Denuncian abusos y persecusión del superintendente electricidad junio 20, 2022

SANTO DOMINGO,R.D.- La empresa eléctrica El Progreso de El Limón denunció al superintendente de Electricidad, Rafael Aníbal Velazco, por un supuesto conflicto de intereses, falta a la ética y la transparencia. Los abogados José Ernesto Pérez Morales y Fabiery Mercedes Morel, representantes legales de la citada empresa, depositaron la denuncia en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Manifestaron que «desde la llegada al cargo, Velazco Espaillat ha demostrado responder a intereses particulares de sectores de poder externos a la institución». Y en ese sentido, solicitaron una investigación de la situación «antijurídica, transgresora de derechos y contraria a todos los principios de la buena actuación administrativa, perjudicial a la línea de gobierno que el presidente Luís Abinader ha mantenido durante su gestión al frente del Estado dominicano». Agregaron que Velazco Espaillat «ha montado una persecución despiadada contra la empresa El Progreso de El Limón, una regulación agresiva, tratando a toda costa de deformar las normativas del sector a su antojo y conveniencia para pretender aplicar a EPDL un trato discriminatorio, con el único soporte de documentos creados por funcionarios y empleados de la misma institución, quienes se han convertido en juez y parte, y sin ninguna evidencia palpable o manifiesta que sustente la persecución». https://infopaisrd.com/nacionales/denuncian-abusos-y-persecusion-del-superintende/

«La sociedad y el Estado deben cuidar más a nuestros adultos mayores ”, dice especialista

Santo Domingo.- La especialista de la Gerontología Belmi Muñóz abogó hoy por una mayor consciencia por parte de la sociedad y el Estado para aunar esfuerzos hacia la protección de los adultos mayores y procurar una mayor atención que les garantice una mejor calidad de vida. Belmi Muñóz, licenciada en Enfermería y especialista de la Gerontología, afirmó que en el país muchos adultos mayores pasan por situaciones de abandono e indefensión, y se convierten en víctimas de abusos y maltratos en la República Dominicana. Opinó que la exclusión de la persona que envejece es parte de una problemática social, que, a su juicio, debería contar con una mayor atención no solo por parte del Estado sino también de la sociedad. “En ese sentido, estamos viendo con preocupación cómo nuestra sociedad excluye a sus ancianos colocándolos en situaciones de abandono, de riesgo de abuso sexual, de maltrato físico, de abuso financiero, de maltrato psicológico y de desatención, y por eso todos tenemos que contribuir al cuidado y la protección de nuestros ancianos”, afirmó la especialista. Citó datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establecen que: “el maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. En unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible”, concluye la cita de la ONU. Belmi Muñoz sostuvo que: “Al celebrarse este 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, valoramos que la Organización de las Naciones Unidas ONU, haya priorizado el tema de la protección a los adultos mayores, para combatir la violencia, en lo que ha denominado la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2023”. «Estamos viendo con preocupación cómo nuestra sociedad excluye a sus ancianos colocándolos en situaciones de abandono, de riesgo de abuso sexual, de maltrato físico…». Licda. Bemi Muñóz, presidente de MediEnferServis El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, 15 de junio, fue establecido por la ONU en el año 2011, con el objetivo de: “aumentar la conciencia sobre la situación global de las personas mayores, así como fortalecer la protección de sus derechos humanos”. Sobre MediEnferServis Es un servicio de salud a domicilio, para acercar las citas y cuidados médicos y de enfermería a toda la población en general. La presidente de MediEnferServis, licenciada Belmi Muñóz, explicó que la empresa ha sido creada con el objetivo de ofrecer asistencia médica y de enfermería a domicilio, 24 horas al día, con atención médica profesional personalizada, para llevar salud integral en la comodidad de su hogar a toda la familia. Dijo que la empresa surge ante la imperante necesidad que existe, de contar con diferentes servicios de salud a domicilio, para acercar las citas y cuidados médicos y de enfermería a toda la población en general, y pueden acceder a sus servicios, entrando a la página: www.medienferservis.com https://eldia.com.do/la-sociedad-y-el-estado-deben-cuidar-mas-a-nuestros-adultos-mayores-dice-especialista/

Senasa se ha convertido en la ARS más grande que tiene el país

EEl Seguro Nacional tiene una cartera de afiliados de más de 7 millones: 5.8MM subsidiados y 1.3 contributivos El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha convertido en la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) más grande del país, logrando tener una cartera de más de 7 millones de afiliados, de los cuales 5.8 millones pertenecen al régimen subsidiado y 1.3 millones al contributivo. Con esto, la entidad que nació en 2001 con la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, mediante la Ley 87-01, tiene la responsabilidad de atender el 70 % de la población dominicana que ahora está bajo una sola institución de salud. La información viene de parte del director ejecutivo de la institución, Santiago Hazim, quien explicó que en lo que respecta a seguros de salud, sobre todo, en el régimen contributivo, Senasa lidera en el país porque, desde el Gobierno, se ha trabajado para que todo dominicano “sienta que tiene y es dueño de una tarjeta que le produce la garantía de la salud” y que dicho seguro no es sólo para “los pobres”. A juicio de este, una prueba fehaciente de esto es que en menos de dos años esta gestión ha logrado asociar a 2 millones de personas. “Nosotros somos, en el régimen contributivo, la ARS más grande. Desde que nosotros llegamos, cogimos el déficit que teníamos de unos 300 mil afiliados y ya la hemos convertido en la ARS contributiva más grande de este país. Es una primicia que les estoy dando a ustedes, no se lo había dicho a nadie, pero somos la ARS más grande de este país. Nosotros nos dedicamos a trabajar y a darle garantía a cada gerente, a cada director, a cada ministro, a cada zona franca, a cada hotel, estaban respaldados por un seguro que le iba a dar mejor cobertura que cualquier otro”, detalló el funcionario al participar como invitado a la entrevista especial de elCaribe-CDN. Al hablar de manera más amplia de lo que definió como un hito en la historia de la de la salud, Hazim, quien se hizo acompañar en la entrevista del coordinador del Gabinete Gerencial, Gustavo Güílamo y de la gerente de Afiliación de la institución, Carmen José Velázquez, dijo que el 45 % del total de los afiliados del Senasa contributivo pertenece a empresas privadas, mientras que los demás corresponden al sector público. “O sea, nosotros tenemos casi un 50 y 50. Nosotros nunca hemos ejercido el derecho de la ley que nos manden a todos los afiliados a nosotros porque nosotros entendemos que teníamos que demostrar que ARS Senasa no es una institución por serlo, sino que es una ARS indetenible que lo que está buscando es conseguir lo que el dominicano necesita (…) Ahora tenemos 5.8 millones del subsidiado y 1.3 millones es del contributivo”, precisó. El director del Senasa fue enfático en señalar que ya no es una preocupación de un afiliado el hecho de que algún centro de salud o de diagnóstico no le cubra un procedimiento o servicio porque lo que cuestiona ahora es dónde no está el seguro. “Somos la ARS con más prestadores de servicio en el país. Ahora, es quién no está en Senasa y hemos conseguido que las clínicas se integren, que los médicos se integren, que los laboratorios se integren y tú buscas en cualquier laboratorio clínico y está, cualquier centro diagnóstico y está, cualquier clínica y está, en los médicos y está. Nosotros le hemos dado un cambio al sentido de la palabra Senasa. Ya Senasa no es un seguro de gobierno, un seguro de los pobres, Senasa es un seguro para los dominicanos, es un seguro para que los dominicanos tengan la seguridad de que su salud está asegurada”, señaló. RD$50,000 MM de pagos en salud Tras manifestar que a la llegada de este gobierno el objetivo era universalizar la salud, Santiago Hazim comunicó que esta administración ha invertido más de 50 mil millones de pesos en salud en pagos a prestadores, lo cual han hecho con las facturas a través de las clínicas, médicos o laboratorios. “Nosotros le damos ese dinero a ellos, que es lo que nos corresponde, porque nosotros lo que somos es una administradora del dinero del pueblo”, indicó. Para enumerar cada uno de esos pagos, Hazim mencionó que la entidad ha conseguido que los hospitales y centros de atención primaria puedan atender a los pacientes que antes no eran muy comunes, logrando ampliar la cartera de prestadores de salud a más de 8 mil. Sostuvo que desde que dirige Senasa se han atendido casi 100 mil pacientes de cáncer, cubriéndole todo el tratamiento desde cirugía, quimioterapia, radioterapia, atendimiento, internamiento, representando esto casi 2 mil millones de pesos y fue cubierto en su totalidad. De igual forma, refirió, se ha cubierto más de 1 millón 550 mil recetas a pacientes. “Estamos hablando que le hemos dado receta a más de 15 % de la población dominicana; casi el 20 % de la población se ha llevado una receta paga de Senasa, lo que asciende a más de 1,700 millones de pesos cubiertos por Senasa”, destacó. Asimismo, puntualizó, que en pacientes de diálisis Senasa ha dispuesto 1,000 millones de pesos; en cuidados intensivos 1,500 millones de pesos y que en cateterismos para pacientes cardíacos 1,000 millones de pesos. Uno de los temas que a la población le inquieta a la hora de tener que acudir a un centro de salud es la cobertura en enfermedades de alto costo. Sobre el particular, el director del Senasa, Santiago Hazim comunicó que la entidad trabaja con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que la cobertura para enfermedades de alto costo pase 1 millón al año a 2 millones al año. “Lógicamente, dos millones de pesos en ninguna otra ARS te cubre, seríamos los únicos en el mercado que estaríamos cubriendo dos millones de pesos. Esto se hace porque la formación social de Senasa es una ARS que aunque trabaja en el sector privado tenemos que entender que cubrimos el 70 % de la población, incluyendo los pobres”, reflexiona. Lo anterior lo dijo al referir, a modo de ejemplo, que en la actualidad a una persona con cáncer se le receta entre quince a dieciséis quimioterapias que tienen un costo de 200 mil pesos cada una, lo cual le sale muy caro a las familias. En la entrevista Hazim anunció, además, que para llegar a proporcionar un mejor servicio en la salud, el Seguro Nacional de Salud se encuentra inmerso en un proceso de coordinación con los hospitales y las Unidades de Atención Primaria (Unap) a fin de que la hiperpoblación que existe en los centros de tercer nivel baje. Esto haciendo entender a la gente que en esos lugares (en las Unap) pueden conseguir que se le hagan electrocardiogramas, sonografías, radiografías, además de consultas médicas en especialidades básicas. Salud mental y atención a pacientes En medio de la pandemia se habla de atención de la salud mental, pero la cobertura de este servicio de salud las ARS del país no dan cobertura. Al referirse a este aspecto, el director de Senasa compartió que desde su punto de vista personal “ningún paciente debe de carecer de un servicio, independientemente cuál sea” y que debe tener un respaldo de su aseguradora”. Sin embargo, señaló que Senasa, como ARS, no puede unilateralmente hacer cobertura de ningún diagnóstico. Sobre las quejas de pacientes de que en algunas clínicas les cobran dinero en momentos de emergencia aun cuando tienen seguros de salud, Hazim, informó que la Sisalril está buscando cómo ponerles multas a los centros que hagan eso, pero para ello, tienen que llegar las reclamaciones y las quejas, a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DiDA- https://www.elcaribe.com.do/panorama/almuerzo-semanal/senasa-se-ha-convertido-en-la-ars-mas-grande-que-tiene-el-pais/ da).

Servidores públicos no pueden reclamar sus derechos

Santo Domingo,R.D.-¿Tendrán los servidores públicos que usar el servicio de Alguaciles para presentar a la DIDA sus reclamos de traspasos a Hacienda? Consideramos que la negativa de la DIDA a recibir los reclamos de traspasos de los servidores públicos no tiene ningún fundamento. Por LUIS HOLGUÍN-VERAS 14-06-2022 No entendemos las razones por las que la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) se niega a recibir las solicitudes o reclamos de las personas afiliadas, toda vez que es un derecho como ciudadanos y más aún como afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, amparados incluso por derechos adquiridos en base a la Ley 379-81, reconocidos en la propia Ley 87-01 y protegidos por la Constitución Dominicana. El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) rechaza la actitud que mantiene el personal de la DIDA, el cual no se corresponde a la naturaleza de esa entidad, ni a las funciones que le confiere la Ley que creó esta institución, ni las disposiciones legales que regulan los servicios que deben ofrecer la Administración Pública y los Procesos Administrativos. Da pena, que una persona que ha trabajado en el Estado acumulando ya 32 años de servicios y teniendo pronto 60 años de edad, viajando desde el interior del país a las oficinas de la DIDA, esta entidad se niegue a recibirle su solicitud de traspaso al sistema de reparto. Lo indignante es que le digan a esta afiliada que debe esperar tener los 60 años de edad (para lo cual le faltan sólo unos meses), como si cuando cumpla esta edad, ellos le garantizan que logrará que le autoricen y efectúen su traspaso. Eso es un vulgar engaño que hace el personal de la DIDA, es una irresponsabilidad, totalmente incongruente con el discurso de la Directora de esa institución que ha solicitado al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que emita una Resolución en la que se reconozca el derecho a permanecer en el sistema de reparto a todos los servidores públicos, amparados por la Ley 379-81, sin importar la edad, como lo dispone el artículo 38 de la Ley 87-01. La DIDA tiene la obligación de recibir las solicitudes de los Afiliados y tiene el derecho de responder lo que entienda debe hacer, siempre teniendo en cuenta que tiene el deber de cumplir la función que le confiere la ley que le creó y las demás disposiciones que se refieren a los derechos de los ciudadanos. La Ley No. 107-13 que trata sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, por ejemplo, nos señala ciertos derechos que amparan al ciudadano o afiliado que hace un reclamo a la DIDA. Como ejemplos, voy a citar algunos de los derechos que aparecen planteados en el Artículo 4 de la Ley 107-13, relativo al Derecho a la buena administración y derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. Veamos: “5. Derecho a presentar por escrito peticiones.” “6. Derecho a respuesta oportuna y eficaz de las autoridades administrativas.” “8. Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar desfavorablemente.” “15. Derecho a formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento administrativo.” “16. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y recursos ante la Administración.” “22. Derecho a copia sellada de los documentos que presenten a la Administración Pública.” “23. Derecho a ser informado y asesorado en asuntos de interés general.” “24. Derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad.” “26. Derecho a conocer el estado de los procedimientos administrativos que les afecten.” “28. Derecho a participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos o de interés general.” “30. Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas.” “32. Todos los demás derechos establecidos por la Constitución o las leyes.” Por otro lado, la propia Ley 87-01, en su Artículo 29 que se refiere a la creación de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entre las distintas funciones que le establece incluye las siguientes: “a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema.” “b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.” “c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.” “d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.” “e) Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las Administradoras de Fondos de Pensiones (ARS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado.” “f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados.” Aunque hemos leído en varias ocasiones estas funciones, no acabamos de encontrar aquellas que establezcan que la DIDA debe obstaculizar el apoyo a una persona afiliada que demanda un derecho adquirido y fundamental. Por lo contrario, lo que sí encontramos son mandatos a tener una aplicación que facilite el servicio de información y atención a las personas afiliadas, incluso a distancia. En el literal b se le asigna la responsabilidad de “Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.” ¿Y eso es lo que hace la DIDA cuando se niega a recibir de la persona afiliada su reclamo de un derecho que le está siendo negado? Los literales c y d le asignan a la DIDA la responsabilidad de asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus reclamos. Si la Directora de la DIDA ha dicho en reiteradas ocasiones que ha pedido en múltiples ocasiones al CNSS que reconozca el derecho de los servidores públicos amparados por la Ley 379-81, sin importar la edad, como dice el artículo 35, 38 y 39 de la Ley 87-01, en el MOPESEP nos preguntamos ¿Por qué los empleados de la DIDA se niegan a recibir la solitud de traspaso a Hacienda que hacen los servidores públicos amparados por la Ley 379-81? El MOPESEP entiende que la Directora General de la DIDA debe ordenar a sus empleados que reciban todos los reclamos y solicitudes de las personas afiliadas, sin importar su edad y sin poner ningún impedimento a dicha recepción y procediendo luego a analizar cada caso, pudiendo responder explicando las causas por las que no se le puede traspasar y ofreciéndoles las opciones de apoyo que le puede brindar la DIDA en el marco de las funciones y responsabilidades que le asigna la Ley 87-01 y la Constitución como parte del Estado Dominicano y de la Administración Pública. El MOPESEPse pregunta, ¿Tendrán los servidores públicos que usar el servicio de Alguaciles para presentar a la DIDA sus reclamos de traspasos a Hacienda? Consideramos que la negativa de la DIDA a recibir los reclamos de traspasos de los servidores públicos no tiene ningún fundamento y lo que hace es irritar al afiliado y agregar más frustración a un sector al que se le sigue negando derechos adquiridos y fundamentales y por los que la propia DIDA se ha manifestado a favor y ha solicitado al CNSS que estos derechos les sean reconocidos.- https://acento.com.do/opinion/servidores-publicos-no-pueden-reclamar-sus-derechos-9072044.html

R.D. está obligada a mejorar las pensiones

En las actuales condiciones, las pensiones que en el marco del sistema de capitalización individual recibirían los dominicanos a la edad del retiro o lo que se denomina tasa de reemplazo, serían muy bajas, de apenas el 30 por ciento del último salario. Como la tasa de reemplazo se calcula dividiendo la cuantía de la pensión de jubilación entre el último sueldo cobrado activo y la cantidad resultante se multiplica por 100, un trabajador que al momento de su retiro devengue 15,000 pesos al mes solo recibiría como pensión 4,500 pesos, por lo que perdería de poder adquisitivo 10,500 pesos, el 70 por ciento. Esto hace insostenible al actual sistema público de pensiones y la situación se agravaría aún más en el futuro, si no hay cambios, debido al progresivo aumento de esperanza de vida. Los cambios en la tasa de reemplazo hacia el futuro dependen de cambios demográficos futuros (por ejemplo, en la esperanza de vida), los cambios económicos futuros, como el crecimiento de los salarios en términos reales, y los cambios futuros en las normas de las pensiones (por ejemplo, reformas paramétricas que ya se han promulgado, pero que aún no se han implementado por completo). Para que se tenga una idea de lo mal que está República Dominicana a nivel de la tasa de reemplazo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que, tras 30 años de cotizaciones, el nivel no debería ser inferior al 45%, y aún más, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sugiere una regla general del 70% del último salario considerando todas las fuentes de beneficios por pensión, lo inverso de lo que ocurre en el país. Puede leer: En 2021, Fondos de pensiones se incrementaron en RD$112,000 millones Pensiones Hay naciones donde la pensión llega a reemplazar a un 90% del último salario. Con el nivel de tasa de reemplazo que tiene el país, los cotizantes de la Seguridad Social se verían obligados a plantearse la necesidad de disponer de unos ahorros para afrontar la etapa de jubilación mediante la contratación de productos de ahorro privado con la suficiente antelación, pero dados los niveles de salario y de pobreza esto sería una quimera para la gran mayoría de dominicanos. Las reformas para mejorar el sistema de pensiones no solo deben limitarse a aumentar la cotización, reducir el costo de administración del sistema y modificar la edad de retiro, sino también a producir cambios estructurales que reduzcan la informalidad en la economía y creen las condiciones para que el país se paguen mejores salarios. Además, debe trabajarse en el fortalecimiento jurídico, para eliminar la evasión, que socava la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. https://hoy.com.do/rd-esta-obligada-a-mejorar-las-pensiones/

La pérdida energética equivale a dos plantas de generación

Dilenni Bonilla SANTO DOMINGO.-Las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) rondan en un 30.4 % en los últimos cinco años, con un valor monetario de US$528.5 millones anuales, lo que equivale a dos plantas de 280 megavatios de energía disponibles en un 80.0 %. Así detalla el Monitoreo Energético del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al indicar que una forma de dar una dimensión alterna a tales pérdidas es estimar la capacidad de generación o potencia instalada lo que representa un promedio de los 4,362 Gwh anuales. Explica que la inyección de generación adicional en la red con reducciones de pérdidas relativamente pequeñas puede terminar manteniendo elevadas presiones sobre el presupuesto del Estado. En ese sentido, resaltan que los esfuerzos en aumentar la reducción de estas pérdidas pudiesen resultar más rentables que la expansión de capacidad de generación en el corto plazo. La misma podría realizarse con menor inversión de capital y menores plazos, para obtener un flujo de efectivo positivo, y por ende, retornos potencialmente más elevados sobre las inversiones. Gestión no suma valor La gestión comercial de las Empresas Distribuidoras de Electricidad no ha logrado sumar valor a los activos bajo su administración, acumulando pérdidas energéticas que se traducen en impactos económicos para el Estado, resalta el análisis. Este análisis indica, además, que entre el 2016 y 2020 las tres empresas distribuidoras incrementaron su base de clientes facturados en promedio anual entre 11,000 y 59,000 nuevos clientes. La relación más favorable corresponde a Edesur, la cual aumentó su base de clientes con facturación en unos 59,097 clientes y registró una reducción promedio anual de pérdidas de 0.9 puntos porcentuales. De igual forma, Edenorte presentó un aumento promedio de 53,659 clientes y una disminución anual de pérdidas de 1.5 puntos porcentuales. En el caso de Edeeste, la relación resulta diferente: el incremento promedio anual de clientes equivalente fue de 11,161, acompañado de un aumento en las pérdidas de un promedio de 3.2 p.p. Esta última empresa presenta pérdidas de 40.0 %, en promedio, mientras Edenorte y Edesur registran pérdidas de 24.5 % y 25.9 %, respectivamente, para igual periodo. Acciones necesarias El análisis realizado por el Viceministerio de Planificación y el Viceministerio de Análisis Económico y Social argumenta que mejorar las pérdidas de las Edes es impostergable si se tiene como objetivo una mejoría significativa en las operaciones fiscales del Estado. Cita como casos de éxitos la utilización de mecanismos de reducción de pérdidas mediante la instalación de medidores digitales prepagados y medidores digitales o “inteligentes”. “Ese último puede suministrar datos de consumo a los usuarios del servicio, pudiendo reducir su demanda en horas de mayor demanda. En adición, la interrupción del servicio por no pago puede efectuarse a distancia”, recomienda. Además, precisa que un esquema tecnológico de apoyo a cambios en estrategias comerciales de distribución es el denominado Infraestructura de Medición Avanzada, que permite comunicación de doble vía entre empresas distribuidoras y usuarios. “Las distribuidoras pueden detectar fallas por sobrecarga con mayor precisión y los usuarios administrar su demanda y, por tanto, reducir su facturación”, argumenta. Enlaces —1— Análisis Señala la posibilidad de diferir inversión de capital en nuevas plantas con significativas reducciones de pérdidas. En otras palabras, esto se traduciría directamente a ahorros de recursos financieros en el mediano plazo.

¿Hay pensiones en República Dominicana? AFP: Negación de la seguridad social

Por MATÍAS BOSCH 11-05-2022 00:01 La pensión es un salario social cuya finalidad es la sustitución del ingreso cuando la edad o las condiciones personales no permiten seguir generándolo de forma autónoma. Esto puede ser por el envejecimiento natural e irreversible de todo ser humano; por una discapacidad que nadie puede planificar ni eludir si llega; o por el fallecimiento, dejando sin ingreso a las personas económicamente dependientes. Las pensiones y los sistemas de seguridad social se ampliaron e institucionalizaron en el mundo a partir de una constatación: la inmensa mayoría de la población vive de su propio trabajo, de su capacidad de generar ingresos y, principalmente, de un salario. Solo una pequeñísima parte de la población cuenta con la fortuna individual (heredada y/o acumulada) para hacer frente a las necesidades y contingencias de la vida, bastándose a sí mismos. La idea es que la mayoría social no estuviera condenada de origen a la miseria, a sobrevivir por la beneficencia o a costa de sus familias. Por eso mismo, las pensiones y la seguridad social no pueden funcionar como bienes de consumo que administren privados en función de un precio, un riesgo y unas expectativas de ganancia. Se declararon derechos fundamentales porque son la base de que las personas puedan sostenerse y vivir, ellas y sus familias, y por tanto deben ser independientes de intereses privados, del estatus y la capacidad de pago particular. ¿Hay pensiones en República Dominicana? Una pensión debe sustituir adecuadamente el ingreso que se deja de generar, ser suficiente para vivir con dignidad y permanente en el tiempo. Para esto, no puede depender de la capacidad de ahorro individual, pues la inmensa mayoría de población -al no ser beneficiaria de herencias ni dueña de grandes capitales- siempre dependerá de ingresos modestos, humildes, cuya mayor parte se consumirá en la subsistencia, bienes y servicios indispensables, incluyendo a la clase media y pequeños empresarios. De nada sirve que se llame “capitalización individual” o como sea para generar una rentabilidad que en ningún país ha permitido cubrir más allá del 40% del ingreso (con mucha suerte), que se agota en el tiempo y se calcula con tablas de edades deliberadamente diseñadas para dividir y hacer más bajo aún el monto a entregar cada mes. Recientemente las AFP anunciaron con bombos y platillos la entrega de los fondos a sus legítimos dueños por ser de “ingreso tardío” en el sistema. Mientras las AFP estuvieron enriqueciéndose por años con sus ahorros, a 27,155 dominicanos y dominicanas de 60 años y más les tocó en promedio 305 mil pesos que, a 30 mil pesos por mes, no les durará ni un año y tendrán que conformarse con que esa fue su “capitalización individual”. ¿Comerán con esa palabra tan chula por el resto de sus días? ¿En qué condición quedan estas miles de personas y sus familias? ¿Acaso no constituye una estafa mayúscula? Las pensiones y la seguridad social se entienden bienes sociales que no deben obedecer a las reglas del mercado, como una garantía que, hasta Marine Le Pen, candidata de ultraderecha en Francia, llama “solidaridad nacional”. Son llamados también “derechos de ciudadanía” porque permiten a todos ser parte de la sociedad en igualdad real y en mutua protección, vivir libres y sin miedo, no condicionados al “quién es quién” y que no impere la ley de “sálvese quien pueda”. En contrario, de México a Chile, pasando por República Dominicana, la privatización de las pensiones bajo las AFP es un régimen que viola todos los preceptos fundamentales, es matemáticamente inviable y niega la existencia de seguridad social, dejando a las personas en la desprotección, la vulnerabilidad y el miedo, obligadas a elegir entre la caridad pública o familiar, la miseria o la muerte, mientras su sudor ha sido la fuente de enriquecimiento de grupos de administración. ¿Nadie sabía lo que iba a pasar? ¿Esto debió imponerse en República Dominicana? ¿Era una especie de mandato divino o verdad revelada, como sus profetas han asegurado, y que debería mantenerse hasta la eternidad? Se puede afirmar categóricamente que no, y que todos sus efectos nocivos y antisociales estaban previstos. Para verificarlo se pueden citar algunos párrafos contundentes y preclaros de lo dicho por el exministro y exvicepresidente Rafael Alburquerque en los conversatorios organizados y publicados por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) muy a tiempo, en 1998. Citamos: “Se incurre en una falacia cuando se oponen las bondades de la capitalización individual a los efectos perversos del sistema tradicional de reparto, pues si este último tiene sus problemas no es menos cierto que el primero puede ser muy perjudicial para los trabajadores de bajos ingresos y para las mujeres”. “Tampoco es aceptable considerar que con el modelo de capitalización individual se incentiva el ahorro nacional y se promueve el desarrollo económico, pues esta premisa no es tan cierta en países con un mercado reducido de asegurados, como es el nuestro, amén de que los indicados efectos también pueden obtenerse con un modelo de capitalización colectiva en manos del Estado, con la ventaja de que no se pone en manos de un determinado y reducido sector económico el manejo de cuantiosos recursos y, por tanto, el poder de decidir, en función de sus intereses particulares, el futuro de millones de personas”. “De igual manera, es un simple cuento de hadas divulgar la idea de que esta es una lucha entre la libre competencia y el monopolio estatal, pues la experiencia demuestra que en el modelo de capitalización individual el mercado termina siendo controlado por un duopolio o un oligopolio”. Y remató Alburquerque: “Sea dicha la verdad monda y lironda, franca, abierta, atrevida: el debate al cual asistimos es el antagonismo entre los que creen y los que no creen en la seguridad social; entre los que intentan preservar la seguridad social y los que tratan de sepultarla; entre los que privilegian lo social y los que reducen el problema a lo puramente económico; entre los que entienden que la economía debe estar al servicio del hombre y los que piensan lo contrario; entre los que defienden la seguridad social real y verdadera, y los que buscan un negocio asegurado”. Todo lo dicho por Alburquerque podía ser tomado por hipotético en 1998. Hoy, a 21 años de la Ley No. 87-01, resultan hechos confirmados en República Dominicana y en el resto de los países donde esta receta se aplicó. Como colofón, sirvan los dichos del expresidente chileno Ricardo Lagos, en noviembre de 2016, cuando afirmó: “Las AFP se preocupan más de las utilidades de sus propietarios que de las pensiones de sus afiliados. Es un sistema injusto y hay que cambiarlo. Los trabajadores y trabajadoras chilenos merecen un sistema de pensiones solidario y justo que reconozca el trabajo de toda una vida. Ni un peso más para las AFP. Participemos del debate y alcancemos amplios acuerdos para cambiar este sistema injusto”. La pelota ahora está del lado de quienes, en el Poderes del Estado, tienen el deber de decidir en función del interés público, los derechos de la ciudadanía y el bien supremo de la nación. Asimismo, de quienes deben informar a la sociedad y facilitar la generación de opinión pública razonada y fundamentada. Y, por supuesto y sobre todo, de la ciudadanía, que es en última instancia, en cada momento histórico, el actor colectivo que debe garantizar la satisfacción de sus derechos. Así ha sido desde 1844 hasta el presente, en cada ocasión en que grupos de poder e intereses particulares, de forma manifiesta, pretenden primar sobre la dignidad y el bienestar general. La República Dominicana tiene la oportunidad de no ir hacia una crisis social y política, del todo evitable, y para ello se necesita valentía histórica y vocación patriótica https://acento.com.do/opinion/afp-negacion-de-la-seguridad-social-9061326.html

Transporte: Accidentes y contaminación

El PNUMA (Programa Naciones Unida para Medio Ambiente) le preocupa la gran cantidad de vehículos usados que las naciones ricas exportan a los países en desarrollo, Cuando ya en sus países son desechados por contaminar el aire y poner en peligro a sus habitantes, no tienen reparo en que sean enviados a otras naciones, donde ocasionan los danos a los cuales ellos se cuidan, mostrando así, su desprecio hacia los demás seres humanos. En el informe de la PNUMA, muestra que las más perjudicadas son las naciones pobres del África, donde los vehículos entran con más de 18 años, lo que agudiza no solo la gran contaminación, también los accidentes de tránsito por sus malas condiciones. El mismo informe establece que el sector del transporte es responsable del 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que algunos países más responsables, están incentivando otros modelos. Mi amigo Juan Garrigo, quien me habla del informe, dice que esta es una de las anestesias sociales que tenemos aquí, pero sobre todo con las motocicletas, donde los gobiernos han permitido, todos los desaciertos, en su importación como en su uso irregular, siendo las responsables del 70% de los accidentes, muertos y heridos, y por ende de una gran contaminación del aire, pero también el ruido infernal y el estrés de conductores y peatones. Otro amigo, me indica que aquí se exportan a partir del 30 de junio, los más viejos del 2017, pero la prohibición solo a los vehículos EU, por presión de los concesionarios, ya que entran de otros países sin fecha de fabricación, como el caso de los taxis amarillos sonata, los que llegan con mas de 700 mil kilómetros de uso, y se destruyen de cualquier impacto leve. Además, según mi apreciación son los que más violaciones de tránsito cometen. También me cuenta que algunos importadores se fueron a Japón a cambiarle el guía a la izquierda para que entren al país, cuando se prohibieron. Ahora bien, a nuestro entender, el problema que más nos impacta, es la falta de la revisión técnica vehicular, como lo demanda la ley 63-17. Si la aplicamos debidamente, sacaremos de circulación una buena cantidad de vehículos por su tiempo de uso y su deplorable situación, con lo que bajaremos la cantidad de accidentes y contaminación. Estas medidas necesarias que impone la ley, obligarían al Estado a diseñar mejores políticas públicas en el transporte, que van a impactar significativamente en la reducción de accidentes, en la salud y en los gastos del gobierno. Y estoy seguro de que, en el caso de los motores, hasta reducirían en más de un 25% la delincuencia. Pero la falta de voluntad y coraje de los políticos, nos tienen entrampados en estas incongruencias que tienen solución a la vista. Por Osiris Mota https://eldinero.com.do/author/omota/

RD sumó 310,081 unidades a su parque vehicular en 2021

SANTO DOMINGO,R.D./El parque vehicular dominicano agregó el año pasado 310,081 unidades y cerró el período con un inventario activo de 5 millones 152 mil 448 vehículos, correspondiendo el 55.8 por ciento del universo a motocicletas. El aumento relativo del parque fue de 6.4 por ciento. De los vehículos de cuatro ruedas registrados al 31 de diciembre del 2021, el 20.3% correspondía a la categoría automóviles, el 11.0% a jeeps y el 12.9% restante correspondía a vehículos de carga, autobuses, entre otros. La mayor parte de los vehículos están registrados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, consigna un informe de la Dirección General de Impuestos Internos. El Departamento de Estudios Económicos de la DGII elabora cada año un estudio sobre el Parque Vehicular del país, que en la versión del año 2021 dice que el 66.4% del parque vehicular pertenece a personas físicas, mientras que el 33.6% restante es propiedad de personas jurídicas. “Si categorizamos por género, observamos que el 77.3% pertenece al género masculino, mientras que el 22.7% al género femenino”, dice el informe. Por origen, el parque vehicular dominicano es mayoritariamente asiático, con Japón y Corea como los mayores suplidores, excluyendo la categoría motocicletas. Según el estudio de la DGII, el 62.9 % de las unidades que constituyen el parque vehicular dominicano son japoneses, seguidos por los coreanos con una participación de 13.1%, los de origen estadounidense en tercer lugar con 11.5%. Siguen los europeos con 6.6% y los vehículos de otros orígenes que representan el 5.9%. El informe destaca que según la preferencia de color, el gris, el blanco y el azul son los más predominantes para el caso de los automóviles, con una participación de 22.3%, 22.4% y 13.2% respectivamente. En cuanto a los jeeps, los colores más predominantes son el blanco, gris y negro, con participaciones de 27.0%, 19.9% y 16.7%, respectivamente. En cuanto a la edad del propietario, del total de vehículos registrados a nombre de personas físicas, el 31.2% se concentran en personas cuyo rango de edad esta entre 56 o más años, el 24.6% a personas cuya edad se encuentra entre 46 y 55 años, el 24.3% a los que se encuentran entre 36 y 45 años, el 17.5% a personas que tienen entre 26 y 35 años y el restante 2.3% a los menores de 25 años. Al categorizar el parque vehicular según tipo de vehículos, al cierre del año 2021, según el informe, observó que las motocicletas presentaron un mayor crecimiento en términos absolutos con 179,133 nuevos registros, para un incremento de 6.6% con respecto al año anterior. En segundo lugar quedaron los jeeps con un aumento de 52,190 nuevas unidades para un incremento de 10.1%, luego les siguen los automóviles con un aumento de 51,113 para un crecimiento de 5.1 %. De la cantidad total de vehículos de motor registrados a diciembre de 2021, el 55.8% corresponde a motocicletas, el 20.3% a los automóviles, los jeeps con una participación de 11.0%, los vehículos de carga con 9.3% y el 3.6% restante se distribuye entre autobuses, máquinas pesadas, volteos y otros. Para el año 2021, el total de vehículos registrados en el parque vehicular de República Dominicana ascendió a 5,152,448. Los vehículos con año de fabricación de más de 5 años representan el 89.8%. Mientras que la cantidad de vehículos correspondientes a 5 años o menos de antigüedad o fabricación, rango del 2018-2022, representa el 10.2% (ver cuadro 2.9.1). Al clasificar el parque vehicular por provincia, el 57.1% está distribuido entre el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y La Vega. El restante 42.9% está ubicado en las demás provincias que conforman el territorio nacional. Del total de automóviles registrados al 2021, el 31.6% pertenece al Distrito Nacional, el 25.9% a Santo Domingo, el 11.6% a Santiago de los Caballeros y el 30.9% restante a las demás provincias.En cuanto a los autobuses, el 30.0% del total está ubicado en el Distrito Nacional, el 26.6% en Santo Domingo, el 7.5% en Santiago de los Caballeros y el restante 35.9% se encuentra distribuido entre las demás provincias. Con respecto a los jeeps, el 26.5% se encuentra en el Distrito Nacional, el 20.8% en Santo Domingo, el 13.6% en Santiago de los Caballeros y el restante 39.1% se encuentra distribuido entre las demás provincias. En cuanto a las motocicletas, el 25.5% del total están ubicadas en el Distrito Nacional, el 11.7% en Santo Domingo, el 6.7% en La Vega, el 5.6% en Santiago de los Caballeros, el 5.4% en San Cristóbal y el 47.0% restante está en las demás provincias. El total de motocicletas registradas ascendió a 2,874,590. El 0.46% corresponde a las del año de fabricación 2022; el 2.31% a las del año 2021; el 58.5% corresponde al período 2001-2020 y el restante 38.7% se concentra en el año 2000 y los anteriores a éste. El país tiene en total un millón 45 mil 414 carros En cuanto a los automóviles registrados en el parque vehicular, estos ascendieron a 1,045,414 de los cuales el 0.05% fueron fabricados en el 2022, 0.15% en el 2021, el 47.8% entre los periodos 2001-2020 y el restante 51.9% se concentra en el año 2000 y los anteriores a éste. El total de jeeps registrados en el parque vehicular ascendió a 569,102, y el 0.68% corresponde a los de año de fabricación 2022; el 1.29% a los de 2021; el 81.7% corresponde a los jeeps cuyo año de fabricación se encuentra en el período 2001-2020 y el restante 16.3% se concentra en el año 2000 y los anteriores a éste. Los vehículos de carga registrados al 2021 ascendieron a 477,365. Los que corresponden al año de fabricación 2022 representan el 0.92%; el 0.82% a los del año 2021; el 45.6% corresponde al período 2001-2020 y el restante 52.6% concentra el año de fabricación del 2000 y los anteriores a éste. Por otra parte, el stock de autobuses registrados ascendía a 117,803. El 0.17% corresponde a los del año de fabricación 2021 y 2022; el 53.6% al período 2001-2020 y el restante 46.3% se concentra en el año 2000 y los anteriores a éste. https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/rd-sumo-310081-unidades-a-su-parque-vehicular-en-2021/

Día Nacional del Árbol, insta proteger bosques que garantizan el agua

SANTO DOMINGO.-El Día Nacional del Árbol que se conmemora este jueves 5 de mayo, pone de relieve el importante rol que juegan los ecosistemas boscosos, dados sus múltiples beneficios, y encuentra al país con una cobertura boscosa de un 42 por ciento de su territorio. “Los árboles regulan el ciclo del agua, ayudan a recoger y almacenarlas dentro del ciclo de lluvias, producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión y mantienen los ríos limpios”, detalló Máximo Aquino director de Bosques y Manejo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El botánico destaca que los árboles captan agua para los acuíferos, reducen la temperatura y generan nutrientes para el suelo, sirven de hábitat a otras especies, son fuente de recursos para el hombre, alimentos, fibras, maderas y medicinas. Igual, los ecosistemas forestales disminuyen el efecto invernadero a través de la fijación o captura de carbono y la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal. Garantía agua De ahí la alta prioridad del Ministerio de Medio Ambiente para que el país sea cada vez más cubierto de árboles garantizando así el recurso agua y con él la vida y seguridad alimentaria. “El árbol se puedes definir como una planta de troncosa, leñosa, gruesa y elevada que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Es un reino cuya información genética le faculta para desarrollarse, producir madera y crecer”, dijo Aquino. Medio Ambiente celebra el día del árbol con un llamado a crear conciencia ambiental e impulsando jornadas de plantaciones a nivel nacional, en coordinación con sus Direcciones Provinciales, instituciones públicas y privadas y ONG, escuela públicas y colegios, y promoviendo educación ambiental en zonas rurales y urbanas sobre la importancia de plantar árboles Acciones puntuales A través de la estrategia de desarrollo forestal, trabaja en la protección de los ecosistemas forestales vía programas definidos de manejo sostenible y de reforestación, teniendo como meta repoblar unas 8,000 hectáreas anual. “Trabajamos plantando unos 11 millones de árboles por año en cuencas hidrográficas prioritarias y tenemos bajo manejo forestal sostenible unas 64,600 hectáreas, que contribuyen al desarrollo y conservación del bosques y al incremento de los beneficios económicos y social de las comunidades involucradas”, precisó el funcionario. Mundial — Conmemoración El Día Mundial del Árbol fue instituido por el Congreso Forestal Mundial, en Roma en 1969, estableciendo esta celebración anual los 28 de junio. Empero, cada país ha instituido el Día Nacional del Árbol, durante la primavera, https://eldia.com.do/dia-nacional-del-arbol-insta-proteger-bosques-que-garantizan-el-agua/