El sector empresarial, y muy específicamente en la parte de generación, ha realizado inversiones importantes para dotar a República Dominicana de un parque de generación lo suficientemente competitivo.
La única parte que no ha funcionado adecuadamente es la distribución y comercialización de electricidad servida a los clientes. Aquí ha faltado inversión en todos los niveles.
La gerencia de las distribuidoras es, sin duda, la peor parte en lo que debería ser un negocio rentable, seguro y competitivo, pues tiene a una población cautiva que necesita electricidad -sí o sí- para realizar sus actividades cotidianas.
Las plantas a carbón de Punta Catalina, provincia Peravia, sin duda una de las apuestas más arriesgadas del Estado en términos de inversión al sector energético, se han visto afectadas por falta de financiamiento, lo que ha obligado a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mover o modificar el cronograma previsto. Todo indica que entre finales de 2017 y mediados de 2018 es que entrarían en operación.
Ya está en proceso de licitación la operación y mantenimiento de estas centrales a carbón que, entre ambas, habrán de aportar cerca de 700 megavatios. Y qué bueno que se haya abierto la recepción de ofertas, pues así hay tiempo para escoger la mejor propuesta que vaya en beneficio del Estado, pues hay que cuidar cerca de US$2,000 millones que habrán de invertirse en las plantas.
Ahora está el próximo reto. En unos meses finalizan los acuerdos de Madrid y habrá que renovar esos acuerdos aunque, por supuesto, será bajo otras condiciones y características. Ahora el Estado tiene mejores posibilidades de negociación, a pesar del retraso en las plantas a carbón.
Ya no se puede alegar que faltan estudios por hacer. El sector eléctrico es, sin quizá, el área más estudiada y con diagnóstico en el país. Toda la información relacionada se refiere a recomendaciones que jamás se adoptan por una razón u otra, entre las que está el juego de intereses que se bate en medio de los protagonistas.
Otro de los grandes temas pendientes y dilatados es el Pacto Eléctrico, llamado a ser la base para construir un sistema energético confiable y sostenible, que asegure la competitividad y una mejor calidad de vida para todos los individuos que habitan República Dominicana. Hasta ahora no se ha logrado más que realizar muchas reuniones sin nada concluyente. Los desacuerdos han aflorado.
El retraso en la firma de este acuerdo intersectorial es evidente. El Decreto 389-14, del 13 de octubre de 2014, convocó al Consejo Económico y Social (CES) y a los actores institucionales y expertos para que inicien los trabajos de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en un período de seis meses a partir de su lanzamiento.
Hay quienes afirman que no hay que hablar tanto para resolver la crisis eléctrica y que no creen en los pactos de mucha gente, porque nunca se llega a nada. El compromiso de las actuales autoridades, según sus mismas promesas, es dejar resuelto este histórico reto que merma la competitividad del país. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar?
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