SANTO DOMINGO,R.D.- Cuando en
noviembre del 2000 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 112-00, creando la
estructura jurídica para gravar a los combustibles, uno de sus argumentos y
motivaciones fue que se hacía necesario eliminar el alto grado de
discrecionalidad que existía para fijar los precios de los hidrocarburos.
Hasta ese momento, los combustibles estaban exentos de impuestos, aunque ocasionalmente se les aplicaba un llamado “diferencial”, que era una especie de impuesto administrativo que los diferentes gobiernos aplicaban según las circunstancias del momento.
Pero por el grado de sensibilidad que tienen los combustibles, por su impacto en diferentes áreas de la economía, el manejo del “diferencial” era muy condicionado a circunstancias del momento. La discrecionalidad se adueñó del escenario y el resultado fue la creación de una especie de “precio político”.
Con la Ley 112-00 se pensó que todo ese proceder terminaría y que los precios de los combustibles reflejarían, como se argumentó en esa legislación, continuamente las “condiciones cambiantes del mercado internacional”. Todo fue así hasta que los precios externos del petróleo y sus derivados comenzaron a subir a niveles que atemorizaban a los diferentes gobiernos que les tocó fijar precios en escenarios de alzas.
Los malabares no se hicieron esperar. Diferir y prorratear alzas y también bajas se hizo tan cotidiano que se abandonó el lema que decía “si suben, suben y si bajan, bajan”. Y la población comenzó a cuestionar los métodos y mecanismos utilizados por las autoridades para fijar los precios semanales de los diferentes derivados de petróleo. La credibilidad en la autenticidad del método de fijación de precios bajó.
Ahora existe un cuestionamiento generalizado al sistema mediante el cual se fijan los precios de las gasolinas, gasoil, GLP y otros derivados de petróleo. Los partidos políticos de oposición también están contribuyendo a hacer de la situación un tema de campaña.
Las autoridades encargadas de fijar los precios no están exentas de culpabilidad en el ambiente de incredulidad que se ha formado porque siempre han sido tímidas en transparentar los costos que componen el llamado precio de paridad de importación, el cual podría resumirse como el costo de producción de la Refinería. Pero no opera así, porque no lo fija empresa sino que se lo asigna el Ministerio de Industria y Comercio.
Ahí comienza la politización de los precios. - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2015/09/07/precios-politizados#sthash.I7DVlh4N.dpuf
Hasta ese momento, los combustibles estaban exentos de impuestos, aunque ocasionalmente se les aplicaba un llamado “diferencial”, que era una especie de impuesto administrativo que los diferentes gobiernos aplicaban según las circunstancias del momento.
Pero por el grado de sensibilidad que tienen los combustibles, por su impacto en diferentes áreas de la economía, el manejo del “diferencial” era muy condicionado a circunstancias del momento. La discrecionalidad se adueñó del escenario y el resultado fue la creación de una especie de “precio político”.
Con la Ley 112-00 se pensó que todo ese proceder terminaría y que los precios de los combustibles reflejarían, como se argumentó en esa legislación, continuamente las “condiciones cambiantes del mercado internacional”. Todo fue así hasta que los precios externos del petróleo y sus derivados comenzaron a subir a niveles que atemorizaban a los diferentes gobiernos que les tocó fijar precios en escenarios de alzas.
Los malabares no se hicieron esperar. Diferir y prorratear alzas y también bajas se hizo tan cotidiano que se abandonó el lema que decía “si suben, suben y si bajan, bajan”. Y la población comenzó a cuestionar los métodos y mecanismos utilizados por las autoridades para fijar los precios semanales de los diferentes derivados de petróleo. La credibilidad en la autenticidad del método de fijación de precios bajó.
Ahora existe un cuestionamiento generalizado al sistema mediante el cual se fijan los precios de las gasolinas, gasoil, GLP y otros derivados de petróleo. Los partidos políticos de oposición también están contribuyendo a hacer de la situación un tema de campaña.
Las autoridades encargadas de fijar los precios no están exentas de culpabilidad en el ambiente de incredulidad que se ha formado porque siempre han sido tímidas en transparentar los costos que componen el llamado precio de paridad de importación, el cual podría resumirse como el costo de producción de la Refinería. Pero no opera así, porque no lo fija empresa sino que se lo asigna el Ministerio de Industria y Comercio.
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