¿Cuál pacto eléctrico en R.D.?

SANTO DOMINGO,R.D.- El gobierno ha convocado el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) para iniciar las discusiones para un Pacto Eléctrico. Adicionalmente se han sumado una serie de especialistas, ensayistas, partes interesadas, “opinadores” y personalidades a los miembros ex oficio del CESI, para el fin indicado. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? Llegar a un acuerdo consensuado para delinear un Plan Nacional que enfrente la extendida crisis del sector eléctrico, que se lleva entra las patas a casi un 2% del PIB en transferencias del presupuesto, en detrimento de sectores como la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, el sistema judicial, las infraestructuras públicas, entre otras.
El país tiene uno de los más deficientes servicios eléctricos de América Latina y El Caribe. Caro, de mal servicio y que cada día extrae sumas mayores a las arcas públicas. Todos los intentos de buscar soluciones desde 1990 han fracasado estrepitosamente. Primero, bajo el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer, se aprobó en 1990 una efímera Ley (14-90) de Incentivo a la Producción Eléctrica. Efímera, ya que fue derogada apenas menos de dos años después por el Código Tributario de 1992, ya que se basaba en otorgar exoneraciones fiscales a las empresas privadas que invirtieran en sistemas aislados o en nueva generación para vender a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) bajo los mal recordados PPA, contratos de compra veta de energía bastante desfavorables para él comprador. Bajo ese esquema existen todavía muchas inversiones que no pagan un centavo al Estado, como en sistemas aislados, en Punta Cana/Macao y Las Terrena, o en generación de alto costo que opera con derivados del petróleo de alto impacto económico y ambiental.
A partir de 1992, bajo la egida y el auspicio del Banco Mundial y el apoyo del BID y de la USAID, se inician las discusiones para una “reforma integral” del sector eléctrico, bajo la premisa del desmantelamiento de la CDE y el traspaso total o parcial de las empresas eléctricas resultantes a los interese privados. Los criterios en boga entonces, bajo la política del Consenso de Washington, eran que todo lo posible debía ser privatizado. Entre 1992 y 1996 se produce un “tranque” en las discusiones coordinadas por Monseñor Agripino Núñez Collado, ya que los representantes de la oposición en aquel entonces, PRD y PLD, se oponían a la privatización directa, bajo la sospecha que “los reformistas que controlan el sector se lo van a robar todo”. En 1996 los representantes del PLD proponen una solución intermedia: que los activos del Estado no se traspasen al sector privado, pero que se haga una reforma de la CDE para dividirla en 7 empresas distintas, 3 distribuidoras, 2 generadoras térmicas, una empresa de transmisión y otra de generación hidráulica. Fue la llamada “Capitalización de la Empresa Pública”, un hibrido entre privatización y el modelo de Bolivia de capitalización. Esta solución fue la recomendada por el Banco Mundial en un estudio encargado a la consultora inglesa Coopers & Lybrant.
Con la instalación del gobierno del Presidente Leonel Fernández en agosto de 1996, y del Ingeniero Juan Temístocles Montás en la CDE, se inician los trabajos para reformar la CDE y aprobar una ley que se vino a llamar de “Capitalización de la Empresa Pública” a través de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) que presidió Antonio Isa Conde. En 1998, se completa el proceso de división de la CDE, con la creación de Edenorte, Edesur y Edeeste; las empresas generadoras EgeItabo y EgeHaina, y las dos empresas de generación hidráulica (EGIHD) y de transmisión (ETED). Las cinco primeras fueron licitadas y transferidas al sector privado, aunque el Estado mantuvo un 50% de las acciones, pero sin capacidad alguna de intervenir en las decisiones que adoptaren los gestores privados. El Estado pasó a ser un “convidado de piedra” en las empresas capitalizadas. Debido a que la oposición seguía bloqueando la nueva Ley General de Electricidad, que completaba el esquema institucional y de regulación, se creó por decreto la Superintendencia de Electricidad y el llamado Organismo Coordinador, y lo que era el cuerpo de la Ley, fue emitido como Reglamento del hoy Ministerio de Industria y Comercio, teniendo que esperar la Ley hasta 2001 que la aprobara el Congreso y el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Al final, le Ley salió como un “collage” de ideas estatistas de los “expertos del PRD” y la ley originalmente diseñada por técnicos chilenos de la empresa ENDESA Chile.
El nuevo sistema se basaba en el despacho de la energía mediante un sistema llamado de “precios marginales”, es decir donde la demanda se iba completando empezando por el productor más eficiente, el cual recibía el precio final del productor más ineficiente. En principio eso estimulaba a que los generadores fueran más eficiente cada vez y que bajara el precio promedio de la energía. ¿Pero pasó así? ¿Cuáles problemas presentó el sistema nuevo casi desde su nacimiento? En primer lugar no se puede olvidar que el servicio eléctrico no es un negocio como una tienda de telas o de zapatos. El servicio eléctrico es un SERVICIO PUBLICO de primer orden. Como lo es la salud, la educación o el transporte. En segundo lugar, un sistema de precios marginales debe funcionar normalmente sin déficit de oferta, y en el caso dominicano había un déficit crónico de producción, lo que llevó, en corto tiempo que los capitales invertidos en empresas de distribución se evaporaron como el agua bajo el sol en poco tiempo. En tercer lugar, el sistema nació con una predisposición de actores claves como fue la administración de la CDE, particularmente en el período iniciado el 16 de agosto de 2000 con el gobierno de Hipólito Mejía. Las ultimas estocadas la dieron las barbaridades de los administradores de las empresas de distribución, particularmente la española Unión Fenosa, con acciones fraudulentas como prestarse dinero de la casa matriz a 25% de interés anual cuando en los mercados internacionales la tasa de interés eran del orden del 5%; pero sobretodo, la devaluación del peso dominicano, producida a partir de mediados de 2002 por la errática política fiscal y monetaria del gobierno del PRD, que quebró financieramente la llamadas EDES. A partir de entonces se ha verificado un proceso de estatización de todas las EDES, primero en 2003 (Unión Fenosa) y luego en 2006 (AES), de eliminación del sistema de precios marginales para los generadores con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid en 2001, lo que ha llevado a que el gobierno se vea en la obligación de otorgar crecientes transferencias a los distribuidores para pagar la elevadísima factura de compra de energía –con precios muy abultados.
Hoy en día el sistema eléctrico ha recibido, desde 2005 a 2015, según proyección, más de US$ 11.000 millones de transferencias del gobierno. El servicio empeora cada día más, y pareciera que el país está atrapado en un círculo vicioso de precios elevadísimos de la electricidad, entre otras razones por la sobrefacturación de los precios del Acuerdo de Madrid, el fraude y la ineficiencia, mal servicio con largos apagones, y un Estado que ya no puede soportar las cada vez mayores transferencias para pagar estas ineficiencias. La pregunta pertinente es ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar esta madeja de intereses y distorsiones? ¿Puede un pacto resolver esta situación? Esto es lo que propuso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la llamada Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12) aprobada en enero de 2012.
Cabria preguntarse ¿Qué debe contener un pacto eléctrico? ¿Quién sacrifica qué? ¿Existe terreno para un pacto sin que sea la mera extensión de las inequidades existentes actualmente? ¿Cuáles son los principales que debe enfrentar un Pacto Eléctrico? Para resumir vamos a enumerar algunos de los problemas más relevantes.
1. Calculo del Precio de Generación: Hay que avanzar a una formula competitiva que elimine los sobrecostos actuales de los generadores y que cargan en demasía las empresas distribuidoras, subsidiadas por el Estado;
2. Eliminación del sistema de despacho por precio marginal de la carga, el cual no funciona y solo sirve para poner una pantalla irreal en los cálculos de los precios de la electricidad;
3. Unificación de la intervención del Estado en el sector. Hoy en día hay cinco empresas estatales 100% (Edenorte, Edesur, Edeeste, Egihd, Eted) mas la CDEEE, mas la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Organismo Coordinador (OC), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y arriba de todo, el nuevo Ministerio de Energía y Minas (MEM). Desde el punto de vista institucional, todas las dependencias no empresariales deben pasar bajo la tutela y la coordinación del MEM y todas las empresas deben proceder a una integración vertical bajo un nuevo Ente Nacional de Energía (ENE), dirigido por el MEM. Igualmente para las nuevas unidades térmicas en construcción a carbón en Punta Catalina;
4. No renovar el Acuerdo de Madrid que expira entre 2015-2016 y que el nuevo Ente Eléctrico y la distribuidora integrada verticalmente, compre por contratos de corto plazo, de un año a 18 meses indexado a los precios de los combustibles que usan;
5. Creación de un reglamento público de accesibilidad de terceros al Gas Natural, hoy solamente disponible en Punta Caucedo, y de esa forma evitar el absurdo de construir una segunda terminal a menos de 50 kilómetros lineales de la existente hoy;
6. Formular un Plan Nacional de Expansión de la Generación (junto con dos similares de la distribución y la transmisión) que permita agregar 2.000 MW en los próximos 6 años, a base de carbón y gas natural. A este plan de expansión puede invitarse al sector privado a ser inversor y proveedor de electricidad al Ente Nacional de Energía;
7. De inmediato, crear una Mesa de Combustibles para los generadores privados bajo contrato de las Edes, manejado vía REFIDOMSA y donde se le provea a precios competitivos y calidad de los combustibles;
8. Eliminación de los usuarios regulados y los no-regulados, lo que va en detrimento de las distribuidoras, y cargan el presupuesto público;
9. Realización de una auditoria de potencia de los generadores actuales para certificar cual su potencia real disponible;
10. Estimular el desarrollo del Parque Eléctrico de Manzanillo, a fin de desconcentrar la generación actualmente concentrada en la costa sur Caribe.

http://vanguardiadelpueblo.do/2014/11/12/cual-pacto-electrico/
 

Pacto eléctrico: detalles que no se ven en R.D.

R. Bichara de CDEEE dij “Tiene que haber energía suficiente y a buen precio para que cualquier plan pueda dar resultado”. Analicemos eso.
Abordar el déficit financiero del sector energético, el cual tiene muchas aristas, se discutirá este 5 de Noviembre, en reunión obligada del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI). Las más importantes aristas son cambiar el parque de generación a una base más económica, a la incapacidad del desmonte al robo de luz, al cobro aplazado y a la baja fiscalización de transmisión, así como al subsidio a la luz, que pagamos todos y que se traspasa del presupuesto nacional a la CDEEE mensualmente. Ese tema no se quiere discutir detalladamente. Tiene costo político.
Ese subsidio no es racionalizado y aumenta anualmente, hoy ya va, por 149 mil millones de pesos.
Aunque el Gobierno atribuye ese déficit principalmente a los altos costos privados de parte de la generación de luz, el FMI y todos los economistas serios dicen que es necesario limitar, no terminar, el subsidio eléctrico anualmente consignado en el Presupuesto, pero esa tecla dentro del Pacto Eléctrico, que se discute, no se quiere tocar mucho.
El servicio de distribución en la zona Este, a cargo del Consorcio Energético Punta Cana-Macao, con alta eficiencia comprobada, demuestra que no es la generación cara, es la distribución, el dilema de la luz con subsidios limitados, no por apagones financieros, sino con buena planificación.
Por eso creo, que el mecanismo de focalización geográfica con subsidios a las tarifas de los servicios públicos basado en la estratificación socioeconómica de las viviendas, vigente en la actualidad en RD, ha sido en algo exitoso. Acertaron en dirigir subsidios a los hogares pobres, usando como parámetro el bono luz implementado, que se tiene ya contabilizado y depurado, pero que debe ampliarse.
Esto se ha conseguido, no obstante, con el costo de un desperdicio sustancial de recursos, producto de altos errores de inclusión, por cuenta de los cuales una porción significativa de los recursos de subsidio llega a hogares que realmente no los necesitan para asegurar su consumo de servicios públicos.
La debilidad del estrato como instrumento para la focalización está en su concepción logística por quintil, y en la medida en que las características de las viviendas que no están perfectamente correlacionadas con el nivel de pobreza de los hogares que habitan en ellas, pero sobre todo en su implementación, que deja espacios para una excesiva discrecionalidad por parte de los inspectores sobre quienes recae la decisión de otorgar subsidios.
El resultado es un estrato muy amplio, que contiene hogares a lo largo de toda la distribución de ingresos.
Ejercicios de simulación realizados muestran que las propiedades de focalización de un esquema basado en la comprobación previa de medios de vida son mucho mejores.
El error que tiene origen en el engaño por parte de los hogares para auto seleccionarse como meritorios de subsidios del gobierno bajo este esquema, es igual al que tiene su origen en la selección administrativa de los pobres mediante la asignación del estrato de las viviendas.
Este artículo, por eso, solicita respetuosamente al CESI, y al consejo revisor de nuestra evolución eléctrica, como lo he bautizado, una revisión del esquema de subsidios cruzados a las tarifas de servicios públicos vigentes en R.D., basada en el análisis de encuestas de hogares, con estudio a las propiedades usando esquemas alternativos de diseño implementados en otros países con éxito, mediante ejercicios de simulación. 
Encuentro, en base a experiencia, que el mecanismo de focalización geográfica de subsidios a las tarifas vigente en RD no ha sido bien estructurado debido a la discrecionalidad de los gobiernos al momento de su implementación. 
Focalización de un esquema basado en la comprobación previa de medios de vida son mucho mejores, y que un mecanismo de focalización geográfica es, en todo caso, más efectivo en dirigir subsidios hacia los pobres que la focalización basada exclusivamente en el consumo de los hogares.
En un contexto de demandas relativamente inelásticas, los incrementos en el costo de los servicios públicos resultantes de la eliminación de subsidios tendrían como resultado la racionalización de los consumos suntuarios de los hogares.
A la luz de su impacto marginal sobre el bienestar de los hogares pobres, sobre sus patrones de consumo, y sobre el desbalance del esquema de subsidios y contribuciones y su respectivo impacto fiscal, la evaluación costo- beneficio de la política que desvincula las tarifas sociales de los costos de prestación de los servicios para los hogares más pobres en RD, debe evaluarse mejor.
Todos sabemos que los servicios públicos, en particular los servicios de agua y electricidad, son subsidiados, como hacen en la mayoría de países. 
En algunos casos los gobiernos subsidian la oferta, pero es más difundida la práctica de subsidiar a los usuarios a través de rebajas a las tarifas para algunos segmentos de la población o para determinados niveles de consumo, como resultado de las cuales algunos o todos los consumidores residenciales obtienen los servicios a un precio por debajo del costo. 
Estos subsidios, sin embargo, son objeto de debate tanto por su efecto sobre el comportamiento de los consumidores y las empresas, como con respecto al propósito que cumplen como instrumento de política pública. 
Todos estamos de acuerdo con mayor inversión y mas generación, vía planta carbón de Catalina, gaseoducto a gas natural del Este, a los ciclos combinados, con una ampliación de la matriz energética, etc., etc., pero del subsidio y las pérdidas que son deudas que se amontonan, nadie las quiere enfrentar.
¿Se requieren los subsidios a las tarifas para poner los servicios al alcance de los más pobres o constituyen simplemente un mecanismo para transferirles recursos a los amigos del Partido, llamados pobres?
¿Qué implicaciones tienen los subsidios a las tarifas sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios y sobre el acceso de hogares carentes de conexiones domiciliarias? 
¿Qué efecto tendría sobre los pobres aumentar las tarifas para recuperar una proporción mayor de los costos, posibilitando por esta vía la financiación privada de la prestación de los servicios, o la reducción del gasto de recursos fiscales escasos?
Son mis 3 preguntas al panel de genios eléctricos, que nos darán, con buena voluntad el Gran Pacto Eléctrico, como lo sueña y desea Danilo Medina, para dejarlo a la posteridad como su más grande aporte. La luz.  Johnnysanchez1147@yahoo.com

 http://www.almomento.net/articulo/175400/Pacto-electrico-detalles-que-no-se-ven