A Simón Lizardo M., con respeto.
Nueva vez se violará la Constitución de la República, la Ley Monetaria y Financiera, la Ley de Crédito Público y la Ley de Presupuesto General.
Nueva vez lo denunciaré y nueva vez será una denuncia igualmente ignorada, aunque en esta ocasión, por las "nuevas" autoridades de un "nuevo" gobierno.
La novedad este año, y toca reconocerla, es que nos enteramos de esta violación en los titulares de la prensa escrita. Mariela Mejía, mi compañera de Diario Libre, la presentó así: "Bichara asegura CDEEE pagará US$300MM a generadores."
Dentro del texto nos informa: "Bichara explicó que el "factoring" se negocia con un grupo de bancos -encabezados por el Banco de Reservas- con el que ya se llegó a un acuerdo, y se ha adelantado en las gestiones para obtener la dispensa de la Superintendencia de Bancos."
Vayamos al grano.
La nueva administración de la CDEEE necesita recursos. ¿Para qué? Para pagar sus obligaciones (y la de las empresas distribuidoras que controla) con las empresas generadores de electricidad a las que se le debe, según ellas, US$700 millones.
No es culpa de Rubén Bichara (como tampoco lo fue de Celso Marranzini, ni de Radhamés Segura antes que él) el que la CDEEE tenga que recurrir a artilugios contables, cucaramácaras o ilegalidades para financiar sus operaciones.
Este año, a la CDEEE "solamente" se le asignó US$270 millones y US$500 millones para solventar el déficit del sector eléctrico. US$770 millones evidentemente que quedaban cortos, dado un déficit que el propio presidente Leonel Fernández ahora estima, para este año 2012, superior a los US$1,270 millones. Es decir, a don Rubén le están faltando, para cerrar este annus horribilis, US$500 millones.
¿Qué se debería hacer? El Ejecutivo y el Legislativo deben aumentar el presupuesto de gasto corriente a la CDEEE por esos mismos US$500 millones.
Debe procurar una fuente de financiamiento, sea esta recortándole la asignación presupuestaria a otros o aumentando el nivel de deuda pública, autorizando al Banco de Reservas (o a quien sea) para que provea los recursos faltantes.
El gobierno, por tercera vez, y por una razón que no me queda clara, opta por otro camino. Una ruta que es poco transparente y, responsablemente reitero, carente de fundamento legal e institucional.
¿En qué consiste? En las famosas operaciones de "factoring" o descuentos de factura. Veamos. Las generadoras suplieron energía a las empresas distribuidoras. Estas no le pagan la totalidad de la factura, por lo que las empresas generadoras ahora tienen una cuenta por cobrar en su activo. Necesitan efectivo. ¿Qué hacer?
Entra la magia del "factoring". En un acuerdo tripartito, la CDEEE, los generadoras y el Reservas, acuerdan lo siguiente: El banco "descontará" las cuentas por cobrar de los generadores. Estos, agradecidos, recibirán efectivo. El 100% del efectivo, pues no se le aplica ningún tipo de descuento, a pesar de que es, supuestamente, un "descuento de factura."
El Banco de Reservas registrará ahora, en su activo, US$300 millones en "cuentas por cobrar". La pregunta del siglo es… ¿Por cobrar a quién? ¿A las empresas generadoras? No. Esas cuentas quienes las saldarán serán las distribuidoras y la CDEEE, con sus propios flujos de efectivo.
Tenemos, pues, que el Banreservas tiene un activo. Ese "activo" no es más que un préstamo disfrazado. ¿A quién? A las empresas públicas del sector eléctrico. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Fácilmente. Cada activo tiene contraparte en el pasivo. En este caso, ¿de quién es el pasivo? Del gobierno dominicano, a través de sus distribuidoras y la CDEEE.
Y el problema, ¿cuál es?
Primero, que se está asumiendo una deuda pública sin la autorización previa del Poder Legislativo. Cualquier relación con "El Lado Oscuro de la Sunland" no es pura coincidencia.
Segundo, que se subvalúa el real nivel de deuda pública, pues estas cuentas de "factoring" no están registradas en el Ministerio de Hacienda, ni en la Dirección General de Crédito Público.
Al cierre de 2011, por ejemplo, las operaciones de "factoring" superaban el 70% de todos los préstamos al sector público. Gran parte del desguañangue fiscal de 2012 fue, precisamente, causado por el pago de esta deuda pública disfrazada.
Tercero, que se le transfieren US$300 millones a un ente estatal (la CDEEE), cuando este ya no tiene, en el 2012, asignación presupuestaria disponible.
Cuarto, que se queman recursos disponibles en el presupuesto de 2013 para la estabilidad del sector eléctrico, utilizándolos de forma anticipada en 2012.
Quinto, que se le exige a la Superintendencia de Bancos dar "dispensas", cuando ese organismo supervisor no está facultado para obviar desviaciones a ninguno de los reglamentos de la ley. Solamente la Junta Monetaria puede dispensar o deshacer lo que ella aprobó.
Esta es mi denuncia. La misma de antes, la reitero ahora. Responsablemente.
arg@betametrix.com / @argentarium
No hay comentarios:
Publicar un comentario