SANTO DOMINGO,R.D.- El Comité Nacional de Lucha Contra el
Cambio Climático, CNLCC conminó al Congreso Nacional a que rechace de inmediato
el contrato de arrendamiento suscrito entre la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones
Industriales, S.A., CAEI,propiedad de la familia Vicini, sobre
los terrenos en los cuales se construyen las plantas de carbón de Punta
Catalina.
Manifestó que con este contrato el
Estado está abandonando su prerrogativa consignada en el artículo 51.1 de la
Constitución de la República, de declarar de utilidad pública o de interés
social estos terrenos, con la exclusiva finalidad de favorecer a los
propietarios de estos terrenos de manera lesiva contra el interés público de la
Nación.
El colectivo informó que el 15 de
marzo pasado, el primer vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez
Bichara le hizo entrega de copia de este contrato y sus anexos, respondiendo a
la solicitud que le formulara el colectivo en fecha 21 de febrero.
Señaló que con la entrega de estos
documentos culmina exitosamente la lucha para que la sociedad tuviera acceso a
los mismos que se inició el 14 de noviembre de 2014 con el depósito de recurso
de amparo de cumplimiento del derecho al libre acceso a la información pública,
ante del Tribunal Superior Administrativo.
El 15 de febrero de este año, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia
del Tribunal Superior Administrativo que rechazó el amparo incoado por el
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y otras
organizaciones, reconociendo el derecho de estas entidades a obtener estos
documentos tan pronto existieran.
“Estamos distribuyendo este contrato
y sus anexos a los medios de comunicación y a las entidades y organizaciones
interesadas para que los estudien, saquen sus propias conclusiones y se
pronuncien”, dijo.
Explicó que lo lógico y lo normal es
que una obra pública o una inversión de interés social se realice en terrenos
públicos, sobre todo si los valores involucrados, como es el caso de esta
construcción, sobrepasan los dos mil millones de dólares, lo que representa una
parte considerable de las rentas públicas.
“En vez de una compra de los terrenos
el gobierno optó por un arrendamiento a largo plazo de los mismos, el cual
constituye una solución jurídica mucho menos estable y mucho más peligrosa para
la seguridad de la enorme inversión pública hecha en este proyecto”, aclaro.
Afirmó que “dada la desmesurada
importancia económica de la inversión pública que será sembrada en esos
terrenos, cuya seguridad dependerá directamente de los términos del contrato, y
siendo este contrato un acto que compromete las rentas públicas, y siendo
además un instrumento que prevé y compromete a futuro la posibilidad del
traspaso de la propiedad de las plantas de generación eléctrica a favor del
propietario de los terrenos, si éstos así lo desean, es a todas luces un
instrumento contractual que debe ser sometido a la aprobación del Congreso
Nacional para su validez, y no lo ha sido”.
Cláusulas leoninas
Manifestó que además de supeditar los
intereses públicos a los derechos de propiedad de un particular que bastaría
para desistir de la vía contractual, este contrato contiene cláusulas leoninas
en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se
construye en esos terrenos.
Observó que el contrato es
prácticamente a perpetuidad, porque se establece una duración de 50 años,
prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y
definitivo.
Planteó que según este contrato, el
Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados cuando
solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados, con la eventualidad de que
el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas
posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario
de los terrenos.
Resaltó que la contratación se
realiza aunque pesa sobre estos terrenos una hipoteca convencional en primer
rango de 7 millones de dólares a favor del Banco del Progreso, propiedad
también de la familia Vicini, sin que exista ningún compromiso en el contrato
de liquidar esta hipoteca por parte de los propietarios de los terrenos. “Lo
lógico es que previamente a la firma del contrato fuera liquidada esta
hipoteca”.
Expuso que el contrato establece un
oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias
veces el valor de los terrenos en el trascurso de los 50 años de duración del
contrato.
Indicó que el pago de este canon es
en dólares que puede ser liquidado en pesos pero a la tasa del día, así como el
ajuste anual por inflación se hará en relación a la tasa de inflación de los
EUA.
“Estas cláusulas chocan con la Ley
Monetaria y Financiera que establece en su artículo 24 que el peso es la moneda
de curso legal y más realizándose esta contratación entre el Estado dominicano
y una empresa local en el territorio nacional”, apuntó.
El colectivo también denunció que
este contrato impone la capitalización de la mora, lo que es manifiestamente
contrario a la ley.
Se establece indemnización por daños
del carbón a los cultivos de caña de los Vicini
Reveló que el contrato impone una
indemnización al Estado en caso de que los residuos de las plantas de carbón
causen daños a la caña de azúcar orgánica de los alrededores propiedad de los
Vicini, consistente en US$36,375 por hectárea que será pagadera en un plazo no
mayor de 60 días.
“Esta cláusula es una contundente
admisión de que las plantas de carbón producirán daños a la agricultura y
a las personas de las comunidades aledañas, pero a la vez indigna que prevea
indemnización exclusivamente para los bienes de los Vicini y no para los de los
demás, especialmente en cuanto a los daños a la salud de la gente que vale
muchísimo más que la caña”, comentó.
Alegó que el contrato posee tres
cláusulas que amenazan los intereses públicos del proyecto de Punta Catalina.
La primera de estas cláusulas es que concede al propietario de los terrenos de
forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato a los tres años
en caso de incumplimiento de pago del arriendo.
“La segunda cláusula que atenta
contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos
tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la
reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se
paralicen las obras por más de cinco años. El designio ya adoptado, la
intención convertida en obligación, de asegurarle al propietario de los
terrenos la facultad y la vocación de llegar a ser el propietario de las
plantas, es evidente. Se les están construyendo de gratis dos plantas a los
Vicini”, agregó.
Igualmente, expresó, que al término
del contrato el propietario de los terrenos posee derecho sobre las mejoras y/o
la construcción realizadas, aunque este derecho no operará automáticamente,
sino mediante un mecanismo de negociación, pero en cualquier caso el
propietario será la primera opción de adquisición de las mejoras.
Contrato prueba la ilegalidad de la
licencia ambiental de Punta Catalina
Adujo que con la publicación de este
contrato, se comprueba la ilegalidad de la licencia ambiental otorgada a este
proyecto, porque el contrato de arrendamiento de los terrenos se firmó el 31 de
agosto de 2015, mientras que la licencia ambiental fue concedida el 26 de
agosto 2014, un año antes.
“El artículo 5to., párrafo 1ero. del
reglamento que rige la concesión de los permisos y licencias ambientales
dispone que no se recibirán expedientes incompletos de los solicitantes de
estos permisos y licencias, por lo que no era posible otorgarle licencia
ambiental a Punta Catalina sin que el proyecto no contara previamente con los
documentos que justificaran la relación del solicitante de la licencia con los
terrenos donde se construye la obra”, detalló.
Aclaró que todavía hoy este
expediente está incompleto y por tanto la licencia ambiental de Punta Catalina
es ilegal, aunque exista este contrato, porque aún éste no es definitivo hasta
que el Congreso Nacional lo ratifique.
“Desafortunadamente, un proyecto
llamado a llenar de luz al país, está plagado de escandalosas oscuridades por
todas partes”, sentenció.
COMITÉ NACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC
Declaración Pública,
Martes, 4 de abril de 2017
