Entre 2002 y principios de 2003, el Gobierno se vio en la necesidad de crear medidas urgentes para
luchar contra la crisis del sector. En primer lugar se pagó parte de la deuda atrasada con los generadores.
Adicionalmente, se crearon Instituciones Gubernamentales no Cortables, esto fue así debido a que las distribuidoras cortaron el suministro de energía a entidades públicas como hospitales y escuelas que se atrasaban en pagar las facturas. De la misma manera, se creó el Programa de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) con la idea de combatir el robo de la electricidad, entre otros. Estas medidas sin embargo no fueron sostenibles.
En 2003 estalla la Guerra de Irak y el precio delbarril del petróleo aumentó nuevamente trayendo
consigo otro desequilibrio en la balanza de pagos del país. Ante esto, el Gobierno decide crear el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) con el objetivo de subsidiar a través de la tarifa el consumo eléctrico. Para esto se establece la Tarifa Aplicada(TA), que era la que se aplicaría a la tarifa de los clientes. Por otro lado se crea la Tarifa Indexada (TI), que corresponde a la tarifa eléctrica que “deberían”pagar los consumidores según el Índice de Precio al Consumidor de los Estados Unidos, los precios de los combustibles fósiles en el mercado internacional y la tasa de cambio, entre otros. Cuando la tarifa indexada es menor a la tarifa aplicada se generara superávit,
lo cual alimenta el FETE, mientras que en el caso contrario se genera un déficit pagado a cuenta del
FETE. Este último caso no se ha dado y el FETE termina siendo otro subsidio.
La crisis financiera de 2003 agravó aún más la situación financiera del sector. La crisis provocó una
depreciación de la moneda en casi un 67%. Esta situación deterioró el déficit financiero de las distribuidoras,que pagaban la factura de la energía compradaa los generadores en dólares y recibían ingreso por venta a los consumidores en pesos, aún a pesar de la creación del subsidio PRA y el FETE. A esto se suman los robos de energía, todo lo cual se reflejó en bajos índices de cobranza y retorno de efectivo eincapacitó a las distribuidoras a pagar e incluso a financiar la compra de los combustibles, llevando así aun deterioro visible en el suministro de energía eléctrica
y en la calidad de los servicios.
Estos problemas agravaron la crisis energética generando presión alGobierno, quien, en septiembre de 2003 como medidapara contrarrestar el problema de los apagones, re-estatizó las compañías EdeNorte y EdeSur, comprandosus acciones a Unión Fenosa.
En octubre de 2003 los organismos multinacionales sugirieron realizar una reforma en el sector eléctrico que tomara en cuenta incrementar las tarifas a los usuarios finales, cambiar el enfoque de los subsidios, regularizar los pagos a los generadores y buscarun pacto nacional entre partidos políticos, consumidores y sector privado para controlar el fraude.
Para finales de 2004, gracias a un aumento de la tarifa eléctrica y al fortalecimiento de la tasa de cambio, las pérdidas económicas del sector eléctrico mejoraron.En noviembre y diciembre de 2004, la tarifa eléctrica aumentó un promedio de 9.3% para tarifas por encima de 200 Kwh. Esto se hizo para combatirel déficit del sector en las empresas de distribución,y, a la vez, proteger a los consumidores de energíaque utilizan menos de 200 Kwh al mes.
Este artículo surge a raíz de un estudio realizado por un equipo del FMI en lo que tiene que ver con los subsidios energéticos, el equipo propone e insta a los gobiernos alrededor del mundo a reformar los productos que van desde el carbón hasta la gasolina. Sostienen que existe una ineficiencia en el subsidio de electricidad por diversas razones.
Dicen que con las reformas adecuadas los gobiernos contribuirían a aliviar las presiones presupuestarias que enfrentan. Se estima que en 2011 los subsidios ascendieron a US$1,9 billones lo que equivale a 2.5% del PIB mundial. Consideran que existe un margen para la reforma, ya que los subsidios representan altos costos para los gobiernos. Señalan que al momento de implementarse dicha reforma esto tendría efectos perjudiciales para la clase pobre por lo que proponen medidas compensatorias para su protección.
Existen varias explicaciones para la ineficiencia de los subsidios dentro de las cuales se encuentran:
• Empeoran los desequilibrios fiscales
• Sustituyen gasto público prioritario
• Deprimen la inversión privada, incluyendo la del sector eléctrico
• Distorsionan la asignación de recursos alentando al consumo excesivo de energía promocionando artificialmente las industrias incentivas en capital. Reduciendo los incentivos para la inversión en energías renovables y acelerando el agotamiento de los recursos naturales.
• Promueven la inequidad, ya que la mayoría de los subsidios benefician mayormente a la clase pudiente.
• Las generaciones futuras se ven afectadas a través de los efectos dañinos de un alto consumo de energía por el calentamiento global.
• Los subsidios imponen altos costos fiscales y económicos en la mayoría de las regiones. Las barreras que se interponen en crear subsidios eficientes son las siguientes, de acuerdo al FMI:
• Falta de información en cuanto a la magnitud de los subsidios y la diferencia de estos
• Falta de credibilidad del Gobierno y capacidad administrativa
• Problemas que conciernen a los efectos negativos que puedan caer
sobre los de escasos recursos
• Preocupación de cómo este puede afectar a la inflación y a la competitividad de las empresas locales
• Oposición por grupos que se benefician de estos subsidios
• Condiciones macroeconómicas débiles, ya que países con un gran crecimiento tienden a permitir reformas en este sector con menores protestas.
Fuentes: FMI- “Energy Subsidy Reform: Lessons and implications” Enero 2013; “El FMI observa
grandes beneficios en la reforma de los subsidios energéticos” Marzo 2013
ADIE
José Luis Moreno San Juan, exdirector del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Edwin Croes, uno de los técnicos que participó en el diseño y firma de los Acuerdos de Madrid, explicaron que los contratos de la capitalización establecían una fórmula de cálculo sobreindexadas a favor de los generadores, imposible de pagar por las distribuidoras.
Esa situación, sumada a la negativa del Gobierno de ajustar la tarifa cuando comenzó a subir el precio del petróleo y la falta de transferencia del subsidio llevó a las distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste) a descapitalizarse.
Las pérdidas de las Edes obligaban al Estado a pagar a esas empresas un subsidio mensual de US$200 millones, que no llegaba puntualmente.
Croes explicó que ante esa situación los representantes de las distribuidoras acudieron donde el Presidente de turno (Hipólito Mejía) y solicitaron que definiera un esquema con una tarifa más barata.
Por eso, en 2001, el Gobierno propuso a los generadores renegociar los contratos de la capitalización, firmados a cinco años y que expiraban en 2004.
Acuerdo de Madrid
El especialista en materia energética, Bernardo Castellanos, explicó en una publicación que el Acuerdo de Madrid logró modificar la fórmula del precio de transferencia de energía para que el cálculo se realizara en función al tipo de combustible utilizado y no en base al fuel Oil número dos (el más caro), como estaba en la capitalización.
También redujo la indexación del 100% para que fuera igual a uno.
“Con esas dos medidas se logró una disminución inmediata de un 36% en el precio de venta de la energía, equivalente a unos US$100 millones anuales”, resaltó.
Esa información también fue corroborada por Croes.
No obstante, para compensar esa rebaja a las ganancias de los generadores, el Estado acordó extender el plazo de los contratos en 12 años adicionales, y su nueva fecha de expiración es 2016.
Otro punto del Acuerdo
En el Acuerdo de Madrid también fueron renegociados los contratos existentes entre la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y los Productores Privados Independientes o los IPP (Seaboard, Compañía de Electricidad de Puerto Plata, Dominican Power Partners), los cuales quedaron con las mismas condiciones que los contratos renegociados en el nuevo esquema (EGE Haina y EGE Itabo).
“Así los contratos que tenía CDE con los IPP dejaron de ser una carga onerosa y deficitaria para el Estado dominicano y el traspaso a las distribuidoras como contratos acorde a la nueva legislación representaban ahorros anuales al Estado por US$200 millones”, señaló.
Agregó que en ninguno de esos contratos el Estado asumía los riesgos ni pérdidas de los inversionistas privados, ni garantizaba el retorno de la inversión ni de la rentabilidad esperada por los inversionistas privados, quienes asumían todos los riesgos asociados a su inversión.
Resultado del acuerdo
Los Acuerdos de Madrid fueron una decisión positiva a corto plazo, porque lograron reducir el precio de venta de la energía, el problema de esos nuevos contratos fue que en principio establecieron una ganancia de más de un centavo y medio a favor de los generadores.
Así lo comentó Moreno San Juan, tras sustentar que la renegociación de los Acuerdos de Madrid no fue tan perjudicial, pero debió prever un trato diferido para todas las empresas.
Edwin Croes, exasesor de la CDE, narró que en el año 2002 convencieron a Hipólito Mejía de subir la tarifa eléctrica para indexarla a los combustibles.
En esa ocasión, dijo, la tarifa fue aumentada en un 23%, y se esperaba que en el año 2003 ya no hubiese subsidio.
Sin embargo, en el año 2003 se produjeron dos choques que ameritaban subir la tarifa eléctrica en un 25% en un sólo mes: la devaluación del peso dominicano por la crisis bancaria, y el alza del petróleo a nivel internacional (subió de US$15 el barril en 1999 a más US$30).
“Por supuesto, ningún gobierno soportaría aplicar esa alza en un solo mes. Por eso Hipólito Mejía se comprometió a pagar la diferencia de la tarifa a las distribuidoras y así volvió el subsidio”, subrayó. Pero tampoco cumplió.
Señaló que el déficit financiero de las Edes volvió a empeorar de forma aún más violenta que anteriormente, disparándose de US$139 millones en 2002 a US$402 millones en 2003.
Reestatización de las Edes
La devaluación de la moneda y la falta de ajuste tarifario fue determinante para la salida de los operadores privados de las distribuidoras de electricidad, recuerda Marcos Cochón, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
En septiembre de 2003 Unión Fenosa vendió al Estado su participación en EDE Norte y EDE Sur. Mientras que en noviembre de 2004, AES anunció la venta de sus acciones en EDE Este a TCW Energy Advisorc, y en 2009 esta la traspasó al Estado. A partir de ahí no se ven muchos logros.
http://eldia.com.do/el-acuerdo-de-madrid-trato-de-eliminar-error-de-capitalizacion/