SANTO DOMINGO,R.D.- Con la toma de posesión como presidenta del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Edita Vizcaíno se convierte en la sexta mujer en ocupar ese cargo en 53 años de fundación del gremio. La ingeniera industrial sustituye al arquitecto Francisco Mosquea, quien presidió el gremio en el periodo (2015-2016).
Antes de finalizar su gestión, Vizcaíno pretende trabajar para que los ingenieros, arquitectos y agrimensores empleados del Estado devenguen un sueldo mínimo de 50 mil pesos (actualmente cobran entre 25 a 30 mil pesos) y para que el gremio, que agrupa 35 mil colegiados, adquiera el respeto y el reconocimiento del Estado dominicano.
La presidencia del Codia expone a elCaribe sus planes con el gremio, ubicado en la calle Billini de la Ciudad Colonial.
¿En qué se enfocará su gestión? La seguridad social es una de las áreas de mayor preocupación nuestra, y estamos consciente de que esta necesita una atención especial, razón por la que nos proponemos que los colegiados de menor poder adquisitivo estén afiliados al Servicio Nacional de Salud (Senasa), a la vez que haremos esfuerzos para obtener un aumento de las pensiones, muy especial, para los envejecientes y gestionaremos, previo a acuerdos interinstitucionales, servicio de ambulancia a un costo accesible para los profesionales codianos y sus familiares.
Fortaleceremos los programas y proyectos de educación continuada con el propósito de robustecer la capacitación y actualización profesional de los colegiados, retomaremos los acuerdos suscritos con las diferentes sedes diplomáticas, para intercambiar conocimientos y experiencias dentro de las áreas técnico-científica, cultural.
Además, realizaremos intercambios docentes con las universidades y otras instituciones educativas internacionales y nacionales para impartir maestrías, post-grados y diplomados, a la vez que incentivaremos a nuestros profesionales para su participación en congreso, seminarios, cursos de capacitación técnica y actualización, conferencias y talleres.
Asimismo, seguiremos reclamando un salario mínimo de 50 mil pesos para los ingenieros, arquitectos y agrimensores que ofrecen sus servicios en las instituciones del Estado, puesto que en su mayoría reciben sueldos que no les alcanza en lo más mínimos para acceder a los bienes y servicios que demandan. - www.elcaribe.com.do/2016/09/17/aboga-para-que-salario-minimo-miembros-sea-50-mil
SAN CRISTÓBAL,R.D.- Un grupo de pensionados se mantiene encerrado este viernes en el Ayuntamiento de San Cristóbal para reclamar el salario atrasado del mes de junio y por lo cual ningún empleado ha podido entrar hasta el momento al edificio que aloja a la institución municipal.
De acuerdo a una fuente ligada al ayuntamiento, dentro del edificio hay más de 30 jubilados que se niegan a abrir las puertas hasta tanto no reciban una respuesta con relación al dinero que se les adeuda de sus pensiones.
Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar para tratar de mediar con los manifestantes y poner fin a la protesta.
Se trata de la segunda manifestación en el Ayuntamiento de San Cristóbal esta semana, ya que el pasado miércoles trabajadores activos y jubilados se lanzaron a las calles en reclamo de Decenas de empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal se lanzaron a las calles para exigir el pago se salario.
Es la tercera vez en lo que va de año que los trabajadores de la alcaldía que encabeza Raúl Mondesí se manifiestan para exigir el pago de sus prestaciones.
SANTO DOMINGO,R.D.- La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue asimilada en su componente previsional como la iniciativa que unificaría al sistema de pensiones del país.
Se entendía que esa legislación sería el principio del fin del sistema de reparto, al cual lo sustituiría el modelo de capitalización previsto en la nueva normativa. Cada trabajador y su patrono aportarían a una cuenta propiedad del empleado, para que cuando este concluya su edad laboral cuente con recursos para recibir una pensión “digna”, un calificativo que se le agregó extra legislación.
Los que no hubieran acumulado para recibir un monto de retiro en esa categoría, la propia ley define sus opciones. Pero el futuro del sistema previsional debía ser la capitalización, bajo los parámetros de la Ley 87-01. Incluso a los fondos de pensiones existentes al momento se les daba un plazo de 4 años para hacer las adecuaciones correspondientes.
La ordenanza la cumplieron los fondos creados por empresas privadas. En el sector público no sucedió así. Al contrario, aumentaron las disidencias, con más fondos de pensiones públicos actuando al margen de la regulación que establece la ley y como una amenaza para las finanzas públicas, pues se nutren del presupuesto nacional.
La semana pasada el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto que modifica la ley 340-98, que crea el Instituto de Previsión Social del Legislador Dominicano.
Establecieron parámetros para las pensiones de los nuevos integrantes que ingresen a partir del 2016, y escala para los niveles de pensiones de los que hayan ocupado posiciones directivas en las cámaras legislativas.
Es uno de los esquemas de pensión del sector público más beneficioso, si se compara el tiempo que debe aportar cada legislador para su retiro y si se refiere al mercado de previsiones del sector público, donde servidores que han trabajado por hasta 50 años reciben una compensación que no les cubre sus necesidades básicas. El caso de los médicos es un ejemplo. No quieren jubilarse por el bajo monto a recibir. A los profesores recientemente fue que se les mejoró su pensión.
Los legisladores, como todo servidor público, merecen un retiro digno. Pero el mercado debe ser proporcionalmente igual para todos. l - www.elcaribe.com.do/2016/06/27/pensiones-justas
Panamá tiene uno de los regímenes de inmigración más tolerantes del mundo para jubilados.
En Estados Unidos se jubilan todos los días 10.000 personas. Muchas otras están llegando a la edad de retiro en regiones pudientes de Europa y América del Norte.
Y un gran número de ellos están buscando un sitio bajo el sol para pasar sus años dorados.
Pocos países en el mundo ofrecen tantas facilidades como Panamá para que los pensionados extranjeros se radiquen en su territorio.
Las atracciones son múltiples: buen clima, un paisaje maravilloso, gente amable y un gobierno que no hace demasiadas preguntas a los recién llegados.
En momentos en que casi todo el mundo extrema los controles migratorios, Panamá ofrece residencia legal a cualquier pensionado que acredite ingresos estables de US$1.000 mensuales.
“Es una reacción mixta. No es una situación en que los ´gringos´son malos y los panameños son las víctimas. Es mucho más complejo que eso
Anayansi Prado, documentalista
Por lo que no es de extrañar que, año tras año, Panamá esté en los puestos de arriba en las listas de “los mejores países del mundo para jubilarse”.
El llamado “turismo residencial” ha ayudado a transformar a partes del país, generando riqueza y empleo para los locales.
Pero también despertando inquietudes por algunas personas que piensan que el arreglo no necesariamente favorece a todos los panameños.
“Uno de los mejores sitios”
Image caption Alex y Ann Johnston son pensionados canadienses y aseguran que viven felices en Panamá.
Alex y Ann Johnston son una pareja de pensionados canadiense. Viven felices en Ciudad de Panamá, una urbe que admiran en particular por su clima y una oferta de restaurantes envidiable.
Se mudaron hace cuatro años a la capital centroamericana, después de vivir en Dubái.
“Es uno de los mejores lugares en el mundo para jubilarse”, asegura a BBC Mundo Johnston, quien era banquero.
“Nunca nos hemos sentido incómodos aquí”.
“Además descubrimos que hay un verdadero menú de beneficios financieros para mayores de 60 años, como descuentos en autos y en restaurantes, entre otras cosas”, dice Johnston.
“Hay una actitud que hace que la gente de la Tercera Edad sea respetada y hasta consentida”.
Se ven a gusto en el trópico. Caminando por un centro comercial de la capital panameña el día de su entrevista con BBC Mundo, se tropiezan de casualidad con otra pareja de pensionados extranjeros amigos, esta vez sudafricanos, que también escogieron vivir en el país centroamericano.
Es fácil quedarse en un círculo social de extranjeros.
Pero aseguran que han hecho un esfuerzo por integrarse a su nuevo país de residencia, aprendiendo español y socializando con panameños.
Negocio en auge
El estadounidense Kent Davis vive de vender el sueño panameño a parejas como Alex y Ann, desde su firma Panama Equity, también basada en la capital del país centroamericano.
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Image caption Kent Davis vende casas a extranjeros radicados en Panamá. Dice que el negocio va viento en popa.
Indica que el negocio va viento en popa. Los extranjeros no dejan de llegar.
“Tal vez un 40% de mis clientes vienen de Estados Unidos y Canadá, 30% de Europa y otro tanto de Colombia, Venezuela y otros países de la región”, asegura a BBC Mundo.
Pero dice que ha cambiado el perfil de los pensionados.
Antes, explica, muchos de los que venían eran jubilados de países industrializados que buscaban ahorrar unos centavos viviendo en un país con precios de país en desarrollo.
Pero en los últimos años el dólar, que Panamá usa como su moneda nacional, se ha apreciado. Por lo que el país, advierte Kent, ya no es un sitio tan económico.
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Image caption Varias empresas inmobiliarias venden casas de lujo orientadas al mercado de los residentes extranjeros.
Y los pensionados que llegan son más sofisticados, en busca de los placeres cosmopolitas que ofreceCiudad de Panamá.
¿Hay quejas de los panameños frente a esta llegada de un número sustancial deextranjeros a su país?
Alex y Ann Johnston aseguran que no han experimentado ninguna.
Aunque el mismo Alex dice que, en su opinión, el gobierno panameño debería moderar la entrada de tantos extranjeros, pues alega que el país no tiene el espacio para recibirlos a todos.
Por su parte, Kent Davis opina que los panameños en general se benefician con la llegada de los pensionados.
“Hay oportunidades económicas nuevas por el dinero que traen esos extranjeros”, apunta en conversación con BBC Mundo.
Conflicto en Bocas del Toro
Las dudas frente a la llegada de los pensionados foráneos, que no se notan en la capital, son más pronunciadas en algunas regiones, en lugares como Bocas del Toro, un pequeño archipiélago en el norte del país que se ha convertido en otro sitio favorito de residencia para extranjeros.
En estas islas habitan más de 2.500 indígenas, además de afrodescendientes y otras comunidades, que ahora conviven con aproximadamente 1.000 extranjeros, estima Osvaldo Jordán, director ejecutivo de laAlianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización no gubernamental.
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Image caption El dirigente indígena Feliciano Santos ha criticado la llegada de extranjeros a las islas en Bocas del Toro.
El experto advierte que en el archipiélago algunos de los foráneos han entrado en conflicto con los locales cuando adquieren propiedades en la zona a intermediarios panameños y de otras nacionalidades que, según denuncian los indígenas, a veces usurpan los derechos sobre la tierra de las personas que han vivido ahí ancestralmente.
“Los derechos de propiedad no están bien definidos. El negocio de las casas para los extranjeros es muy lucrativo. Hay gente de las comunidades indigenas y afrodescendientes de bajos recursos que ha ocupado la tierra pero que no tiene titulo de propiedad que certifique que son los dueños, lo que ha provocado bastante conflicto”, le dice Jordán a BBC Mundo.
Uno de los dirigentes que ha encabezado protestas de los locales ante ese fenómeno en Bocas del Toro es Feliciano Santos, de la comunidad indígena ngöbe.
En conversación telefónica con BBC Mundo, Santos explicó las prevenciones de su gente frente a la llegada de los extranjeros.
“Tenemos un conflicto social sobre la tenencia de la tierra. Hemos estado tratando de organizarnos y resistiendo”, asegura, indicando que en su opinión el estado panameño no ha hecho lo suficiente para proteger sus derechos.
Sobre la llegada de pensionados extranjeros, Santos advierte que, en su opinión, “traen dinero, y supuestamente progreso, pero también en muchos casos desplazamiento y despojo de las tierras”.
“La gente queda trabajando como jardineros, sin tierra ni nada, ese es el progreso que hemos visto”, puntualiza. “Mata tu forma de vida”.
“El gobierno tiene que tener un equilibrio entre los que vienen a invertir y los ciudadanos que viven en su país, el pueblo indígena”, advierte.
Paraíso a la venta
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Image caption En las islas de Bocas del Toro se han producido conflictos entre indígenas y urbanizadores.
Anayansi Prado, de ancestro panameño pero radicada en Estados Unidos, produjo hace unos años“Paraíso a la venta”, un documental de televisión sobre el impacto de la migración de jubilados afluentes en la zona de Bocas del Toro.
“Tuve la curiosidad de saber que pasa cuando los estadounidenses se van a nuestros países, el impacto que tienen, como cualquier inmigrante, en la sociedad local”, le dice a BBC Mundo.
“Es una reacción mixta. No es una situación en que los ‘gringos’ son malos y los panameños son las víctimas. Es mucho más complejo que eso”, advierte.
Hay muchos panameños contentos con mejores ofertas de trabajo. Otros se oponen porque el costo de vida está efectivamente aumentando en algunas comunidades, explica.
Pero no duda que las tensiones existen.
Anayansi Prado cree que además de las tensiones económicas, hay puntos de tensión culturales, similares a los que se dan en situaciones de migración en todo el mundo.
“Algunos de los panameños con los que yo hablé en Bocas del Toro sienten que va a llegar un punto en el que ellos van a ser extranjeros en su propia tierra. Muy pocos extranjeros hacen el esfuerzo de aprender el idioma”, le dice la documentalista a BBC Mundo.
“Hay una arrogancia. Van solo a restaurantes y cafés donde todo el mundo habla inglés”, sostiene.
El caso es que, mientras algunas voces locales se quejan, entre muchos extranjeros sigue habiendo una atracción por el país, que se comprueba con la continua llegada de nuevos pensionados a Panamá.
“El clima y la amabilidad de la gente, eso nos atrae”, concluye Alex Johnston, uno de los miles que escogió Ciudad de Panamá como el sitio en el que espera pasar su vejez.
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Image caption Los pensionados que llegan a Panamá son cada vez más sofisticados. Por BBC Mundo .abril 26, 2016
SANTO DOMINGO,R.D.- Si hay un sector que debió hace tiempo protagonizar una rebelión pública en este país es el de los pensionados del Estado, los que se están muriendo a plazos en medio de la más horrible pobreza, con ingresos que no les alcanzan ni para comprar el más elemental medicamento propio de la tercera edad. Son 110 mil personas, de las que el 95 por ciento, o sea más de 104 mil, reciben apenas 5,117 pesos mensuales, tras haber cumplido tres y cuatro décadas de servicios al Estado. Con la agravante de que la mayoría cotizó, durante todo su lapso de servicio, para una prometida jubilación, a un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que ha devenido en la más espectacular muestra de la desidia, la corrupción y la ruptura institucional. Como es natural en las personas de la tercera edad, una gran proporción sufre enfermedades, algunas crónicas como la diabetes o la hipertensión, que los obligan a adquirir medicamentos cuyo costo mensual supera ampliamente el monto de sus pensiones. Para colmo de males, esos pensionados no están incorporados al nuevo sistema de Seguridad Social, lo que es más burlesco cuando los gobernantes proclaman los “enormes avances” que dicen haber logrado en la cobertura, dándole tarjetas de asegurados a más de dos millones de pobres para que reciban servicios hospitalarios tan deficientes como los que se les ofrecía antes del plástico. Para los que alegan ignorancia de la dimensión de nuestras injusticias, hay que recordar que según el Banco Central, el costo de la canasta familiar del quintil más pobre del país estaba estimado en 13 mil 108 pesos al 31 de enero, lo que significa que esas 104 mil víctimas sociales apenas reciben el equivalente al 39 por ciento. Están condenados a la extrema pobreza o a depender de la caridad de familiares, amigos y hasta vecinos. Agreguen a la barbaridad que el monto de las pensiones está congelado desde hace una década, lo que implica que la inflación se comió alrededor del 50 por ciento de lo que fue tras la última revaluación. No faltarán quienes entiendan que de todas formas esos pensionados son privilegiados, ya que hay decenas de miles en todos los estamentos del Estado que hace años reclaman ser pensionados. Las asociaciones de enfermeras sostienen que el 40 por ciento de sus afiliadas están en edad de pensionarse, y que muchas viven de licencia en licencia temerosas de que les vayan a pensionar con 5,117 pesos, 40 por ciento de los sueldos de la mayoría de ellas. Se ha dicho que el Estado responde a miles de demandas de pensiones en la misma proporción en que van muriendo los privilegiados de los 5,117 pesos. Lo grande es que en el cinco por ciento de los pensionados que están por encima del mínimo indicado, se cuentan muchos que no trabajaron para el Estado, a quienes se les ha asignado 25, 50 y hasta 100 mil pesos. Se incluye a personas ricas o de clase media alta y media, incluyendo periodistas, artistas, deportistas y viudas de políticos. No dejen de anotar que organismos autónomos y descentralizados del Estado, incluyendo a exlegisladores, pagan pensiones de cientos de miles de pesos mensuales, dotadas, además de seguros médicos internacionales. Ante tanta iniquidad, no se entiende cómo solo los trabajadores cañeros salen a las calles cada mes a reclamar justicia. Todos los pensionados y los pendientes deberían protestar. Y que lo hagan ahora en medio del festival demagógico de la campaña electoral. Por JUAN BOLIVAR DÍAZ juanbolivardiaz[@]gmail.com 20 marzo, 2016 http://hoy.com.do/la-rebelion-de-los-pensionados/
SANTO DOMINGO,R.D.- Poco antes del Día de los Envejecientes, el Gobierno aprobó un presupuesto nacional para el 2016, con la ingrata noticia de que no habrá ningún aumento de las pensiones ni de los salarios. Esta es la décima vez consecutiva que el presupuesto no alcanza para tales propósitos, a pesar de que durante la década la economía creció alrededor del 60 % y el Presupuesto Nacional más que se duplicó.
Casi tres lustros después, todavía la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, continúa siendo letra muerta. Sólo un ejemplo: dicha ley dispone “establecer tarifas especiales en el transporte público y en las actividades turísticas”, y ni eso han recibido los pobres e ignorados “viejitos”.
Las organizaciones que trabajan a favor de los adultos mayores señalaron que en Bolivia, un país con una alta población indígena y con mayor pobreza, “por decisión política, el 100% de sus adultos mayores reciben automáticamente una pensión solidaria. Yo he señalado el tratamiento especial y considerado de que disfrutan los mayores de 60 años en Panamá, incluyendo jugosos descuentos en alimentos, transporte, boletos aéreos, restaurantes y atención médica, cines y actividades culturales, entre otros.
Todo luce indicar que estamos frente a un año más de espera, durante el cual, mientras unos disfrutan a plenitud de la “dolce vita” a costa de nuestros impuestos, cerca de un millón de adultos mayores continuarán padeciendo el doble flagelo de la pobreza y de la indiferencia, mientras otros miles desaparecerán de este mundo como lo que siempre fueron: un simple dato estadístico.
SANTO DOMINGO,R.D.- Aunque corre un gran riesgo la decisión del Gobierno
de asegurar la compra de petróleo a un precio de 65 dólares el barril,
demuestra su intención de mantener la estabilidad del producto y sus
derivados en el mercado nacional.
Así lo consideró el economista Pavel Isa Contreras, quien entiende
que esta es una buena decisión siempre y cuando se hayan tomado las
debidas previsiones.
“Yo creo que el mensaje fundamental es que el Gobierno tiene una alta
preferencia por la estabilidad y está dispuesto a pagar un costo por
esa estabilidad aunque el precio sea menor”, opinó el experto.
Isa indicó además, que si bien el mercado del petróleo es muy volátil
y no hay perspectivas concretas acerca de las variaciones que el precio
del crudo pudiese experimentar, el Gobierno está bien asesorado y
probablemente no tomó esta decisión sin realizar las evaluaciones
correspondientes.
“No creo que estén dando palos a ciegas, seguramente están bien
asesorados, el Gobierno cuenta con un personal de mucho nivel como para
trabajar estos temas. No creo que haya sido una decisión improvisada”,
consideró.
El economista precisó que en este tipo de operaciones siempre hay un
riesgo relativamente alto, ya que puede resultar que el precio esté por
debajo del monto en el que se aseguró el producto, como es el caso
actual, pues ayer el petróleo crudo de referencia para el país se
cotizaba a 40.24 dólares.
“La protección implica un riesgo (Ö). Siempre es una apuesta. Cuando
uno toma una decisión de ese tipo está apostando por la seguridad y la
estabilidad. El Gobierno está enviando el mensaje de que prefiere pagar
un costo a tener volatilidad en los precios de compra”, explicó Isa
consultado vía telefónica. Contraposición
Sin embargo, el también economista Ernesto Selman consideró que hacer un
contrato a futuro a 65 dólares cuando el precio del barril del crudo
está por debajo de 50 no tiene ningún valor, sobre todo cuando lo que se
percibe es que el petróleo continuará disminuyendo.
“Esto no va a traer ningún beneficio. Un análisis detallado de lo que
está sucediendo en la industria del petróleo hubiese concluido que los
precios iban a reducirse, no a incrementarse. Hay un dinero que se pagó
por esos instrumentos financieros que no se va a recuperar por una mala
previsión. Esa plata es irrecuperable; por no hacer un análisis
pormenorizado, detallado y concienzudo de la realidad de la industria en
el mundo entero”, opinó Selman. Lo hizo tarde
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la
Industria Eléctrica (ADIE), Milton Morrison, valoró como positiva la
decisión, pero consideró que el Gobierno debió hacerlo antes porque
ahora, con el precio del crudo por debajo de 65 dólares, no se
beneficiará en nada.
“Yo había escrito y le había hecho esa sugerencia en octubre del
2014, o sea, hace casi un año. Me hubiese gustado que se hiciera antes
donde pudiésemos aprovechar unas mejores condiciones. Aquí nunca se
había hecho eso y es una forma que todo gobierno y toda economía que se
planifica y piensa de manera racional, lo hace”, indicó.
SANTO DOMINGO,R.D.- El nuevo Reglamento de Protección al
Usuario de los Productos y Servicios Financieros (aprobado por la
Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 5 de febrero del 2015 y
publicado el 17 de abril del 2015 (el Reglamento) establece, entre
otros aspectos, las normas y procedimientos relativos al contenido, la
revisión y la aprobación de los contratos de adhesión suscritos entre
las entidades de intermediación financiera (EIF) y sus clientes (los
usuarios de los servicios financieros).
La versión previa de dicho reglamento, que databa del 2006,
estableció el marco original de protección de los clientes, pero las
obligaciones de las EIF bajo el nuevo Reglamento son mayores que antes.
Como aspecto positivo, el Reglamento requiere que los contratos de
adhesión estipulen con claridad los compromisos y derechos de las partes
y detallen, en la forma más desagregada posible, las partidas del costo
de la operación financiera, expresados en términos anuales. Dichos
contratos deben reflejar y recabar información clara y precisa sobre los
derechos y obligaciones de ambas partes.
Por igual, la EIF debe asegurarse también de entregarle al cliente
los anexos del contrato, entre los cuales se debe incluir el tarifario
de servicios.
Finalmente, requiere que los contratos establezcan claramente las
condiciones relativas a las revisiones o ajustes de las tasas de interés
para los préstamos a tasa variable y también en los servicios a precios
variables.
El Reglamento requiere que la Superintendencia de Bancos revise y
apruebe todos los modelos de contratos de adhesión. Este es un cambio
importante respecto a la versión previa de esa normativa, pues
únicamente facultaba a la Superintendencia de Bancos a comprobar la
existencia de cláusulas abusivas en estos contratos.
Sin embargo, este ámbito de aplicación ampliado no parece estar
conforme a la Ley Monetaria y Financiera, pues la legislación no
pareciera facultar a la Administración Monetaria y Financiera para
revisar de manera comprensiva los contratos de servicios o productos
financieros.
Por igual, el Nuevo Reglamento de Protección al Usuario incluye
disposiciones de regulación a las denominadas “prácticas abusivas”.
En este sentido, tampoco pareciera que la Ley Monetaria y Financiera
faculte a la Administración Monetaria y Financiera a regular un ámbito
tan amplio.
Sin lugar a dudas que han sido positivos los avances en la regulación
en esta materia y en la protección de los usuarios de los servicios
financieros.
Pero toda reglamentación, por más deseable que sea, debe ceñirse al
marco legal que le da su fundamento, y en este caso, no queda claro que
así sea.
SANTO DOMINGO. A través de la
nómina que maneja el Ministerio de Hacienda sobre los pensionados, se
puede ver que el Estado dominicano paga RD$895, 951.3 millones cada mes a
102,619 personas que fueron beneficiadas con una o más pensiones. De
esta cantidad, la mayoría, equivalente a 82,360 (73%) son pensiones de
RD$5,117.50, recursos que sólo representan el 41.17% del valor de la
canasta básica del quintil número 1, actualizada hasta agosto 2014 por
el Banco Central, en RD$12,429.74. Esto indica que la mayoría de
los pensionados del país devengan salarios que no les alcanza ni para
cubrir el 50% de la canasta básica, a pesar de que es en la edad de
pensión cuando más necesitan recursos, porque adicional a los productos
que generalmente consumen las personas antes de pensionarse, también
requieren comprar medicinas para combatir enfermedades que se destacan
normalmente en la vejez. Datos ofrecidos por el Ministerio de
Hacienda a Diario Libre indican que en su División de Nómina de
Pensionados hay 47 pensiones que tienen un valor menor a los
RD$5,117.50, por las cuales el gobierno eroga cada mes RD$142,102.17. Y
por las 82,360 pensiones de RD$5,117.50 el Estado paga cada mes RD$421,
477,300.00. Asimismo, muestran que la nómina bajo su control
tiene 11,107 pensiones que van entre los RD$5,117 y los RD$10,000, para
un 9.8% de la cantidad total de pensiones registradas en el Ministerio
de Hacienda, y con salarios desde RD$10,000 hasta RD$20,000 hay 11,765
para un 10.4%. Ante este panorama, la Confederación Nacional de
Unidad Sindical (CNUS), informó que ya es justo y necesario que los
pensionados dominicanos reciban un aumento que les permita, por lo
menos, poder comprar sus medicinas. “Hay una demanda de la
Asociación de Pensionados, que se incorporó a la demanda de las
centrales sindicales, de que la pensión mínima en el país debe ser de
RD$10,000 y no de RD$5,117.50”, señaló el presidente de la CNUS, Rafael
-Pepe- Abreu. El sindicalista manifestó que la solicitud de los
pensionados también plantea un incremento de sueldos de 30% para las
personas que tengan pensiones de RD$10,000 en adelante para que puedan
enfrentar el alza del costo de la vida. Abreu dijo que las
centrales sindicales incluyeron la demanda de los pensionados en la
propuesta de aumento general de salarios llevaron al Palacio Nacional.
Recordó que hay empleados públicos que tienen siete años sin aumento. La inequidad Además
hay que dejar claro que en el informe entregado por el Ministerio de
Hacienda a Diario Libre no se muestran las famosas y altas pensiones de
tienen algunos ex funcionarios del Estado, que sobrepasan los
RD$400,000.
SANTO DOMINGO,R.D.- Un aumento general de los salarios detendría
momentáneamente la caída de las reservas del Régimen Contributivo. Pero
para lograr que el mismo mejore la cobertura y reduzca el gasto de
bolsillo, es necesario impulsar las reformas que establece la Ley 87-01. Se
agrava la situación financiera del Seguro Familiar de Salud (SFS)
Contributivo. Las reservas acumuladas para el cuidado de la salud han
descendido de 7,776.9 millones de pesos en el 2009, a solo 5,793.3 a
Junio del 2014, una merma de 1,983.6 millones. Desde hace tres años los
ingresos ordinarios resultan insuficientes para cubrir la cápita de los
tres millones de afiliados. El salario mínimo oficial ha
permanecido estancado en 5,117 pesos desde el inicio del SFS. Hace dos
años el mínimo del sector privado, fue fijado entre 6,880 y 11,292,
según el tamaño de la empresa. Por eso el gobernador del Banco Central,
dijo que “los salarios se han mantenido prácticamente estancados debido a
que apenas se corrigen por la inflación, lo que no mejora su capacidad
adquisitiva”. Los dirigentes sindicales demandan un aumento
general del 30% de los salarios, incluyendo a los pensionados y
jubilados. El Presidente Medina consideró insuficiente un salario de
10,000 pesos, mientras connotados empresarios y entidades privadas
favorecen una alza, aunque sin precisar su monto. No obstante, analistas
y observadores se muestran un poco escépticos, conociendo la
tradicional mezquindad, tanto privada como pública. En una década
el salario real se redujo en un 27%, mientras la economía y la
productividad casi se duplicaron. Expertos internacionales consideran
que, no obstante el sostenido crecimiento económico, la República
Dominicana presenta una de las mayores brechas salariales y de la
concentración del ingreso entre las economías de ingresos similares del
mundo. El Seguro Familiar de Salud (SFS) es víctima de una fuerte
contradicción entre el costo creciente de la atención médica, debido a
las ineficiencias del modelo, a la posposición de las reformas
previstas, y al predominio de salarios muy bajos, acentuado por una alta
evasión y elusión. Un aumento general de los salarios sería un
gran alivio para el Régimen Contributivo, ya que detendría
momentáneamente la caída de las reservas financieras. Pero no
necesariamente se traduciría en un aumento de la cobertura, ni en la
reducción del gasto de bolsillo, como demanda y espera la población. Todo
dependerá de la decisión de las autoridades de impulsar las reformas
pendientes. La atención primaria, la revisión del PDSS, la actualización
del catálogo de procedimientos y de medicamentos, y el aumento del
límite de 3,000 pesos para las medicinas, son imprescindibles para
evitar que cualquier alza salarial sea absorbida por las ineficiencias
del modelo de atención vigente.
SANTO DOMINGO,R.D.- . La Dirección de Pensiones del Ministerio de Hacienda continúa rechazando las solicitudes de pago de pensiones que envía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), bajo el alegato de falta de cotizaciones.
Un caso reciente es el de la señora Maritza Cecilia Rodríguez, a quien el pasado 14 de febrero de este año el IDSS le aprobó la pensión número 62804 por un monto de RD$5,217 y que le fue devuelta hace unos días “por falta de puntos”, dijo ella.
Rodríguez solicitó su pensión por vejez en 2008, luego de trabajar por más de 17 años en la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y contó que hace unos meses en el Ministerio de Hacienda le informaron que estaban a la espera de un decreto para dar salida a cientos de expedientes de casos pendientes de asignación.
Para tener derecho a una pensión por vejez del IDSS, el trabajador debe tener mínimo 400 cotizaciones, equivale a ocho años de trabajo.
Hay casos en los que al trabajador, por irregularidades de los patronos, les faltan cotizaciones, pero se les permitió a los interesados completarlas para que puedan recibir la renta mínima.
Otra forma de resolver el problema, es que el Presidente Danilo Medina emita un decreto para que a las personas que les falten más de 100 cotizaciones se les permita regular su proceso y obtener sus pensiones.
SANTO DOMINGO,R.D.- La empresa consultora Analytica muestra en un análisis fechado al pasado viernes 31 de julio las grandes pérdidas que dice aún se mantienen en las empresas de distribución eléctrica, situación que se agrava más en el caso de la Empresa Distribuidora del Norte (Edenorte).
El reporte, elaborado en el Macro Chart: Sector Eléctrico, firmado por Enrique Penson, de la firma Analytica (Inteligencia Económica & Estratégica); advierte que aunque se logre abaratar el precio de compra a través de la generación a carbón el problema de las pérdidas arrastraría cualquier ganancia en la generación.
El analista de la consultora privada indica que “el problema de la distribución de energía debe ser uno de los temas fundamentales, o el principal en la discusión formal del Pacto por la Electricidad.
El especialista Penson explica que como en cualquier parte del mundo en República Dominicana el sector eléctrico opera sobre la base de la generación, la transmisión y la distribución y detalles sobre la matriz energética.
Recuerda que en el país existe una alta dependencia al uso de fuel oil en la generación, lo cual explica los altos costos de la energía. En la actualidad, se genera en un 45% con fuel oil, 30% a gas natural, 13% carbón y 9% con energía hidráulica. De igual modo, señala que a pesar de que el precio promedio de venta es similar al promedio global, los precios de compra son más bajos, en Edeeste, empresa que muestra un balance deficitario, “debido a las elevadas pérdidas técnicas y por fraude, de 35% del total facturado”.
En el caso de Edenorte, dice, el caso es más preocupante, en vista de que el precio de compra y venta de energía “ha desaparecido” y tiene los resultados más bajos del grupo.
((Crédito
Hacienda y el BID pactan US$78 MM El Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pactaron el viernes un préstamo por US$78 millones destinado a apoyar el Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas.
Por Hacienda firmó el ministro Simón Lizardo Mézquita y por el BID la representante, Flora Montealegre Painter, acompañada de Gina Montiel, gerente.
Santo Domingo,R.D.- Tras calificar de “lamentable y calamitosa” la situación por la que atraviesan los pensionados y jubilados del país, representantes de ese sector no descartan que se les esté aplicando “un genocidio sistemático” por los sueldos de miseria que devengan, a lo que se añade que no cuentan con seguridad social.
Denunciaron que de un total de 166 mil personas pensionadas, de 110 mil 500 que están registradas en el Ministerio de Hacienda, el 82 por ciento recibe una asignación que no les permite una adecuada alimentación ni servicios médicos.
Afirmaron que al mes mueren cientos de pensionados la mayoría retirados “como despojo social”, debido a que apenas perciben 5 mil 117 pesos mensuales y en el caso particular de los ayuntamientos hay quienes en comunidades apartadas reciben hasta 300 pesos y en el Distrito Nacional el 90% percibe mil 436 pesos.
Esos y otros planteamientos hicieron los presidentes de la Federación Nacional de Pensionados, reverendo Emilio López; Rafael (Pepe) Abreu , de la Confederación Nacional de Unidad Sindical y, de la Asociación de Pensionados de los Ayuntamientos de República Dominicana, Moisés Rosario al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
En el mismo también participaron Bienvenido Cruz, secretario de Finanzas de la Federación Nacional de Pensionados; Jesús Núñez, coordinador de la Unión de Trabajadores Cañeros y Omar de los Santos, secretario de Organización de la Asociación de Pensionados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), quienes coincidieron en que están cansados de que las pensiones estén frenadas por años y no recibir respuestas de las autoridades.
Peor condición
“Mueren entre 230 y 270 mensualmente, los más vulnerables son los del Seguro Social, los municipales y los cañeros”, puntualizó Emilio López.
En el caso de los cañeros, más de siete mil son migrantes, en edad de pensión y por falta de documentos y 3 mil pesos que les cobran para gestiones no pueden solicitar la misma, según Jesús Núñez.
Sin embargo, denunciaron que del presupuesto del Ministerio de Haciendas que es de unos 833 millones existe un sector privilegiado, de unos 23 mil pensionados que se llevan más de la mitad de esos recursos.
Cabildos
Moisés Rosario, dijo que los datos relativos a los ayuntamientos no están claros respecto al número de extrabajadores municipales en el país. No han comprobado que sean 19 mil porque en algunos cabildos no logran obtener la cifra.
Dijo que el problema en el Distrito Nacional persiste, por no arribar a un acuerdo el alcalde Roberto Salcedo, quien alega que no tiene presupuesto para asumir la carga económica , ya que le dejaron todos los trabajadores de la provincia de Santo Domingo, que eran de 2 mil 780 pensionados.
Insistió en que el Presidente entregue el 10 % que por ley les corresponde a los cabildos para que éstos puedan cumplir con las pensiones.
