lunes, 14 de septiembre de 2015

El Pacto Eléctrico, su influencia en la competitividad y el empleo

Como bien ha valorado la Conferencia del Episcopado, la convocatoria al Pacto Eléctrico es un reconocimiento público del fracaso del sector, y cuestionó que el Estado, en su visión pública, tenga que recurrir a “pactos” entre sectores cuyos intereses son únicamente lucrativos, para poder definir servicios que son esenciales en el desenvolvimiento social de toda la población.

Haciendo un análisis objetivo sobre la realidad del servicio eléctrico vemos que, al ser visto como una simple mercancía, en lugar de un servicio de utilidad pública, esencial para garantizar la calidad de vida de la población y la competitividad de los sectores productivos de la Nación, podemos decir que la auto sostenibilidad financiera no se ha logrado, porque el esfuerzo se ha concentrado, esencialmente, en el cobro de la energía, con una paupérrima acción sobre la reducción significativa del costo de abastecimiento de las EDES.

El déficit financiero con el que opera el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), esencialmente se debe al excesivo costo de abastecimiento de las EDES, producto de la especulación, que es consecuencia a su vez de no revisar los contratos, ni incorporar nueva capacidad de generación al sistema, en la cantidad que demanda el SENI, y por no aplicar una regulación efectiva.

Cuando analizamos los resultados del holding se puede concluir que dicho costo pudo ser muy diferente (tendente a la baja), de no existir una manipulación en el “mercado” por parte de las empresas de generación, que operan como un oligopolio, el cual ha debido ser controlado con una buena regulación de parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Otro enfoque del Ing. César Félix es que el problema eléctrico se resume: “bajo el acrónimo de las 4 C’s, en el que la primera es Cobro, las distribuidoras deben fajarse a cobrar; la segunda es Cogentrix, conversión de combustible diesel a gas natural; la tercera es Carbón, construcción de por lo menos 1200 MW a carbón, por su bajo precio y estabilidad del mismo; y la cuarta es C… (material colgante masculina) para hacer lo que es necesario hacer”.

Toca decir que las actuales autoridades licitaron y adjudicaron la construcción de dos plantas a carbón y que estas vienen a mejorar la posición de las autoridades en una eventual renegociación de los contratos, con el mencionado oligopolio eléctrico; pero dicho proceso de licitación arrojó dudas, críticas e incluso sospechas, de la transparencia del mismo, cuando empresas participantes han puesto en tela de juicio el hecho de que, la empresa ganadora ofertó precios más caros que sus ofertas (prácticamente el doble) y, que la empresa ganadora ahora se ve involucrada en un escándalo internacional.

Definitivamente, los intereses, las apetencias económicas del sector privado y del propio sector público (nuestras autoridades) y la complicidad entre ambos sectores, es lo que ha generado contratos y acuerdos que desfavorecen al país y a su población; que son fruto: ¿De la incapacidad de nuestras autoridades? O ¿De la complicidad de nuestras autoridades?

Lo anteriormente señalado es una recopilación de informaciones y opiniones emitidas por expertos en la materia, protagonistas del sector y de la vida pública, que describen la situación actual del sistema eléctrico y algunas de las causas de esta situación; pero lo peor de esta incapacidad o complicidad histórica de nuestras autoridades, son las consecuencias que afectan directamente al desenvolvimiento social de toda la población, a la calidad de vida y a la competitividad de los sectores productivos del País.

La mayoría de la población no entiende que la energía es un servicio de utilidad pública, esencial para garantizar la calidad de vida de la población y la competitividad del sector productivo de la Nación.

Un sector productivo (entiéndase: Turismo, Zonas Francas, Industria, Agricultura de alta y media tecnología… etc.), con una partida en su estructura de costo que es una de las más caras del mundo (la energía eléctrica) pierde competitividad, por ejemplo:

Turismo: para poder producir la misma habitación climatizada, nos cuesta más que otros países del área, por el costo energético más alto.

Zonas Francas: para poder producir la misma ropa o calzado, nos cuesta más que en otros países del área, debido al mayor costo energético.

Agrícola: para poder producir un kilo de tomate en invernaderos, resulta más caro que en otros países, por el mayor costo energético.

Y esto se traduce en menos inversión extranjera, menos oportunidades de trabajo para la población del país y, en las áreas que aún se invierte, se compensa el costo energético con bajos salarios, que también afecta el bienestar ciudadano y la demanda interna.

El tema eléctrico en República Dominicana, como el de la impunidad, la educación, la seguridad ciudadana y la salud, representa un tema de altísima importancia, por lo que a pesar de los esfuerzos realizados por este gobierno, con la construcción de dos plantas a carbón, la población debe estar atenta para evitar que se materialicen complicidades que favorezcan al sector privado, representado por empresarios netos y empresarios vestidos de políticos.

http://acento.com.do/2015/opinion/8282311-el-pacto-electrico-su-influencia-en-la-competitividad-y-el-empleo/

Sector eléctrico: fusión de entidades reguladoras en la mira Estudio encargado por Funglode a la Unidad de Inteligencia de The Economist revisa el panorama de crisis y posibles soluciones

Las pérdidas técnicas constituyen un gran reto para el sector eléctrico.

Por Jairon Severino

31 agosto, 2015

El panorama de crisis del sector eléctrico es archiconocido: baja capacidad de producción, mala administración del sector, aumento de la demanda y gestión débil de las distribuidoras; robo generalizado, falta de pago y pérdidas técnicas incontrolables en transmisión y distribución. Todo esto genera problemas financieros que constituyen un reto de mayor envergadura. Un estudio encargado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, es explícito: las debilidades institucionales y regulatorias, incluyendo las deficiencias en la estructura de administración y operaciones, han obstaculizado el progreso.
El informe, titulado “El Futuro del Sector Eléctrico en República Dominicana”, considera como uno de los retos más importantes vencer el retroceso en la implementación de políticas cada vez que hay cambio de gobierno o de administración.
Entre los hallazgos planteados está la impostergable revisión de los roles y estructura de los organismos reguladores, a fin de evitar la superposición de funciones, prevenir la politización de los procesos y decisiones, así como mejorar la gestión y supervisión en el sector.

El estudio considera urgente que el Ministerio de Energía y Minas asuma como el único cuerpo de formulación de políticas del sector eléctrico, responsable de su implementación, en cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley 100-13, en los cuales se describen las funciones de la entidad estatal.
“Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minería…”, señala el artículo 2 de la Ley 100-13.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, y en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 100-13, manda a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) sea transferida en efecto al Ministerio de Energía, ya sea como una subsidiaria o como división dentro de la estructura de la entidad.
Sin embargo, indica que la CNE debe mantener su estatus como cuerpo independiente, aunque su rol deberá estar limitado al de consejero, particularmente para problemas técnicos y para soporte del Ministerio, que deberá tomar las funciones que actualmente realiza la entidad, de manera que se elimine la superposición de las obligaciones de las dos entidades.
Respecto a la Superintendencia de Electricidad (SIE), destaca que deberá ser un ente regulador independiente, operando dentro de un marco político definido y no sujeto a presión de entidades estatales o del sector privado.
“Su vinculación directa con la CNE no deberá ser necesaria en la práctica, ya que el papel de asesor de políticas de la institución deberá en su lugar incorporarse al Ministerio de Energía. Sin embargo, esta vinculación deberá continuar a corto plazo, hasta que sea apropiado enmendar la legislación”, apunta.
El estudio especifica que como existen responsabilidades superpuestas en las diferentes entidades productoras de políticas y supervisoras en la industria eléctrica, sería más eficiente la unificación de todas las responsabilidades reguladoras bajo un moderador único, aunque aconseja que sea un objetivo a largo plazo cuyo logro dependería de un consenso de todo el sector. A corto y mediano plazo, sin embargo, considera aconsejable en cambio definir mejor y separar los roles de los organismos existentes.
Recomendaciones
Recomienda que el superintendente de Electricidad y los directivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) sean designados para períodos que se extiendan más allá de los términos presidenciales de cuatro años (potencialmente seis años) o por períodos más cortos. De esta forma, dice, sus términos deben ser escalonados para que sus cargos se mantengan entre los períodos presidenciales.
El objetivo, indica, sería evitar nombramientos políticamente motivados y proporcionar estabilidad y continuidad a pesar de los cambios de gobierno, aunque el fallo en llevar a cabo sus funciones adecuadamente sería motivo más que suficiente para la terminación anticipada.
Según el informe, los comisionados nombrados por el Poder Ejecutivo deberán tener un rango de experiencia en el sector eléctrico, garantizando así su competencia técnica y deben reflejar los intereses de las partes interesadas, especialmente los de consumidores grandes y pequeños.
Transparencia en el sector
La Unidad de Inteligencia de The Economist destaca que además de la estructura de las agencias reguladoras, otro componente clave para que el sector de la electricidad funcione adecuadamente es la transparencia. Esto implica establecer requisitos de procesos adecuados de auditoría y reportes.
Aconseja realizar una auditoría de datos cuidadosamente especificada en 2016 para garantizar la exactitud de las referencias utilizadas para la medición del desempeño y seguimiento. Recuerda que se realizó una auditoría externa de la CDEEE y de las distribuidoras en 2006-07, a sugerencia del Banco Mundial.
Sin embargo, aclara que las conclusiones de la auditoría no fueron sustanciales, tal vez porque se centró el cálculo en la cifra del Índice de Recuperación de Efectivo (CRI), y por lo tanto no tomó en cuenta las cuestiones relacionadas con la subfacturación y el manejo de clientes no regulados que fueron identificados posteriormente por la administración.
Sugiere que se implemente una contabilidad separada para los segmentos de precio regulado y no regulado. A su entender, en el presente el desempeño del sector no puede ser evaluado y valorado con precisión debido a que las distribuidoras combinan datos de clientes regulados y no regulados.

En República Dominicana plantarán dos millones de árboles

domingo, 13 de septiembre de 2015

Ruidos ensordecedores y salud

SANTO DOMINGO,R.D.-La industria del entretenimiento y la alegría es una realidad en nuestro país, al extremo de que ese renglón de la economía nacional genera cientos de millones de pesos, y de igual manera le representa al fisco significativos aportes en materia de impuestos.

Pero indiscutiblemente que el desborde de ese sector y la anarquía que exhibe choca con la necesaria paz y tranquilidad de la población, que no ve descanso debido a las inconductas, la contaminación auditiva y la generación de violencia que originan algunos de estos establecimientos.
Las barriadas marginadas son las que más padecen el abuso que a diario cometen muchos de estos centros de entretenimientos, que sin ruborizarse, mantienen esos negocios con una música a alto volumen, interrumpiendo el descanso de hombres, mujeres, niños y niñas, que han visto convertir sus espacios hogareños en el infierno mismo.
Las ciudades organizadas tienen lugares designados para cada actividad humana. En la ciudad alemana de Hamburgo hay una zona rosa más grande que El Malecón de Santo Domingo, en donde se ven las prostitutas con sus carros en espera de “clientes”. En la ciudad de Ginebra, Suiza, la Rue de Berne es el sitio exclusivo de los lupanares. En New York también hay un lugar (en estos momentos no recuerdo su nombre) en donde las meretrices hacen su trabajo

de forma normal.
Pero en nuestro país, el crecimiento desproporcionado de la población, el éxodo campo-ciudad, el cambio de modelo económico, la sustitución de mano obra nativa por extranjera para pagar menos salarios, y el fracaso de la reforma agraria, crearon una especie de “collage” en las zonas urbanas, haciendo que las cosas estén juntas y hasta “reburujadas”. Este fenómeno socioeconómico es tan visible en nuestro país que si se recorre una calle de un sector clase media, notaremos que de buenas a primera se desemboca a una barriada marginada.
Usted camina por Los Praditos y de repente llega a Los prados. Si conduce su carro por La Pulla de Cristo Rey, más adelante está Arroyo Hondo. Pero esta realidad es tan patética que un sector residencial habitado por familias que adquirieron sus inmuebles a base de mucho sacrificio, de buenas a primera se instale allí una fábrica con una planta eléctrica que todo lo contamina con ruido y dióxido de carbono, o un lupanar con chicas que cohabitan en menos de 180 metros cuadrados ( la Casa de las Muñecas), o un drink que con la gente tomando alcohol en las aceras y un ruido que despierta a San Pedro en el cielo, impide la conciliación del sueño; todo eso cortando de golpe y porrazo la necesaria tranquilidad y sosiego de esos recintos hogareños colindante con esos negocios.
Hace unos días un grupo de comerciantes entregó un documento al Senado de la República donde pide la creación de una zona de tolerancia para escuchar música a alto volumen. Los comerciantes, afiliados a la Federación Dominicana de Comerciante y la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales (CADECO), entregaron el documento dirigido a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, donde está contenida su petición.
El planteamiento de este grupo de empresarios y empresarias fuera loable si no buscara la licencia para el ruido al aire libre, que produce enfermedades como la hipoacusia o sordera y la tinnitus, entre otras. La propuesta hubiera sido plausible si los hombres y mujeres de la industria del entretenimiento y la alegría enarbolaran un proyecto de una zona de tolerancia, con vigilancia de las autoridades y prevención de los organismos de salud, en donde se permita discotecas, drink, colmadones, lupanares, prostitución, pero todo eso entre cuatro paredes, y sin que afecte a la población en sus respectivos hogares. Ya una legisladora hizo un planteamiento a ese respecto. Pero no ruido a diestra y siniestra el cual afecta la salud. Y es que no se puede ignorar que el sonido al aire libre se propaga a 343 metros por seg

http://almomento.net/ruidos-ensordecedores-y-salud/116516

El fin del mundo llegará en 2100

A la Tierra le quedan 50 años más de vida que los estimados por un estudio publicado en 1972 por investigadores estadounidenses. El análisis predecía la fecha del colapso del planeta para el año 2050, momento en que el territorio terrestre será inhabitable y se habrán acabado las existencias de alimentos y recursos naturales. Según sostiene un equipo de científicos del Instituto Global de Sostenibilidad de la Universidad de Anglia Ruskin (Reino Unido), desde la redacción de aquel informe a la actualidad, se ha tomado una cierta conciencia de los peligros que acarrea la contaminación, y esto dará un poco más de tiempo al mundo, informa Daily Mail.
Los expertos británicos llegaron a esta conclusión actualizando el modelo informático que aplicó en los años setenta para predecir el límite de los recursos naturales. Encontraron que entonces no se tuvieron en cuenta factores como el hecho que el sector industrial ha reducido sus niveles de contaminación y usa menos energía que en las previsiones anteriores. La industria, además, ha aumentado los esfuerzos en limpiar la contaminación.
Tampoco previeron las innovaciones en agricultura, que ha permitido alimentar a más personas, ni el desarrollo del sector servicios y las telecomunicaciones que han ayudado a que la economía sea más productiva.
"Hicieron un buen intento, pero fueron demasiado pesimistas. Quedan muchas aún muchas preguntas por responder sobre cuándo exactamente se alcanzará el límite de los recursos y cuáles serán las consecuencias", comenta al medio británico el doctor Aled Jones, coautor del nuevo estudio.
Aprender las lecciones
Sin embargo, Jones recuerda que el rápido crecimiento de la población mundial tiene serias consecuencias para el medioambiente e insiste en que hay que "comprender que nuestro planeta tiene recursos limitados". "El crecimiento no puede continuar indefinidamente si se basa en el consumo de materiales e ignora que el planeta tiene una disponibilidad de recursos naturales finita", afirma.
"La sociedad ha comenzado a abordar algunos de los problemas señalados en 1972, pero tenemos que aprender las lecciones de lo que ya hemos logrado y centrar nuestros esfuerzos para evitar estos límites", añadió.

http://www.msn.com/es-xl/noticias/mundo/el-fin-del-mundo-llegar%C3%A1-en-2100/ar-AAdvDSw?ocid=MSN_Newsletter

¿Por qué la temperatura del planeta no debe aumentar más de dos grados?

El último informe del IPCC sostiene que ya nos hemos calentado 0.85 grados por encima de la era preindustrial, y otro estudio publicado por el Banco Mundial en 2014 apuntó que el CO2 ya emitido hará subir esa cifra hasta los 1,5 grados

Foto: Acento.com.do/Archivo

MADRID, España.- Mandatarios de todo el mundo se reúnen a finales de año en París para alcanzar un acuerdo global de lucha contra el cambio climático con un objetivo: que la temperatura del planeta no aumente más de dos grados a finales de siglo respecto a la era preindustrial (antes de 1880).
Entender las claves de la meta planetaria más famosa y deseada en términos medioambientales requiere responder a varias preguntas, empezando con el motivo por el que es negativo que aumente la temperatura, especialmente en zonas muy frías del planeta donde, a priori, podría ser algo bien recibido.
El prestigioso físico británico y profesor del Instituto norteamericano de Santa Fe Geoffrey West ofrece a Efe una explicación muy sencilla: “Todo en el planeta funciona por reacciones químicas. Las reacciones químicas dependen de la temperatura, por lo que al alterar la temperatura cambias las reacciones químicas y con ello el equilibrio del planeta”.
“Romper el equilibrio nos llevaría al desastre”, añade.
Un estudio de los investigadores del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático Carlo y Julia Jaeger determina que el primero que cifró en dos grados esa “rotura” en el equilibrio planetario fue el profesor de Yale William Nordhaus.
En dos artículos publicados en los 70 Norhabus declaró que para evitar los peores impactos del cambio climático la temperatura no debe incrementarse más de dos grados, dato suscrito después por los más relevantes científicos y que se asumió oficialmente como objetivo de las negociaciones climáticas internacionales en la Cumbre del Clima de Cancún (México), en 2010.
“La cifra no es mágica, es una magnitud considerable si tenemos en cuenta que la temperatura media del planeta es de 15 grados”, explica a Efe el catedrático español y vicepresidente del grupo de trabajo II del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la ONU, José Manuel Moreno.
En el marco de “un cambio y riesgo consecuente”, los científicos han hecho una valoración de que es lo “posible y deseable” y han determinado por consenso que dos grados es lo que se puede asumir “sin que las consecuencias sean insoportables”, subraya Moreno.
“Esta cifra es simplemente el nivel que se considera que no será de una magnitud suficiente como para comprometer nuestra existencia y la de los organismos que nos rodean más allá de lo aceptado por todos”, agrega.
Y es que un mundo con dos grados más sufrirá una enorme cantidad de impactos, “pero todavía serían manejables y gestionables con acciones de adaptación”, indica a Efe el prestigioso científico estadounidense aspirante a presidir el IPCC, Christopher Field.
Los climatólogos coinciden en que con dos grados más todavía es posible “estabilizar” el planeta, aunque también están de acuerdo en que este límite no evitará que pequeñas islas se tornen inhabitables por la subida del nivel del mar, que los eventos climáticos extremos sean más frecuentes e intensos o que haya desplazamientos masivos, especialmente en zonas costeras.
El último informe del IPCC sostiene que ya nos hemos calentado 0.85 grados por encima de la era preindustrial, y otro estudio publicado por el Banco Mundial en 2014 apuntó que el CO2 ya emitido hará subir esa cifra hasta los 1,5 grados.
Nadie duda de que mantener el planeta en no más de dos grados requerirá un gran compromiso de todas las naciones para lograr una descarbonización profunda, que requerirá que las emisiones mundiales se reduzcan entre un 40 y un 70 % a mitad de siglo y que sean nulas a finales, según el IPCC.
El esfuerzo requerido es mayúsculo ya que al ritmo actual superaríamos los dos grados en 2050 y “el calentamiento podría exceder los cuatro grados” en 2100, indica Moreno.
Para que todos entiendan por qué no podemos superar este límite, la científica atmosférica de la Universidad Tecnológica de Texas Katharine Hayhoe hace un paralelismo con el tabaco: “¿Cuántos cigarrillos causan un cáncer? Nadie sabe exactamente el número, pero sí que mientras más se fuma mayor es el riesgo. En cambio climático superar los dos grados es entrar en un territorio altamente arriesgado”. EFE

http://acento.com.do/2015/ecologia/8276639-por-que-la-temperatura-del-planeta-no-debe-aumentar-mas-de-dos-grados/

Tránsito y transporte público en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) somos el país de Latinoamérica con mayor número de siniestralidades, causadas por accidentes de tránsito.
Un parque vehicular y un transporte público desorganizado. Una ley de tránsito que no se cumple y que las autoridades no aplican. Las consecuencias son muertes, lesiones permanentes y otros daños personales y a la propiedad.
Todo lo que envuelve tanto el transporte público colectivo como el buen desenvolvimiento de las vías públicas es de gran relevancia social. Un sistema ineficiente, con falta de organización, sin una cultura de respeto a la ley y a los agentes policiales, afecta directamente la productividad de nuestro país.
Muestra lo desarrollada o eficiente que es una ciudad para movilizar sus habitantes y deja mucho que decir del compromiso de las autoridades con sus ciudadanos.
El tráfico y el transporte público de una ciudad demuestran la educación y calidad de vida de sus habitantes. Por lo que la administración debe ejecutar políticas de ordenamiento, reordenamiento, planificación, regulación y supervisión de lo correspondiente al tráfico y el transporte de nuestro país.
Somos un país en donde todos tenemos preferencia. Es normal vivir de un carril a otro sin importar como se haga. Las señalizaciones viales no sirven de nada y tenemos un precario sistema de semáforos y cámaras.
Todos los que transitamos diariamente tenemos una alta cuota de responsabilidad.
La implementación de la Ley 241, de tránsito terrestre, no es suficiente. Es el primer paso y debe hacerse de manera que todas las instituciones que intervienen en el tráfico trabajen para su ejecución en conjunto: los órganos reguladores del tránsito, los que expiden los permisos de tránsito y placas como los organismos coercitivos y los supervisores y planificadores.
Deben removerse los vehículos mal estacionados, abrir más zonas de estacionamientos privados, optimizar y fomentar el uso del transporte público. Pero debe existir confianza ciudadana en el sistema, siendo necesario un examen de resultados a los actuales operadores del transporte público. Instrumentos hay muchos.
Un fideicomiso para el tráfico terrestre que maneje y cree planes urbanísticos, viales y de transporte podría ser la solución a un caos llamado tránsito. Pero sin determinación política para solucionar el desorden existente no será posible.

http://eldia.com.do/transito-y-transporte-publico/autor/carlos/

Pacto eléctrico: dos visiones contrapuestas

SANTO DOMINGO,R.D.- “El escenario incierto para las generadoras privadas ilustra cómo la falta de transparencia y la ausencia de un marco institucional fuerte pueden disuadir las inversiones. Esto está relacionado, no sólo con los atrasos sustanciales del estado a las empresas generadoras, sino también con la incertidumbre que rodea la inminente renegociación por el gobierno de los contratos de compra de energía negociados bajo el acuerdo de Madrid, que iniciará en el 2016. Aunque el marco legislativo hace un llamado a licitación, la transparencia de este proceso podría ser cuestionada, dado los bajos niveles de confianza y alegaciones pasadas de irregularidades en la contratación pública y en los procesos de licitación de la República Dominicana.” Unidad de Inteligencia, The Economist
El dilatado proceso que finalmente debe conducir a un pacto eléctrico luce incierto en cuanto a los potenciales acuerdos que pudieran resultar de la confrontación de visiones que difícilmente podrán ser conciliadas en un escenario que fundamentalmente es dominado por uno de los actores principales. Claramente, el gobierno dispone de los medios para imponer su visión, y legitimar todas las importantes decisiones que ha ido tomando en el curso de los últimos años, incluyendo las controversiales plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina; de manera que si esas plantas son innegociables y las empresas distribuidoras permanecerán en manos del gobierno, independientemente del pacto, lo que quedaría por negociar serían las formalidades requeridas para mantener el status quo.
Es en el marco de esta realidad que luce oportuno el trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista The Economist, en el que propone, entre otras recomendaciones, una clara definición del rol que debe jugar el gobierno en un reordenamiento eficiente de la industria eléctrica; y que se contrapone a la propuesta que en este sentido ha presentado el sector oficial. Enfatiza la revista británica que el rol primordial del gobierno debe ser el de supervisor y regulador, a la vez que sugiere que el plan estratégico del sector eléctrico debe incluir –al menos- la privatización parcial de áreas como la distribución y las plantas a carbón. Desde luego, las empresas –continúa- que quedaren en manos del Estado deben operar bajo las mismas reglas que aplican al sector privado. En la práctica, las empresas estatales casi nunca operan bajo las mismas condiciones que las privadas, ya sea por tratamientos impositivos diferenciados o por subsidios abiertos o encubiertos que distorsionan las políticas de precios y generan una competencia desigual, creando barreras a la entrada de inversiones frescas en la industria.
Por eso, resulta preocupante que la propuesta del gobierno esté encaminada a profundizar el rol del Estado como inversionista, en detrimento de su rol como regulador, y convirtiendo a la CDEEE en el centro de las decisiones del sector eléctrico. Para tal propósito, dice la propuesta del gobierno “que, sobre la base de los acuerdos de este Pacto y en un plazo no mayor a seis meses a partir de la firma del mismo, el sector gubernamental, teniendo como punto focal la CDEEE, formule y disponga de un Plan Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico 2015-2030.” Llama poderosamente la atención que un Ministerio como el Energía y Minas no juegue un rol más activo en la definición de políticas que por su naturaleza debieran ser parte de sus responsabilidades, o que sencillamente no sea el “punto focal”. De hecho, la Unidad de Inteligencia en su reporte dice que “El Ministerio de Energía y Minas debe ser el único cuerpo de formulación de políticas del sector, responsable de su formulación e implementación (a través de agentes del sector, tal como sea apropiado).” Sin embargo, las menciones de este Ministerio que se hacen en la propuesta es para decir que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE) son instituciones adscritas al Ministerio de Energía y Minas, y que el gobierno está dispuesto a pactar que ambas instituciones cumplan con lo que ya está establecido en la Ley General de Electricidad 125-01, como si para hacer cumplir una ley fuera necesario consignarlo en un pacto.
En un país con los bajos niveles de institucionalización que se asocian inevitablemente a la politización de los procesos de toma de decisiones es difícil aceptar que los graves problemas que agobian a la industria eléctrica –The Economist cita el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial que establece que la calidad del servicio eléctrico en nuestro país es de los peores en la región, solo mejor que los servicios eléctricos de Venezuela y Haití- se van a resolver con una mayor injerencia del gobierno en la producción de energía, fruto de una visión a todas luces equivocada; y que previsiblemente prevalecerá en el Pacto Eléctrico; convirtiéndolo, de paso, en una oportunidad perdida. Por ese camino llegaremos a agosto del 2016 y el problema eléctrico continuará siendo “un triste recuerdo”.
Pedrosilver31@gmail.com

sábado, 12 de septiembre de 2015

Crisis de agua: un mal que afecta a la mitad de la población dominicana

Por Servicios de Acento.com.do. 12 de septiembre de 2015 - 8:00 am - 0

La mala distribución y carencia de políticas estatales han empujado a los ciudadanos a recurrir a numerosas formas de abastecerse del preciado líquido

Foto: Acento.com.do/Fuente externa

Por Carolin Adames/Especial para Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En los últimos meses se ha alarmado a la población, hablando de una crisis de agua, que según la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha sido el peor periodo de escasez por el que ha atravesado la República Dominicana, efectuando llamados al pueblo a la racionalización del líquido y atribuyéndoles el 54 por ciento de la culpa, asegurando que ese porcentaje es desperdiciado por la sociedad.
Una acusación desmedida, teniendo en cuenta que hay lugares como la calle Félix María del Monte, del sector Simón Bolívar, a la que nunca le han brindado este servicio.
Allí residen familias que durante años se han visto en la necesidad de caminar kilómetros en busca de agua, que según el artículo 15 de la Constitución, el Estado debería garantizar.
Este es el caso de Silvia Román, que a sus 75 años, las circunstancias han forzado a tener que cargar el líquido vital.
Silvia vive en la parte baja de Los Guandules, y a su edad, es evidente que apenas tiene fuerza para caminar. Sin embargo, espera temblorosa en la fila, hasta que llegue el turno de llenar sus envases.

“Tengo todo vacío, doy unos cuantos viajes en la semana, porque en mi casa hace mucho que no llega agua”, dice, mientras se aferra a los dos enormes galones amarillos, que podrían superar su peso.

Ella, al igual que sus vecinos, tiene que hacerse parte de la hilera que se alimenta de una llave pública desde hace ocho meses, cuando la CAASD les prometió resolver el problema que tenían, en ese momento era la poca presión del agua que salía de las tuberías.
Mas ahora no tienen nada más que una carretera llena de hoyos y lodo, aguas pútridas y mosquitos, tubos rotos y muchos tanques y galones vacíos.
Las pocas veces que reciben el servicio, tienen el mismo problema: las vasijas son muchas y el agua poca. Para poder tomarla hay que usar una “bomba ladrona”. De lo contrario, sólo unos cuantos vecinos las llenarán – los que tenga tiempo y paciencia para esperar a que el pequeño chorro que sale del tubo, rebose la olla en la que se va tomando el diminuto hilo, para luego, vaso a vaso, echarla en los galones y cubetas. Gran parte se pierde en este proceso –.
Una calle de cisternas vacías

Casi frente a cada casa de la callejuela angosta del barrio Simón Bolívar, puede verse una cisterna, y todas tienen algo en común: están secas y llenas de polvo, telarañas y cucarachas que evidencian el largo tiempo que tienen vacías.
“Tengo una cisterna, pero el camión no cabe por aquí, le puse un tubo al caño del techo para que se llene cuando llueva”, explica Martina Rosa, quien tiene más de 30 años viviendo en el sector.
En estas calles las tuberías no reciben agua, no hay posibilidad alguna de comprarla, pues ni siquiera cabe un camión cisterna. Es difícil realizar las labores cotidianas más sencillas y necesarias. Martina, cuenta indignada que ni siquiera puede limpiar su casa y tiene que bañarse en una ponchera y guardar el agua para más tarde bajar el inodoro.
Dios, la esperanza del pueblo y ¿del Gobierno?
Ante la crisis no se han diseñado políticas que solucionen de forma permanente el problema de la distribución del agua, sino que el Estado ha tomado medidas que solo llevan un alivio temporal a la crisis.
“Las medidas son allantes que llevan a salir a dos muchachos en primera plana, jóvenes que fueron detenidos porque estaban lavando carros, pero en la extracción de una sola onza de oro se gastan 4,500 metros cúbicos de agua que no está estructurada como un costo para las mineras, porque el Estado le regala el agua a las mineras”, afirma Luis Carvajal, biólogo y ecologista, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominica.
Según Luis Carvajal, ese llamado a “orar” que hicieron las autoridades para que Dios haga caer la lluvia, pone de manifiesto la ineficiencia de las instituciones vinculadas al tema hídrico y la falta de previsión y planificación ante situaciones de crisis.
En el Simón Bolívar la CAASD prometió la construcción de un pozo, luego de que Aridio Gutiérrez, un habitante del sector, fuera a sus oficinas a quejarse. Pero seis meses después, todo ha quedado en promesas.
“Ellos dijeron que lo iban a arreglar y uno espera en Dios que vengan, pero no se puede molestar mucho a la CAASD; ahora no hay agua, no está lloviendo como antes”, expresa Aridio, evidentemente convencido del discurso que ha vendido el Estado.

En Los Guandules, la gente también espera “soluciones divinas” o sobrenaturales a problemas que causaron manos mortales.“Nosotros confiamos en que haya un arreglo, tenemos fe en que Dios toque los corazones de la gente de la CAASD y vengan a arreglar ese problema que nos dejaron”, clama Catalina Manzueta, con la esperanza en que un día pueda dejar de cargar galones y cubetas de agua.
Planes de privatización
Así como sucedió con los ingenios azucareros, la electricidad y con casi todas las empresas públicas privatizadas, el ecologista y ambientalista Domingo Abreu, sostiene que el agua no será la excepción y que por eso han surgido las envasadoras de agua.
“No se puede prescindir del agua y evidentemente quien la controle o la posea se enriquecerá, las mineras sabiamente se han apropiado de las zonas de producción de agua, al establecerse en las nacientes de los ríos. De aprobarse la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, el dueño de la propiedad será dueño del agua que pase por esa tierra, lo que dejará todos estos ríos en manos de estas empresas”, asegura el ecologista.
La realidad es que la crisis es un problema real y cíclico que históricamente ha afectado a los diversos sectores, poniendo de manifiesto la desigualdad en la distribución del servicio. Especialistas en el tema del agua y medio ambiente e instituciones como Ciudad Alterativa y el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales(Copadeba)coinciden en la necesidad de implementar políticas estatales que garanticen un servicio público de calidad y que se distribuya de manera equitativa en todos los sectores del país.

¿Influye el gobierno en el precio de los combustibles?

SANTO DOMINGO,R.D.- Algunos sabios criollos, cuando abordan el tema de los precios de los combustibles se parapetan detrás de la Ley de Hidrocarburos (Ley 112-000) intentando proteger al Gobierno de las críticas de la población.
La gente sabe que el petróleo no es gasolina, pero percibe también que con una caída tan estrepitosa de la cotización de la materia prima – el barril de crudo – no es fácil aceptar que los precios de sus derivados sigan por las nubes como si nada ha pasado. El razonamiento es simple: si el precio del petróleo ha caído en más de la mitad y el precio de la gasolina sigue alto, entonces: ¿Cuándo bajará? ¿Cuándo el barril cueste un dólar?
Los expertos saben que la relación entre el precio del barril del petróleo y el del galón de gasolina no es lineal, pero el desenganche, la asimetría, tampoco tienen que ser tan grande como sucede en el peculiar sistema de precios de los combustibles dominicano.
La gente piensa que alguien se está beneficiando de tan enormes reducciones. Alguien que no son los consumidores. Y entre los beneficiarios o verdugos la gente identifica, no sin razón, a su propio Gobierno.
Se trata de un razonamiento con fundamento, porque, por ejemplo, entre las tres empresas distribuidoras de electricidad se ahorraron más de 11 mil millones de pesos entre enero y junio de este año, solo por la reducción del precio de los combustibles… ¿Qué a donde han ido a parar tantos millones? ¡Quién sabe!

Volvamos a los combustibles. La Ley 112 y su reglamento establece los criterios y las fórmulas para calcular el precio final de los combustibles, pero los números o valores que se les asignan a los componentes de esas fórmulas los define y decide el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Los valores de los márgenes de los mayoristas, 6.5%; el margen del transportista de combustibles hasta las estaciones de expendio, 2.5 % y el margen para el detallista o gasolinera, 10.7 %, no los dicta la Ley 112 ni su reglamento, sino que lo decide el Ministerio, y son esos márgenes los que junto a los impuestos disparan el precio que todos carburantes.
Hasta la fecha la población no sabe, por ejemplo, que justifica un margen de 6.5% del precio final del galón de gasolina a favor de unos mayoristas que no importan combustibles y apenas si almacenan.
Ese margen, en naciones en donde los mayoristas son importadores y distribuidores, nunca excede el 4 % del precio final.
Además, la población tampoco sabe, y el Ministerio nunca lo ha publicado, cuales son los valores de los componentes del precio de paridad de importación, es decir, flete marítimo, seguro, gastos bancarios, gastos de terminal y merma o pérdida.
El caso es que de acuerdo a las estadísticas del Banco Central durante el trimestre enero marzo de este año la importación promedio mensual de gasolina fue de 28 millones de galones. A esta cifra habría que sumarle los más de 15 millones mensuales que produce la Refinería en Haina (si consideramos una Refinería refinando al 80 % de su capacidad máxima que es de 34 ooo barriles por día y entre 19 y 20 galones de gasolina por cada barril de crudo refinado, aproximadamente).
Frente a cantidades tan enormes cualquier pequeño porcentaje aparentemente insignificantes puede significar centenares o miles de millones de pesos de pérdidas al mes para el Estado o de ganancias injustificadas para intermediarios.
Esta observación es relevante en un mercado en el que – según sostenidas denuncias – el grueso de las últimas licencias de importación de combustibles y de operación de empresas mayoristas y detallistas están siendo concedidas a empresarios y dirigentes políticos vinculados al partido en el poder.
Funcionarios y empresarios que influyen luego en la aprobación por resoluciones de los márgenes brutos que favorecen sus propios negocios.
Esta situación debe transparentarse y nadie debería pretender justificarla escondiéndose detrás de la Ley 112, ni haciendo galimatías aritméticas con los precios de la Costa del Golfo y las historias del verano americano.
Librémonos de los mensajes “dormicum”, que pintan un panorama intocable, blindado por leyes y donde los demás factores determinantes de los precios están en la Costa del Golfo, bajo “control de Obama”…Y no en un ministerio que se aloja en el Huacal.

http://acento.com.do/2015/opinion/8282542-influye-el-gobierno-en-el-precio-de-los-combustibles/

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