ORIENTANDO AL CONSUMIDOR:Un caso de abuso de posición dominante

SANTO DOMINGO,R.D.- En los últimos años en la República Dominicana uno de los sectores que ha experimentado mayor avance y crecimiento es el sector financiero, esto se debe entre otros factores a la evolución de la economía. En ese sentido, hay un tema que nos preocupa y es el tema de las tarjetas de crédito y el abuso de la posición dominante que utilizan las instituciones de intermediación financiera con los clientes.

Este abuso de posición dominante consiste en que los bancos de acuerdo al buen historial de pagos de sus clientes le van incrementando su límite de manera exponencial, sin tomar en consideración los ingresos y la capacidad de pago. Esta situación provoca que muchos ciudadanos se endeuden hasta tal punto que la misma se hace insostenible y es en este momento donde inicia el vía crucis de muchos clientes, que tienen un límite que en muchos casos quintuplica sus ingresos.

Sobre este particular, muchas personas dirán que los consumos con tarjeta constituyen créditos que los usuarios deben pagar y por consiguiente deben manejarse y consumir hasta un monto que puedan pagar. En principio esto es cierto, pero el problema es que en la República Dominicana el 65% de los empleados devenga salarios de aproximadamente RD$15,000 mensuales y aumentarle el límite de crédito en 4 y 5 veces ese monto constituye un abuso de posición dominante de los bancos.

El problema mayor de esta situación en estos clientes tiene que ver con el hecho de que en muchos casos son compradores compulsivos y está comprobado que esto es una enfermedad como el tabaquismo, el alcoholismo, uso de drogas o los juegos de azar. En este sentido, una persona con esta condición siempre se verá tentada a utilizar de manera ilimitada su tarjeta de crédito sin pensar en las consecuencias ulteriores.

En síntesis, colegimos que el Estado tiene la obligación positiva de garantizar la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y por consiguiente tiene que regular esta situación para impedir este abuso de posición dominante. Para resolver esta situación se requiere de la aprobación del Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito que cursa en el Congreso Nacional desde hace varios años y que es promovido por el diputado de Santiago Francisco Matos. -

Por Máximo Calzado Reyes


 www.elcaribe.com.do/2016/05/26/caso-abuso-posicion-dominante

ORIENTANDO AL CONSUMIDOR:Responsabilidad civil médica

SANTO DOMINGO,R.D.- La responsabilidad civil en el marco del ejercicio de la medicina, se da no sólo en el ámbito de las relaciones privadas, sino también en el marco de los hospitales públicos, cuyas previsiones están contenidas en el artículo 148 de la Constitución. Partiendo de esto, en el desarrollo de este artículo abordaremos el tema de la responsabilidad desde el punto de vista del Derecho Privado. Las personas que acuden a un centro de salud, por la razón que sea entran dentro de la categoría de consumidores y usuarios de este servicio, en esta interacción entre médico, centro y paciente pueden ocurrir situaciones en las cuales el paciente se vea afectado en su salud y en sus intereses económicos. En este escenario entran las disposiciones establecidas en la Ley Sustantiva, Código Civil Dominicano, Ley No. 42-2001 General de Salud, el Reglamento Hospitalario, el Código de Ética Médico y de manera supletoria la Ley No. 358-2005, partiendo del hecho de que la salud es un servicio y por consiguiente encuentra protección en el ordenamiento jurídico.

En virtud de lo expresado precedentemente, la pregunta obligada es: ¿Cuándo un médico incurre en responsabilidad civil?, en este contexto para dar respuesta a esta inquietud, debemos destacar que el primer elemento que debe estar presente es el daño, si éste no está presente, no podemos hablar de responsabilidad, el segundo elemento es la culpa del médico ya sea por error, torpeza, impericia, acción u omisión, inobservancia de los protocolos médicos, etc. obviamente el paciente tiene una cuota de responsabilidad ( de cuidado, llevar el tratamiento, visita al médico, etc.). Ahora bien, debemos puntualizar que dentro de las eximentes de responsabilidad para el médico y el centro, tenemos hechos de fuerza mayor, imprevisible y los riesgos que conlleva someterse a un tratamiento quirúrgico.

En síntesis, colegimos que la naturaleza jurídica de la relación médico- paciente en principio es “contractual”, lo que implica una obligación de prudencia y diligencia a cargo del profesional de la salud. En ese sentido, habrá Responsabilidad Civil Médica, cuando se demuestre la relación o conexión entre el daño y la conducta, con excepción de los casos que no estén presentes elementos de fuerza mayor o que el daño sea el resultado de la actuación del paciente. 


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Los consumidores ante la Constitución

SANTO DOMINGO,R.D.- Al principio fundacional del Estado de Derecho de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, el Estado Social le ha revestido de un andamiaje concreto de medidas para garantizar una igualdad real que asegure la efectividad de los derechos de las personas.

Y pese a que no hay un reconocimiento explícito en el artículo 53 de la Constitución de la desigualdad que se da en la relación entre consumidores y empresarios, lo cierto es que esa hiposuficiencia debe ser morigerada en nuestro ordenamiento a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta Política, que proclaman un Estado Social que tiene por función esencial el respeto de la dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. 

Así, pues, en la Constitución dominicana hay un hilo transversal que busca pasar de la igualdad formal a una igualdad real y que se expresa neurálgicamente en su artículo 39.3 cuando se proclama que, el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. 

Precepto que encuentra su blindaje procesal en el artículo 74.4 al disponer que, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular del mismo y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución. 

Estas disposiciones constitucionales encuentran eco en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, n.° 358-05, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto de la misma es “establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales”.

Más adelante el mismo artículo, prescribe que en caso de duda, las disposiciones de la ley serán siempre interpretadas de la forma más favorable para el consumidor. 

En ese sentido, cuando el juzgador se aboca a buscar una solución a un conflicto entre consumidor y empresario se debe guiar esencialmente por los principios de interpretación de los artículos 74.4 y 53 de la Constitución, dejando a un lado el viejo sistema de solución de conflictos normativos inspirado en las reglas de las antinomias legales tradicionales. 

Aquí el tema no es si la ley que se confronta a la de los consumidores es anterior frente a una posterior o si se trata de una ley sectorial confrontada con una ley general. El juzgador debe aplicar un juicio de ponderación que le conduzca a los principios que inclinan la balanza a favor del consumidor, porque existe una ley que fija cuál es el criterio a utilizar en dicha ponderación. - 

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Se “masacra” a la población con precios de combustibles en R.D.-

SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-Ramón Alburquerque, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que la gestión de Danilo Medina “está masacrando a la población” con los precios de los combustibles y aseguró que el Ministerio de Industria y Comercio podría bajar en estos momentos hasta 45 pesos al galón de gasolina premium y 35 a la regular.

Alburquerque se refirió al tema al aclarar que no era presidente del Senado cuando se decidió aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) y otras cargas tributarias a los combustibles, como afirmara el director de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Iván Rodríguez.

“Él está equivocado”, dijo el exlegislador en declaraciones a la La Súper 7 en la Mañana, que se transmite por la estación 107.7 FM.

Sin embargo, reconoció que escribió, sometió al Congreso Nacional e hizo que se aprobara la Ley 112-00, que regula los precios de los carburantes desde diciembre de 2000.

Recordó que esa ley establece el mecanismo para importar, procesar y comercializar los combustible, bajo el espíritu de que “si sube, sube y si baja, baja”.

Explicó que esa ley estableció un gravamen de RD$18.00 a la gasolina premium y RD$15.00 a la regular; así como RD$8.00 al gasoil premium y RD$5.00 al regular.

Además, que la legislación obliga al Estado a “indexar” esos montos, por lo que, por ejemplo y según sus cálculos, el impuesto a la gasolina premium en estos momentos no debería sobrepasar los RD$42.00, pero Industria y Comercio lo mantiene en RD$71.85, debido a que no indexa el monto con base al Índice de Precios al Consumidor del Banco Central.

“Nada más limpio y correcto de esa ley (de hidrocarburos), pero el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio, en su afán de buscarle más dinero al Gobierno no actualizan el impuesto con base al Índice de Precios al Consumidor”, dijo.

“El Ministerio de Industria y Comercio, que maneja los márgenes de comercialización (de los carburantes), fue subiendo y subiendo los márgenes de comercialización”, se quejó.

Confesó, al poner un ejemplo, “yo estoy, yo soy soy dueño de una estación de gasolina en Sabana Grande de Boyá, en Gonzalo (en Monte Plata)”, aunque no dijo si la tenía cuando hizo aprobar la ley de hidrocarburos.

Al seguir con su ejemplo, dijo que cuando llama a la marca distribuidora de combustibles que sirve a su gasolinera, la compañía que le despacha se gana RD$13.50 en cada galón de gasolina premium, “solo por tomar esa llamada (telefónica) y ordenar que envíen (el pedido)”.

Insistió que, aunque debería ser de RD$42.00 el precio de un galón de gasolina premium, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) lo mantiene a RD$57.60, pero le agregan “hasta gasto por administración de la ley, gastos bancarios” y lo llevan a RD$71.85, con lo que “estafa” a “mansalva” al consumidor.

Defendió la ley que impulsó y aclaró -en referencia a las declaraciones de su excompañero de partido Iván Rodríguez- que siendo presidente, Leonel Fernández se quejó de que peligraba la entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), porque el país dejaría de percibir, a través de las aduanas, uno RD$30,000 millones al año.

Sostiene que en ese contexto, al precio de los combustibles establecidos en la ley se le empezó a aplicar el Impuesto sobre Transferencias de Bienes. Industrializados y Servicios (ITBIS) -el cual ahora es de 16%-. “Ahí empieza el drama”, dijo Alburquerque para llamar “desmemoriado” a Iván Rodríguez y acusarlo de sumarse a los que “hablan disparates” por andar opinando “de oído”.

Sostuvo que la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, la cual defendió, era necesaria cuando el barril de petróleo subió hasta US$148, pero que ahora podría hasta dejarse de aplicar.

Al retomar el ejemplo de su estación de combustible, explicó que por tomar su llamada telefónica y despachar un pedido la compañía distribuidora se gana alrededor de 14 pesos, RD$140,000 por enviar 10,000 galones de gasolina a su gasolinera.

Además, que el detallista (en su ejemplo, él mismo) gana RD$20.03 en cada galón y el transportistas RD$4.78. “Por eso, es que el galón de gasolina sube a RD$177”, dijo.

“Lo justo es que esos tres márgenes (empresa, gasolinera y detallistas) se bajen como era cuando el petróleo estaba a 30 dólares; es que ha dejado el margen de cuando costaba 148 para favorecer a todas esa cadena”, sostuvo. 

“Es que el Ministerio de Industria y Comercio está masacrando la población, al combustible se le puede bajar ipso facto RD$45 por galón a la gasolina premium y 35 a la regular, y así sucesivamente”

www.7dias.com.do/portada/2016/02/19/i205619_alburquerque-gobierno-masacra-poblacion-con-precios-combustibles.

La fórmula de los combustibles en R.D.: Una aberración

SANTO DOMINGO,R.D.- Motivado por la publicación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de fecha 31 de Julio del año en curso, consideré oportuno incursionar en el tema, para el beneficio de mis lectores.
El MIC utiliza un algoritmo matemático para establecer los precios finales de los hidrocarburantes (gasolinas Regular y Premium) que nosotros los consumidores pagamos. Precisamente es aquí donde surgen varias interrogantes, no solo en la composición de este algoritmo, si no también en su interpretación. El mismo se define como una ecuación simple, de índole lineal, con las variables siguientes:
Caso: Precio final, al consumidor, de la Gasolina Premium.
1-PPI: Precio de Paridad de Importación.
Los valores de referencia, que determinan los precios básicos, vienen dados por las publicaciones diarias en el Platts Marketscan. Sin embargo, por razones de desinformación, al momento de su promulgación, en fecha 29 de Noviembre del año 2000,  la Ley 112-00 (Ley de Hidrocarburos) y posteriormente su Reglamento, puesto en vigor a través del Decreto 307-01 de fecha 2 de Marzo del año 2001, se indicaba que el Precio de referencia seria el del Barril de Petróleo cotizado en el WestTexas Intermediate (WTI). Esta disfuncionalidad todavía persiste en ambas legislaciones. Afortunadamente, en la actualidad se ha optado por corregirla usando los precios publicados en el Marketscan.
El mecanismo para establecer el precio de referencia semanal de dichos hidrocarburantes es mediante el uso de un promedio ponderado de cinco días que va de jueves a miércoles.
Otro componente fundamental del PPI son: a) Los Fletes (FOB); b) Los Seguros que se le agregan para convertirlo en precio CIF; c) Costes Financieros; d) Costes de manejo en terminal (handling fees); e) ¨Gastos de Administración¨ (del MIC) y un ajuste de flete más un factor de ¨conversión de temperatura que toma como referencia la fluctuación, por encima o por debajo, de los 15 Grados Centígrados.
Es importante señalar que todos estos valores se determinan en Dólares de los Estados Unido de Norteamérica.
Nota: El PPI representa el 44.3% del Precio Final al Consumidor   (PFC). 
2- L1: Ley 112-00: 
La Aplicación de este recargo, por concepto de impuestos, significa un 31% del precio final.
3- L2: Ley 557-05: (Sobre La Reforma Fiscal). No aplica
4- L3: Ley 495-06: (ad Valorem modificado). La aplicación de este recargo, producto de esta ¨modificación¨, significa un 7%
5- MD1: Margen del Distribuidor: 6%
6- MD2: Margen del Detallista: 9.7%
7- CM: Comisión por Transporte (Camionero): 2%
Entonces tenemos que:
PFC= PPI+L1+L2+L3+MD1+MD2+CM donde, en términos porcentuales significa que:
PFC= 44.3%+31%+(0)+7%+6%+9.7%+2= 100%
Como podemos apreciar entre el PPI y las diversas leyes impositivas, el consumidor asume más del 82.3% del PFC. El resto (17.7%) es simplemente  producto del componente de comercialización y transporte local.
Como erróneamente se esgrime, por la población en general, el encarecimiento en el PFC NO se debe a su comercialización, sino a una definición de un PPI dolarizado y un esquema fiscal (38%) sumamente voraz.

 http://acento.com.do/2015/opinion/8275062-la-formula-del-m-i-c-una-aberracion-del-mercado-de-los-combustibles/

Las calles de R.D.sin autoridad

Peatones deben tirarse a la vía para caminar ya que los comerciantes toman las aceras para estacionar los vehículos de sus clientes

SANTO DOMINGO,R.D.- ¿Y las autoridades, dónde están que no dan respuesta al caos existentes en las calles del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo? El irrespeto de conductores, dueños de negocios y establecimientos, vendedores ambulantes, “padres de familia”, policías y militares, han convertido las calles en un caos eterno para desdicha de quienes tienen que moverse en el denso tráfico capitalino.

Ante la falta de autoridad, es notorio observar el desorden en avenidas provocado por propietarios de restaurantes, tiendas, plazas comerciales, tiendas de repuestos, talleres, colmadones, drinks, fondas, y otros negocios, razón por lo que la gente hace lo que le venga en ganas y actúa como chivo sin ley.

Los dueños de establecimientos comerciales, ante la falta de área para estacionar vehículos, colocan conos, letreros, tubos con cadenas, tanques llenos de concretos, blocks o cualquier otro objeto, para evitar que vehículos o visitantes que no vayan para sus negocios se estacionen en su frente.

Usan conos, letreros de metales y latas llenas de concretos con un tubo, tiendas, entre otros establecimientos, para evitar que se estacionen frente a sus negocios, sin contar estos con el permiso correspondiente.

Ante el desborde de violaciones, producto de la negligencia e inoperancia, la gente cuestiona el papel de los ayuntamientos del Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo, instituciones como la Autoridad Metropolitana del Transporte, la Policía, y otros organismos competentes, como la OTTT, Tránsito Terrestre y Obras Públicas, que se hacen cómplices de inconductas y actuaciones por parte un segmento de la población.

Uno de los desórdenes que se ve en las calles a diario, y que los agentes de AMET no actúan haciendo cumplir la ley, es el de los conductores de carros y guaguas voladores, que frenan de repente a mitad de las vías para montar un pasajero, sin importar que puedan provocar una accidente entre los vehículos que puedan estar atrás, agregado a las competencias que estos hacen para llegar a tiempo a las paradas o controles para tomar primeros turnos.

Otra inconducta de esos conductores, es que cuando ven un pasajero, el cobrador saca un brazo como señal al chofer para que tome otro carril, sin importar quien esté a su lado derecho, y sin tomar en cuenta a quienes puedan atropellar.

Un español amigo me expresó que en su país conduce hace más de 25 años, “pero ha sido en República Dominicana que he aprendido a guiar, aquí tengo que defenderme y cuidar cuidar al otro vehículo y los peatones no respetan las señales de tránsito ni mucho menos semáforo”.

El caos es mayúsculo en el centro de la capital, donde restaurantes, discotecas, colmadones y dueños de apartamentos, colocan conos, tanques llenos de concretos, letreros, y tubos con cadenas para evitar se estacionen frente a sus negocios o apartamentos.

Silencio

Actuando en una aparente complicidad, ninguna autoridad competente da la cara tendente a frenar el desorden que se acrecienta cada día más.

Muchos agentes de la AMET ven chofers de “guaguas voladoras”, o carros del “concho”, violando la ley 214 de Tránsito Terrestre y las ordenanzas municipales, pero nda hacen, “para no buscarse problemas” con los choferes del transporte de pasajeros.

Otros se hacen de la vista gorda, cuando ven a los choferes del transporte abordando pasajeros en zonas prohibidas, o parándose en medio de la vía, o cuando se estacionan obstaculizando el tránsito.

Son muchos los vehículos parqueados en lugares donde se han colocado letreros de “no estacione”, otros los estacionados en las aceras, en tanto, personas inescrupulosas obstaculizan las aceras al instalar talleres de mecánica improvisados, con neumáticos, o con otros tipos de negocios, y ninguna autoridad interviene.

Los negocios de dealer, colmados, restaurantes, vendedores de aros para vehículos y neumáticos, así como almacenes de provisiones, han tomado las aceras y los peatones tienen que tomar las calzadas para caminar.

En la calle Rafael J. Castillo con Américo Lugo del ensanche La Fe, en la Mauricio Báez con Gómez, y la Francisco Villa Espesa, el desorden es mayúsculos.

También en la esquina de la avenida San Martín con Alejandro Ibarra del ensanche Kennedy, donde está la Clínica Mercedes, los vehículos son estaciones en las aceras y los peatones deben tirarse a la vía en un inminente peligro para caminar.

Igualmente en la calle Dr. Heriberto Pieter casi esquina Del Carmen, el taller Garpe auto pintura, los vehículos ocupan las vías y las aceras, en tanto la administración del hospital central de las Fuerzas Armadas ha colocado pilotillos en el frente para que no estacionen vehículos a pesar de que el Ayuntamiento ha instalado letreros.

“Paradas”

Los taxistas y los carros del concho así como las guaguas voladoras, han instalado paradas improvisadas en las principales avenidas y calles de la capital, y en residenciales, donde la paz que disfrutaban ya es cosa del pasado.

Las inmundicias, el olor nauseabundo, escándalos, palabras malsonantes e inmoralidad, allí predominan, y personas residentes en esos edificios y viviendas han optado por vender, otros alquilaron o se fueron de sus apartamentos por la situación creada por conductores del transporte de pasajeros, a pesar de las quejas expuestas a las autoridades que nada hacen por poner fin al problema.

Los taxistas es otro sector que ha convertido las esquinas de plazas comerciales, supermercados, residenciales y calles de muchos sectores, en zonas invivibles, y a igual que los choferes del concho, cuando los llaman a la atención, estos les responden con palabras ofensivas o amenazan con armas de fuego o blancas a los dueños de las residencias o apartamentos.

UN APUNTE

Promesas y allantes

Las autoridades del ayuntamiento del Distrito Nacional en ocasiones ayantan y relegan en la AMET, la cual dicen es la que tiene que evitar que choferes del concho o taxistas instalen paradas improvisadas de carros y guaguas en avenidas y calles, próximo a urbanizaciones y residenciales.
Además, no actúa el cabildo en contra de los establecimientos comerciales que colocan conos, barricas en calles y avenidas, y espacios públicos, para tomarlas de parqueo, o talleres de mecánica, los cuales suben a las aceras a realizar sus trabajos o parar sus vehículos.

http://elnacional.com.do/las-calles-sin-autoridad/

Fraude: ¿Te echaron toda la gasolina por la que pagaste?

SANTO DOMINGO,R.D.- Las quejas en el país por inconformidad en las estaciones de combustibles siguen aumentando y el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) lo sabe.De hecho, la directora de esa institución, Altagracia Paulino, confirmó ayer a elCaribe que en lo que va de año las mayores denuncias recibidas tienen que ver con estaciones de gasolina, especialmente en el interior del país. “Hemos encontrado algunos fraudes y hemos realizado los ajustes que se requieren, pero te puedo decir que las mayores denuncias vienen de esa parte”, aseguró.

Las redes sociales (Facebook, Twitter y otras) son una suerte de “escape” para las críticas y lamentos de la gente. Unos dicen que el combustible les rinde menos cuando lo compran en una estación diferente que donde lo hacen habitualmente. Y otros dicen que a veces los combustibles rebajan de precio pero eso no se refleja cuando el cliente echa la cantidad acostumbrada. “Yo generalmente echo mil pesos los viernes, y se supone que si la gasolina baja cuatro pesos, eso debe reflejarse en algo si yo compro la misma cantidad. Te puedo decir que en ocasiones la aguja del tablero se queda igual”, dice Luis Ramírez, un ciudadano consumidor.

Según las quejas, la modalidad de fraude por parte de quienes despachan el combustible en las estaciones o “bombas de gasolina” varía. Las denuncias recibidas en Pro Consumidor lo confirman porque es el mayor número de fraude denunciado en lo que va de año. El caricaturista José Mercader narró a este diario lo siguiente: “Pedí que me echaran 2,000 pesos y cuando iba por 1,500 pesos me limpiaron el vidrio y me distraje pero veo en pantalla que ya hay 2,000. Me quedé pensando momentáneamente, pero como fue en la bomba del 28 y yo quería llegar a la capital, no le di mente y no dije nada”.

Y agrega: “otro truco es que cuando te están echando, el conteo se para en 200 o en 300 pesos y te dicen que la máquina se ‘friza’. En realidad lo que está ocurriendo es que están echando lo que le robaron al cliente anterior y a partir de ahí entra otro conteo”.

Le están tirando el ojo
Pro Consumidor, a través de su directora ha emitido una alerta general a los usuarios y a los que dispensan combustibles al público. El organismo advierte que no se debe andar jugando con ese tema, porque esa modalidad constituye un delito de robo y los casos que lleguen a Pro Consumidor serán dirigidos al Ministerio Público. “La gente que haga su denuncia, que traiga sus evidencias para nosotros poder actuar”, sugirió Paulino.

“Tenemos muchas denuncias de esa naturaleza, especialmente de que no les alcanza la gasolina. Tenemos gente que ha comprado una cantidad equis de gasolina y al llega a la esquina se le acaba”, indicó la funcionaria.

Paulino agregó que el tema se trabaja junto al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), tomando en cuenta que el país está abocado a contar con una política nacional de calidad. “Ante esa política de calidad nosotros tenemos que actuar con metrología, que es todo el sistema de medida de aquí. Todo tiene que ser claro y adecuado a los estándares internacionales”, apuntó.

Aconsejó a los usuarios identificar las estaciones que incurren en el fraude, con sus nombres y apellidos, así como las direcciones dónde están ubicadas. “Eso hay que decirlo. Eso es robo, esa es la verdad”, advierte Paulino.
Paulino pide mencionar a los que hacen fraude
Los casos de fraude no solo cuentan por redes sociales. También “se suenan de boca en boca”. Una amiga de Mercader le contó que pidió le echaran 1,000 pesos de gasolina premium y cuando en la máquina se leía que iban 800 el bombero le pregunta si el aceite está bien, señalando hacia la parte delantera del carro. Automáticamente ella miró a esa dirección y al volver la mirada hacia la bomba, en segundos ya se leía 1,000.

“Cuando esto ocurrió ella se alteró y le preguntó qué pasó ahí, que no le echaron su gasolina completa. Como ella se alteró, el tipo se asustó y le dijo que ella tenía razón, que es que se había “frizado” y volvió la máquina a su estado anterior, o sea, a los 801 pesos. Ella le pidió la devolución de 200 y le dio el peso que faltaba y se fue”, contó Mercader, al referir el caso.

Otro delito distinto lo sufrió el esposo de una empleada pública (el afectado no posee vehículo y pidió reserva del nombre) cuando le clonaron la tarjeta de crédito en una gasolinera de San Pedro Macorís por 3,500 pesos. Lo llamaron del banco un día feriado para preguntarle si había tenido el consumo en el lugar citado, lo cual negó.

www.elcaribe.com.do/2015/05/19/-echaron-toda-gasolina-por-que-pagaste

17 de mayo día mundial de las telecomunicaciones y sus bemoles en rep. dominicana

SANTO DOMINGO,R.D.- Cuando hablamos en este caso de bemoles, no es desde el punto musical sino desde lo alto y lo bajo en el negocio de las telecomunicaciones en R.D..-A pesar de que en nuestro país tenemos una muy buena infraestructura de Telecomunicaciones y Tecnología, cuando pensamos en los millones de dominicanos que no tienen acceso a Internet, que no saben utilizar un computador y mucho menos hacer una lectura comprensiva, nos damos cuenta que los desafíos que tenemos en materia de Tecnología de Información y Comunicaciones son significativos y ameritan una atención por parte del Estado Dominicano, ya que la meta no debe ser el consumo de la tecnología, que se refleja mayormente en usuarios de celulares, computadoras, etc. Esta parte es positivo.

La otra parte negativa, es la atención para solucionar un conflicto ante las prestadoras del servicio y el ente regulador,han abusado del consumidor a su manera ya que Establecer una autoridad regulatoria independiente es un factor crucial para el éxito del esfuerzo realizado por cualquier país para introducir la competencia y para privatizar y liberar el sector de las telecomunicaciones. Una vez tomada la decisión de establecer un régimen, liberalizado y privatizado y a favor de la competencia, es esencial establecer un árbitro imparcial para crear las reglas y procesos a través de los cuales la industria sea regulada y el servicio al público sea brindado.

 Decimos lo anterior ,porque no es posible que una queja desde  el día 7-12-2014  hasta la fecha no tenga una solución por parte de las prestadoras, pero el caso es mas grave porque la empresa CLARO haya convertido la misma queja inicial en tres(3) reclamaciones porque no aceptan queja por escrito y asi de esa manera las prestadoras escriben en el desarrollo de la reclamación lo que le favorece ya que no dan copia del reclamo, en este caso INDOTEL ha jugado un papel deficiente,aunque que el ordinal “c” del artículo 77 de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, establece en este sentido: “defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios ya que en 2da. Instancia tampoco han sido capaces de dar un veredicto finalcuando se cometa violaciones en un contrato de adhesión en sus partes 2.1,2.2, 4.1, 8, 25 y 30 también lo que dice el art.91 de la Ley 153-98. 

Con relación a lo anterior debo decir que en la estafa no hay violencia como la puede haber en el robo, sino que es un delito en que el agente actúa con inteligencia y astucia de entre todas las modalidades que puede asumir para engañar a la víctima y hacerse entregar voluntariamente de ella el objeto querido.  En el delito de estafa, la intención fraudulenta es necesaria para las compañías del sector que tratan al usuario final como desconocedor de sus derechos y de las leyes.

En este 17 de mayo, solo mencionamos un solo caso de manera resonsable aunque en la República Dominicana el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) es la institución que regula las telecomunicaciones carece de esa independencia. Aunque tiene su domicilio en la Capital de la República, el INDOTEL está encargado de la regulación y control de las telecomunicaciones a nivel nacional y uno de sus objetivos es:

sancionar a quienes no los cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley y sus reglamentos.

Pero su desarrollo es de un accionar muy débil porque un ente regulador independiente implica ganancia y no perdidas en contra del usuario final. Este es un día que lo celebramos con más penas que con glorias.

Por: Ing. HECTOR GONZALEZ VARGAS

Exigen auditorías de las distribuidoras eléctricas en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Diversas organizaciones del país demandaron que se expongan a la luz pública las auditorías, los contratos, los expedientes judiciales y todos los gastos de los recursos de las distribuidoras eléctricas del país, al alcance de la población.  Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Política Pública (ODPP) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que la población necesita saber qué están haciendo las distribuidoras de energía del país con sus recursos y cómo se manejan internamente. 

Asimismo, expresó que el país debe comprender que el problema fundamental de la ineficiencia del sistema de distribución de energía es que las EDEs no facturan ni cobran el 33% de la energía comprada, enfatizando que esa es precisamente la estafa que se llama subsidio eléctrico, y es por eso que el déficit eléctrico no existe.

“Nosotros como pueblo necesitamos las auditorías, los contratos, los expedientes judiciales de los principales casos relacionados al tema, la rebaja inmediata de un 30-35% de la tarifa eléctrica y todo lo que tenga que ver con el gasto de los recursos de las distribuidoras del país, y así saber cómo se manejan ellos”, indicó Peña.

Asegura que los que administran el proceso de la energía eléctrica en el país no han dedicado el empeño suficiente para garantizar la demanda de la sociedad y de las organizaciones, enfatizando que la mayoría de las administradoras han estado delinquiendo. 

“Creemos que el Presidente de la República debe intervenir en este problema y no dejarse enredar por la presión que combinan la burocracia de funcionarios públicos, que están asociados y articulados con grupos en el sector, han hecho un desastre en las distribuidoras”, puntualizó. Asimismo, dijo que exigen el respeto a todas las regularidades.

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/4/29/365329/Exigen-se-revelen-auditorias

“Los accidentes laborales aumentaron 8 por ciento en el 2014”

SANTO DOMINGO. En el 2014, la Administradora de Riesgo Laborales (ARL) recibió el reporte de 31,032 personas afectados por accidentes de trabajo, de los cuales se registran 100 fallecimientos.

Los trabajadores con menos de un año de labor fueron los más afectados, lo que el director de la ARL, Elisaben Matos, atribuye a la falta de inducción.

En este renglón se incluye los accidentes de tránsito, donde predominan las motocicletas, que llevan la delantera con 30, 630 reportes.

Por enfermedades profesionales se registraron 402, lo que significa un aumento de un 8% con relación al 2013 que finalizó con 28,635.

Matos habló del tema en la apertura del Primer Simposio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, auspiciado por la ARL.

El director de la ARL se refirió al informe anual sobre este tema, que evidencia que de los incidentes 25,920 ocurrieron en el sector privado y 5,112 en el público.

Dentro del grupo de mayor reporte están las personas que trabajan en empresas que elaboran productos alimenticios, bebidas, textiles y calzados.

Las personas que laboran en el sector salud, servicios sociales y educación tienen un reporte de más de cuatro mil casos.

En referencia a las estadísticas de la ARL, Matos dijo que el mayor número de accidentes reportados del 2014 ocurrió en los meses de marzo, con 2,940, y octubre, con 2,890.

Simposio

Con el objetivo de ofrecer a los participantes la oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias e ideas sobre la manera de lograr que los puestos de trabajo sean seguros y sanos, los autoridades de la ARL y del Ministerio de Trabajo realizan en primer simposio sobre el tema.

En la actividad que culmina hoy se habló de la necesidad de crear espacios de trabajo saludables, y la implementación de estrategias sostenibles para el bienestar de los trabajadores, lo que los promotores aseguran redundará en mayor productividad.

http://www.diariolibre.com/noticias/2015/04/29/i1122911_matos-los-accidentes-laborales-aumentaron-por-ciento-2014.html

En República Dominicana es común el uso inadecuado de las aceras

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SANTO DOMINGO,R.D.. Una ciudad confortable y segura, que garantiza a sus ciudadanos el derecho constitucional al libre tránsito, debe contar con aceras adecuadas, en buen estado y sin obstáculos. El Distrito Nacional y otras ciudades del país aún tienen esta tarea pendiente.

Las aceras son superficies pavimentadas que se construyen con el propósito de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanizadas. En la República Dominicana, sin embargo, esta función ha sido limitada y hasta anulada en algunos lugares, debido a los usos inadecuados que se les da a estos espacios.

Sin que ninguna autoridad lo impida, con frecuencia las aceras son utilizadas como parqueos improvisados, basureros, zona de carga y descarga, depósitos de construcciones, talleres, paradas del transporte público, comedores ambulantes, escaparates de tiendas, y puntos de venta de una legión de vendedores informales. A esta lista se agregan los imbornales sin tapas y las rupturas y desniveles que muestran las aceras por falta de mantenimiento.

Los llamados a resolver los problemas generados por el mal uso de las aceras son los ayuntamientos. Según la ley 176-07, al Distrito Nacional y los Municipios (artículo 19) les corresponde el ordenamiento del tránsito de vehículos y de personas en las vías urbanas y rurales (literal a), y son responsables de normar y gestionar el espacio público (literal b). También es de su competencia la construcción y conservación de aceras (literal g), aunque por falta de recursos de esta parte se encarga generalmente el Ministerio de Obras Públicas.

La Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos es la estructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) encargada de aplicar las normas que regulan los espacios públicos, la cual, según el director de Comunicación de la institución edilicia, Omar Liriano, envía todos los días brigadas a las calles, auxiliadas por militares, "que logran liberar múltiples espacios de la ciudad ocupados por particulares". 

Liriano asegura que las aceras obstruidas se han convertido en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento, pese a que han rescatado una gran cantidad de metros lineales y diariamente se hacen sometimientos por ese motivo en los dos tribunales municipales ubicados en Manganagua y en San Carlos.

Lamenta que el ADN no cuente con el personal represivo necesario para impedir que regresen las personas a esos espacios; pero para este fin, indica, han establecido acuerdos de trabajo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Policía Nacional, "porque aunque la alcaldía tiene una policía municipal, no cuenta con miembros suficientes para que en cada sitio pueda dejar una persona cuidando". 

A juicio de Liriano, la ocupación irregular de los espacios públicos no es un problema sencillo, porque tiene implicaciones de índoles social y económica "y en un Estado hay que ver todas las variables, y se tienen que ir asumiendo las violaciones poco a poco para ir regulándolas y disminuyéndolas con el tiempo". 

El director de Comunicación del ADN se refirió en ese sentido a estudios realizados por el cabildo y por otras entidades, que señalan que actualmente de cada diez personas que ocupan espacios públicos con fines de ventas, ocho son de nacionalidad haitiana, lo que consideró genera una situación delicada debido a que el proceso de regularización de extranjeros que se lleva cabo ha puesto el país bajo la mirilla internacional.

Puntos críticos en la capital

Aceras obstaculizadas se pueden observar en casi todas las calles y avenidas del Distrito Nacional, pero existen puntos específicos en los que la situación se ha tornado verdaderamente crítica. 

 

 

La intersección de la avenida Duarte con la calle París, y sus alrededores, se ha convertido con el paso de los años en el ejemplo más dramático de desorden y arrabalización de un espacio urbano, provocado principalmente por las actividades de los comercios formales e informales que allí convergen.

Por otro lado, Villa Consuelo se ha devenido en un dinámico sector comercial, pero los negocios han crecido de manera desmedida y sin ningún orden, porque los comerciantes aprovechan hasta el más mínimo espacio disponible para la venta de mercancías nuevas y usadas y para la instalación de talleres de reparación de todo tipo, dejando muy poco espacio al tránsito peatonal y vehicular.

Barrios como Villa Juana, San Carlos, Villas Agrícolas, Villa María y María Auxiliadora también han crecido en la informalidad, por lo que sus calles y aceras se han visto seriamente afectadas con todo tipo de obstáculos.

 

 

El kilómetro 9 de la Autopista Duarte es otro punto crítico, donde las aceras, áreas verdes y calzadas han sido ocupadas por autobuses del transporte interurbanos, carros del concho y buhoneros, haciendo casi imposible transitar por la zona.

 

 

Los pasos de peatones debajo de los elevados también suelen concentrar vendedores ambulantes. Ejemplos se observan en la avenida Luperón casi esquina Independencia y en la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy, espacios que son utilizados también por choferes del transporte público como zonas de parqueo.

 

 

Los lugares que generan flujos constantes de personas, como hospitales, universidades y mercados, también son espacios por excelencia para las ventas informales de todo tipo de mercancías, pero sobre todo proliferan los negocios de comida.

Propuestas para la solución

Para Omar Liriano, director de Comunicación del ADN, el problema del uso ilegal de la aceras en la capital se podría solucionar si la alcaldía contara con un presupuesto para esos fines, porque según dice, no tienen los recursos necesarios para intervenir los espacios ocupados ni para luego mantenerlos y cuidarlos para que se les dé el uso adecuado.

Sostiene que muchas de las intervenciones que se han hecho hasta el momento para rescatar espacios públicos han sido con dinero aportado por el gobierno central; pero "sabemos lo qué tenemos que hacer, se han hecho todos los estudios, el problema es puramente económico", concluyó. 

Sin embargo, para el arquitecto Leopoldo Franco la planificación de la solución de este fenómeno requiere de mucho cuidado, desde el punto de vista económico, ambiental, social y hasta en el orden público, "dado que de esos aglomerados sin control descienden señales a la población en el sentido de que no hay ley, reglamentos ni autoridad".

El arquitecto Franco opina que la solución no se trata de una iniciativa de un síndico efímero que quiere ganar votos con soluciones improvisadas, el asunto requiere un enfoque con mucha profundidad política, usando criterios científicos de planificación multidisciplinaria, anclados en la realidad socioeconómica del país. 

A su juicio, los criterios utilizados deben ser pragmáticos, orientados a soluciones permanentes que frenen los nuevos intentos de involución urbana y que reorganicen lo que ya existe sin el usual componente populista de los políticos.

Considera que en principio, para que la idea germine y crezca, se debe instituir una comisión multidisciplinar que se vaya integrando a partir de un liderato profesional, y en la medida en que se detecten y configuren las necesidades, agregar a los representantes sociales y del comercio formal e informal.

De su lado, el arquitecto urbanista Erick Dorrejo ve la solución de la problemática en el fortalecimiento de las administraciones de los gobiernos locales, las cuales deberán tener equipos suficientes para el monitoreo continuo de los espacios públicos, con la intensión de preservar el orden establecido para el uso colectivo de los mismos.

De igual manera, favorece una alianza entre el gobierno local y nacional para iniciar un proyecto de fomento a los "empleos urbanos formales", mediante el cual los vendedores puedan registrarse a través de la Dirección General de Impuestos Internos, y los ayuntamientos creen espacios específicos para localizar sus ofertas bajo una autorización de uso del suelo.

Considera que es necesario que el gobierno central y los cabildos inicien una gestión compartida del territorio municipal, y logren identificar la oferta, determinar la demanda y orientar a los pequeños emprendedores por el camino de la formalidad, lo que genera la posibilidad de nuevos empleos, garantiza la salubridad de lo que se vende y transforma un sector con aires de ilegalidad en un atractivo tanto para los residentes del país como para los turistas.

El origen

Los arquitectos Dorrejo y Franco coinciden en que el problema de ocupación del espacio público en el Distrito Nacional y en las principales ciudades del país se debe fundamentalmente a las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve una gran mayoría de la población dominicana.

Para Dorrejo las zonas urbanas son refugios de personas que emigran de los campos en busca de oportunidades, y cuando llegan a las ciudades se dan cuenta de que no hay empleos suficientes y se ven obligados a recurrir a la informalidad para sobrevivir, "solo que el alto porcentaje de informalidad urbana incide en la tasa de ocupación ilegal del espacio público".

El arquitecto urbanista también cree que la ocupación ilegal de las aceras es resultado de una débil gestión institucional, y señala a los ayuntamientos como las entidades responsables de normar y gestionar los espacios, por lo que son los llamados a preservar el orden en las aceras, "y su uso con fines particulares es un acto de ilegalidad que debe ser perseguido, sometido y castigado por las administraciones locales".

El arquitecto Franco agrega que la migración incontrolable a las ciudades propicia la creación espontánea de enormes barrios marginados, donde también habitan quienes no se ubican en una sociedad del consumo y recurren al alojamiento precario. "Esta enorme masa de la población en busca de oportunidades debe recurrir a cualquier medio que le provea la subsistencia de su familia, aún sea en términos de sobrevivencia", sostiene.

Muchas de estas personas, asegura, al buscar la forma de ganarse la vida en el comercio informal invaden cualquier espacio urbano, creándose en muy breve tiempo verdaderas ciudadelas comerciales sin ninguna organización ni control de parte de los organismos y funcionarios llamados a evitarlo.

 

 

 http://www.diariolibre.com/destacada/2014/09/09/i781891_aceras-santo-domingo-paso-hacia-ninguna-parte.html