SANTO DOMINGO,R.D.- En el comercio en la República Dominicana la modalidad de pago con tarjeta de crédito se ha incrementado en los últimos años, ya que cada vez son más los consumidores y usuarios que realizan transacciones comerciales con esta modalidad de pago. Esta información sobre el incremento de consumo de bienes y servicios a través de la tarjeta de crédito salió reseñada en la prensa nacional, cuando la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Dra. Anina del Castillo, manifestó en días recientes que las operaciones con tarjeta de crédito en el año 2014 fueron de RD$42,119.8 millones, al mismo tiempo, alertaba que muchos establecimientos están cobrando un por ciento adicional por la utilización de este medio de pago.
En relación al medio de pago, en el artículo No. 87 de la Ley No. 358-2005 sobre Protección y Derechos de los Consumidores y Usuarios, se postula lo siguiente: “Los precios de los bienes y servicios deberán estar señalados en forma notoria e inequívoca a la vista del público, a excepción de aquellos productos y servicios que por sus características especiales el precio deba convenirse de común acuerdo. Los precios deberán ser expresados en moneda nacional. Los precios no podrán ser modificados en función del medio de pago utilizado”.
Como se puede observar, en lo postulado en el artículo descrito precedentemente, el hecho de que una persona decida realizar la adquisición de un bien o servicio y realizar el pago con tarjeta de crédito no conlleva una variación del precio, pero tampoco que el consumidor o usuario tenga que pagar cargos adicionales en función del medio de pago empleado. En ese sentido, algunos establecimientos comerciales están utilizando la mala práctica de cobrar a los consumidores el cargo que los bancos le cobran.
En síntesis, colegimos que los consumidores y usuarios no deben permitir ser penalizados por los establecimientos comerciales con el cargo de un por ciento por el hecho de pagar con tarjeta de crédito, ya que regularmente en los anuncios publicitarios y en la entrada de los locales se ofrece como un beneficio el hecho de que estos negocios aceptan todas las tarjetas de crédito. De manera que este medio de pago al igual que los parqueos son integrantes de la oferta publicitaria lo cual implica que estos elementos, a su vez están cubiertos en los costos operacionales. -
Por Máximo Calzado Reyes
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SANTO DOMINGO,R.D.- . ¿Quedará el país apagado antes de junio, cuando se supone que deben renegociarse los contratos de compra y venta de energía del Acuerdo de Madrid?
Esa pregunta adquiere relieve en medio de una pugna soterrada que eleva su temperatura entre las empresas de generación eléctrica y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
En el interregno, el deterioro del servicio escuece los ánimos de hasta los sectores privilegiados con 24 horas de servicio eléctrico, al ver como se nublan de apagones sus mundos “premium”. Esto lo reconoce la misma CDEEE, al afirmar en una nota de prensa divulgada el martes que la salida de varias unidades, que en conjunto generan más de 226 megavatios “por avería, mantenimiento y razones comerciales”, ha reducido sustancialmente la oferta de generación disponible.
“Ha incrementado el desabastecimiento” y “ha afectado a numerosos circuitos, incluso a los de clase A o 24 horas”, afirmó.
De manera más discreta, fuentes de la corporación estatal hablan de fuertes intereses de las generadoras que se mueven para posicionarse de cara a las licitaciones de contratos de compra y venta de energía, previstas para junio.
El 23 de marzo pasado, la CDEEE divulgó una nota de prensa en la que denunciaba la salida de cuatro plantas generadoras, lo que lo que provocó “un déficit de suministro de 460 megavatios”.
En la nota se dice que “los apagones bajo las citadas excusas se originan cuando está próximo a negociarse un nuevo esquema de contratación de energía (...), debido al vencimiento del Acuerdo de Madrid”.
Diario Libre solicitó ayer sin éxito una declaración del vicepresidente de la CDEEE, el ingeniero Rubén Bichara. Se respondió que la declaración ya fue realizada con la nota de prensa del martes pasado.
Pero ayer miércoles, el conflicto se atizó con la reacción de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), que agrupa a las generadoras privadas.
La ADIE “desmintió la información difundida en la que se responsabiliza a los generadores de electricidad de los apagones”, dice.
Su vicepresidente ejecutivo, Milton Morrison, calificó como “desinformaciones”, que los apagones que reciben los usuarios diariamente se deben a falta de capacidad de generación, ya que “son las distribuidoras la que determinan la cantidad de horas de apagones”.
Asimismo declaró que la ADIE, “desde hace algunos años le ha pedido recurrentemente al Gobierno que cumpla con la Ley de Electricidad en cuanto a realizar las licitaciones para la instalación de nueva capacidad de generación, y para que las distribuidoras compren energía al vencerse los contratos, cosa que aún no se ha hecho”.
En junio de 2015, Rubén Bichara juramentó a los miembros del comité que licitará la suscripción de los nuevos contratos de compraventa de energía de largo plazo para las empresas distribuidoras. Pero según Morrison, hasta ayer, ni ese comité, ni la CDEEE “han pedido que se entreguen propuestas”, y recuerda que desde hace 14 años no se han realizado licitaciones para ese fin. “No se sabe en que está eso de la licitación”, aunque se publicó un espacio pagado para anunciarla, afirmó.
Mientras corre el tiempo en una coyuntura electoral, los apagones crecen. Las generadoras reclaman lo que consideran la aplicación de la Ley, y el Gobierno juega su carta.
