Pacto eléctrico: dos visiones contrapuestas

SANTO DOMINGO,R.D.- “El escenario incierto para las generadoras privadas ilustra cómo la falta de transparencia y la ausencia de un marco institucional fuerte pueden disuadir las inversiones. Esto está relacionado, no sólo con los atrasos sustanciales del estado a las empresas generadoras, sino también con la incertidumbre que rodea la inminente renegociación por el gobierno de los contratos de compra de energía negociados bajo el acuerdo de Madrid, que iniciará en el 2016. Aunque el marco legislativo hace un llamado a licitación, la transparencia de este proceso podría ser cuestionada, dado los bajos niveles de confianza y alegaciones pasadas de irregularidades en la contratación pública y en los procesos de licitación de la República Dominicana.” Unidad de Inteligencia, The Economist
El dilatado proceso que finalmente debe conducir a un pacto eléctrico luce incierto en cuanto a los potenciales acuerdos que pudieran resultar de la confrontación de visiones que difícilmente podrán ser conciliadas en un escenario que fundamentalmente es dominado por uno de los actores principales. Claramente, el gobierno dispone de los medios para imponer su visión, y legitimar todas las importantes decisiones que ha ido tomando en el curso de los últimos años, incluyendo las controversiales plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina; de manera que si esas plantas son innegociables y las empresas distribuidoras permanecerán en manos del gobierno, independientemente del pacto, lo que quedaría por negociar serían las formalidades requeridas para mantener el status quo.
Es en el marco de esta realidad que luce oportuno el trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista The Economist, en el que propone, entre otras recomendaciones, una clara definición del rol que debe jugar el gobierno en un reordenamiento eficiente de la industria eléctrica; y que se contrapone a la propuesta que en este sentido ha presentado el sector oficial. Enfatiza la revista británica que el rol primordial del gobierno debe ser el de supervisor y regulador, a la vez que sugiere que el plan estratégico del sector eléctrico debe incluir –al menos- la privatización parcial de áreas como la distribución y las plantas a carbón. Desde luego, las empresas –continúa- que quedaren en manos del Estado deben operar bajo las mismas reglas que aplican al sector privado. En la práctica, las empresas estatales casi nunca operan bajo las mismas condiciones que las privadas, ya sea por tratamientos impositivos diferenciados o por subsidios abiertos o encubiertos que distorsionan las políticas de precios y generan una competencia desigual, creando barreras a la entrada de inversiones frescas en la industria.
Por eso, resulta preocupante que la propuesta del gobierno esté encaminada a profundizar el rol del Estado como inversionista, en detrimento de su rol como regulador, y convirtiendo a la CDEEE en el centro de las decisiones del sector eléctrico. Para tal propósito, dice la propuesta del gobierno “que, sobre la base de los acuerdos de este Pacto y en un plazo no mayor a seis meses a partir de la firma del mismo, el sector gubernamental, teniendo como punto focal la CDEEE, formule y disponga de un Plan Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico 2015-2030.” Llama poderosamente la atención que un Ministerio como el Energía y Minas no juegue un rol más activo en la definición de políticas que por su naturaleza debieran ser parte de sus responsabilidades, o que sencillamente no sea el “punto focal”. De hecho, la Unidad de Inteligencia en su reporte dice que “El Ministerio de Energía y Minas debe ser el único cuerpo de formulación de políticas del sector, responsable de su formulación e implementación (a través de agentes del sector, tal como sea apropiado).” Sin embargo, las menciones de este Ministerio que se hacen en la propuesta es para decir que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE) son instituciones adscritas al Ministerio de Energía y Minas, y que el gobierno está dispuesto a pactar que ambas instituciones cumplan con lo que ya está establecido en la Ley General de Electricidad 125-01, como si para hacer cumplir una ley fuera necesario consignarlo en un pacto.
En un país con los bajos niveles de institucionalización que se asocian inevitablemente a la politización de los procesos de toma de decisiones es difícil aceptar que los graves problemas que agobian a la industria eléctrica –The Economist cita el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial que establece que la calidad del servicio eléctrico en nuestro país es de los peores en la región, solo mejor que los servicios eléctricos de Venezuela y Haití- se van a resolver con una mayor injerencia del gobierno en la producción de energía, fruto de una visión a todas luces equivocada; y que previsiblemente prevalecerá en el Pacto Eléctrico; convirtiéndolo, de paso, en una oportunidad perdida. Por ese camino llegaremos a agosto del 2016 y el problema eléctrico continuará siendo “un triste recuerdo”.
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