miércoles, 5 de abril de 2017

AES prueba su planta de ciclo combinado

AES genera el 40% de la energía del país.

SANTO DOMINGO,R.D.- La empresa AES Dominicana informó que la nueva generadora Los Mina VII aportó sus primeras inyecciones de energía al sistema eléctrico, al ser sometida a su primera prueba.En un comunicado de prensa, AES dijo que el proyecto Conversión Ciclo Combinado, cumplió con un relevante hito de sincronizar y conectar por primera vez la nueva unidad Los Mina VII al SENI a las 9:13 PM del día 1 de abril en curso. La unidad estuvo inyectando 15 megavatios, sin ningún contratiempo y en condiciones confiables todo el tiempo que estuvo conectada al sistema, dijo.

“Esto representa un hito importante para este proyecto que ya se encuentra en su fase final, y que pronto estará en línea con una contribución permanente al SENI de 114 megavatios de energía limpia y más eficiente a la matriz energética del país, en base a gas natural”, expuso Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana. 

La nueva unidad Los Mina VII de la generadora Dominican Power Parnerts (DPP) es el resultado de la conversión a ciclo combinado, proyecto cuya construcción se inició en octubre de 2014 y se espera que la entrada total al sistema se produzca en los próximos días. “Ha sido un proyecto muy retador, lo más importante para nosotros es que hemos entrado en la fase final, sin ningún contratiempo de seguridad, y en cumplimiento de los plazos y el presupuesto previsto”, indicó Abraham Garrido, director del proyecto. Como resultado de este proyecto AES Dominicana ha invertido alrededor de dos millones de dólares en la comunidad de Los Mina. 

La conversión a ciclo combinado busca maximizar la eficiencia de esas generadoras y consiste en el aprovechamiento de los gases de combustión de las dos turbinas a gas existentes, a través de dos calderas recuperadoras de calor, que producirán vapor, que será utilizado para mover una nueva turbina para generar electricidad. Esta nueva turbina incrementará en 114 MW neto la potencia instalada del parque energético Los Mina, elevándola a 324 MW. -

www.elcaribe.com.do/2017/04/05/aes-prueba-planta-ciclo-combinado#sthash.cRITatUE.dpuf

Aumento salarial debió ser de un 53% en R.D.-

SANTO DOMINGO,R.D.- Fundación Juan Bosch señala que la protesta de COPARDOM es injustificada ya que el gran empresariado cada vez gana más a costa de los trabajadores.
El aumento de 20% al salario mínimo es lo básico que se podía pedir. Si  fuera realmente justo, el aumento debió ser de un 53%.
Basándose en la caída de un 18% de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores y de un incremento de la productividad del trabajo de un 51% entre 1999 y 2017, en el estudio de la Fundación Juan Bosch titulado RADIOGRAFÍA DEL TRABAJO ¿Trabajos dignos o empleos chatarras?, elaborado por  el cientista social Matías Bosch y el economista Airon Fernández, se señala que un aumento justo a los salarios mínimos debió haber sido de un 53%; esto es para compensar  a los trabajadores  por el deterioro del salario real y también retribuirlos por un tercio (1/3) del incremento de su productividad.
En tal sentido, los representantes del gran empresariado deberían estar satisfechos porque, en realidad, más bien salieron ganando del reajuste aprobado. Visto así, su molestia no tiene razón de ser.
Por estos motivos, la Fundación Juan Bosch afirma que el aumento aprobado en el Comité Nacional de Salarios, de un 20%, es lo básico que se podía pedir, y ayuda a los trabajadores dominicanos a apenas rozar el ingreso real que tenían en 1999, es decir hace 18 años. Si a eso se le suma que los trabajadores han estado produciendo cada vez más, con un ingreso cada vez menor, el aumento realmente justo debió ser de un 53% y en ese sentido los representantes del gran empresariado no deberían comportarse con intransigencia ni molestia ante un reajuste, a su parecer, menos que modesto. Visto así, la situación de los trabajadores se mantiene estancada en la condición de sobrevivencia.
Es importante decir que con el aumento aprobado de un 20%, los trabajadores dominicanos siguen sin poder cubrir el costo de la canasta familiar nacional o promedio, la cual asciende en la actualidad a RD$29,073. En este sentido, el ajuste acordado no ayuda a resolver la dramática situación de pobreza en que están la mayoría de los dominicanos ni es un paso contundente en pos de disminuir la gran desigualdad de ingresos, que actualmente es de 42 veces entre el 10% más rico y el 10% menos rico, según la CEPAL. En el referido estudio de la Fundación Juan Bosch, se llama la atención sobre cómo se despoja a los trabajadores, ya que, a nivel de la economía nacional, por cada 100 pesos que producía un trabajador en 1996, recibía 48 como remuneración principal; pero en 2015, un trabajador promedio sólo recibió 27 pesos como salario por cada 100 que produjo. Los empresarios cada vez reciben más y los trabajadores se quedan con menos.
Por otro lado, los autores Bosch y Fernández señalan que los cientos de miles de empleos creados en los últimos cuatros años y que ha sido celebrado por las autoridades y la clase política, se han generado en sectores poco productivos, que normalmente no requieren mano de obra calificada y donde los salarios distan mucho del costo de la vida, sobre todo en “otros servicios” y en comercio al por mayor y detalle. Y agregan que la cantidad de empleos que se ha generado en el último cuatrienio, ha sido insuficiente para reducir sustancialmente el desempleo, puesto que sólo ha servido para absorber el crecimiento natural de la población económicamente activa, por lo que la tasa de desempleo se redujo apenas 1.4% en cuatro años.
En el estudio se advierte que, si los trabajadores no se organizan y luchan decididamente por un aumento significativo de los salarios, en función del deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la productividad y el costo de la vida, “la brecha productividad-ingresos persistirá y seguirá ensanchándose, con los efectos negativos que esto supone sobre la pobreza y desigualdad.”
Por último, en el estudio se recomienda que una vez se acuerde el nuevo aumento salarial, “(..) el Estado establezca las negociaciones en el Comité Nacional de Salarios como un espacio de diálogo, pero que los salarios se fijen por ley, de manera  democrática y abierta, a través de la deliberación política, atendiendo a la evolución de las principales variables macroeconómicas, especialmente la inflación, la productividad y la pobreza; así como también, tomando en consideración el valor del capital de las empresas.”
Con un aumento del 53%, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado habrían quedado en: RD$19,747, para las empresas grandes; RD$13,576, para las medianas; RD$12,031, para las pequeñas; RD$16,659, para los vigilantes privados; y RD$409 por hora, para los trabajadores del campo.

http://eldia.com.do/si-fuera-realmente-justo-el-aumento-a-salario-minimo-debio-ser-de-un-53/

martes, 4 de abril de 2017

Ley 87-01. ¿Eliminar el Contributivo Subsidiado?

SANTO DOMINGO,R.D- Se toman importantes  iniciativas para modificar la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la cual fue promulgada el 9 de mayo de 2001.
Después de 16 años es muy razonable una revisión a fondo  de una ley fundamental del Estado dominicano y de toda la sociedad. Eso así porque  un Sistema de Seguridad Social tiene  el propósito de proteger a todas las ciudadanas y ciudadanos ante contingencias tan relevantes como aquellas asociadas, entre otras siete,  a la salud, jubilaciones y  riesgos laborales.
En su versión original la Ley 87-01 clasifica  por razones de financiamiento a toda la población dominicana en tres regímenes. Régimen Subsidiado, financiado por el Estado, Régimen Contributivo, financiado por los empleados y los empleadores y el llamado Régimen Contributivo-Subsidiado que debió ser financiado totalmente  por los afiliados ante la falta de los empleadores o parcialmente por el Estado para aquellos cuyos ingresos promedio estuviesen por debajo del salario mínimo.
Sucede que el Régimen Contributivo-Subsidiado nunca ha existido siendo la población estimada en más de 2 millones de dominicanas y dominicanos. Significa además que la Seguridad Social pierde con ello su carácter de sistema por cuanto no incluye a toda la población.
El problema que se ha planteado  con la más reciente versión de modificación de la Ley 87-01 es que se ha eliminado, mientras en la anterior versión  se creaba un nuevo régimen para sustituirlo, con la denominación de Régimen de Contribuciones Propias enfocado a quienes pudiesen cubrir todos los costos de la Seguridad Social, incorporando a los demás al Régimen  Subsidiado.
Eliminarlo no debería ser la solución,  dejando a su libre albedrío a tan amplia parte de la población. Eso así por cuanto el carácter de obligatoriedad en la afiliación a la Seguridad Social parte de la necesidad de resolver la llamada “miopía del ciudadano” pues se entiende que prever las potenciales contingencias a que se exponen las personas no es sólo una responsabilidad individual por cuanto- como sucede- cuando la persona no está en capacidad de afrontarla al final será una carga para el Estado y la sociedad. En  los Estados Unidos el seguro médico obligatorio que incluyó Obama y que Donald Trump se propone anular responde a dicho concepto. El propio Obama una vez comentó la experiencia de su madre que murió de cáncer  a los 56 años sin efectivas coberturas al carecer de un seguro médico.
La solución no es por tanto eliminar el Régimen  Contributivo Subsidiado o como se le llame, sino buscar fórmulas apropiadas, de lo contrario no sería un Sistema de Seguridad Social.

http://acento.com.do/2017/opinion/8446105-ley-87-01-eliminar-contributivo-subsidiado/

ADIE: hay energía para satisfacer demanda

SANTO DOMINGO,R.D.- La Asociación Dominicana de Industrias eléctricas (ADIE) reiteró que actualmente existe energía suficiente para satisfacer la demanda de los usuarios.
Explicó que en la semana del 27 de marzo al 2 de abril, la disponibilidad real del sistema que las empresas generadoras estuvieron dispuestas a entregar fue de 341,070.3 megavatios por hora.
Sin embargo, la demanda abastecida por las distribuidoras fue de 312,982.9 MW, dejando en reserva una oferta de 28,087.3 megas que no fue adquirida.
Las estadísticas de la ADIE fueron construidas con los datos suministrados por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (OC) y permiten demostrar que la oferta supera la demanda.

http://eldia.com.do/adie-hay-energia-para-satisfacer-demanda/

lunes, 3 de abril de 2017

Transporte : El Metro y la OMSA transportaron 102.5 millones de pasajeros durante el 2016




SANTO DOMINGO,R.D.- El sistema público de transporte, que opera mayoritariamente en el Gran Santo Domingo, movilizó el año pasado un volumen de 102.5 millones de pasajeros, un 72.97% de los cuales fue transportado por el Metro de Santo Domingo.

Los ingresos producidos por el servicio, que se ofrece a través del Metro de Santo Domingo y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), superaron en forma consolidada el valor de RD$1,800 millones, cifra aportada en más del 80% por el sistema de transporte ferroviario.

Las memorias del Metro de Santo Domingo y de la OMSA correspondientes al año 2016 muestran estadísticas ejecutadas y proyectadas de la cantidad de pasajeros movilizados y de los ingresos recibidos. En el caso del Metro las cifras reales son hasta el 31 de octubre, y las proyectadas en base a una media mensual de usuarios movilizados, fueron para los dos meses finales. La OMSA publicó cifras finales hasta noviembre y proyectó las de diciembre.

En forma individual, y según su proyección, el Metro movilizó 74.8 millones de pasajeros, con una recaudación de RD$1,483.4 millones, y la OMSA se encargó de transportar 27.7 millones, con valor recaudado de RD$340.0 millones.

Evolución
Los 78.4 millones de usuarios transportados por el Metro de Santo Domingo representaron un aumento de 12.5% respecto al año anterior. Y de ese volumen, el 62.05% fue movilizado a través de la Línea 1 y el restante 37.95% en Línea 2.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que es la dependencia responsable de la construcción y operación del Metro de Santo Domingo, destaca en su memoria que a pesar de promediar una demanda diaria de 239,178 usuarios en días laborables, el 2 de noviembre del 2016 se registró el mayor pico en la cantidad de usuarios transportados: 277,932.

Explica que las estaciones con mayor afluencia de usuarios son: Mamá Tingó con más del 17% del peaje de la Línea 1 y María Montez que mueve el 30% de los usuarios de la Línea 2.

El monto recaudado en la explotación de las líneas 1 y 2A del Metro de Santo Domingo al 31 de octubre del 2016 fue de RD$1,236.18 millones, correspondiendo a la Línea 1 la suma de RD$742.97 millones y a la Línea 2A RD$493.21 millones.

La OPRET dice que esos montos proyectados al 31 de diciembre del 2016 alcanzarían para las dos líneas un monto consolidado total de RD$1,483.4 millones.

Detalla que a partir de abril 2013 se puso en funcionamiento la línea 2 del Metro de Santo Domingo que recorre Santo Domingo en dirección Oeste-Este desde el km 9 de la Autopista Duarte hasta el Puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17).

Esta línea, en su extensión de 12.5 km, tiene 14 estaciones en intersecciones clave que agilizan la movilidad de los ciudadanos.

“Con la puesta en funcionamiento de Línea 2 el peaje mensual incrementó de 2,590,304 en abril 2012 a 4,901,756 usuarios en abril 2013, representando esto un aumento de un 89.23%”, dice la memoria. Expone que en estos últimos cuatro años el Metro de Santo Domingo ha movilizado 281,973,825 usuarios.

La OPRET también recauda por concepto de alquiler de locales comerciales en la estructura vial del Metro de Santo Domingo. Según consigna en la memoria del 2016, “la recaudación por alquiler de los locales comerciales” en el período comprendido desde el 1ro de enero al 31 de octubre del año 2016 alcanzó a RD$18.77 millones, valor que proyectado para el período completo arrojaría un acumulado total de RD$22.53 millones.

En tanto, la OMSA, desde enero a noviembre transportó 27,682,746 pasajeros, a una tarifa promedio de RD$11.24. El 92.5% de los pasajeros movilizados (25,596,2786) fue en el Gran Santo Domingo y el restante 7.5%, con volumen absoluto de 2,085,961 en la ciudad de Santiago, que es la otra región donde las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses operan. 
La cantidad de pasajeros transportados creció 3.8%
Según indica la OMSA, la institución propietaria de las unidades de transporte que operan en el Gran Santo Domingo y Santiago, el volumen de pasajeros transportados por sus buses creció a una tasa promedio mensual de 3.8%, pero que entre el volumen de enero (2,053,341) y el de noviembre (2,920,953) el incremento fue de 42.3%.

La tasa de crecimiento de la cantidad de pasajeros transportados en Santiago fue de 6.6%, casi el doble de la de Santo Domingo, que fue de 3.8%. El volumen de pasajeros transportados en los dos mercados generó ingresos ascendentes a RD$311.23 millones, para un promedio mensual de RD$28.29 millones.

La OMSA indica en su memoria que los pasajeros transportados en los 12 corredores que tiene la entidad en las ciudades de Santo Domingo y Santiago recibieron un subsidio de RD$10.00 y RD$15.00 por usuario. El “costo de mercado” por pasajero transportado fue de RD$57.00.


www.elcaribe.com.do/2017/04/03/metro-omsa-transportaron-1025-millones-pasajeros-durante-ano-pasado

Reglamento 013-17 sobre Solución de Controversias entre Usuarios y las Prestadorasde Telecomunicaciones

SANTO DOMINGO,R.D.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) acaba de publicar el nuevo reglamento 013-17 sobre Solución de Controversias entre Usuarios y las Prestadoras de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
En el nuevo reglamento el tema la vigencia plena de los derechos de los usuarios deja ver el refajo respecto de la renuencia del sector de telecomunicaciones a ponerse a la altura del artículo 53 de la Constitución que consagra esas prerrogativas.
Y para muestra basta un botón. El reglamento se ha abanderado con la posición de una parte de la doctrina de que a la luz del artículo 2 de la Ley de Proconsumidor esa norma general no surte eficacia respecto de la Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos.
Para esta parte de la doctrina se imponen los principios de especialidad de la competencia, especialidad normativa y temporalidad de la ley.
Ahí está el error de interpretación, porque la solución a esta clase de conflictos entre normas generales y sectoriales no está guiado por las reglas de la antinomias legales tradicionales, pues estamos ante un derecho fundamental (art. 53 de la Constitución), lo cual obliga a aplicar el principio de mayor favorabilidad.
Pero, además, el artículo 135 de la Ley de Proconsumidor prescribe que, “cuando se trate de casos que sean materia de las leyes sectoriales, el consumidor o usuario reclamará sus derechos con apego a los procedimientos establecidos en dichas leyes y sus reglamentos”, este procedimiento tiene prelación en tanto y en cuanto no viole los derechos que la ley general consagra a favor de los usuarios.
De ninguna manera se puede pretender hacer una interpretación de los derechos de los usuarios de servicios públicos regulados al margen de la Ley de Proconsumidor, pues ello afectaría el sistema de fuentes de los derechos de los usuarios.
La importancia de estos principios es cardinal, ya que el acento de muchas de las normativas sectoriales no está puesto en los derechos de los usuarios, sino en la obtención de utilidades por parte de las prestadoras de servicio.
Un caso es ilustrativo de lo que afirmamos. En el reglamento aprobado por el Indotel no se contempla la prohibición de abusividad de las cláusulas de los contratos por adhesión, bajo el argumento de que las relaciones contractuales de las partes están regidas por el Reglamento General de Servicio Telefónico.
Cuando se aborda dicho reglamento encontramos que no existen criterios objetivos que definan cuáles son las cláusulas abusivas (art. 5), ni las sanciones a ese tipo de cláusulas. Ante tal falencia, es natural que las disposiciones del artículo 81 y siguientes de la Ley de Proconsumidor, sobre los contratos por adhesión, suplan ese vacío normativo.

http://elnacional.com.do/nueva-norma-indotel/

domingo, 2 de abril de 2017

A mayor esperanza de vida, menor pensión pública!



Recientemente leía este interesante y detallado artículo escrito por Jaime Prats de El PAIS, sobre la esperanza de vida en España. El titular invitaba a leer con más profundidad el análisis sobre el cual los diferentes expertos argumentaban sus conclusiones. Es de sentido común: a medida que la ciencia y la medicina avanzan, vivimos más años gracias a las mejoras sanitarias y además lo hacemos con mejor calidad de vida. Ahora bien, que implicaciones tiene esto sobre nuestra pensión pública?
De la lectura del artículo, me quedaría con las siguientes afirmaciones:
  • En la segunda década del siglo XXI “el ritmo de aumento anual de la expectativa de vida se mantiene constante en torno a los tres meses y medio; de forma que cada cuatro años se gana uno”
  • De mantenerse la tendencia de los últimos años, la mitad de los niños que nacen ahora llegarán a los 100 años.  “A medida que crecemos, nos vamos beneficiando de las mejoras sanitarias que repercuten en el aumento de las expectativas de vida”. (según indica Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma De Barcelona ).
  • Hay quienes defienden que el límite de la expectativa de vida humana está cercano, aunque Esteve se alinea con demógrafos como el estadounidense James Vaupel, muy conocido por sus trabajos en la materia, más optimistas respecto a la extensión de los límites de la existencia humana. “Si durante los últimos 100 años hemos conseguido vivir unos 40 años más ¿Por qué no vamos a ganar otros 40 en el próximo siglo?”, se pregunta.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446948.html
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446948.html
Maravilloso!!! Podremos disfrutar más de nuestra merecida jubilación. Porque no imaginarnos a los 85 años, llenos de vitalidad y salud, recorriendo alguna capital europea o disfrutando del sol en una playa paradisíaca! Esperad, ahora que lo pienso, creo que en este sueño me falla una pequeña variable: ¿Estamos ahorrando lo suficiente para asegurarnos una óptima jubilación?
Si lo estoy haciendo, puede que deba replantearme los números y reajustar mi plan financiero, después de leer esta gran noticia sobre nuestra mejora en la esperanza de vida. Si no lo estoy haciendo, desde luego parece que el problema ha empeorado.
Como indicaba en un post anterior la insostenibilidad del sistema español de pensiones hace tiempo que se argumento por numerosos expertos en la materia. Para paliar parcialmente esta situación (digo parcialmente, porque todo apunta a que las medidas siguen siendo insuficientes) se puso en marcha la reforma del sistema de pensiones del año 2011.
Entre las principales modificaciones de la reforma destacan las siguientes:
  • Se aumenta de forma gradual la edad de jubilación de los 65 a los 67 años entre este año y 2027.
  • Se incrementa de 35 a 37 los años necesarios para poder cobrar la pensión máxima, de forma progresiva hasta 2027. Exceptuando aquellos trabajadores que con 65 años hayan cotizado más de 38 años y medio.
  • Se amplía de 15 a 25 años el período de cálculo las pensiones entre este año y 2022. Se mantiene en 15 años el periodo mínimo cotizado para tener derecho al 50% de la pensión
  • A partir de 2014 la revalorización de la pensión no se vinculará a la inflación, sino que se introduce el factor de revalorización (FRA), que tiene en cuenta tanto la evolución del IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social.
  • Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para las nuevas pensiones por jubilación. El FEI multiplica la pensión por un factor con el objetivo de tratar por igual a personas que habiendo cotizado lo mismo, van a percibir pensiones por un número diferente de años, por su distinta esperanza de vida.
En definitiva, una sucesión de medidas encaminadas todas ellas a rebajar el gesto en pensiones de la seguridad social y asegurar la estabilidad del sistema, pero ello tiene como consecuencia directa una rebaja de las pensiones futuras. Tanto el FRA como el FEI se constituyen como las variables que pueden tener un mayor efecto sobre la pensión futura.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2013/06/06/actualidad/1370543143_886927.html
Por último creo necesario añadir un efecto negativo adicional que este incremento en la esperanza de vida tendrá sobre nuestro planificación de una óptima jubilación. No se trata solo de la reducción de la pensión pública derivada de las modificaciones introducidas por la reforma del 2011. Debemos tener en cuenta también el efecto que este incremento de la esperanza de vida tendrá sobre nuestro esfuerzo de ahorro privado y sobre la prestación futura que del mismo podemos obtener.
Supongamos que en nuestra planificación del capital objetivo a acumular para la jubilación, hemos tenido en cuenta una esperanza de vida actual alrededor de los 83 años. Imaginemos, como indicábamos al principio del artículo, que en los próximos 20 años (cuando cumplamos los 67 años) la esperanza de vida estará en los 88 años. Es decir, habrá aumentado 5 años.
Si nuestro capital objetivo era de 117.615€ , vemos como esta variación en la esperanza de vida supone que nuestra renta mensual automáticamente caería  en unos 95€ al mes. En función de nuestra pensión pública, y de si poseemos o no otros ingresos alternativos, esa caída de ingresos mensuales puede resultar relevante.

http://elinversorpaciente.com/a-mayor-esperanza-de-vida-menor-pension-publica/

¿Quien me garantizará un óptimo nivel de vida en la jubilación?

Jubilación, nivel de vida

Cuando se debate respecto del futuro de la pensión pública y de la inestabilidad del sistema español de pensiones se hace en ocasiones de una manera un tanto técnica y de difícil comprensión por parte de los principales interesados (los futuros pensionistas). El objetivo del presente post es resumir algunas de las ideas e informaciones que considero de interés para focalizar las claves del problema, de su naturaleza estructural y sobretodo, de la necesidad de asumir ya nuestra responsabilidad individual para velar por la consecución de un óptimo nivel de vida para nuestra jubilación.
La evolución desfavorable de la demografía unida a la intensa crisis económica de los últimos años ha acelerado la desestabilización del sistema y por tanto la necesidad de realizar ajustes de calado. Uno de los datos más relevantes es la evolución esperada de la pirámide de población española en el 2050. Asistiremos a una pirámide invertida, en la que el gran envejecimiento de la población nos llevará a un ratio de pensionistas por persona en edad de trabajar de alrededor de 1.6, cuando en el año 2000 estaba en 3.6.
Fuente: "El reparto y la capitalización de las pensiones españolas", Fundación Edad y Vida. Junio 2013
Fuente: “El reparto y la capitalización de las pensiones españolas”, Fundación Edad y Vida. Junio 2013
Para todos aquellos interesados en profundizar en la materia, recomiendo la lectura del libro “El reparto y la capitalización en las pensiones españolas” elaborado por la fundación Edad & Vida en colaboración con el IESE y en el que participan expertos de primera línea.
De entre toda la documentación, estudios, análisis  y simulaciones que se realizan me he quedado con lo que a juicio de los autores podría definir los puntos principales del problema:
  • Pensiones excesivamente concentradas en un sistema de reparto.
  • El sistema de reparto es de prestación definida (todos los riesgos derivados de la evolución demográfica quedan en manos del sector público).
  • La evolución demográfica de los últimos años, lo ha hecho insostenible.
Creo que merece la pena observar y analizar detenidamente los siguientes gráficos, porque de forma muy intuitiva se puede entender la magnitud del problema y el carácter estructural del mismo.
En los últimos años hemos visto como el gobierno, año tras año ha necesitado recurrir al fondo de reserva de la seguridad social para hacer frente al pago de las pensiones ante el balance deficitario del sistema (agravado por la crisis económica) y  según apuntan todos los expertos, la recuperación del crecimiento económico no será suficiente para resolver los problemas de base.

En ese sentido, casi todas las opiniones de los expertos apuntan a la necesidad urgente de sustituir el actual sistema de reparto, por un sistema mixto de capitalización y reparto, donde la capitalización sea obligatoria o casi obligatoria. 
Es evidente que una reforma de este calado requiere tiempo y mucha reflexión pero lo que parece más evidente es que el sistema, tal y como está definido, tiene un problema estructural que se agravará con el paso de los años y que las recientes reformas realizadas en 2011 parecen insuficientes para resolverlo.

De momento, y mientras se sigue aplazando este debate, lo que si está en nuestras manos es asumir la responsabilidad individual de velar por nuestro futuro y por asegurarnos un óptimo nivel de vida en el momento de la jubilación (no se trata solo de “sobrevivir”) y para ello debemos establecer nuestro propio plan privado de ahorro, que nos permita complementar la pensión pública.
En esta linea de fomentar el ahorro privado, son numerosas la reformas fiscales realizadas en los últimos años para estimular el ahorro a largo plazo pero es obvio que el incentivo fiscal por si solo no es suficiente. Es necesario aumentar la cultura financiera, es necesario aumentar la información y es necesario, en muchas ocasiones contar con un asesoramiento experto adecuado que ayude a definir los objetivos y marcar el plan de acción.

Cuando hablamos de información nos referimos a  iniciativas como la que quiere llevar a cabo  la Seguridad Social remitiendo a los mayores de 50 años una carta en la que se les ofrece una estimación de su pensión futura.
El objetivo principal de la misma es la concienciación, por parte del público más cercano a la jubilación, de cual será su pensión estimada de forma que puedan tomar medidas encaminadas a ajustar su esfuerzo de ahorro privado y complementar su pensión pública. Es una medida muy interesante y que sin duda se podría extender también a los menores de 50 años.
Por último, para aquellos que queráis profundizar un poco más en la materia, os recomiendo leer este artículo publicado el año pasado en  http://www.communityofinsurance.es/ y escrito por Clara Armengol, Directora General Deutsche Zurich Pensiones, en el que se realiza un excelente resumen de la historia del sistema público de pensiones español. Y digo excelente,  porque la lectura del mismo nos permite empezar a entender donde surge ya con cierta claridad el problema ESTRUCTURAL del sistema.

http://elinversorpaciente.com/quien-me-garantizara-un-optimo-nivel-de-vida-en-la-jubilacion/

Incertidumbre de los sistemas de pensiones de reparto -




SANTO DOMINGO,R.D.- El déficit en los sistemas de pensiones de reparto que afectan a varios países de Europa, y especialmente a España, debe también ser un referente para quienes aspiran al regreso de este modelo de seguridad social a la República Dominicana.Las cuentas de la seguridad social de la nación ibérica, quinta economía de toda la Unión Europea, desde 2011 no arrojan un balance positivo, lo cual ha impulsado que el Gobierno español, los partidos políticos, sindicatos y demás entes sociales inicien un nuevo proceso de consultas, donde las opciones a la vista son reducir el monto de las pensiones, incrementar el endeudamiento público para mantenerlas o seguir aumentando la edad de retiro por encima de los 67 años de edad.

En 2011, el sistema de reparto español reflejó un déficit de 4,355.5 millones de euros (unos 217 mil 755 millones de pesos dominicanos). El desfase viene porque, actualmente, los gastos crecen a un ritmo anual de 5.95%; en tanto, los ingresos recibidos por las cotizaciones de los trabajadores solo aumentan al 3.15% anual.

Como las cotizaciones solo representan ya algo más del 80% de todo el gasto del sistema español de reparto y ya son insuficientes para pagar las pensiones actuales, los presupuestos públicos deben completar ese nivel mínimo para atender el pago de los pensionados actuales. El asunto es que la situación continuará agravándose año tras año.
La magnitud del problema español

Para hacernos una idea de la magnitud del problema, el gasto en pensiones en España ascendió en 2011 a 111,834 millones de euros (alrededor de 5 billones 591 mil 700 millones de pesos). Esto significa un 10.51% del Producto Interno Bruto español y un 24% de todos los gastos del total de las Administraciones Públicas en aquel país. De hecho, el gasto en pensiones es la segunda partida de los presupuestos españoles, solo superada por la remuneración a los asalariados públicos.

En términos individuales, el llamado “agujero del sistema” alcanza ya un déficit de 1,000 euros por trabajador.

La importancia cuantitativa de las pensiones públicas españolas alerta de un grave problema potencial en un futuro medianamente cercano: su capacidad de arrastre de los presupuestos del Estado español. Si el sistema de pensiones no es financieramente sostenible, las administraciones públicas en España tampoco serán sostenibles.

De ahí la preocupación que reina entre los trabajadores españoles en activo, que dudan de si habrá pensiones públicas para ellos en un futuro.

Crisis económica, baja natalidad y envejecimiento
La génesis de este agujero proviene, en buena medida, de la crisis financiera y económica de 2008 y la consecuente destrucción de empleo que trajo consigo. Menos personas empleadas o empleos de baja calidad afectan las cotizaciones y, por tanto, la generación de recursos para el sistema de reparto de pensiones.

Pero ese colapso es fruto, a su vez, de la combinación de dos factores: la reducción de la natalidad y al mismo tiempo el envejecimiento de la población, según señala el estudio “Reparto y la Capacitación en las Pensiones Españolas”, realizado por la Fundación Edad & Vida conjuntamente con el IESE Business School.

Como agravantes, la investigación agrega la multiplicidad de regímenes y excepciones que menguan la capacidad recaudatoria y advierte sobre el efecto negativo que tendría incrementar la cota de las cotizaciones en los costos laborales, porque reduciría la competitividad de las empresas y con ello la del país.

La realidad dominicana
Una perspectiva local en torno a la aplicación del sistema de reparto en la República Dominicana la ofrece el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el cual en un análisis fechado en septiembre de 2016, señala que los sistemas de reparto no tienen la capacidad de autofinanciarse y ameritan ser cubiertos con las formas tradicionales de endeudamiento público. 

El informe del CREES detalla la facilidad con que se puede romper el equilibrio financiero en este tipo de modelos previsionales, lo cual puede pasar por un incremento de los pensionados en relación a los cotizantes o también por una disminución del empleo formal.

“A lo anterior se añade el carácter público de los fondos de pensiones tradicionales, y el manejo político con que suelen ser administrados. Como los aportes van a un fondo común, el número de pensiones puede crecer sin guardar proporción con los aportes. Si los gobiernos otorgan mayores pensiones e incrementan el número de jubilados, se agrava el desequilibrio financiero”, reseña el informe.

La República Dominicana no está exenta del proceso de envejecimiento de su población y la disminución de su tasa de natalidad.

De hecho, según el CREES, esta situación se gesta desde hace varias décadas y la registra la relación de dependencia, un indicador que mide la cantidad de personas que potencialmente podría sostener a quienes están inactivos. Es decir, las personas con 65 años y más.

En la República Dominicana, “mientras en 1980 había 18 personas por cada persona de 65 o más años, en la actualidad se estima que sean 9 en total, o la mitad”, apunta el estudio que pronostica la continuación de esta tendencia con el agravante de que la realidad es peor si a esta métrica se le añade la informalidad que impera en la economía, donde el 59% de las personas que trabaja no cotiza, según el CREES.

Volviendo a España y su proceso de reforma del actual sistema de reparto, al análisis hay que agregar las diatribas políticas que ralentizan el ritmo de las modificaciones de su actual sistema de reparto.

Si esto ocurre en España, un país con mayores niveles de institucionalidad que los evidenciados en la República Dominicana, cuando llegue el momento de modificar un posible sistema de pensiones aquí, ¿se hará más rápido? ¿Habrá consenso? ¿Serán suficientes las cotizaciones actuales para mantener un sistema de pensiones 100% público? Es mejor prevenir que lamentar. -

www.elcaribe.com.do/2017/04/01/incertidumbre-los-sistemas-pensiones-reparto#sthash.QipBZHCo.dpuf

Desahuciados los pensionados de la Policía

SANTO DOMINGO,R.D.- Ser policía es la función pública de mayor riesgos, muchos pierden la vida sin agradecimiento alguno. Los que sobreviven y hoy están pensionados claman
¡Auxilio! por la desconsideración y los maltratos.
En la mayoría de países del mundo los pensionados o jubilados de las Fuerzas Armadas y las policías son un poder respetado y con muchas prerrogativas, en República dominicana son uno de los sectores más excluidos y vulnerables de la administración pública. Con excepción de una muy pequeña minoría los hombres y mujeres pensionados de los cuerpos militares y policiales están muriendo de hambre y enfermedades, enfermedades estas, adquiridas por la gran cantidad de años (de 20 a 40) al servicio de la patria por salarios de miseria y con el desprecio de la población a causa de los resentimientos heredados de las dictaduras y que siguen alimentados por los últimos gobiernos.
Es una burla indignante el ver politiqueros y serviles infuncionales en cargos públicos con grandes remuneraciones (cientos de miles de pesos), que en ocasiones reciben pensiones con apenas un año de servicio. De igual manera, los regidores y legisladores con todo tipo de beneficios, en menos de diez años reciben su pensión sin correr riesgos ni sacrificios.
El diccionario RAE define Jubilado: “Persona retirada del trabajo por su edad o por su incapacidad, con derecho a una pensión.” Pensión que debe ser digna, pero muy pocos lo logran. Más bien, le corresponde el segundo uso que define RAE Jubilar: “Desechar por inútil una cosa y no utilizarla más:  Jubilar un coche viejo.” En esta segunda acepción están contenidos los pensionados de la policía dominicana, como una cosa desechable e inútil que para nada se contempla en lo humano.
Por otra parte nuestro país hace la excepción a la palabra pensionado, esta es sinónimo de viejo, obsoleto, desprecio y fracasos en su carrera. Están equivocadas nuestras autoridades; en otras culturas la condición de pensionado es una persona orgullosa, con muchos valores éticos y morales en honor a sus servicios a la sociedad, haciéndolos merecedores de muchos respeto. Los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro pueden ser de gran utilidad para la institución debido a sus conocimientos y experiencias adquiridos tanto teóricos como prácticos. En otros países son una fuente de consulta en cuanto a las decisiones de políticas públicas para la seguridad. Son el orgullo institucional debido a su trayectoria y aportes a la sociedad.
Desde la creación de la Policía Nacional dominicana en el 1936, hasta hace unos meses lo referente a las cosas internas de dicha institución eran desconocidas o de poco interés social o público. Muy a pesar de nuestros esfuerzos durante más de treinta años participando en foros nacionales e internacionales, vistas públicas del congreso y quince años escribiendo o participando en comunicación para diferentes medios; hemos tenido escasos avances.
Sin embargo, a partir del 15 de julio del año 2016, que el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, promulgó la nueva Ley orgánica de la Policía Nacional, marcada con el número 590-16, la cual cuenta con 176 artículos, el interés en los asuntos propios que vive el policía dominicano ha venido aumentando, a razón de que dicha Ley Orgánica ha rebosado la copa en cuanto a los abusos y discriminación, mejor dicho, violaciones de derechos constantes durante los 81 años de existencia de la Policía Nacional.
La Ley 590-16, para nada ha venido a mejorar, fortalecer y modernizar la policía dominicana, como debe ser la esencia de toda ley, muy contrario a esto, ha debilitado, atrasado y desprotegido a los miembros de la policía, a razón de haber quitado derechos adquiridos. Lo que ha resultado causa para la indignación y desesperación de la mayoría del cuerpo policial y al mismo tiempo el comienzo del fin de la tolerancia, la sumisión y discriminación de la sociedad y los gobiernos junto a los políticos.
La mayor afectación, desconsideración y perdida de derechos adquiridos les ha tocado a los pensionados de todas las jerarquías:
1)Eliminaron el Instituto de Seguridad Social, la ARS policial y el Comité de Retiro solo tramita papeles, porque los miles de millones del fondo de pensiones ahorrados que este administraba fueron transferidos a la Dirección de Jubilación y Pensiones del Ministerio de Hacienda, sin explicación ni tomando en cuenta a los pensionados. Dicha Dirección no ha creado una instancia para atender a los pensionados de la policía, 2) No se han adecuado los sueldos de los Generales faltantes y del resto de los pensionados acorde a la ley 96-04 que rige a los pensionados, 3) Tienen varios meses con inconvenientes en los seguros de salud, 4) Excluyeron el representante de los pensionados en el Consejo Superior Policial, 5) Aumentaron 5 años al derecho de retiro con pensión de 20 a 25, también se subieron los años para retiro con el rango inmediato, 6) Anularon muchas asignaciones de combustibles y no cumplen con la mayoría, 7) Quitaron el subsidio al Instituto de Generales Retirados de la PN, IGREPOL, 8) Los dejaron fuera del aumento salarial en violación a la Ley 96-04, 9) Se han suspendido los prestamos con intereses bajos y otros beneficios relacionados, 10) La Dirección Policial en voz de su incumbente Mayor General Nelson Peguero Paredes, se desvinculó de representar o tener responsabilidad con los pensionados, entre otros tantos desprecios.
El Poder Judicial Dominicano es simbólico, ya que, las llamadas altas cortes y los tribunales competentes se han mostrado serviles y subordinados al poder político del partidismo oficialista que dirige el presidente Danilo Medina junto al comité político del PLD, razón por lo cual las instancias de inconstitucionalidad de la Ley orgánica de la Policía Nacional, 590-16, no se han fallado, de igual manera, muchos amparos y hábeas corpus han dado sentencias en contra del debido proceso, de los principios constitucionales y de los derechos humanos de los policías y militares afectados.
Debemos citar la Revolución Francesa, movimiento social, político, económico y militar que dio como resultado la victoria del pueblo trabajador junto a los burgueses sobre la nobleza feudal y el clero que regían el absolutismo monárquico con todos los privilegios, conflictos que dividieron la historia de la humanidad y universalizaron la igualdad y derechos de todas las personas. Pero, que al parecer, no ha tocado a la República Dominicana, pues una minoría que gobierna asociada a otra minoría capitalista y conservadora privatizan para ellos, los privilegios con todos los beneficios de la producción nacional y muchas veces sin trabajar, aumentando cada vez más la desigualdad y socializando los problemas y el trabajo sin beneficio alguno para los empleados y la mayoría del pueblo. Sin duda alguna, en los avances institucionales políticos y sociales estamos suspendidos en el tiempo, antes del 1789. Urge una nueva Revolución Francesa para establecer los derechos y libertades con igualdad, que están ausentes para el pueblo dominicano.
Nuestra Independencia del yugo haitiano y nuestra Restauración de anexión española, con todas las ocupaciones extranjeras siguen inconclusas. No hay independencia de poderes en el Estado dominicano, no existe la institucionalidad,  no hay garantía de derechos y libertades para la población trabajadora. Están ausentes los servicio públicos con calidad (Son derechos insatisfechos):  Justicia, seguridad, salud, educación, vivienda, empleo, agua, transporte, oportunidad de desarrollar talentos, internet, medio ambiente sano, alimentos, producción, recreación, entre otras necesidades incumplidas.
Parafraseando a K. Marx y F. Engels en su idea final del Manifiesto Comunista: “Proletarios de todos los Países, uníos”. ¡Pensionados dominicanos, uníos. Sin revolución no hay victoria!
El autor es miembro fundador y vocero del Movimiento Pro Dignidad y Derechos para los Policías Activos y Retirados, Se suman los Militares. Periodista Independiente y Mayor General Retirado PN, con 27 Años de experiencia.

http://acento.com.do/2017/opinion/8440877-desahuciados-los-pensionados-la-policia/