SANTO DOMINGO, R. D.- Al Gobierno de Danilo Medina lo que le interesa es un pacto eléctrico que lo legitime contra la Marcha Verde y contra el clamor de la gente que pide el cese de la corrupción y la impunidad.
Esa es la mirada cercana de Enrique de León, dirigente Comité Nacional Lucha Contra el Cambio Climático, quien participó en reuniones con el Consejo Económico y Social para la reforma del sector eléctrico.
Mientras el Consejo Económico y Social informa sobre ‘‘avances consensuados’’ para armar el borrador que elaborará el documento final de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, la sociedad civil se desvincula del proceso porque ‘‘los representantes del gobierno nos dijeron que no tenían indicaciones para hacer un compromiso con nuestras demandas’’
‘‘No llegarán al cumplimiento de la Ley General de Electricidad con Odebrecht. No van a rescindir del contrato de Punta Catalina, no van a expulsar a la empresa del país, como tampoco reembolsarán a los usuarios por los apagones, tal como lo establece la Ley’’, advierte De León.
Su organización junto a otras más que constituían el sector social se han retirado de la mesa de diálogo porque –tal como han señalado– no existe una discusión real. ‘‘El Gobierno y algunos empresarios lo que quieren es un perpetuar la corrupción’’.
La idea es que el gobierno quiere firmar un pacto eléctrico que lo conduzca hacia un pacto fiscal. El oficialismo está sumergido en una deuda y necesita cobrar más impuestos a la gente, pronostica De León.
Dice que algunos hoteleros e industriales ya han hecho este análisis, por lo que –entiende– no firmarán el tratado. ‘‘Yo veo muy compleja esa firma. Algunos sectores no firmarán por contradicciones con el Gobierno’’.
‘‘No reconocerán esa deuda’’
El activista social resalta que se está preparando un pacto eléctrico que no garantiza derechos contemplados en la Ley General de Electricidad no. 125-07, ni en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no. 1-12.
‘‘El pago por los apagones está contemplado en la Ley, como también lo está la rebaja a la tarifa de los usuarios’’.
Agrega que tampoco se va a cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia energética que busca disposición del Estado para sustituir los fósiles por fuentes de energía renovables.
Las líneas de acción trazadas para cumplir con el Artículo 35, programan, con el objetivo general 3.2, energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible
3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector.
3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecidos por las normas.
3.2.1.4 Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental en la generación eléctrica orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.
Licitaciones, corrupción desde las entrañas de la CDEE
De León denuncia que las licitaciones dirigidas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), bajo el batuta de Rubén Jiménez Bichara, son ‘‘amañadas’’.
Opina que las licitaciones necesitan veeduría social, que de hecho –sostiene- lo han propuesto, pero ‘‘ellos no quieren’’. Se refiere a entidades que representen los intereses sociales, más allá del gobierno y los empresarios.
‘‘No es la primera vez que se dan licitaciones como la de Punta Catalina. Aquí son todas amañadas. Pero no explotan los escándalos porque tapan todo, a menos que tenga trascendencia internacional, como el de Odebrecht’’.
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