Santo
Domingo, D. N.,
11 de
enero de 2016.
Señor:
Monseñor Agripino Núñez Collado,
Presidente
del Consejo Económico y Social (CES),
SU DESPACHO.
Distinguido
Monseñor:
Para
mañana martes, 12 de enero en curso, está previsto continuar los trabajos de la
IV Fase del Pacto Eléctrico, luego del receso de fin de año propuesto por los
actores sociales y laborales; esa iniciativa por la falta de respuesta
gubernamental a la reclamación de informaciones claves para la continuidad del
proceso de pacto que habíamos realizado desde su inicio.
Usted, Monseñor, canalizó
estos requerimientos al Gobierno Central y los organismos correspondientes, con
anterioridad al 10 de diciembre. El Gobierno
ha incumplido totalmente. Todo esto fue reiterado en la comunicación de
solicitud de aplazamiento/receso de las actividades del Pacto, para dar nueva
oportunidad a que se cumplieran las obligaciones y promesas.
La Sesión Pre-Plenaria, del
pasado 10 de diciembre, acordó el receso a los fines de asegurar la superación
de la asimetría de información que reclaman los actores sociales y laborales.
El Gobierno aceptó que oportunamente, antes del reinicio de las sesiones,
cumpliría con esa obligación tan
esencial en la procura de acuerdos y que ha condicionado marcadamente las
discusiones. Adicionalmente el empresariado también formuló similares peticiones.
Ninguna respuesta importante
se ha tenido. Ninguna información se ha entregado de las que se refieren a
estudios, contratos, financiamientos, proyectos, estados auditados actualizados,
presupuestos, planes y programas en ejecución y, en especial, acuerdos o
convenios de cualquier tipo que comprometen la responsabilidad del Estado y el
patrimonio de la nación.
Estos reclamos llevan más de
dos años. Están formulados detalladamente en la primera propuesta de Pacto que
se sometió al CES, entregada a usted y contenida en el acápite titulado
“requerimiento de información” del documento referido, firmado por todo el
movimiento social y laboral del país, que ahora sustenta las opiniones,
proposiciones, requerimientos, demandas, denuncias y aspiraciones, que esta
comunicación explica y en la que REITERAMOS LA SOLICITUD DE QUE USTED Y EL
ORGANO QUE DIRIGE TENGAN LA MAS INMEDIATA REACCIÓN.
La opacidad y la falta de
transparencia han crecido, desacreditando y borrando del imaginario de la ciudadanía
la esperanza de que se concrete una discusión responsable y seria sobre la
crisis del sistema eléctrico del país, cómo superarla y cuáles compromisos
asumen, verdaderamente, cada uno de los actores-sectores participantes en las
discusiones del Pacto. Esto, a pesar de
que existe la posibilidad de alcanzar convenios para garantizar energía a más
bajo costo, mayor y mejor armonía de los procesos de generación y servicios con
el medio ambiente, tarifas no abusivas a la industria y el comercio y un 30%
más baja a consumidores/as finales.
Tres elementos fundamentales
muestran la urgencia de discutir, sin dilaciones y antes que nada, la suerte
del Pacto Eléctrico, visceralmente atacado en sus esencias por la actitud
oficial y contados grupos de intereses
de facto que inciden de manera decisiva en el sistema eléctrico nacional,
cuando:
1- El Gobierno
no cumple su obligación, responsabilidad y compromiso de entregar la
información solicitada sobre el Sector Eléctrico. No hay voluntad a favor de la
transparencia. Por el contrario, existe un secuestro virtual de la información
y se evidencia el interés de manejar en secreto procesos y operaciones
irregulares, violatorias de las normas vigentes y las leyes. Se olvida que el
discurso del CES y del Gobierno se fundamentó en la divisa de “transparencia,
compromisos, iniciativas y régimen de consecuencias”.
2- En
los hechos, el Gobierno no ha sacado, nunca incluyó, el tema de las Plantas de
Carbón en Punta Catalina en las discusiones del Pacto Eléctrico, asestando con
esa decisión el golpe más severo a la posibilidad de un pacto, en tanto ese
proyecto, su financiamiento, su ejecución y los eventuales contratos de
O&M, suministros y otros, sin considerar el modelo comercial previsto, constituye
la iniciativa más relevante, costosa y menos transparente de todas las acciones
y decisiones encaminadas o por realizar para enfrentar la problemática
eléctrica. Es el propio Gobierno quien formalmente la plantea como componente
fundamental de su propuesta, a pesar de que nunca ha entregado información
vital y de calidad para conocer con la profundidad debida esa iniciativa y
poder acordar, con todos los actores convocados al Pacto, las mejores opciones
para su completa ejecución y operación.
Eso
no es otra cosa que burlar al país que ha sido convocado a discutir el pacto
eléctrico, es mentir y evidenciar que existen propósitos y planes encubiertos,
pues de otra manera no puede explicarse el secretismo y la falta de
transparencia. Y más aún, Monseñor,
cuando el propio Presidente de la República admite que, como lo habíamos
denunciado, no existía Plan de Cierre Financiero para ese proyecto y se recurre
a operaciones desesperadas que pueden resultar lesivas al interés nacional como
la reciente maniobra financiera con el Deustche Bank que, entre otras cosas, ha
endurecido las opciones financieras por identificar y concretar de cara a la
casi segura imposibilidad de los desembolsos del Banco de Exportación del
Brasil, sin contar las fuertes restricciones presupuestarias a que ha sido
sometida la administración pública y los préstamos del Banco de Reservas y los
bancos privados locales.
3- Asimismo,
hemos podido confirmar la existencia de un acuerdo secreto autorizado por el
Presidente Danilo Medina, firmado por Rubén Bichara, tramitado por el Consultor
Jurídico del Poder Ejecutivo Dr. Pina Toribio, refrendado por resoluciones del
Consejo de Administración de la CDEEE y bajo la firma notarial de la Dra. Leyda
de los Santos, con una empresa considerada “de carpeta”, prácticamente
desconocida y a la que se le concede un contrato “grado a grado”, es decir al
margen de la ley 125-01 vigente, para
construir UNA PLANTA DE CARBON MINERAL DE 600 MW DE CAPACIDAD, de extraña y no
clara propiedad privada, asociada estructural y operativamente a las obras
contempladas en el Parque Eléctrico de Punta Catalina, que se alimentará de su muelle,
correa principal transportadora y torre de transferencia del ya denominado
Puerto Carbonero, y cuyo gerente y representante legal es identificado con el
nombre de Manuel Apolinar Velázquez Arredondo.
Este tiempo ha servido para
confirmar el poco interés del Gobierno en el cumplimiento del mandato de la ley
1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cuando firma, en
contraposición a la constitución y las leyes, un documento fechado el 27 de
diciembre de 2013, bajo la responsabilidad formal a nombre del Gobierno y del
Presidente Medina, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), vía su Vicepresidente Ejecutivo, con la expresa autorización
del Presidente de la República, llamado Acuerdo de Potencia entre la CDEEE y la
empresa Pinegy Commercial Group, S. R. L.
La existencia de este
acuerdo constituye un ESCANDALOSO HECHO QUE COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD
DIRECTA DEL GOBIERNO Y SE CONVIERTE EN UN INGREDIENTE QUE ABORTA TODA
POSIBILIDAD DE DISCUSIÓN RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y CORRECTA DEL PACTO
ELECTRICO.
De no aclararse estas
situaciones y sin cumplir la obligación de la entrega de las informaciones
referidas, es claro que el Gobierno ha decidido ABORTAR EL PACTO ELECTRICO PARA
DAR PASO EN LAS CONDICIONES ACTUALES A UNA SERIE DE OPACOS E ILEGALES NEGOCIOS
ELÉCTRICOS QUE HARAN UN DAÑO IRREPARABLE A LA ECONOMIA DOMINICANA DURANTE
DÉCADAS Y AL PRECIO DE CONTINUAR PADECIENDO, SINO LA FALTA DE ELECTRICIDAD, LO
QUE ESTA POR DEMOSTRARSE, LOS ALTOS PRECIOS Y MALA CALIDAD DEL SERVICIO QUE EL
PUEBLO DOMINICANO PADECE.
Mediante ese acuerdo se
busca construir otra gran planta de carbón en la comunidad de Paya, Baní,
provincia Peravia, al margen de la ley, sin pensar que el artículo 25 de la ley
1-12 consigna la necesidad de “descarbonizar” la generación de energía
eléctrica en el país, dado las muy peligrosas emanaciones de dióxido de carbono
a la atmósfera y sin que se hayan cumplido, según las informaciones de que
disponemos, las normativas medioambientales y los estudios de impacto
correspondientes.
Lo peor es que nadie habla,
ni informa, ni ha medido, ni ha tratado con el rigor debido las consecuencias
de una concentración tan elevada de generación eléctrica en base a carbón en la
productiva comunidad de Baní: tómese en cuenta que la comunidad de Haina solo
tiene unos 500 MW a carbón y se le considera uno de los puntos más contaminados
del planeta. ¿Qué pasaría con Baní con una concentración de 1,340 MW de
generación a carbón?
El Presidente de la
República hizo un compromiso formal de enfrentar el problema del medio ambiente
en el país al asistir a la Conferencia sobre el Clima 2015, celebrada entre
noviembre y diciembre en la ciudad de París, Francia, conocida como COP21. Debe
ser coherente con ello y demostrar en los hechos que afirmaciones en el
exterior se inspiran en la verdad y son consecuentes con una visión de futuro
para nuestro país.
De igual manera, vemos que
no se hace ningún esfuerzo para introducir una reducción en el precio de la electricidad;
el artículo 114 de la Ley General de Electricidad No.125-01, de fecha 26 de
julio de 2001 y sus modificaciones, establece que el precio del KWH se determine
en base a análisis de costos, por lo cual éste debió bajar en forma dramática
debido a los bajos precios internacionales del barril de petróleo. La no instauración de mecanismos competitivos para la compra
de energía eléctrica por parte de las Distribuidoras a los generadores, además
de los excesivos gastos de estas empresas, dificulta el establecimiento de una
tarifa técnica en base a los postulados del artículo 111 de la referida LGE
125-01, lo que atenta directamente contra el presupuesto familiar de los
dominicanos.
Se agrega ahora, muy
peligrosamente, las condiciones desfavorables del crédito de los US$200.0
millones, con el Deutsche Bank de Alemania, para solventar atrasos en los pagos
con una de las empresas constructoras, que fue particularmente emplazada por los
suplidores de equipamientos a fin de que el día 10 de enero honrara compromisos
de pago pendientes. La situación de crisis
financiera no se puede ocultar, ya ha impuesto una reducción drástica del
personal laboral y técnico por el orden del 40%, la salida en diciembre de casi
la totalidad del personal de la Odebrecht, con lo que no sólo se ralentiza la
ejecución, se incurre en atraso en los pagos y por vía de consecuencia, se encarecen
los costos de la obra. Es el efecto dominó en la crisis del proyecto que potencialmente
tiene la capacidad de constituirse en una amenaza para el conjunto de la
economía dominicana.
Por último, en su
comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio efectuada hace varias
semanas, el Presidente de la República llamó al sector privado a participar en
el proceso de construcción de las supra indicadas plantas de carbón de Punta
Catalina; obviando que se trata de uno de los temas nodales que se discute en
el Pacto Eléctrico y que así como decidió invitar al capital privado debió
hacer lo mismo con el capital solidario, como manda el artículo 219 de la
Constitución de la República, a fin de evitar una desigualdad en el trato, lo
cual condena la propia Constitución.
En virtud de todo lo
expuesto y pensando en el país y la sociedad dominicana y particularmente en
nuestro pueblo trabajador, queremos presentar a su consideración y a la
estimación del CES y la Jornada Pre-Plenaria convocada para el día de mañana,
12 de enero, las siguientes recomendaciones:
1- Suspender
el reinicio de la Fase Pre-Plenaria hasta finales del mes de mayo para garantizar
las condiciones, superar la asimetría de
información y elevar la calidad y la ampliación de los actores nacionales en
voluntad de compromiso con la superación de la crisis del sistema eléctrico
nacional.
2- Continuar
los trabajos a favor de un Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico Nacional,
creando tres Comités de Trabajo dentro de la fase Pre-Plenaria a fin de que
recuperen las informaciones necesarias requeridas por los actores, aborden y
construyan propuestas para ser presentadas, discutidas y aprobadas en las
plenarias del Pacto Eléctrico en torno a:
·
La obtención, ordenamiento y procesamiento de
las informaciones requeridas por los actores sociales, laborales y
empresariales.
·
La sistematización de las propuestas y las
informaciones requeridas sobre el Proyecto de Punta Catalina y conocer LA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE LOS SECTORES SOCIALES Y LABORALES BASADA EN UN NUEVO
MODELO DE NEGOCIO, QUE NO ENDEUDE MAS EL PAÍS, COMBINE LA INTERVENCIÓN
CIUDADANA CON LA EMPRESARIAL, ASOCIATIVA Y COOPERATIVA, CON LA GARANTIA DE LA
CONTRALORIA SOCIAL Y LA TRANSPARENCIA CENTRADA EN UN CONSENSUADO REGIMEN DE
CONSECUENCIAS.
·
El reordenamiento y coherenciación del
conjunto de las proposiciones contenidas en la Matriz de Propuestas a fin de
disponer de un documento sintético, que supere las repeticiones o duplicidades,
contradicciones innecesarias y asegure efectivamente el compromiso de todos los
actores nacionales.
3- Crear
un Comité Especial de Información del Pacto Eléctrico para el esclarecimiento
de la denuncia en torno a la construcción de otra planta a carbón de 600 MW en
la provincia Peravia y sus posibles implicaciones sobre el Pacto Eléctrico y
las propuestas en discusión.
Monseñor, por las
implicaciones de todo cuanto hemos referido y para solicitar su directa
intervención a favor del logro de la transparencia, dejamos en sus manos copia
del expediente sobre la ilegal y secreta operación a que se ha tenido acceso,
requiriendo de su investidura la procura de las informaciones relativas a cada
uno de los aspectos documentales adicionales que demandamos, tales como: el
Memorandum de Entendimiento (MOU), el Acuerdo Marco, el Acta de la Asamblea
General de Socios de la empresa PINEGY COMMERCIAL GROUP, SRL de fecha 10 de
julio de 2013, el Estudio de Impacto Ambiental de ese proyecto, Precios y
Condiciones acordadas por los servicios del Puerto Carbonero, Hoja de Vida de
la Planta a instalar, el Acuerdo de O&M con la empresa estatal Canadian
Commercial Corporation (CCC), y cualquier otra información sobre empresas
vinculadas y otros elementos importantes por las implicaciones prácticas que
comporta un proyecto como ese para la discusión del Pacto Eléctrico.
Monseñor, tiene usted,
nuevamente, una oportunidad especial, de contribuir a que estas situaciones no
se conviertan en elementos disolventes que pulvericen la oportunidad que tiene
el país de optar con responsabilidad por un cambio de rumbo a favor del
desarrollo de la nación dominicana.
Con elevados sentimientos de
respeto y consideración,
Se despiden atentamente,
·
Foro
Ciudadano (FC)
·
Articulación
Nacional Campesina (ANC)
·
Central
Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)
·
Consejo
Nacional de la Unidad Sindical (CNUS)
·
Observatorio
Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(ODPP-UASD)
·
Fundación
por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM)
·
Consejo
Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE)
·
Centro Juan
XXIII
·
Foro Social
Alternativo (FSA)
·
Colegio
Dominicano de Economistas (CODECO)
·
Asociación
de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional (ASCADINA)
·
Fundación
“Grupo Energía y Medio Ambiente” (GEMA)
·
Federación
Dominicana de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOOPE)
·
Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA)
·
Consejo
Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación
(CONDETRE)
Nota:
Para facilitar la comunicación con el conjunto de
las entidades firmantes hacerlo por vía del ODPP-UASD a:
Av. Alma
Máter esquina Av. Correa y Cidrón,
Edificio Nueva
Unidad (NU), Sede Central UASD.
Santo Domingo,
Zona Universitaria.
Correo electrónico:
Teléfonos;
(809) 532-4901
(809) 532-8546
(829) 750-2825
