la generación de energía renovable, a lo cual se suma, el alto costo financiero para accesar a un financiamiento para estos fines, lo que hace evidente, que tenemos un rumbo equivocado,  en cuanto a energía renovable se refiere.

A lo que se añade, que la creación y promulgación de la Ley 57-07, se ha enmarcado, en puro formalismos para llenar requisitos, que de una verdadera voluntad política para crear una cultura de generación sostenible de energía. En tal sentido, contempla, que la Comisión Nacional de Energía (CNE), hasta ahora no ha cumplido  el importantísimo rol, para lo que está convocada, a fin de crear y desarrollar verdaderos modelos,  para que los ciudadanos comunes y  las Pymes puedan accesar a las  tecnologías  relativas a  las energías renovables.

Al efecto, para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), es una tarea inmediata del Estado Dominicano, su gobierno y  los Municipios juntos con el sector privado, dar paso con la implementación de los compromisos asumidos por el país, en la XXI Conferencia Sobre el Cambio Climático (COP-21),  a la generación sostenible de energía renovable, por sus beneficios socioeconómicos y ambientales, y además,  por ser parte sustancial,  de los acuerdos arribados en la referida conferencia  mundial. 

http://acento.com.do/2015/opinion/8309619-solucion-al-calentamiento-global-y-la-contaminacion-en-rd-y-el-mundo/

Gobierno busca socio neutro para plantas a carbón

SANTO DOMINGO,R.D.- El Gobierno concibió desde su origen el proyecto termoeléctrico Punta Catalina como un posible joint venture con el sector privado, siempre que con la alianza se respeten los objetivos básicos de la iniciativa, que son energía estable y barata.

“Si se revisan las declaraciones desde antes del primer picazo, se verá que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a escuchar y analizar cualquier propuesta privada”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara. Aseguró que para el Gobierno “lo importante es que esas plantas existan, dar energía sostenible y a buen precio”.

Punta Catalina es un ambicioso proyecto de dos plantas a carbón, con capacidad para generar unos 720 megavatios. El proyecto conlleva una inversión de alrededor de US$2,040 millones. El Gobierno concibió la obra para ser construida con un financiamiento de algo más de US$1,300 millones, el cual fue concertado con instituciones internacionales. Los créditos externos no han fluido como fueron programados, y el proyecto se ha ejecutado en base a aportes directos que ha hecho el Gobierno por unos US$475 millones, más financiamientos de los propios constructores por US$300 millones, para una inversión total pagada de unos US$775 millones. Hay también otros US$500 millones de inversiones, tanto de obras civiles como de equipos, ejecutadas pero todavía no pagadas por la falta de liquidez que enfrenta el proyecto.

La opción
Ante las dificultades para la ejecución del financiamiento del proyecto, el Gobierno ha retomado su interés en atraer la participación de inversionistas del sector privado, nacional o extranjero. Para tal propósito ha creado un prospecto de inversión en el cual al inversionista que se interese se le presenta, a la firma, un contrato de confidencialidad en términos legales y con penalidades económicas. El propósito es que la obra pueda ser concluida con la inyección de capitales de inversionistas privados, a los cuales se les daría participación de hasta un 49% del valor del proyecto. En el presupuesto del 2016 no hay partida consignada para las plantas a carbón, por lo que ante la imposibilidad de que fluya el financiamiento internacional, la apuesta del Gobierno está en la sociedad que pueda realizar con inversionistas privados.

Explora mercado de valores
El Gobierno habría planteado también la posibilidad de emitir acciones preferidas en una primera fase de involucramiento de inversionistas privados en el proyecto, las cuales tendrían un rendimiento fijo hasta que termine el proyecto, y luego ser convertidas en acciones comunes. Pero la búsqueda de socios para Punta Catalina a través del mercado de valores, parece que todavía no que quedado muy definida y el Gobierno busca una acción directa, por la celeridad en agenciarse los recursos necesarios para terminar el proyecto.

En la posibilidad de asociación directa, se han recibido varias ofertas, según explicó el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE. Las propuestas se están analizando, bajo el criterio de que se analizan las “ofertas que no lesionen el interés nacional ni el objetivo que dio origen al proyecto”. Jiménez Bichara aclaró que el financiamiento no ha llegado por razones particulares de las entidades crediticias, no por aspectos del proyecto, el cual ha cumplido con todos los requisitos y licencias. El no ingreso del financiamiento ha provocado falta de liquidez en el proyecto, y lo ha ralentizado.

Razones del Gobierno para involucrarse en obra

“Si aparece una oferta que no ponga en juego los intereses del proyecto, la analizamos”, dijo Jiménez Bichara a elCaribe. En su reciente intervención en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, donde fue el orador invitado, el presidente Danilo Medina anunció al país que el Gobierno desea “contar con la participación privada, nacional o extranjera, en la empresa de generación de Punta Cana”. “Nuestro objetivo principal era, es y seguirá siendo bajar el costo de generación, no aumentar la participación del Estado en las empresas eléctricas del país”.

Una parte de los equipos está en el proyecto 

La construcción del proyecto Punta Catalina está a cargo del consorcio integrado por las empresas Norberto Odebrecht, S.A., Tecnimont e Ingeniería Estrella. Cuenta con la asesoría de la firma norteamericana Stanley Consultants. Los equipos son fabricados en Estados Unidos por la firma General Electric. Una parte de los equipos de la caldera está en el país y otros están en proceso de fabricación. Las obras civiles están muy avanzadas.

www.elcaribe.com.do/2015/12/24/gobierno-busca-socio-neutro-para-plantas-carbon