De análogos a digital

SANTO DOMINGO,R.D.- Vivimos un mundo donde el avance y el desarrollo de las naciones dependen de la tecnología.
La gran revolución que vive la humanidad se debe a que hemos entrado de una era análoga a la digital.

Este gran paso comparado a los grandes inventos que sacudieron la humanidad como la imprenta y telefonía, ha hecho del conocimiento digital el mayor activo para el desarrollo de una nación.

Los habitantes de países desarrollados tienen en la información digital un aliado confiable para la toma de dediciones políticas sociales y económicas.

El poder que proporciona la información hizo que Helbert Marshall Mcluhan calificara como aldea global al mundo que hoy esta interconectado digitalmente.

En resumen, no se puede hablar de democracia, transparencia, igualdad social y desarrollo económico sin una adecuada política que lleve la tecnología y la digitalización a la mayoría de los dominicanos.

¿Cómo vamos a competir en un mercado tan exigente que cambia cada segundo si seguimos ocupando los últimos lugares en digitalización e innovación tecnología?

Para ser competitivos debemos invertir en infraestructura tecnológica, sacar del analfabetismo digital a millones de dominicanos y estimular a nuestros empresarios y emprendedores a invertir en innovación tecnológica y digital.

Cada estudiante dominicano debe tener desde la primaria una tablet donde pueda acceder al conocimiento de libros, a través del Internet, países con niveles de desarrollo igual que el nuestro como Uruguay ya tiene cubierto a toda su población estudiantil con una educación donde se usa la tecnología como principal herramienta de aprendizaje.

Nuestra preocupación por el pobre lugar que ocupamos en educación tecnológica nos lleva a preguntar

¿qué papel juega el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es una entelequia más del gobierno de turno para darle empleos a partidarios y a aliados políticos?

http://www.teleradioamerica.com/2016/03/accidentes-de-transito-emergencia-nacional/

Las percepciones de Electricidad y servicios de agua en R.D.

Santo Domingo se enfrenta a uno de los servicios de electricidad y agua más pobres entre las ciudades de América Latina, una situación que ha prevalecido durante décadas a pesar de las pérdidas de bienestar significativos asociados con dicha infraestructura deficiencias. En este contexto, ¿cómo se definen los hogares de estos servicios?¿Qué áreas de mejora que significaría la mayor parte de ellos? Este papel toma centrada en el enfoque de un consumidor para abordar estas cuestiones,la identificación de las dimensiones específicas de calidad y fiabilidad de los cuales hogares definen perceptualmente lo mejores medios. Además, preliminar la evidencia sugiere que, sin tener en cuenta los precios de los servicios, los usuarios finales 'la satisfacción y la disposición a pagar aumentaría significativamente con mejoras en la calidad.

Servicios de electricidad y agua de baja calidad son el status quo en el mundo emergente y sobre todo
afectar a las familias más pobres, lo que limita su potencial de desarrollo y que se traduce en
importantes pérdidas de bienestar en la sociedad. Al mismo tiempo, el bajo nivel de consumo asociado satisfacción con estos servicios puede erosionar las percepciones del sector público, causando generalizado la desconfianza de las políticas gubernamentales, en particular en los casos en que los servicios son proporcionados por la estatal servicios públicos o en los mercados se enfrentan las reformas de mercado.
En la búsqueda de maneras de lograr mejoras sostenibles de dichos servicios; una creciente literatura
hace hincapié en la necesidad de un conocimiento más profundo de las preferencias de los usuarios finales. La comprensión de los usuarios finales 'necesidades y prioridades contribuye sustancialmente al diseño de mejores regulaciones, así como, informar a la financiación y las decisiones de inversión con retornos privados y sociales más altos (Gunatilake,Patail, y Yang 2012; Franceys y Gerlach 2011; Abdullah y Mariel de 2010; Lin 2005; Bosquecillo 2005; Akram y Olmstead 2011).
Una condición previa fundamental para la comprensión del consumidor comportamiento es definir correctamente el objeto de elección, que en este contexto incluye la identificación de la atributos que definen los servicios de electricidad y agua en función de las preferencias del consumidor. Este
enfoque proporciona información basada en la demanda en las zonas donde las regulaciones e inversiones sería más significativa para los consumidores; por lo tanto, representa un insumo clave para las decisiones de política destinada a mejorar los servicios públicos. Por el contrario, las definiciones ambiguas o incompletas de los atributos podrían conducir a conclusiones imprecisas o parciales que pueden traducirse en ineficaz asignaciones de recursos (Hensher et al., 2005).
En este contexto, con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de las preferencias de los usuarios finales,esta nota se centra en la identificación de los principales atributos por los cuales los usuarios finales de electricidad y definen los servicios de agua. En virtud de este objetivo principal, este documento constituye una exploración en el campo percepciones lado de la demanda, relativos a servicios de electricidad y agua, de la que nos informa.
Los resultados preliminares sobre la disposición y la disposición de los usuarios pagar por mejoras en estos servicios. El estudio del caso se lleva a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, un país que a pesar de haber duplicado su ingreso per cápita en las últimas dos décadas, y subieron a altos
electricidad y la cobertura de agua, todavía tiene algunos de los más bajos de calidad y por lo menos un servicio fiable en el mundo en desarrollo.

El marco de este trabajo corresponde a la literatura sobre la valoración de preferencias declaradas, que pueden dividirse a grandes rasgos en análisis de elección contingente y discreta. Bajo ambas metodologías,identificar con precisión los atributos del servicio constituye un paso esencial en la medición de eficacia preferencias de los consumidores (Hensher et al 2005;. Hoyos 2010).
 En la literatura, este paso es principalmente basado en pequeños grupos de enfoque y las opiniones de los expertos, los métodos que pueden conducir a la identificación problemas tales como respuestas correlacionadas y percepción sesgada, entre otros. En este marco, una contribución de este trabajo es identificar exhaustivamente los atributos de servicio público sobre la base de semi-estructurada entrevistas en profundidad, un método que supera las limitaciones antes mencionadas (véase
por ejemplo Creswell, 2009; Harrell y Bradley, 2009; Neuman, 2003). Además, complementamos
este enfoque cualitativo con la aplicación de cuestionarios de cerca de interrogación, que nos permite obtener una mejor idea de las características socioeconómicas de los encuestados, así como, de la opinión pública los servicios que reciben. A lo mejor de nuestro conocimiento, este trabajo es el primero en proporcionar una detallada la discusión sobre la identificación de los atributos de los servicios de electricidad y agua.
Al proporcionar una idea de la percepción de los usuarios finales de nuestros hallazgos también estimulan la política y preguntas de comportamiento relacionados con la percepción de precios equidad y la calidad. En efecto, mientras preliminar, nuestros resultados sugieren que la percepción equidad precio aumenta con la mejor calidad de los servicios públicos, una relación que requieren un mayor estudio, dadas sus implicaciones para la aceptación y el precio la satisfacción de los consumidores.
La siguiente sección presenta algunos antecedentes sobre el estudio del caso. La sección 3 presenta detalles acerca el enfoque y la recogida de los datos, mientras que la sección 4 documenta los principales resultados de la electricidad y los servicios de agua. Sección 5 se analizan los resultados obtenidos y las conclusiones.



https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7323/what_better_mean_rd_dispaper_idb.pdf?sequence=1

Pensionados´de R.D. es igual a indigentes

SANTO DOMINGO,R.D.- Poco antes del Día de los Envejecientes, el Gobierno aprobó un presupuesto nacional para el 2016, con la ingrata noticia de que no habrá ningún aumento de las pensiones ni de los salarios. Esta es la décima vez consecutiva que el presupuesto no alcanza para tales propósitos, a pesar de que durante la década la economía creció alrededor del 60 % y el Presupuesto Nacional más que se duplicó.

Casi tres lustros después, todavía la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, continúa siendo letra muerta. Sólo un ejemplo: dicha ley dispone “establecer tarifas especiales en el transporte público y en las actividades turísticas”, y ni eso han recibido los pobres e ignorados “viejitos”.

Las organizaciones que trabajan a favor de los adultos mayores señalaron que en Bolivia, un país con una alta población indígena y con mayor pobreza, “por decisión política, el 100% de sus adultos mayores reciben automáticamente una pensión solidaria. Yo he señalado el tratamiento especial y considerado de que disfrutan los mayores de 60 años en Panamá, incluyendo jugosos descuentos en alimentos, transporte, boletos aéreos, restaurantes y atención médica, cines y actividades culturales, entre otros.

Todo luce indicar que estamos frente a un año más de espera, durante el cual, mientras unos disfrutan a plenitud de la “dolce vita” a costa de nuestros impuestos, cerca de un millón de adultos mayores continuarán padeciendo el doble flagelo de la pobreza y de la indiferencia, mientras otros miles desaparecerán de este mundo como lo que siempre fueron: un simple dato estadístico.

Por: Arismendi Díaz Santana

http://www.diariolibre.com/noticias/pensionados-igual-a-indigentes-XD1498707

Los subsidios y la renegociación del sector electrico

Entre 2002 y principios de 2003, el Gobierno se vio en la necesidad de crear medidas urgentes para
luchar contra la crisis del sector. En primer lugar se pagó parte de la deuda atrasada con los generadores.
Adicionalmente, se crearon Instituciones Gubernamentales no Cortables, esto fue así debido a que las distribuidoras cortaron el suministro de energía a entidades públicas como hospitales y escuelas que se atrasaban en pagar las facturas. De la misma manera, se creó el Programa de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) con la idea de combatir el robo de la electricidad, entre otros. Estas medidas sin embargo no fueron sostenibles.
En 2003 estalla la Guerra de Irak y el precio delbarril del petróleo aumentó nuevamente trayendo
consigo otro desequilibrio en la balanza de pagos del país. Ante esto, el Gobierno decide crear el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) con el objetivo de subsidiar a través de la tarifa el consumo eléctrico. Para esto se establece la Tarifa Aplicada(TA), que era la que se aplicaría a la tarifa de los clientes. Por otro lado se crea la Tarifa Indexada (TI), que corresponde a la tarifa eléctrica que “deberían”pagar los consumidores según el Índice de Precio al Consumidor de los Estados Unidos, los precios de los combustibles fósiles en el mercado internacional y la tasa de cambio, entre otros. Cuando la tarifa indexada es menor a la tarifa aplicada se generara superávit,
lo cual alimenta el FETE, mientras que en el caso contrario se genera un déficit pagado a cuenta del
FETE. Este último caso no se ha dado y el FETE termina siendo otro subsidio.

La crisis financiera de 2003 agravó aún más la situación financiera del sector. La crisis provocó una
depreciación de la moneda en casi un 67%. Esta situación deterioró el déficit financiero de las distribuidoras,que pagaban la factura de la energía compradaa los generadores en dólares y recibían ingreso por venta a los consumidores en pesos, aún a pesar de la creación del subsidio PRA y el FETE. A esto se suman los robos de energía, todo lo cual se reflejó en bajos índices de cobranza y retorno de efectivo eincapacitó a las distribuidoras a pagar e incluso a financiar la compra de los combustibles, llevando así aun deterioro visible en el suministro de energía eléctrica
y en la calidad de los servicios.
 Estos problemas agravaron la crisis energética generando presión alGobierno, quien, en septiembre de 2003 como medidapara contrarrestar el problema de los apagones, re-estatizó las compañías EdeNorte y EdeSur, comprandosus acciones a Unión Fenosa.

En octubre de 2003 los organismos multinacionales sugirieron realizar una reforma en el sector eléctrico que tomara en cuenta incrementar las tarifas a los usuarios finales, cambiar el enfoque de los subsidios, regularizar los pagos a los generadores y buscarun pacto nacional entre partidos políticos, consumidores y sector privado para controlar el fraude.

Para finales de 2004, gracias a un aumento de la tarifa eléctrica y al fortalecimiento de la tasa de cambio, las pérdidas económicas del sector eléctrico mejoraron.En noviembre y diciembre de 2004, la tarifa eléctrica aumentó un promedio de 9.3% para tarifas por encima de 200 Kwh. Esto se hizo para combatirel déficit del sector en las empresas de distribución,y, a la vez, proteger a los consumidores de energíaque utilizan menos de 200 Kwh al mes.

Este artículo surge a raíz de un estudio realizado por un equipo del FMI en lo que tiene que ver con los subsidios energéticos, el equipo propone e insta a los gobiernos alrededor del mundo a reformar los productos que van desde el carbón hasta la gasolina. Sostienen que existe una ineficiencia en el subsidio de electricidad por diversas razones.
Dicen que con las reformas adecuadas los gobiernos contribuirían a aliviar las presiones presupuestarias que enfrentan. Se estima que en 2011 los subsidios ascendieron a US$1,9 billones lo que equivale a 2.5% del PIB mundial. Consideran que existe un margen para la reforma, ya que los subsidios representan altos costos para los gobiernos. Señalan que al momento de implementarse dicha reforma esto tendría efectos perjudiciales para la clase pobre por lo que proponen medidas compensatorias para su protección.
Existen varias explicaciones para la ineficiencia de los subsidios dentro de las cuales se encuentran:
• Empeoran los desequilibrios fiscales
• Sustituyen gasto público prioritario
• Deprimen la inversión privada, incluyendo la del sector eléctrico
• Distorsionan la asignación de recursos alentando al consumo excesivo de energía promocionando artificialmente las industrias incentivas en capital. Reduciendo los incentivos para la inversión en energías renovables y acelerando el agotamiento de los recursos naturales.

• Promueven la inequidad, ya que la mayoría de los subsidios benefician mayormente a la clase pudiente.
• Las generaciones futuras se ven afectadas a través de los efectos dañinos de un alto consumo de energía por el calentamiento global.
• Los subsidios imponen altos costos fiscales y económicos en la mayoría de las regiones. Las barreras que se interponen en crear subsidios eficientes son las siguientes, de acuerdo al FMI:
• Falta de información en cuanto a la magnitud de los subsidios y la diferencia de estos
• Falta de credibilidad del Gobierno y capacidad administrativa
• Problemas que conciernen a los efectos negativos que puedan caer
sobre los de escasos recursos
• Preocupación de cómo este puede afectar a la inflación y a la competitividad de las empresas locales
• Oposición por grupos que se benefician de estos subsidios
• Condiciones macroeconómicas débiles, ya que países con un gran crecimiento tienden a permitir reformas en este sector con menores protestas.


Fuentes: FMI- “Energy Subsidy Reform: Lessons and implications” Enero 2013; “El FMI observa
grandes beneficios en la reforma de los subsidios energéticos” Marzo 2013

ADIE

Limitar la velocidad a 80 km/h no disminuye la contaminación

No obstante, se ha constatado que la velocidad variable consigue reducir la contaminación de óxido de nitrógeno y partículas en suspensión tanto en los días de contaminación elevada como en los de baja 

Un estudio recientemente publicado en Transportation Research ha analizado el impacto sobre la contaminación atmosférica de las políticas de velocidad variable y de limitación máxima a 80 km/h en las vías de acceso a la ciudad de Barcelona. El trabajo forma parte de la tesis doctoral en curso de Jordi Rosell, dirigida por el catedrático del Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial de la Universidad de Barcelona (UB) Germà Bel. Ambos son investigadores del Instituto de Investigación en Economía Aplicada Regional y Pública (IREA) y de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. 

El estudio ha comparado la evolución de los contaminantes de partículas en suspensión inferiores a 10 micras (PM10) y de óxidos de nitrógeno (NOx) desde el año 2006 al 2010, tanto en municipios con limitación de velocidad a 80 km/h como en municipios libres de ella. Las principales conclusiones son que la política de velocidad variable consigue reducir los contaminantes de PM10 y NOx. Por el contrario, la limitación de la velocidad máxima desde 120 o 100 km/h a 80 km/h no tiene efecto, o incluso es contraproducente; ya que se han encontrado aumentos de los niveles de contaminación del 5 % en las PM10 y de entre un 1,7 y un 3,2 % en los NOx.

«Como se ha visto en otras experiencias europeas, reducir la velocidad máxima por debajo de los 100 o 90 km/h en grandes áreas metropolitanas no tiene un efecto sistemático de reducción de los niveles de contaminación», afirma el investigador Jordi Rosell. En cambio, añade el investigador, «la homogeneización en el flujo del tráfico, evitando paradas y arranques, estaría jugando un papel importante, y la velocidad variable acaba consiguiendo la reducción mucho mejor que la limitación a 80 km/h». 

Una ampliación del trabajo, que incorpora a las investigadoras Catalina Bolancé y Montserrat Guillén, especialistas en riesgo, analiza el efecto de las políticas según el grado de contaminación. Los días de máxima contaminación, la medida de la velocidad variable consigue reducir la contaminación de los NOx en un  9,4 %; mientras que para las PM10 esta reducción  es del 5,1 %. Por el contrario, la activación del límite  de velocidad a 80  km/h no tendría ningún efecto sobre los contaminantes cuando la contaminación es máxima. Los días en que la contaminación se encuentra en la media o bien muy por debajo, la velocidad variable consigue reducir la contaminación de ambos contaminantes, mientras que los 80 km/h siguen sin tener efecto. 

«La principal contribución de este estudio es que permite saber cómo afecta la velocidad variable y la limitación a 80 km/h tanto en los días de máxima contaminación como en los días en que estamos dentro de los parámetros que fija la Comisión Europea», afirma Montserrat Guillén, que dirige el Riskcenter de la Universidad de Barcelona.

Las implicaciones de estos resultados en la política pública son más que evidentes en unos momentos en que los episodios de contaminación atmosférica en las zonas urbanas están a la orden del día. 

«El Gobierno de la Generalitat acertó al abolir la medida de los 80 km/h instaurada por el anterior Gobierno; pero no tiene por qué seguir activándola en los episodios de más contaminación si lo que quiere es reducir la contaminación de forma significativa», afirma Jordi Rosell, autor del estudio.

 «Durante estos años de crisis económica, el menor número de viajes en transporte privado nos ha ocultado los problemas de contaminación en las grandes ciudades», subraya el investigador. «Si la actividad económica repunta, el tráfico también lo hace, tal y como está sucediendo en la actualidad, y la política de la velocidad variable acaba teniendo un impacto limitado». El problema de la contaminación atmosférica en las conurbaciones urbanas irá en aumento y es necesario tomar medidas.

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Limitar-la-velocidad-a-80-kmh-no-disminuye-la-contaminacion.asp

Sabotaje contra la red eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- El derribo de cuatro postes y un tramo de línea de 69 mil voltios, cometido la madrugada de ayer en la carretera Castillo-Pimentel, en la provincia Duarte, es un suceso que debe ser investigado a fondo para identificar y llevar a la justicia a los responsables. Sea por coincidencia o deliberadamente, el atentado contra equipos y propiedades de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ocurre en medio de la campaña electoral que deberá desembocar en las elecciones de mayo de este año.
Se trata de una acción en perjuicio del interés público, toda vez que dejó sin energía eléctrica a varias poblaciones de la provincia Duarte. Hasta donde se sabe, no hay fricciones laborales que involucren a la empresa que administra ese servicio y su personal, en medio de las cuales serían posibles protestas de carácter violento. Sería aventurero atribuir el atentado a motivaciones específicas, aunque está más que claro que detrás de los daños materiales parece ocultarse la intención de perturbar el orden público y llamar la atención en un momento político muy especial.
Abogamos por una pronta y efectiva investigación que permita dar con los autores de estos hechos, para que sean puestos a disposición de la justicia. Al margen, proponemos la instalación de circuitos de cámaras en sistemas sensibles, como es el caso de las torres de alta tensión y sus equipos afines.


http://hoy.com.do/sabotaje-contra-la-red-electrica-2/autor/hoy/

Menos lluvias, más CO2 atmosférico

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• En verano, las precipitaciones leves son insuficientes para estimular la fotosíntesis de las plantas pero activan las emisiones de CO2 de los microorganismos del suelo 
• Un estudio liderado por el  CSIC muestra la vulnerabilidad de estos ecosistemas, cuyo funcionamiento está supeditado a la disponibilidad de agua  

Los ecosistemas terrestres tienen la capacidad potencial de mitigar el efecto invernadero. En general, las plantas pueden absorber, mediante la fotosíntesis, el CO2, que es el gas efecto invernadero más abundante en la atmósfera. En el caso de los ecosistemas áridos y semiáridos, la ausencia prolongada de agua, sobre todo en verano, provoca que la fotosíntesis quede inactiva y las plantas dejen de absorber el CO2.  

Tradicionalmente se ha creído que las plantas de climas áridos son capaces de aprovechar cualquier cantidad de agua por pequeña que sea y reactivar la fotosíntesis. 

Ahora un nuevo estudio internacional liderado por  investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha mostrado que en verano las precipitaciones ocasionales deben ser intensas  (superiores a los 20 milímetros) para que la fotosíntesis se reactive y el ecosistema pueda absorber CO2 de forma significativa.

Si estas lluvias son inferiores, únicamente se reactiva la actividad de los microorganismos del suelo, que, a través de la degradación de la materia orgánica, emiten CO2 a la atmósfera. 

El trabajo se publica en la revista Journal of Geophysical Research. Biogeosciences.  

“En el trabajo, efectuado en los espartales del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar,  se han estudiado todos estos procesos biológicos con el objetivo de ver cómo responden a los llamados pulsos de lluvia, que son eventos aislados de precipitación tras un periodo de sequía relativamente prolongado”, explica la investigadora del CSIC Ana López Ballesteros, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, de Almería, que lidera el estudio.  

Ecosistemas como estos espartales son capaces de responder de manera inmediata a eventos de precipitación aislados, indica la investigadora. “Los resultados de nuestro estudio demuestran que durante la época estival, solo los pulsos de lluvia de gran magnitud son capaces de provocar la absorción neta de CO2. 

Sin embargo, la mayoría de pulsos de lluvia son de pequeña magnitud, lo que conlleva una emisión neta de CO2 a la atmósfera, ya que son los microorganismos del suelo los únicos seres vivos capaces de reactivarse tras el período de sequía”, señala López Ballesteros.

“Las conclusiones de este estudio ponen de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de ecosistemas, cuyo funcionamiento está supeditado a la disponibilidad de agua”.

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Menos-lluvias-mas-CO2-atmosferico.asp

ORIENTANDO AL CONSUMIDOR:Delito de omisión por publicidad engañosa

SANTO DOMINGO,R.D.- Cuando hablamos de omisión, nos referimos a la inacción. En cualquier actividad es posible que esta falta de actividad no genere consecuencias, pero en el ámbito penal quien tiene la responsabilidad de ejecutar una acción, y no lo hace y la misma causa un daño, entonces compromete su responsabilidad penal.

En el delito publicitario, puede inferirse que las omisiones del proveedor integran una acción, la cual se corresponde con la conducta tipificada como delito. E jurista español Jesús María Silva Sánchez en su obra “El delito de omisión, conceptos y sistemas”, en relación a la omisión en el delito de publicidad engañosa, refiriéndose al Código Penal de España, dice: “Aunque la modalidad omisiva no aparece expresamente tipificada en el artículo 282 del CP, sin embargo, es posible encuadrarla en el tipo”. Es importante destacar que, en principio, la acción tiene como elemento principal un comportamiento activo, lo cual impide la admisión de inactividad. Sin embargo, es posible que cuando en una publicidad se omite una información que contradiga lo manifestado en la misma, convirtiéndola en falsa, estamos en presencia no de una simple omisión, sino ante un acto concluyente que perfectamente puede incluirse en la acción positiva del tipo penal.

En el Derecho Civil, lo que más se asemeja a la publicidad engañosa es en el ámbito de las convenciones, cuando se configura el dolo como uno de los vicios del consintiendo. El artículo 1116 se prescribe: “El dolo es causa de nulidad, cuando los medios puestos en práctica por uno de los contratantes son tales, que quede evidenciado que sin ellos no hubiese contratado la otra parte”.

Partiendo de lo expresado, lo que busca la tipificación de la publicidad engañosa como delito, es brindar a los consumidores y usuarios una mayor protección de sus intereses económicos, su salud e integridad física, porque generalmente la relación entre proveedores y consumidores se desarrolla en asimetría.

En síntesis, colegimos que será engañosa la publicidad en la cual se omitan informaciones relevantes, referentes a las características básicas de los bienes y servicios, siempre que esta omisión induzca a los consumidores a error y afecte sus intereses económicos. -

www.elcaribe.com.do/2016/03/03/delito-omision-por-publicidad-enganosa

RD en riesgo de dificultades financieras por préstamo US$200 MM plantas Punta Catalina

SANTO DOMINGO,R.D.- Las Finanzas públicas de República Dominicana estarían en serias dificultades si al 31 de marzo de este año el gobierno no cumple con los requisitos establecidos en un documento que, bajo exigencias de un pool de bancos extranjeros firmó como condición previa al desembolso de US$200 millones el pasado 31 de diciembre para la continuación de los trabajos de construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. 

Es decir,  mediante Carta de Entendimiento firmada el 23 de diciembre entre el Ministerio de Hacienda y el Deutsche Bank, el Estado dominicano deberá evidenciar el pago del comprador, en este caso CDEEE, al Contratista EPC, --Consorcio Punta Catalina--,  a más tardar en la fecha mencionada,  de que todas las deudas que la entidad estatal posee con el Consorcio han sido totalmente saldadas, a menos que se firme un nuevo acuerdo en donde el Consorcio accede y conviene diferir hasta una fecha no más temprana del 31 de marzo del 2016, cualquier deuda pendiente de CDEEE con el Consorcio, segùn los términos contractuales contenidos en el contrato firmado entre las partes.

El bien guardado “Documento Waiver”, al que tuvo acceso Zdigital.com, conforma el acuerdo legal para salvar la continuidad de los trabajos del megaproyecto eléctrico de Punta Catalina, y traza para este fin de mes lo que se conoce en los convenios internacionales como “The Dead Line” o “Línea de la Muerte”, que implica que si el Estado no muestra que logró al 31 de marzo el cierre financiero con el BANDES brasileño u otra alternativa, tendrá que devolver los US$200 millones y entrará en estado de default financiero o de impago, con serias complicaciones para nuestra economía. 

Todo ello a pesar de la alharaca con que el Licenciado Rubén Bichara anunció en diciembre del pasado año la erogación de la referida partida para la continuación de los trabajos de construcción de las plantas a carbón. Lo cierto es que, además  de los serios problemas financieros para el país, se enfrentarían otras reclamaciones de orden legal si a la fecha señalada la CDEEE y el Estado no honran los compromisos asumidos ante las Instituciones financieras, pues se admite que la empresa estatal no cumplió el contrato con el Consorcio Punta Catalina en lo relativo a los pagos que se había comprometido a realizar según lo establecido en el contrato.

Más aún, no solo se corre el riesgo de que el monto pendiente por desembolsar del referido préstamo se pierda, sino que se coloca al país al borde de una reclamación del Consorcio Punta Catalina por incumplimiento del Cronograma de Pagos Contractual por parte de la empresa eléctrica estatal, esto así, debido a que el funcionario nunca reveló las condiciones en que fue firmada la Carta de Entendimiento entre  el Estado Dominicano, representado por el Ministro de Hacienda y el Deutsche Bank como facilitador del financiamiento garantizado por SACE, el 23 de diciembre del 2015.

Todo inicia el 20 de mayo del 2015, cuando el país, representado por el Ministro de Finanzas, firmó un préstamo con un pool de bancos liderado por el Deutsche Bank de Milán, Italia, como banco facilitador o estructurador del financiamiento por un monto de US$632.5 millones para ser utilizados en el Proyecto de las Plantas a Carbón de Punta Catalina.

El referido préstamo es garantizado por el Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), la agencia italiana de crédito de exportación, institución encargada de la promoción de las exportaciones de los bienes y servicios de origen italiano, en adición al Deutsche Bank, en la estructuración del financiamiento, en el que participan las sucursales de Milán de los bancos Santander, ING, Societé Generale y Unibank.

Según lo establecido en el acuerdo, el monto del financiamiento de US$632.5 millones, incluye el pago de la prima del seguro Riesgo-País a SACE por un monto de US$82.5 millones, por lo que la cantidad neta a  ser utilizada en el Proyecto es de US$550 millones, lo que implica que el pago de la prima de riesgo representa un 15% del monto efectivo que recibirá el país.

Sin embargo, cuando Rubén Bichara hizo el anuncio de que el 31 de diciembre los bancos desembolsaron 200 millones de dólares, en verdad, solo se recibieron US$117.5 millones, ya que de ese total, SACE se cobró los US$82.5 millones por concepto del valor total de la prima del seguro para cubrir el riesgo-país, tal y como lo establece el acuerdo de financiamiento entregado por el Ministerio de Hacienda, luego de ser solicitado vía la Oficina de Acceso a la Información Pública.

El referido documento establece además que el Estado deberá presentar a las instituciones financieras a más tardar el 31 de marzo del 2016 y subsecuentemente el 1º de enero de cada año, una copia certificada del documento firmado entre la CDEEE y el Consorcio Punta Catalina, en donde se establezca el Cronograma de los Trabajos y de Pagos para el 2016 y años subsiguientes, de acuerdo a los términos del contrato firmado entre las partes.

Asimismo, es claro cuando establece que el Estado debe presentar a las instituciones financieras que otorgan el préstamo garantizado por SACE, una confirmación por escrito y firmada por un representante autorizado de la entidad  financiera, de que facilitará un financiamiento al Estado dominicano de no menos de US$656 millones para ser utilizados en el Proyecto de las Plantas a carbón de Punta Catalina.

No hay que olvidar que la CDEEE ha recibido asignación de fondos del Estado dominicano contenidos dentro del presupuesto general del país, para ser aplicados específicamente a este proyecto, y de esa forma cumplir con la totalidad del cronograma de ejecución y pagos contractuales firmados entre las partes.

No solo eso, el gobierno admite y reconoce que la CDEEE no cumplió con el referido cronograma, lo que repercute en un incremento de precio de la obra, pues de seguro el contrato establece el pago de penalidades y multas cuando la CDEEE incumple el Cronograma de Pagos Contractual.

Eso implica que si la CDEEE no honra todas sus deudas a mas tardar el 31 de Marzo del 2016,  esta disputa podría alcanzar matices y ribetes internacionales, pues el contrato firmado entre la CDEEE y el Consorcio Punta Catalina establece como sede del arbitraje la ciudad de New York, y tal disputa, además del reclamo de pago de la suma adeudada, el Consorcio pudiera exigir montos adicionales por concepto de daños y perjuicios, además de costos  adicionales ocasionados por el incumplimiento por parte de la CDEEE.

 Esa es la razón por la que, de acuerdo a lo acordado entre Hacienda y Deutsche Bank, el Consorcio Punta Catalina se compromete a mantener el ritmo de los trabajos de una manera prudente y razonable y declara que antes del 31 de marzo del 2016 no suspenderá ni terminará el contrato firmado con la CDEEE. Tampoco iniciará disputa o reclamación dentro del marco del contrato firmado entre las partes, con relación a cualquier situación de incumplimiento de pagos por parte de la CDEEE.   Es importante señalar que el Gobierno Dominicano admitió públicamente haber utilizado en el 2015, para la construcción de las Plantas a Carbón de Punta Catalina, unos US$175 millones provenientes de los ahorros obtenidos para el sector eléctrico, debido a la dramática rebaja de los derivados del petróleo y que debieron ser traspasados como reducción en la tarifa a los usuarios. Al finalizar el 2015, el gobierno había pagado al Consorcio Punta Catalina solo en ese año, unos US$292.5 millones.

De acuerdo con el Informe Evaluación Macroeconómica Enero-Diciembre 2014, elaborado por la Fundación Economía y Desarrollo, se establecía el año 2015 como el de mayor demanda de recursos financieros para el Proyecto de las Plantas a Carbón de Punta Catalina, por los compromisos de pago de unos US$860 millones para poder mantener el ritmo de ejecución acorde con el cronograma contractual de ejecución del Proyecto y no producir atrasos.

Como el gobierno solo pudo desembolsar unos US$292.5 millones de los US$860 millones programados según el compromiso contractual, el 2015 cerró con una deuda a través de la CDEEE con el Consorcio de por lo menos unos US$567.5 millones.

Recientemente, el presidente Danilo Medina en su reunión con los directores de Medios de Comunicación, reconoció que el préstamo garantizado por SACE para el Proyecto de las Plantas a Carbón estaba atado al préstamo del BANDES de Brasil, y por las dificultades y escándalos, ha sido imposible de materializar y luce que no se podrá contar con dicho financiamiento. También informó el compromiso del gobierno de aportar US$200 millones como contrapartida a los US$200 millones desembolsados en diciembre 2015 del financiamiento garantizado por SACE, y que cada vez que se desembolsara un monto de dinero con cargo a ese financiamiento, el gobierno se comprometía a un pago por un monto similar.

Por tanto, es claro que el futuro inmediato del financiamiento del Mega Proyecto Eléctrico Punta Catalina es  incierto y amenaza en convertirse en una inversión a “Fondo Perdido”

http://z101digital.com/app/article.aspx?id=179072

“Rockash” de Samaná :las cenizas de carbón,SERIE BOMBA DE TIEMPO

SAMANA,R.D.- Ya han pasado ocho años, pero Amparo Andújar Maldonado no lo olvida. Perdió a su primer hijo cuando se aproximaba al quinto mes de embarazo.

Tampoco borra de su mente que dio a luz a una criatura desfigurada, con malformación craneal, algo incomprensible para una mujer saludable de 27 años a quien no le faltaron doctores ni enfermeras.

Pero Amparo no fue la única. Entre los años 2005 al 2008, la tasa de abortos y nacimientos prematuros repuntó de forma súbita en el barrio Encantado de Arroyo Barril, un poblado rural y costero, de clase trabajadora, al norte de la República Dominicana. Una zona rica en tesoros naturales como la Bahía de Samaná, santuario mundial para las ballenas jorobadas.

La amiga de Amparo, Rosa María Andújar, también cayó en las estadísticas. Dio a luz un niño con los intestinos expuestos y seis dedos en manos y pies. El bebé murió poco después de nacer, en julio de 2008.

Meses más tarde, otra vecina, Maribel Mercedes, dio a luz siameses que murieron en corto tiempo. Cinco criaturas también nacieron con onfalocele o intestinos expuestos, entre agosto y noviembre de ese año, en los vecinos barrios Los Róbalos, La Pascuala y el Gri-Gri. Solo uno de ellos sobrevivió.

Al preguntar a Andújar Maldonado qué explicación han dado las autoridades sanitarias a su aborto y a la inusual repetición de casos en la región, su respuesta es escueta: “Ninguna”.

La vivienda de Amparo se ubica a menos de medio kilómetro del muelle y durante el embarazo acudía regularmente a la playa “a coger fresco”.

“Yo creo que fue a causa de eso”, añadió.

Al decir “eso” se refiere a las toneladas de cenizas de carbón que permanecieron abandonadas en el puerto Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril durante casi cuatro años. Montículos con más de 27 mil toneladas de residuos grisáceos que llegaron desde la planta de carbón AES en Guayama, Puerto Rico, y que fueron descargados, a pasos de la costa, a la intemperie y sin un plan de manejo, a partir de octubre de 2003.

Desde el año 2002, la empresa AES ha generado entre 400 a 1,600 toneladas diarias de este desecho al producir la electricidad que vende a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y, mediante contrato con el gobierno, se comprometió a exportar el desperdicio para el que no encontrara un uso comercial.

Vecinos y exempleados del puerto dominicano reconocieron que una cantidad indeterminada de aquel material cenizo, identificado por los locales como “rockash”, fue a parar al mar. Cuando ocurría, era común toparse con bancos de peces muertos en el litoral.

“Cuando el agua caía, los peces se morían”, aseguró Miguel Ángel Paredes Jiménez, quien fue Jefe de Seguridad en el muelle de Arroyo Barril en el año 2004.

Otra parte de las cenizas, afirmaron, fue arrastrada durante meses por la brisa costera hacia las comunidades cercanas, los terrenos agrícolas y hasta las montañas de la localidad.

Un análisis de muestras realizado por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y divulgado en abril de 2004 certificó que los desechos traídos desde Puerto Rico estaban cargados de metales pesados. En específico, se identificaron niveles de arsénico, berilio, vanadio y cadmio “muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales”, concluyó la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

La Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, califica el berilio como uno de los elementos “más tóxicos que se conocen”, porque “puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los humanos” y puede “incrementar las posibilidades de desarrollar cáncer y daños en el ADN”. Además, puede acumularse en el aire, el suelo y el agua.

Para el año 2005, alrededor de 1,600 familias vivían en el municipio de Arroyo Barril y casi el 40 por ciento de ellas carecía de acueductos, por lo que acudían a ríos y manantiales cercanos para obtener el agua de consumo y necesidades básicas. Hoy, una minoría continúa con la misma práctica.

La alerta provocada por el repunte de abortos involuntarios en esos años fue tal que dirigentes regionales del Ministerio de Salud adoptaron una medida extraordinaria.

“A las mujeres en edad les pedíamos que tenían que prevenir los embarazos por un tiempo, porque había muchos abortos”, recordó la doctora Rosa Domingo Maleno, quien desde el 2004 ocupa la posición de Directora Provincial de Salud en Samaná, región a la que está adscrita Arroyo Barril.

Domingo Maleno no pudo proveer las cifras de abortos involuntarios registrados durante esos años.

“La tierra está contaminada”

Frente a una de las quebradas del barrio Encantado y por el camino de tierra que lleva al hogar de Amparo, reside Concepción García Bueno, un fuerte obrero agrícola que ya no tiene con qué trabajar.

Rodeado de vecinos, explicó que desde la llegada del rockash al muelle de Arroyo Barril los árboles frutales han dejado de ser productivos y aseguró que en su huerto ya no se dan el plátano, la naranja, la toronja, los gandules ni el aguacate.

“Aquí en nuestro territorio usted puede preguntar a más personas si alguien le puede traer una naranja o una toronja. No existe, no lo hay. Y eso es debido a esa epidemia”, sentenció al referirse a las montañas de cenizas.

“Se han ido madurando las hojas y cayendo. Están desapareciendo. La tierra aquí, en nuestro territorio, no los produce. La tierra está afectada, está contaminada”, insistió.

“¿Nunca antes había notado un problema similar?”, se le cuestionó.

“Nunca, nunca. Ningún tipo de epidemia. Luego, de ahí para acá ha sido todo un desastre”, respondió. “Pero ya quedamos contaminados y no hay cómo de ese mal salir”.

A partir de la llegada del rockash, agregó, el suelo que por décadas dio frutos a su familia y vecinos se trastornó, por lo que ahora se ven obligados a comprar viandas, frutas y vegetales a agricultores o vendedores de otras localidades.

¿Cómo pudieron contaminarse los campos de Arroyo Barril con cenizas si las montañas de residuos estaban en el muelle? García Bueno dio una respuesta rápida y clara: con la brisa del mar.

“Donde depositaron ese mineral, la casa de mi madre está a medio kilómetro y había que sopiar (limpiar) a cada rato. Era como un polvo, el que usan para los bebés”, mencionó.

Pero la propagación de las cenizas contó con otro refuerzo.

Como describió José Eligio García Jiménez, un líder religioso y veterano transportista turístico de la Provincia de Samaná, a pocos meses de la llegada del rockash, cientos de personas llegaron hasta el muelle de Arroyo Barril para transportar cargamentos de cenizas hasta sus hogares, confiados en avisos públicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como aseveraciones de operadores del puerto.

Ambas fuentes aseguraban que el material servía para la construcción y revestimiento de suelos.

Por eso, explicó García Jiménez, no era extraño ver alfombras de cenizas en las entradas y patios de viviendas, aun en localidades distantes del puerto como los municipios de Sánchez o El Limón, ubicados a más de 20 kilómetros del puerto.

“Mucha gente llegaron a cargar (las cenizas) en camiones para tirar en el frente de su patio porque era algo que se veía bonito, como una areniza blanca, algo bonito. Y ahí es que estaba la maldición”, declaró.

“Ahí entonces, salía toda esa gente enferma. Toda”, contó.

Entre otros síntomas, el chofer dijo que “primero los niños y luego los adultos” comenzaron a manifestar dolores en los huesos, fiebre, hinchazón en el cuerpo y rasquiña o urticarias. A diferencia de afecciones como el dengue, común en territorios del trópico, los síntomas persistían y se prolongaron por meses.

“Decíamos ‘pero ¿por qué una sola familia, en una casa, tiene todos esos síntomas de enfermedad y nadie sabía qué era? Nadie’. Y era eso acabando con nosotros: el rockash”, reflexionó.

María Andújar Mercedes, otra vecina del muelle, agregó que familias que utilizaron rockash como material de construcción también lo convirtieron en suelo para sus cocinas, ya que en muchos hogares del área este espacio es separado a la vivienda y su piso es de tierra.

http://www.diariolibre.com/medioambiente/abortos-involuntarios-malformaciones-y-partos-prematuros-son-algunas-de-las-secuelas-del-rockash-de-samana-GY2908923

Creen acuerdos para firmar el Pacto Eléctrico aún está lejos

SANTO DOMINGO,R.D.- Todavía falta mucho para lograr tener una fecha definitiva de cuando se firmará el Pacto Eléctrico, pues aun se debaten temas importantes en busca de consenso, de acuerdo al presidente de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), Joaquín Luciano, y Edwin Croes, investigador del observatorio de políticas públicas de la UASD.

Explicaron que el Pacto Eléctrico se encuentra en la fase de las pre plenarias y le siguen las plenarias. Y aunque hay muchos consensos todavía hay temas pendientes.

Ambos opinaron de esta manera sobre el anunció del Presidente Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, donde dijo que “Si todo camina de acuerdo al calendario establecido por los participantes, estaríamos firmando ese acuerdo el próximo mes de abril”. Además reveló que se ha alcanzado 121 consensos.
Sin embargo, tanto Luciano como Croes, representantes del sector social en el Consejo Económico y Social (CES), piensan que es apresurado hablar de que el pacto se firmará en abril.

Ambos coincidieron en que es importante que se pospongan las discusiones sobre el pacto hasta pasada las elecciones, ya que no se debe tomar decisiones tan cruciales rápidamente.

“No hay condiciones ahora para debatir un tema de tanta importancia y que ya se ha tomado tanto tiempo. Entonces no hay que tener tanta prisa en firmar el pacto”, dijo Luciano.

Criticaron que todavía la Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) no ha entregado información muy importante para la toma de decisiones dentro del Pacto Eléctrico.

http://hoy.com.do/creen-acuerdos-para-firmar-el-pacto-electrico-aun-esta-lejos/

Alianza público-privada para el sector eléctrico

Tenemos décadas escuchando promesas de solución al problema eléctrico, las cuales no se han materializado, más bien han creado una frustración y escepticismo colectivo. Solucionar la crisis del sector eléctrico implica voluntad, experiencia, grandes inversiones y decisiones firmes.

De igual manera, se necesita de un liderazgo público y privado con una visión glocal (global y local) de cómo funcionan los mercados eléctricos aquí y en otras partes del mundo.

Antes del proceso de reforma del sector eléctrico (capitalización), iniciado en junio de 1997, teníamos una industria eléctrica verticalmente integrada con una muy escasa participación privada, donde la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era responsable de la generación, transmisión, distribución y, por ende, de la definición de la política energética del país.

Hoy día, luego de varios procesos de contrarreforma, la participación del sector público y privado en la industria eléctrica no dista mucho de la realidad que había antes del proceso de capitalización.

La propiedad pública eléctrica está compuesta de la siguiente forma: empresas distribuidoras, Edenorte, Edesur y Edeeste, 100% del Estado; empresa hidroeléctrica, Egehid, 100% del Estado; empresa de transmisión, ETED, 100% del Estado; EGE Haina, 62% estatal; EGE Itabo, 50.1% del Estado; en cuanto a la participación del sector privado en el sector eléctrico, tenemos la siguiente composición: EGE Haina, 38% privada; EGE Itabo, 49.9% privada; y el resto de la generación que representa el 50% de la capacidad instalada actual es propiedad privada.

En términos de las utilidades netas o beneficios que recibe el Estado de las empresas generadoras de capital mixto (EGE Haina y EGE Itabo), podemos señalar que por cada 100 pesos dominicanos que EGE Haina genera de utilidad bruta, 76 ingresan al Estado en beneficios e impuestos. En el caso de EGE Itabo, recibe el 50.1% de beneficios más los impuestos de los beneficios de la parte privada.

Por eso queda claro que esta alianza público-privada no es un mal negocio para el gobierno, ya que si estas empresas obtienen buenos beneficios, el Estado obtiene la mayor parte de estos.

Inversiones

Es evidente que el sector eléctrico requiere de grandes inversiones para llevar a cabo los proyectos necesarios en las áreas de generación, transmisión y distribución. Ante esta realidad nos preguntamos, ¿puede el sector público financiar todas las inversiones con recursos propios o financiamientos? El déficit fiscal acumulado en los últimos 15 años es alto, lo que ha derivado en un endeudamiento público interno y externo que hace poco viable que el gobierno disponga de recursos para financiar todas las inversiones que requiere el sector.

¿Puede el sector privado financiar todas las inversiones con recursos propios o financiamientos? Obviamente que no. Bajo la estructura actual, el sector privado no tiene radio de acción ni influencias en la toma de decisiones de la industria más allá del ámbito de la generación. Por lo antes dicho, será difícil canalizar y hacer inversiones en áreas que no controla ni tiene incidencia como es el caso de la distribución.

Además, el capital privado invierte bajo la lógica económica que espera un retorno a su inversión, y en la lógica de las empresas públicas la historia demuestra que ese no es el criterio que prima en sus operaciones.

Beneficios

Las alianzas público-privada que reditúan beneficios mutuos son aquellas que se ampara en un Estado de derecho que cumple, respeta las leyes y las regulaciones; donde existe una clara definición de políticas públicas; donde existe continuidad del Estado ante cambios de gobiernos; donde impera la racionalidad económica en las inversiones y se asume como meta la sostenibilidad financiera de las empresas; donde existen acciones sociales focalizadas para los más vulnerables; donde se respetan los espacios de uno y otro; donde existe transparencia; donde ambos sectores contribuyen a fortalecer la responsabilidad del ciudadano en el uso del servicio. Si esos factores son impulsados y cumplidos de manera mancomunada, es muy probable que fluyan todos los recursos financieros e inversiones necesarias para solucionar la crisis del sector eléctrico.

En tal sentido existen ciertos esquemas donde el sector privado financia, administra y el gobierno es propietario; otros donde el gobierno financia, es propietario y el privado administra; u otros donde la propiedad del activo y el financiamiento son mixtos y la administración privada, así como otras combinaciones.

En el pasado, se han planteado iniciativas y esquemas de inversión público privada para el sector eléctrico. La más reciente la hizo Rolando González Bunster, presidente de InterEnergy y pionero en la generación eléctrica privada, quien en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio ofreció al gobierno colaborar con experiencia, esfuerzos y financiamientos en la búsqueda de soluciones al déficit financiero y operacional de las empresas distribuidoras.

¡Ahí está la propuesta! Veremos cómo reacciona el presidente Danilo Medina y el gobierno ante el pedido que había hecho en diciembre del año pasado en el mismo escenario, donde solicitó la colaboración del sector privado para invertir juntos bajo un esquema o alianza mixta público privada.

http://www.eldinero.com.do/20482/alianza-publico-privada-para-el-sector-electrico/

“No hay que hablar tanto para resolver la crisis eléctrica”

SANTO DOMINGO,R.D.- El presidente de la empresa InterEnergy, Rolando González Bunster, es un hombre de acción. Dice que no tiene tiempo para perderlo, que no cree en los resultados que puedan surgir del Pacto Eléctrico y que el proceso de capitalización de 1999 estuvo contaminado por la mentira.

Confía en las buenas intenciones del presidente Danilo Medina para salir de la crisis eléctrica, razón por la cual dio el primer paso y ofreció, de parte del grupo que lidera, US$200 millones para revertir el círculo vicioso que caracteriza al sector energético en uno que sea virtuoso, en el que haya negocios para todos, priorizando al consumidor.

Asegura que la crisis eléctrica que padece República Dominicana hace más de medio siglo tiene solución y que con la coyuntura de precios bajos del petróleo, es el momento. “Espero que el Estado no deje escapar esta oportunidad”, dijo el empresario.

¿Cómo resolver un problema de más de medio siglo?
No es difícil resolver el problema, es poner la gente correcta y las inversiones que tienen que hacerse. El problema está por la comercialización y la falta de inversión. Ahí es donde está el problema.

¿Cómo disponer de US$200 millones para la solución a la crisis?
Tenemos que definir si vamos a asociarnos en un área determinada, mejoramos esa zona, utilizándola como punta de lanza. Yo no voy a entregar US$200 millones para que lo operen como lo están haciendo ahora.

¿Es posible replicar en otras áreas la práctica de eficiencia que CEPM ha implementado?
Por supuesto. Es cuestión de invertir en las áreas que realmente necesitan recursos. Hay que mejorar los sistemas de medición y hacerlos invulnerables contra fraudes. ¿Por qué hay que mandar a alguien a leer una factura? Eso es de la época de las carretas.

¿Qué mecanismos utilizar para hacer eficiente la medición?
Cuando se manda a una persona a medir se corre el riesgo de que se arregle con alguien, le cuesta gasolina ir y venir; no se sabe si es verdad o no lo que leyó en el contador, no hay forma de totalizar los circuitos, por lo que tampoco hay forma de chequear si lo que leyeron es verdad. Cuando le llega la factura al cliente y paga pasan 90 días. Todo eso es dinero en la calle.

¿Qué tecnología propone InterEnergy?
Existe lo que se llama las prácticas eléctricas prudentes. En barrios ricos de Estados Unidos aún van personas a medir. Aquí hemos desarrollado tecnología propia de software con General Electric y se han logrado los medidores inteligentes de energía. La forma en que operan fue diseñada conjuntamente con ellos. Eso es replicable en todo el país. Nos daría la oportunidad de ponerle “made in Dominican Republic” a algo que no lo tiene nadie en América Latina. Tenemos la posibilidad de que el cliente sea prepago o pospago. El cliente elige la modalidad en la que desee estar. Se utiliza la billetera virtual, a la cual se depositan fondos y desde ahí cargar a su cuenta o medidor.

¿Cuál es su opinión sobre el Pacto Eléctrico?
Yo no creo en pactos de muchísima gente. Nunca se llega a nada. Esto es para arreglarlo el Gobierno y empresarios, sentarse en un salón con cinco inversionistas o los que quieran, y decidir ahí mismo lo que va. Se toma una decisión. No se necesita a tanta gente hablando todos los días. Yo no tengo tiempo para eso. Tenemos un año y medio hablando en el pacto. Se negoció la paz de Vietnam en menos tiempo.

¿Por qué no es optimista con el Pacto Eléctrico?
Soy franco. No me gusta perder tiempo porque lo que menos tengo es tiempo disponible. Tengo muchos ayeres y muy pocos mañanas. Es importante sacarle provecho al tiempo. Si en dos o tres meses no se resuelve nada, entonces voy a otra cosa. En abril de 2014 decidimos hacer un parque eólico en Panamá y en menos de un año estaba operando. Aquí nos tomó 15 años. Hoy no tengo 15 años más para dedicarle a nada. Si alguien en el gobierno quiere hacer esto, yo trabajo como un burro. Y le dedico tiempo. Traigo gente, armamos el proyecto; vamos al Banco Mundial para que inviertan con nosotros. Hoy hay una oportunidad de oro para resolver el problema eléctrico, el costo de generación está bajo, el precio de la venta de electricidad está alto. Esta oportunidad se puede ir de las manos en cualquier momento. Hay que aprovecharla. Esta coyuntura es perfecta para eso.

¿Merece el Estado algún reconocimiento por los esfuerzos que hace?
Hay que darle crédito al Estado o al gobierno porque aguantó muchos años de subsidios cuando el petróleo estaba caro. Ahora debe crear un fondo de apoyo o compensación. Es importante que se aproveche esta oportunidad. Nosotros aceptamos la invitación del presidente Danilo Medina y si él quiere nos sumamos, pero si no, obviamente, es su decisión.

¿Han analizado ustedes el nivel de conciencia del mercado dominicano?
La gran ventaja que hay ahora es que el país ha madurado mucho. Hay mejores plantas de generación. Los parques de Haina, Itabo y AES son extraordinariamente buenos. Los Orígenes tiene plantas nuevas.

¿Sienten ustedes dificultades con la aplicación de la Ley 125-01 de Electricidad?
Hay que interpretar la ley tal cual está escrita. La leen a conveniencia. El precio spot lo debe fijar la planta más cara que genera en ese momento, eso es lo que dice la ley. El robo de energía debe ser penado y perseguirse el fraude eléctrico. Es importante que todas estas cosas se respeten. La integridad de los contratos debe respetarse. Y ya no se puede decir que el sistema está en emergencia. Las soluciones tienen que ser drásticas. Hay que tomar las medidas para que no caigan en el deterioro por la falta de inversión. Hay que poner buena gente, no mucha gente.

¿Por qué no se ha hecho lo correcto para solucionar el problema?
Este país tuvo la mala suerte de que se sobre invirtió en generación y se sub invirtió en distribución. Cuando se hizo la capitalización en 1999 todos los que invirtieron en distribución se les mintió en el tamaño del problema. Se les dijo que había más clientes pagando, pero cuando llegaron se dieron cuenta que muchos clientes no existían, que habían sido dado de baja o que eran fantasmas.

¿Hubo mentiras en el proceso?
Pagaron por un problema que creían que no existía. Invertimos mucho dinero en generación. Itabo hizo lo mismo y empezamos a tirar energía en las redes y luego nos decían que paráramos, que no pueden recibir tanta energía porque no la pueden cobrar. Cuando una persona está descapitalizada es muy difícil que se recupere por sí misma. Siempre necesita dinero desde fuera y eso es aritmética pura.

http://www.eldinero.com.do/20453/gonzalez-bunster-no-hay-que-hablar-tanto-para-resolver-la-crisis-electrica/

Gran paso hacia la solución de la crisis eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- La Cámara Americana de Comercio recibió a principios de diciembre de 2015, como su orador invitado, al presidente Danilo Medina. El primer funcionario del Estado aprovechó el escenario para plantear algunos de los retos más importantes y la crisis eléctrica, por supuesto, no podía quedarse.

Allí propuso la disposición del Gobierno de aceptar la participación del sector privado en la solución al problema eléctrico, incluyendo inversión nacional y extranjera en la construcción de las plantas de Punta Catalina.

Medina hizo referencia explícita al pedido de organismos internacionales de financiamiento, bancos de inversión y firmas calificadoras de riesgo que venían resaltando, desde hace años, la necesidad de invertir en tecnologías de generación que permitan reducir el costo promedio de producir electricidad en el país.

En este mismo escenario el empresario Rolando González Bunster, de la empresa InterEnergy, le tomó la palabra al mandatario, dando un paso adelante para ayudar a incorporar, con una inversión inicial de US$200 millones, nuevas tecnologías de comercialización, medición y fortalecimiento de las redes de distribución.

La decisión de González Bunster, que de seguro será imitada por otros tantos empresarios dominicanos, además de aquellos potenciales inversionistas, merece un reconocimiento especial. Si realmente se quiere finiquitar con este cáncer que daña la competitividad del país, sin importar el ángulo desde el que se mire, ahora es un momento oportuno.

Ya está el primer paso y una propuesta concreta; el Gobierno está dispuesto a permitir la participación privada en la solución de la crisis crisis eléctrica y los precios del petróleo rondan los US$30.00 el barril. Ponerse de acuerdo, con un escenario tan favorable, no puede ser tan difícil.

El Pacto Eléctrico, que lleva más de año y medio en discusión y conversaciones que se tornan estériles, debería darle paso a acciones más concretas, como es la participación directa del sector privado en la comercialización de la electricidad.

Por supuesto, sin subsidios. Y no se trata de privatizar las distribuidoras o de volver atrás. La participación podría ser, a menos que no se llegue a otro acuerdo, que el sector privado participe en zonas geográficas específicas y tomar esos resultados como punta de lanza para aplicarlo en el resto del territorio.

La implementación de un sistema de medición con tecnología moderna, en el que el cliente pueda decir si quiere ser prepago o pospago, tiene lógica. La inversión necesaria en la rehabilitación de redes, tantas veces iniciadas o sólo ejecutada por zonas, debe ser una prioridad en proyectos con estas características.

El problema energético que padece este país, más que un reto que parece infinito, se ha convertido en una vergüenza. La imagen de República Dominicana, que entre sus metas está ser un destino competitivo para la inversión extranjera y para el turismo, se ve frecuentemente afectada por los problemas de apagones.

Si el presidente Medina quiere quedar bien y cumplir su palabra de que algún día dejará resuelto el problema energético, como lo ha dicho en más de una ocasión, ahora es el momento de casarse con la gloria. Ya el sector privado escuchó. Ahora le toca a él.

http://www.eldinero.com.do/20486/un-primer-gran-paso-hacia-la-solucion-de-la-crisis-electrica/