SANTO DOMINGO,R.D.- A pesar de sus 58 bien escritas páginas, y de reflejar un gran esfuerzo profesional de sus autores, en términos prácticos, el documento del Pacto eléctrico propuesto por el Gobierno no plantea solución a las cuatro causas principales de la crisis del sector eléctrico dominicano.
Las experiencias vividas y los innumerables estudios técnicos realizados por expertos y organismos internacionales y locales, han coincidido en que las causas efectivas de la crisis, entre otras, son las siguientes:
Primero. La ineficiencia y el dispendio exagerado de las tres empresas distribuidoras debido, principalmente, a que las mismas han sido administradas con abierto clientelismo político y como un botín del partido gobernante.
Consecuentemente, se esperaba que el Pacto eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar y conformar el cuerpo gerencial de esas empresas para lograr su despolitización. Pero no lo hizo. Más aun, en el punto 5.3.12 de la página 12 del documento se consigna que:
“Se recomienda que las Empresas de Distribución de Electricidad de propiedad estatal tengan un Consejo de Administración integrado por siete (7) miembros, designados por el Poder Ejecutivo (…)”.
Exactamente lo mismo que tenemos hoy y que se ha repetido desde la Capitalización de la CDEEE en el 1999: Edenorte, Edesur y Edeeste tienen cada una un Consejo de siete (7) miembros, que son nombrados por decreto presidencial. Entonces, el Pacto propone seguir igual.
El PRM propuso la fusión de los tres consejos de administración de las distribuidoras en uno solo y que sus miembros sean seleccionados mediante concurso público de oposición, para reducir la influencia política directa. Esas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno.
Segundo, la falta de inversión suficiente y a tiempo en nuevas plantas de generación ha sido otra causa de carestía, apagones y conflictos a lo largo de los últimos 20 años. Por ejemplo, del 2003 al 2012 el parque de generación sufrió una verdadera sequia de inversiones privadas. Esta situación fue manejada por el Gobierno para justificar la construcción de Punta Catalina con fondos públicos. Fue también utilizado por funcionarios y voceros del PLD para una campaña mediática despectiva e inmerecida contra los empresarios del sector a quienes denominaban el “Cartel de los generadores privados”.
En realidad, aquella reticencia del sector privado para realizar inversiones en proyectos de generación al ritmo y escala necesarios se debió, principalmente, a la profunda quiebra financiera de las distribuidoras, la incertidumbre en la regulación y, también, a las propias lógicas y legítimas estrategias de optimización de utilidades de sus empresas.
Esa experiencia demostró que el modelo de mercado mayorista implantado por la Capitalización, conformado por el mercado de contratos y el mercado spot y sus transacciones de compra y venta de energía y potencia con las empresas distribuidoras, carece de incentivos y condiciones estructurales adecuadas para atraer inversiones privadas continuas y de adecuada tecnología y capacidad.
En tal sentido, el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto eléctrico ese problema sería abordado a profundidad, con iniciativas innovadoras, a los fines de corregir tan grave falla del mercado.
Sin embargo, el famoso Pacto del Palacio no propone nada al respecto.
En ese punto solo se limita a reiterar la sugerencia de un plan de expansión de generación de costo mínimo, pero sin proponer ninguna estrategia práctica que garantice llevar a los hechos dicho Plan. De lo contrario, todo quedaría como literatura técnica o una simple declaración de deseos que repite lo consignado en el Articulo 27 del Reglamento de la Ley General de Electricidad que en el año 2001 le asigno esa responsabilidad a la Comisión Nacional de Energía [CNE].
La realidad es que en periodos recientes tanto la CNE como la CDEEE han contratado la elaboración de planes de expansión de costo mínimo que nunca se han aplicado. ¿Seguiremos igual, esperando?
El PRM propuso que, basado en ese Plan de Expansión de costo mínimo, se consignara en el Pacto un amplio programa de licitaciones calendarizadas por varios años de nueva energía y potencia pre definiendo tamaño, tecnología y localización de las nuevas plantas. Las licitaciones las harían las distribuidoras, pero las inversiones correrían a cargo de empresas privadas. Pero esas propuestas también fueron rechazadas por el Gobierno. ¿Para qué firmar un Pacto que no propone solución a un problema tan crucial?
Tercero, otra debilidad estructural del mercado eléctrico dominicano es su débil y politizada regulación, que incluye la violación frecuente de la ley de electricidad y sus reglamentos. Violaciones que ocurren sin que la Superintendencia intervenga como y cuando debiera.
Consciente de ello el PRM propuso una modificación al mecanismo de designación del consejo de reguladores en la Superintendencia a los fines de limitar la absoluta discrecionalidad del poder político en su designación, así como otras medidas para reducir su directa dependencia económica de los pagos mensuales que les hacen las empresas públicas y privadas bajo su supervisión. El esquema vigente expone a la SIE a frecuentes gestiones con las empresas para que le paguen el dinero que la sustenta.
Sin embargo, esas propuestas del PRM fueron rechazadas y en su lugar se hizo consignar en la página 12, punto 5.3.13 del Pacto lo siguiente:
“La administración de la Superintendencia de Electricidad corresponderá a un Consejo integrado por un (1) presidente y dos (2) miembros, designados por el Poder Ejecutivo.”
Es decir, todo exactamente igual que lo que tenemos y hemos tenido hasta hoy. Ninguna reforma.
¿Cómo firmar un documento que legitima la continuidad de una regulación ligera y radicalmente sometida a los poderes?
Cuarto, el documento del pacto aborda a partir de la pagina 29 el tema de las perdidas de las distribuidoras, la reformulación de la tarifa y la reducción de los exagerados gastos operativos de las distribuidoras.
En esa mezcla aparentemente lógica se termina proponiendo que para reducir los exagerados costos operativos de las distribuidoras a un minimo de 10% respecto a sus ingresos se requerirían inicialmente seis (6 años), tiempo a partir del cual se haría otra evaluación para llevarlo a estándares internacionales que oscilan entre 6% y 8%. Actualmente los costos operativos de nuestras distribuidoras promedian el 20% de sus ingresos.
Los datos de la tabla incluida en la página 31 del documento del Pacto indican que la reducción de los costos respecto a los ingresos se haría a un ritmo promedio de 1.2% por año, por lo que para bajar el indicador a seis [6] u ocho [8] % requeriría aproximadamente diez (10) anos.
¿Por qué hay que esperar entre seis [6] y diez [10] años para reducir personal superfluo, y nominillas políticas, subcontrataciones innecesarias y sueldos escandalosos en empresas profundamente quebradas? ¿Por qué pedirle al PRM que firme y se comprometa con eso?
De igual manera, el documento del Pacto propone una tarifa de transición, no técnica o eficiente, por cuatro años y luego otra tarifa también transitoria llamada de referencia por cuatro años más, antes de entrar en vigencia la tarifa técnica [ver páginas 37-41del Pacto] que sería la que refleje los costos de producir un kilovatio hora de energía. Se trata de un esquema que contradice la ley y el fundamento de cualquier mercado y también todos los estudios sobre tarifas contratados por la propia Superintendencia y el Gobierno en el pasado reciente.
Las tarifas de transición fueron típicas [aunque nunca de tan largos periodos] durante los inicios de las reformas eléctricas en América Latina en los 80s y 90s, pero son na costosa aberración en una reforma que como la dominicana lleva 20 años en ejecución y ahora el Pacto propone que la transición tarifaria se extienda a ¡28 años!
Como puede apreciarse, el documento del Pacto eléctrico en realidad no plantea soluciones concretas a ninguna de las cuatro causas principales de la crisis eléctrica. Crisis que ha castigado severamente a la población y que lastra la competitividad de los sectores productivos y empresariales de la economía.
Firmar un documento tan ligero, seria prestarse a una movida cosmética, que cambiaría algunas cosas para dejar igual los asuntos fundamentales… No vale la pena.
https://acento.com.do/2019/opinion/8656230-pacto-electrico-ligero-dejara-igual-la-crisis/
