viernes, 19 de marzo de 2021

El maltrato de ancianos


 El maltrato y el abuso puede sucederle a cualquier persona, sin importar la edad, el sexo, la raza, la religión, o el origen étnico o cultural de la persona. Cada año, cientos de miles de personas mayores de 60 años son maltratadas, abandonadas o económicamente explotadas. A esto se le llama maltrato o abuso de ancianos.

El maltrato de ancianos puede ocurrir en muchos lugares, incluso en el hogar de la persona mayor, en la casa de un familiar, en un lugar de vivienda asistida o en un hogar de ancianos. El maltrato a las personas mayores puede darse por parte de familiares, desconocidos, proveedores de atención médica, cuidadores o amigos.

Tipos de maltrato y abuso

Hay muchas formas de maltratar o de aprovecharse de las personas mayores:

  • El maltrato físico ocurre cuando alguien ocasiona algún daño corporal a la persona mayor al golpearla, empujarla o abofetearla. También puede ocurrir cuando se sujeta contra su voluntad, como encerrarla en una habitación o atarla a un mueble.
  • El maltrato emocional, a veces llamado maltrato psicológico, puede ocurrir cuando la persona que cuida a una persona mayor le dice palabras hirientes o humillantes, le grita, la amenaza o la ignora repetidamente. Otra forma de maltrato emocional es cuando se le impide a esa persona ver a familiares y amigos cercanos.
  • La negligencia ocurre cuando la persona que cuida a alguien mayor no responde a sus necesidades, ya sean físicas, emocionales o sociales. O bien, si no le da sus alimentos, medicamentos o impide su acceso a atención médica.
  • El abandono ocurre cuando se deja sola a una persona mayor que necesita cuidados, sin hacer arreglos para que alguien atienda a sus necesidades.
  • El abuso sexual ocurre cuando el cuidador de una persona mayor la obliga a presenciar o ser parte de actos sexuales.
  • El abuso financiero ocurre cuando alguien se roba el dinero o las pertenencias de una persona mayor. Esto puede incluir la falsificación de cheques, el cobro de la pensión o jubilación o de los beneficios del Seguro Social, o bien, el uso de las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de otra persona sin su permiso. Esto también incluye el cambio de nombre en un testamento, una cuenta bancaria, una póliza de seguro de vida o el título de una casa sin el permiso adecuado.

¿Quiénes son víctimas de maltrato y abuso?

La mayoría de las víctimas son mujeres, pero esto también les sucede a algunos hombres. Las personas mayores que tienen más probabilidad de ser víctimas de abuso y maltrato son las que no tienen parientes o amigos cerca y las que tienen discapacidades físicas o problemas de memoria o demencia.

Aunque le puede suceder a cualquier persona mayor, a menudo aquellas que dependen de otros para que les ayuden con actividades de la vida diaria, incluso bañarse, vestirse y tomar medicinas, son las más afectadas. A menudo se abusa de las personas más frágiles porque parecen ser víctimas fáciles.

Asuntos Financieros

El abuso financiero es un problema generalizando que es difícil de detectar. Hasta personas que nunca ha conocido pueden robar su información financiera por teléfono, Internet o correo electrónico. Tenga cuidado al compartir cualquier información financiera por teléfono o en línea, pues no sabe quién la usará.

Además del robo del dinero o de las pertenencias de una persona mayor, el abuso financiero también incluye:

La negligencia financiera, que ocurre cuando se ignoran las responsabilidades financieras de un adulto mayor, como pagar el alquiler o la hipoteca, sus gastos médicos o el seguro, las facturas de servicios públicos o los impuestos a la propiedad, y las facturas personales.

La explotación financiera, que es el uso indebido, la mala administración o la explotación de la propiedad, las pertenencias o los bienes de la persona mayor. Esto incluye el uso de sus activos sin su consentimiento, con engaños o mediante la intimidación o manipulación.

Un fraude en el sistema de atención médica, que lo pueden realizar los médicos, el personal del hospital u otros trabajadores de la salud, lo que incluye cobrar de más, facturar dos veces por el mismo servicio, falsificar reclamos de Medicaid o Medicare, o cobrar por una atención que no se brindó. Los adultos mayores y los cuidadores deben estar atentos a este tipo de fraude.

Como determinar si alguien está siendo maltratado o abusado

Es posible que observe indicios de maltrato, abuso o negligencia cuando visite a una persona mayor en su casa o en un establecimiento que brinda cuidados a los ancianos. Puede notar que la persona:

  • deja de participar en actividades que disfruta;
  • se ve descuidada, con el cabello sin lavar o la ropa sucia;
  • tiene dificultad para dormir;
  • ha perdido peso sin motivo;
  • está retraída o actúa agitada o violenta;
  • muestra señales de trauma, como mecerse hacia adelante y hacia atrás;
  • tiene moretones, quemaduras, cortes o cicatrices inexplicables;
  • tiene los anteojos o los marcos de los lentes rotos, o señales físicas de haber sido castigada o atada;
  • presenta úlceras por presión u otras afecciones prevenibles;
  • carece de aparatos médicos que necesita (anteojos, andador, dentadura postiza, audífonos, medicamentos);
  • tiene un aviso de desalojo por no pagar el alquiler, un aviso del pago tardío de la hipoteca o de desalojamiento de su casa
  • vive en condiciones peligrosas, inseguras o sucias;
  • muestra indicios de cuidados insuficientes o facturas no pagadas a pesar de contar con suficientes recursos financieros.

Si ve indicios de abuso, intente hablar con la persona mayor para averiguar qué está pasando. Por ejemplo, el culpable puede ser otro residente y no alguien que trabaja en el hogar de ancianos (en inglés) o en el lugar de vivienda asistida (en inglés). Lo más importante es obtener ayuda o denunciar lo que observe a los servicios de protección de adultos. No es necesario que demuestre que se está cometiendo un abuso. Los profesionales investigarán el caso.

¿Quién puede ayudar?

El maltrato de las personas mayores no dejará de ocurrir por sí solo. Es necesario que alguien lo enfrente y brinde ayuda. Muchas personas mayores se sienten demasiado avergonzadas como para delatar el abuso. O bien, tienen miedo de que si lo hacen, la persona que los abusa se enterará y el abuso empeorará.

Si piensa que están maltratando o abusando a alguien que usted conoce, ya sea física, emocional o financieramente, hable con esa persona cuando los dos estén a solas. Usted podría decirle que piensa que algo no anda bien y está preocupado. Ofrezca llevarla a algún lugar donde pueda obtener ayuda; por ejemplo, a una agencia local de servicios de protección de adultos.

Muchas agencias de servicios sociales locales, estatales y nacionales pueden ayudar con problemas de abuso emocional, legal y financiero.

La Administration for Community Living tiene un centro para el abuso de ancianos llamado National Center on Elder Abuse dónde puede averiguar cómo denunciar el maltrato o abuso, obtener ayuda y aprender sobre las leyes estatales que tratan sobre el abuso, el maltrato y la negligencia. Para obtener más información, visite https://ncea.acl.gov (en inglés con algunas publicaciones en español). O bien, llame al localizador de servicios para personas mayores Eldercare Locator de lunes a viernes al 800-677-1116.

La mayoría de los estados exigen que los médicos y los abogados denuncien el maltrato a los ancianos. Los familiares y los amigos también pueden denunciarlo. No espere, ¡hay ayuda disponible!

Si cree que alguien está en peligro inminente, llame al 911 o a la policía de su localidad para obtener ayuda de inmediato.

¿Cuáles son los efectos a largo plazo del maltrato y el abuso?

La mayoría de las heridas físicas sanan con el tiempo, pero el maltrato de ancianos puede provocar una muerte prematura, perjudicar la salud física y psicológica, destruir lazos sociales y familiares, y causar pérdidas económicas devastadoras, entre otras cosas.

Cualquier tipo de maltrato o abuso puede dejar a la persona que lo recibe sintiéndose temerosa y deprimida. A veces, la víctima piensa que el maltrato es culpa suya. Las agencias de servicios de protección de adultos pueden sugerir grupos de apoyo y consejería que pueden ayudar a sanar las heridas emocionales que resultan del maltrato.

Lea sobre este tema en inglés. Read about this topic in English.

Para más información

Eldercare Locator
(Localizador de Servicios Para Personas Mayores)
800-677-1116 (línea gratis)
eldercarelocator@n4a.org
https://eldercare.acl.gov (en inglés)

Consumer Financial Protection Bureau
(Oficina para la Protección Financiera del Consumidor)
Office for Older Americans
(Oficina para Estadounidenses Mayores)
855-411-2372 (línea gratis)
855-729-2372 (TTY/línea gratis)
olderamericans@cfpb.gov
www.consumerfinance.gov/practitioner-resources/resources-for-older-adults/ (en inglés)
www.consumerfinance.gov/es (en español)

National Adult Protective Services Association
(Asociación Nacional de Servicios de Protección de Adultos)
202-370-6292
www.napsa-now.org/ (en inglés)

National Center on Elder Abuse
(Centro Nacional sobre el Abuso de Ancianos)
855-500-3537 (línea gratis)
ncea-info@aoa.hhs.gov
https://ncea.acl.gov (en inglés)

National Domestic Violence Hotline
(Línea Nacional contra la Violencia Doméstica)
800-799-7233 (línea gratis, 24/7)
800-787-3224 (TTY/línea gratis)
www.thehotline.org/get-help  (en inglés)
http://espanol.thehotline.org (en español)

National Elder Fraud Hotline
(Línea Nacional contra el Fraude a Ancianos)
833-372-8311 o 833-FRAUD-11 (línea gratis)
https://stopelderfraud.ovc.ojp.gov (en inglés)

U.S. Department of Justice
(Departamento de Justicia de los Estados Unidos)
202-514-2000
800-877-8339 (TTY/línea gratis)
elder.justice@usdoj.gov
www.justice.gov/elderjustice (en inglés)
www.justice.gov/elderjustice/roadmap (en inglés)
www.justice.gov/elderjustice-espanol (en español)
www.justice.gov/elderjustice-espanol/abuso-financiero (en español)

El Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés), parte de los Institutos Nacionales de la Salud, ofrece la información contenida en este documento, la cual ha sido revisada por sus científicos y otros expertos para asegurarse de que sea precisa y esté actualizada.


Maltrato y abuso de las personas mayores

 




LA historia de Gerardo

Gerardo, quien tiene 73 años, tuvo un derrame cerebral que lo dejó incapacitado para cuidarse por cuenta propia. Su hijo se ofreció a ayudarlo y Gerardo se mudó con él y su familia. Pero el hijo y la nuera de Gerardo trabajaban todo el día y estaban ocupados con sus hijos por las noches. Gerardo odiaba ser una carga para ellos y trataba de cuidarse a sí mismo.

Un día, Carmen, una amiga de Gerardo, vino a visitarlo. Se sorprendió al ver que tenía manchas de comida en su ropa y llagas en los talones. Además, su habitación olía a orina. Gerardo parecía deprimido y retraído y no se parecía en nada al hombre alegre y ocurrente que había sido su amigo durante tantos años. A Carmen le preocupaba que la familia de Gerardo lo estuviera descuidando.

https://www.nia.nih.gov/espanol/abuso-personas-mayores

Cañeros dicen fueron "estafados y burlados" con promesas de pensiones que no han recibido

 


Santo Domingo,R.D.-“Abinader no y no ha cumplido a cañeros”,  se leía en una cartelón con el que los trabajadores cañeros protestaron frente al Palacio Nacional, tras asegurar que se han sentido estafados por parte del Gobierno ya que de 1,610 personas que debieron ser pensionadas, solo 295 fueron incluidos y de esas 39 personas ya han fallecido.

Jesús Núñez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros y vocero, dijo que la Dirección General de Jubilaciones los ha engañado con respecto a las pensiones y que las promesas del presidente, Luis Abinader han quedado sin cumplirse.

“Pero nos burlaron, nos engañaron, nos estafaron y por eso los trabajadores cañeros continuamos en pie de lucha”, dijo Núñez.

Aseguró que ya los cañeros llevan 14 manifestaciones frente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones pero que a partir de hoy, además de protestar en las afueras de esa institución los lunes, los viernes estarán frente a la casa de gobierno.

Enfatizó que todos los pensionados fueron dominicanos y que a los haitianos que trabajaron en los ingenios, y que están regularizados, también les toca su pensión.

Los trabajadores cañeros cumplieron en tal sentido hay que cumplir con ellos, no se puede atacar los derechos adquiridos de los trabajadores cañeros, denunciamos que de parte de pensiones hay una intensificación de política racista y discriminatoria porque los 295 trabajadores cañeros que fueron pensionados todos son dominicanos, no hay inmigrante haitianos, y dentro de la ley todos somos iguales”, refirió.

Aseguró que la institución alega que las pensiones no han salido por falta de documentaciones pero dijo que esos fundamentos no son validos ya que a todos los trabajadores se les descontaba seguro social porque estaban legal en el país.

“Todos  los gobiernos siempre dicen que faltan documentaciones, los trabajadores cañeros están aquí documentados porque vinieron con contratos de trabajo establecido entre Haití y la República Dominicana, a ningún ilegal se le descuenta seguro social y las cotizaciones de los cañeros están en sus manos, una cotización es un comprobante de pago que le daba a ustedes”, dijo.

https://listindiario.com/la-republica/2021/03/19/661954/caneros-dicen-fueron-estafados-y-burlados-con-promesas-de-pensiones-que-no-han-recibido

martes, 16 de marzo de 2021

Ve pacto eléctrico hace al sector más eficiente

 



SANTO DOMINGO,R.D.-El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) consideró que el pacto eléctrico cuenta con suficiente legitimidad, dada la cantidad de actores que lo suscribieron, para alcanzar los objetivos de un sistema eléctrico eficiente cumpliendo los compromisos de ese acuerdo y el marco legal existente.
Roberto Herrera planteó, además, que la puesta en marcha de un plan indicativo para el crecimiento de la distribución, generación, la ampliación planificada de la transmisión y el fortalecimiento comercial y financiero de las empresas distribuidoras de electricidad, así como la rendición de cuentas, y la libre competencia son puntos claves en el cumplimiento del Pacto Eléctrico.
El tema fue abordado durante un conversatorio virtual organizado por la ADIE.
Participaron en el mismo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte; el superintendente de Electricidad, Rafael Velazco; el presidente del Consejo Económico y Social
Rafael Toribio y el gerente general del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico, Manuel López San Pablo, entre otros.
Para los especialistas, el plan de expansión debe ser integral, incluyendo no solo la generación y distribución, sino también la transmisión para garantizar su crecimiento de acuerdo con el aumento de la demanda.
El ministro de Energía y Minas indicó que el pacto representó el acuerdo y consenso que permitirá cumplir con los procesos de expansión, introducción de energías renovables y regulaciones más estrictas para una transformación hacia la eficiencia del sistema eléctrico.

https://elnacional.com.do/ve-pacto-electrico-hace-al-sector-mas-eficiente/

Alianzas público-privadas bajo lupa

 


Emmanuel Esquea, brillante jurista, tiene una tarea económica que dilucidar. Le echaron la cuaba investigativa del peaje sombra y él no es economista.
Jurídicamente todo fue perfecto. Fue un acuerdo alianza publica/privada de autopista, un contrato de garantía, con un sector licitado que se arriesgaba a invertir y quería su tasa interna de retorno asegurada como cualquier banquero y el Dr. Esquea no puede impugnarlo hoy, pero puede reportar económicamente, mucho. ¡Ah,! dirá, «pingues beneficios para el privado a costa de peaje al pueblo por obra que costo cheles, y fue sobre dimensionada y se paga en millones de pesos hoy».

El contrato firmado por el Estado Dominicano asumió la responsabilidad de garantizar al consorcio un ingreso mínimo durante la explotación del proyecto para mantener la tasa de retorno aplicable a los resultados financieros del proyecto.

Por lo tanto, se acordó que el Estado asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo Garantizado o Peaje Sombra,

A este tipo de acuerdo le llaman Alianza Público-Privada. Un experimento que regularmente beneficia a los del sector privado y castiga a quienes pagan los impuestos. Esta situación comienza a verificarse durante el periodo 2012-2017.

Mire el caso.
Al registrarse el consorcio carretero Este, hemos tabulado sin auditar que han recibido 324.8 millones de dólares por el peaje sombra, equivalente al 146 por ciento de la inversión original. Gran negocio.

¿Por qué las asociaciones público privadas (APPS) no funcionan ?

Porque no hay seguimiento, ni transparencia y todas deben evaluarse anualmente.
Carretera Sombra:

Son 106.6 kilómetros, de beneficio por asociación publica privada y se construyó con cuatro estaciones de peaje (Marbella, Naranjal, Guaraguao y El Catey) a un costo de 151.8 millones de dólares, a los precios de 1999.

Para establecer la participación del Estado Dominicano y el consorcio Autopista del Nordeste, en el proyecto vial, ambas partes aportarían 25 millones de dólares cada uno, cash, o en especies, y el resto fue agenciado por un financiamiento de 125.8 millones de dólares, colocados el 28 de febrero del 2007 en bonos corporativos a 20 años, a un interés anual de 9.39 por ciento.
Solo de intereses se han pagado 90 millones de dólares de esos bonos y desde 2008 RD$26,835 millones han sido pagado de sombra por Estado según libramientos y hoy le exigen RD$ siete mil millones por 2021, según sus cálculos.

La carretera Santo Domingo-Samaná fue inaugurada el 12 de diciembre de 2008. La expectativa económica y financiera de la obra se fundamentó en un estudio de demanda realizado por la firma norteamericana Louis Berger Group (LBG).

Ese estudio reveló que el Estado Dominicano tendría ingresos por impuestos y excedentes de peaje durante el período de concesión, esto es, 30 años de explotación, del 2008 al 2038, ascendente a 900 millones de dólares. Desafortunadamente, los resultados del referido estudio nunca fueron conciliados con la realidad, ya que la experiencia de los años posteriores muestran a un solo ganador, el consorcio Autopista del Nordeste, pues la tasa interna de retorno (TIR), le reportó un 25%.
Una exageración, estas obras dejan un 10% a lo sumo, o hubiéramos tomado todo en bonos al 9.3%

De acuerdo con el contrato firmado, el Estado Dominicano asumió la responsabilidad de garantizar al consorcio un ingreso mínimo durante la explotación del proyecto para mantener la tasa de retorno aplicable a los resultados financieros del proyecto.

Por lo tanto, se acordó que el Estado asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo o Peaje Sombra. Esto hace suponer que el Estado Dominicano, recibió informaciones inexactas con respecto al tráfico vehicular.

Si el peaje de la carretera de Samaná, lo disminuyen en 50% llegarían más autos, pero LBG no dijo eso.

Eso rompe esquema y se es pasible de abuso contable y fraude, LBG será demandado, espérelo, y a los que aprobaron el adefesio. Esa concesión es “una subvención pública a financiamientos privados con garantías estatales.”
https://almomento.net/alianzas-publico-privadas-bajo-lupa/

sábado, 13 de marzo de 2021

Día Mundial de los Derechos Consumidor

Por NAMPHI RODRÍGUEZ

 El  lunes, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha instituida por el Consejo de las Naciones Unidas a principios de la década de los ochentas para exhortar a las personas a asumir un papel activo en la exigencia de  productos de calidad y de un medioambiente sano.

Este año, la Universidad de la Amazonia, de Colombia, me ha honrado con un invitación para presentar la perspectiva dominicana sobre el tema que catapultó el célebre mensaje al Congreso del presidente estadounidense John F. Kennedy sobre los intereses de los consumidores.

El discurso de Kennedy se contextualizó en un escenario de creciente presión social de los movimientos de consumidores movidos por el aumento de la productividad de las empresas en los Estados Unidos y en la necesidad de crear una masa de consumidores capaz de absorber los bienes y servicios que generaba la economía.

 En la República Dominicana, la protección de los derechos de los consumidores es una materia relativamente reciente que se ha ido acendrando en la medida en que se consolida un régimen de economía social de mercado.

Nuestros primeros  atisbos legislativos de protección directa de estos derechos surgieron en 1951 con  la Ley 4451, que instituía el Comité Nacional de Control de Precios Máximos de Artículos de Primera Necesidad, durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.  Luego, en 1963, en el gobierno democrático de Juan Bosch, se aprobó la Ley 13, del 27 de abril de 1963, de protección a la economía popular y que creó la Dirección de Control de Precios, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio.

Dicha ley tuvo vigencia hasta principios de la década de los noventa, cuando el país suscribió los acuerdos que dieron paso a la Organización Mundial de Comercio (OMC), a partir de cuyo momento se empezó a modelar una economía social de mercado que ha inclinado  la balanza hacia la regulación del mercado, en vez de apostar al control de precios, propiciando un ambiente de competencia entre los agentes empresariales para mantener una política de precios equilibrada.

Pese a que desde mediados de los años noventa del siglo pasado en el país surgió un heterogéneo conjunto de normas sectoriales que hacían alusión  a los derechos de los consumidores y usuarios, no fue sino hasta el año 2005 cuando se  aprobó la Ley 358-05, de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario (LGPDCU), que dio paso a un verdadero marco jurídico general protectorio de los derechos de los consumidores y de los usuarios.

Como reacción a dicho proceso de la vieja Ley 13 del 27 de abril de 1963, de Control de Precios, se generó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que desembocó en la sentencia TC/0048/13 del 9 de abril de 2013, en la cual esa corte decidió que es atribución del legislador ordinario  modificar y derogar leyes, incluyendo, por supuesto, la regulación de ciertas actividades económicas. “En ese sentido, al derogar en el caso de la especie la Ley No. 13-1963, lo cual generó a su vez la desaparición de la Dirección de Control de Precios, el legislador de la Ley No. 358-05, articuló otros mecanismos eficientes y distintos a los anteriores para proteger los intereses de los consumidores o usuarios”.

Posteriormente, la Constitución del 26 de enero del 2010 otorgó la máxima jerarquía normativa a los derechos de los consumidores al elevarlos a rango de derechos fundamentales. En tal sentido, el artículo 53 de la Constitución  desarrolla el precepto constitucional de la siguiente manera:  “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

El artículo precedentemente está inserto en la Sección II del Capítulo I, de los Derechos Fundamentales,  en el contexto de los Derechos Económicos y Sociales, lo cual implica que estos derechos están blindados del sistema de garantías y tutelas que establece los artículos 68 y siguientes  de la Constitución, muy especialmente, el amparo constitucional.

Sin duda, que la inclusión de los derechos de los consumidores y los usuarios en ese catálogo constitucional y la vigencia de la Ley 358-05, coloca el sistema jurídico dominicano en un nivel de elevación notable, con lo que se crea el ámbito para el desarrollo de una doctrina y una jurisprudencia importante sobre la materia.

https://acento.com.do/opinion/dia-mundial-de-los-derechos-consumidor-8922594.html

viernes, 12 de marzo de 2021

Protagonismo y mezquindad estancan la Seguridad Social


 




SANTO DOMINGO,R.D.-La verdadera reforma a la Ley 87-01, no se producirá en nuestro país, hasta tanto los sectores que dicen representar la sociedad terminen por entender que la población está harta de insatisfacciones y decidan ponerse del lado de los ciudadanos que demandan buenos servicios de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales justos. 

Hay quienes en medio de este vendaval que se mueve en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), han querido tener protagonismo para ser simpáticos ante la población, no porque tengan vocación de servir a los más desprotegidos del sistema, sino porque eso les permite vigencia pública y la capacidad de maniobrar frente a las prestadoras de servicios. 

Si a ver vamos, la genuina y real defensa de los afiliados a la Seguridad Social, proviene fundamentalmente de las entrañas de la clase trabajadora que viendo cómo se les esfuman sus exiguos recursos en los copagos por consultas médicas y cuando se les agotan los RD$ 8,000.00 que reciben anualmente por medicamentos, tienen que hacer ingentes esfuerzos para seguir sufragando sus necesidades más perentorias.

Mientras la población se ha visto envuelta en ese círculo vicioso, del cual no ha podido salir durante 20 años, pese a todas las protestas e inconformidades externadas por la mayoría de los sectores contra la Ley 87-01, y anhela un cambio real en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en el Congreso y en los partidos políticos evaden asumir las responsabilidades que requieren las circunstancias frente al tema. 

Nos encontramos en el momento preciso de tomar las decisiones que ameriten una verdadera y abarcadora reforma a la Ley de Seguridad Social, y por lo tanto es necesario que los partidos políticos, el Congreso Nacional y los diferentes sectores que inciden en la vida nacional, incluyendo la Sociedad Civil, se pronuncien y fijen sus posiciones al respecto para que finalmente no haya dudas en torno a la modificación de la misma. 

La realidad palpable frente a la Seguridad Social ha sido la falta de sinceridad que han mostrado los sectores que tienen los medios y las capacidades para producir las reformas que demanda la sociedad y si estos no deciden cambiar de aptitud, de nada valdrá que se formen miles de Comisiones Bicamerales y de que se introduzcan proyectos y resoluciones que presionen la modificación de la Ley 87-01, que al fin y al cabo continúa yugulando a la mayoría de los dominicanos. 

En medio de este círculo vicioso, solo hemos visto como pequeño símbolo de cambio la renuncia del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, cosa que debió hacer desde que asumió el presidente Luis Abinader, pero todavía aún tenemos pendiente de que lo haga lo más pronto posible el Superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras, porque de lo contrario seguiremos en lo mismo y patinando en el lodo sin avanzar un centímetro hacia esperada reforma a la Seguridad Social. 

Esos funcionarios, debieron renunciar hace mucho tiempo por irresponsables e incapaces, porque teniendo un gobierno que controlaba el Congreso Nacional y todos los estamentos del Estado, como fue el de la gestión de Danilo Medina, no propiciaron una verdadera reforma a la Ley de Seguridad Social y ahora que no están en el poder que ostentó el PLD, quieren entorpecer toda posibilidad de avanzar hacia una posible modificación,  como debe producirse en el país, por necesidad y deseo de la mayoría de los dominicanos. 

https://almomento.net/protagonismo-y-mezquindad-estancal-la-seguridad-social/

martes, 9 de marzo de 2021

TSA admite recurso de amparo contra pacto eléctrico

 


Santo Domingo,R.D.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA), admitió un amparo sometido por el sector social, en contra de la firma del Pacto Eléctrico y fija audiencia para conocer de la referida acción, dirigida al Consejo Económico y Social, CES., entidad encargada de organizar las discusiones, consenso, concertación y firma de los pactos previstos en la ley 1-12, que instituye la estrategia nacional de desarrollo.

El amparo será conocido por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, en la modalidad presencial, bajo la dirección de su presidente, el magistrado Román Hiciano Berroa, a las 12 del mediodía, del próximo miércoles 10 de marzo, según Auto Núm.02043-2021.

Las entidades accionantes, compuestas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Asociación de Economistas Dominicanos (ANED), Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOOPE), Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (ADEPROCO), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Federación de Comerciantes Unión Económica, Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE), Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Articulación Nacional Campesina (ANC), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Hermandad de pensionados/jubilados de la C.D.E.E.E (HEPEJCODEEE), Red Urbano Popular (RUP), y la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), expresaron su confianza en que el tribunal acogerá su amparo y restablecerá la institucionalidad.

Las entidades agrupadas en el sector social, que por años participaron en las discusiones del pacto, fundamentan su amparo, en que fue excluyente y firmado de forma ilegal e ilegítima, sin haberse concluido, además de violatorio a los derechos fundamentales de los usuarios del sistema eléctrico, al debido proceso de ley, al debido proceso administrativo, este último como consecuencia derivada del derecho fundamental a la buena administración, a las leyes Nos. 107-13, 1-12, 142-15, respectivamente sobre los derechos y deberes de la administración frente a los administrados, la estrategia nacional de desarrollo y la que instituye el Consejo Económico y Social, así como la Constitución de la República.

Los abogados apoderados, Trajano Potentini y Heriberto Rivas, informaron que el amparo está dirigido a obligar al Consejo Económico y Social (CES), a restablecer, con la matrícula completa de los sectores integrantes del Pacto Eléctrico, las condiciones para concluir de conformidad con las leyes, la constitución y su normativa interna, las discusiones y posterior conclusión y firma del referido pacto.

Asimismo, explicó Potentini en rueda de prensa, celebrada en el observatorio de políticas públicas, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que también estarán sometiendo en calidad de interventores forzosos, a los ministros de la presidencia, Lisandro José Macarrulla Tavarez y Antonio Almonte Reynoso, de energía y minas, al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Manuel Taveras Guzmán, entre otras autoridades y empresarios que posteriormente serán anunciados, esto así por su participación y protagonismo en el proceso de discusión y lamentable firma del pacto.

Finalmente, los accionantes hacen un llamado al presidente, Luis Abinader y al señor Rafael Toribio, presidente del CES, para que salven el pacto, sometiéndolo a la legalidad e institucionalidad, restableciendo la esencia de la celebración del pacto, que lo es el consenso, la participación y la concertación, en un plano de igualdad de todos los sectores, los cuales convergen en la voluntad colectiva de una mejor gobernanza democrática.

TSA admite recurso de amparo contra pacto eléctrico | El Día (eldia.com.do)

viernes, 5 de marzo de 2021

Adultos sienten la vacuna como una inyección de vida

 


Gabriel Coplin
Santo Domingo, RD

Desde el primer día los adultos mayores de 70 años han dicho sí al Plan Nacional de Vacunación que inició el pasado 16 de febrero con el personal de salud.

Sin importar su condición de salud, desde tempranas horas de la mañana cientos de envejecientes asistieron a inocularse contra el Covid-19 en el Club Mauricio Báez y el Centro de Primer Nivel de Atención en Los Mina.

Muchos se hicieron acompañar por sus parientes, vecinos e incluso con sus empleados del hogar, otros asistieron solos.

Rostros llenos de esperanza, felicidad y alegría es el ambiente que se vivía en estos centros de vacunación.

En los diferentes centros de inoculación donde se les aplicaba el preparado chino del laboratorio Sinovac Biotech se cumplía con las distintas medidas de seguridad ante la incidencia del coronavirus y  contaban con un personal capacitado para la asistencia en caso de que algunos de los presentes necesitaran ayuda especial durante el proceso.

Con voz débil pero feliz, Melania Heredia de León, de 80 años, asistió al Club Mauricio Báez para inmunizarse. Heredia, quien perdió a algunos de sus familiares por el Covid-19, dijo que esa es su mayor motivación para vacunarse y protegerse.

“Todo esto fue un mal proceso y uno se siente mal y ya lo que nos queda es protegernos”, expresó Melania.

Asimismo, manifestó que “estoy como un trinquete”, como expresión de júbilo tras recibir el pinchazo.

Ella recuerda con brillante lucidez que desde la edad de ocho años se ha inmunizado y su primera dosis fue contra la tuberculosis.  En tanto, Gina Rodríguez y Diana González, quienes acompañaban a su madre y a su abuela de 84 y 90 años, afirmaron que los adultos mayores son los que más hay que cuidar en estos momentos, porque son vulnerables y aprovecharon para instar a las personas a no dejar solos a sus parientes envecientes.

“Yo acompaño a mi abuela porque es una envejeciente de 90 años y no puede venir sola, esta es su primera salida en todo el tiempo que tenemos en pandemia” agregó Rodríguez.

González, quien acompañaba a su madre, reiteró que su progenitora en todo momento ha estado en la disponibilidad de ponerse su vacuna.

Tomás Polanco, encargado de la jornada de vacunación en el Club Mauricio Báez,  informó que la jornada comenzó a las 8:00 de la mañana con disponibilidad para recibir a 400 envejecientes.

https://listindiario.com/la-republica/2021/03/05/659870/adultos-sienten-la-vacuna-como-una-inyeccion-de-vida

martes, 2 de marzo de 2021

El 30% de Botello: ¡Se debe tener mucho cuidado con eso!

 Por JOSÉ LINO MARTÍNEZ REYES

Al margen del privilegio leonino que esta ley le otorga a las instituciones bancarias, según el artículo 97 de la ley 87-01, el dinero de las AFP´s no es un dinero líquido y de circulación monetaria que está como una cuenta pasiva.

Me refiero a una ¨lucha¨ impulsada por el diputado por la provincia de la Romana, Pedro Tomás Botello Solimán, con escasamente 46 años, un político y profesional del derecho, inclusive, en 1997 fue ganador del premio nacional de la juventud  y dirigente clubistico de su ciudad natal, en fin un gran gestor social, que en su calidad de diputado, forma parte de la bancada del Partido Reformista, PRSC.

Sería en honra a su perfil de luchador social, que dicho diputado, desde pocos días de ser juramentado, puso en la agenda nacional el reclamo del 30% para que a través de una ley el congreso autorice a las AFP´s el desembolso del monto correspondiente a esta partida de la masa total de los que dichos afiliados tienen acumulados como fondos de sus pensiones. Y hasta ahí, suena muy bonito y de paso su lucha le ha generado un buen rating político que solo se consigue a través de las acciones populistas que abrazan causas sustentadas en sentimientos colectivos que se generan de un hecho eminentemente ¨perentorio para las masas¨ y que se venden como reivindicaciones justas, siendo estas simplemente burbujas demagógicas.

Dicho lo anterior, es justo ponderar que el reclamo del diputado Botello tiene que ver con los aportes acumulados llamados fondos de capitalización individual, que no es más que las partidas provenientes del aporte del financiamiento del Régimen Contributivo, el cual, según el artículo 13 de dicha ley, se financia mediante: a) Las cotizaciones y contribuciones obligatorias de los afiliados y de los empleadores), misma que se reporta al Sistema de Seguridad Social, a través de la Tesorería de dicho sistema a fin que se forme una masa financiar que se sustenta en 360 cotizaciones en un promedio de 30 años aportándosele.

Dicha masa se forma de valor total de descuento equivalente al diez por ciento (10%) del salario cotizable. El cual se sustenta; a) 2.88% a cargo del afiliado; b) 7.12% a cargo del empleador, quien a la vez circula de la siguiente forma, 8.0% destinado a la cuenta personal, o sea, la que corresponde al fondo de los afiliados, ya que el restante 2% se distribuye; 1) Un máximo de 1.0% para cubrir el Seguro de Vida del afiliado; 2) Un 0.4% destinado al Fondo de Solidaridad Social; 3) Un 0.5% para la comisión básica por la Administración de Fondos de Pensiones del Afiliado; y 4; Un 0.1% para financiar las operaciones de la Superintendencia de Pensiones.

De la dinámica distributiva anterior, por mandato del  artículo 35 de la ley que rige la materia, el sistema está obligado a cubrir la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia. Pero la lucha del diputado Botello es que se le entregue una 30% del dinero que los afiliados tienen acumulados para el tiempo de la vaca flaca, que es la vejez. Por lo tanto, el asunto no es tan simple como plantear una demanda popular, y más con la sed de dinero de la gente, lo cual sería lógico pensar que la misma tendrá adeptos hasta de afiliados que quizás sin tener vela en ese entierro, se enrolen en las protestas, sin saber sobre la realidad de recibir una pensión por vejez, más que es la protección del pensionado y de sus sobrevivientes y que se adquiere luego de que dicho afiliado haya acreditado; a) Tener la edad de sesenta (60) años y haber cotizado durante un mínimo de trescientos sesenta (360) meses; o b) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima, pero, la situación es más perentoria al analizar que el artículo 46 de dicha ley, establece que las pensión por discapacidad, propiamente dicha, opera de la siguiente forma; a) cuando el afiliado sufra una enfermedad o lesión crónica cualquiera que sea su origen. Se considerará discapacidad total, cuando reduzca en dos tercios su capacidad productiva, y discapacidad parcial, entre un medio y dos tercios; y b) Haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgos del trabajo de conformidad con la presente ley.

Ahora bien, este derecho tiene unos requisitos para poderse convertir en un derecho adquirido, según el artículo 50 de dicha ley, quien establece que el afiliado tendrá derecho a la pensión mínima en caso de cesantía por edad avanzada cuando quede privado de un trabajo remunerado y haya cumplido cincuenta y siete (57) años de edad y cotizado un mínimo de trescientos (300) meses. Pero, sin embargo, el afiliado cesante mayor de cincuenta y siete (57) años y que no haya cotizado un mínimo de trescientos (300) meses, se le otorgará una pensión en base a los fondos acumulados o podrá seguir cotizando hasta cumplir con el mínimo de cotizaciones para calificar para la pensión mínima por cesantía. En ningún caso la pensión por cesantía podrá superar el último salario del beneficiario. Y aquí yo pregunto, ¿Para dónde va un caballo cansado, si no tiene su yerbas aseguradas?

Lo dicho hasta aquí nos pinta un cuadro de cara al futuro de los afiliados, que de acuerdo al régimen contributivo, o sea el que hace dueño al afiliado-que no lo cotiza él solo, sino también que el empleador cotiza un 7.12%, y que se sepa, de un beneficio que no solo lo abarca a él, sino también, garantiza prestaciones a sus familiares, cuestión que a Botello se habría olvidado que ese derecho a la seguridad es un derecho constitucionalizado, que está amparado en el artículo 57 de nuestra carta magna en la sección I bajo el epígrafe de los derechos civiles y políticos, y que por efecto, ese asunto tiene un candado, amparado también en el artículo 57 de la Constitución Dominicana, que en su parte in fine, establece que el Estado garantizará los servicios de seguridad social integral (…), en ese mismo tenor el artículo 60 de la Carta Magna, establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social, y que el propio Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social (…) a fin de asegurar una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.

Entonces a la luz de lo planteado, Botello con su demanda convertida en proyecto de ley está obligando al propio Estado, siendo él una parte integral del mismo, debido a su condición de legislador, aprobar una ley que desmonte todo ese amparo que está planteado en dicho sistema. En ese afán populista, y aquí cabe una pregunta. ¿Y si a la masa total de la cuenta de capitalización individual en pleno trayecto de la acumulación que se logra por aportaciones, como vimos, 360 cotizaciones, o sea 30 años, se le saca un 30% que representa una tercera parte de las cotizaciones necesarias para recibir las pensiones, qué pasará con el destino final de los afiliados, que en honor a la verdad va a desmontar su plan que le garantiza una protección para su vejez?

Ahora bien, al margen del privilegio leonino que esta ley le otorga a las instituciones bancarias-, según el artículo 97 de la ley 87-01, el dinero de las AFP´s no es un dinero líquido y de circulación monetaria que está como una cuenta pasiva, sino que en su calidad de administradora de esos fondos, como las pensiones se adquieren luego de 30 años de servicios, con excepción de las correspondientes a enfermedades, accidentes laborales, esos fondo están, según lo autoriza el artículo 97 de la ley 87-01, invertidos en instrumentos financieros, tales como: a) Depósitos a plazo y otros títulos emitidos por las instituciones bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y las asociaciones de ahorros y préstamos reguladas y acreditadas; b) Letras o cédulas hipotecarias emitidas por las instituciones bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y por las asociaciones de ahorros y préstamos reguladas y acreditadas; c) Títulos de deudas de empresas públicas y privadas; d) Acciones de oferta pública; e) Títulos de créditos, deudas y valores emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales, empresas y entidades bancarias extranjeras o internacionales, transadas diariamente en los mercados internacionales y que cumplan con las características que señalen las normas complementarias; f) Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de la Vivienda, para el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas; g) Fondos para el desarrollo del sector vivienda; h) Cualquier otro instrumento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), previa ponderación y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos.

Por lo tanto, sacarle un 30% a esos fondos, además que trunca el goce y disfrute de las pensiones de las personas envejecientes, genera que ni los bancos ni el propio Estado, que también se nutre de préstamos de esos fondos, fácilmente, podrán dejar pasar una ley que desmonte prácticamente el Sistema Dominicano de Seguridad, en el hecho que si al monto acumulado de las cuentas de capitalización individual, se le saca un 30%, tendríamos implicaciones funestas para los afiliados, en el sentido, que una inmensa cantidad de estos,  que ya tendrían las 360 cotizaciones al sacarle ese porciento, sus pensiones se les irían de las manos. En el sentido, de que descompletarían todas las cotizaciones que ya les garantizaban sus prestaciones. Y más, sería como involucionar y producir una pesadilla o un círculo vicioso, y sería por consecuencia, volver a empezar, por el simple hecho que de una demanda populista se les entregue dicha partida, máxime que se sabe, por conducta social, que ese dinero se lo tragará la cultura de los gastos superfluos que en definitiva no se recuperan jamás. Por lo tanto, lo que se impone es fortalecer ese sistema y hacerlo menos onerosos para las bancas nacionales. ¡En efecto, Por lo tanto, ¡se debe tener mucho cuidado con esa demanda porque trastoca una prestación a futuro de los afiliados!

https://acento.com.do/opinion/el-30-de-botello-se-debe-tener-mucho-cuidado-con-eso-8918170.html