¡Cuidado con Pro Consumidor!

SANTO DOMINGO,R.D.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, nace bajo el amparo de la letra de la Ley No. 358-05, para cumplir con el Acuerdo de Marrakech del 1995, del cual el país es signatario, y que dio origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC); organización que exigió a los estados miembros, legislar en materia de protección del consumidor, asumiéndolo como la parte más vulnerable en la relación de consumo.
En la experiencia dominicana esta iniciativa global de la OMC encontró apoyo, por un lado, en una organización de la sociedad civil llamada FUNDECOM; y por otro, en algunos legisladores que se comprometieron con esta causa, haciendo una interesante sinergia que permitió estructurar una pieza legislativa, equilibrada y moderna, tomando en cuenta la experiencia comparada Iberoamericana, pues fuimos los penúltimos en legislar en esta materia a nivel hemisférico.
Es bueno decir, que Juan Bosch creía en la protección de los consumidores, como parte de la justicia social del Estado, por eso en 1963 promovió la Ley 13 de Protección a la Economía Popular.
Pro Consumidor, como órgano rector de las relaciones de consumo, ha contado con dos gestiones, la primera obtuvo el merito de reclutar un equipo comprometido y honesto, una proeza, si valoramos que heredo una de las entidades públicas más desacreditadas de la época: La Dirección General de Control de Precios. Y logró la adquisición de un edificio que le permitió operar fuera del llamado “Huacal”, este último con el estigma de estar lleno de “botellas”.
La segunda gestión tiene el mérito de haber demostrado, contra viento y marea, que cumplir la ley es posible, que como dijera Altagracia Paulino “la Ley no es simple instrumento para la retórica o para sencillamente, saber cómo y cuándo violarla”. Con ella y por ella, Pro Consumidor se ha erigido como una de las tres entidades del Estado más creíbles y confiables, trabajando con eficiencia y eficacia y con el equilibrio que hace falta en muchas otras entidades públicas, que han sido penosamente capturadas por los sectores que se suponen deben regular, lamentablemente superponiendo el interés particular, por encima del interés general.
Pro Consumidor, es una conquista de la democracia, un espacio para el ejercicio de responsabilidad social gubernamental en favor de las personas afectadas por un capitalismo salvaje, que lo quiere todo y que se niega a reconocerle derechos a quienes adquiriendo sus bienes y servicios, les ayudan a acumular riqueza y bienestar.
 ¿Sabía usted que más del 90% de los casos que llegan a Pro Consumidor, se concilian? Debido a esos procesos conciliatorios, y atendiendo cerca de 120,000 operaciones de reclamaciones, denuncias y orientaciones, proveedores que operan dentro de la cultura del engaño se han visto obligados, durante la actual gestión a devolverle a los consumidores, más de 350 millones de pesos en bienes y servicios.
¿No será esto responsabilidad social gubernamental?  Si, y es más que eso, es acercar la justicia material a los ciudadanos y hacerlo de manera rápida y gratuita. Pero los que desconocen la dimensión social de Pro Consumidor, no saben que es una entidad con condiciones excepcionales para construir el Estado social que aspira la Constitución, que es una ruta ideal para proteger derechos y defender los intereses económicos de las personas, incluyendo a los turistas, cuya principal actividad en el país, es el consumo.
Pro Consumidor no debe ser moneda de cambio, ni parte del “toma y daca” al que nos quieren acostumbrar, satisfaciendo apetencias sectoriales; esa entidad debe seguir siendo un espacio para la construcción del Estado Social constitucional y debe estar en manos de quienes, asuman el reto de hacer cumplir la ley; si queremos un mejor país, tenemos que conservar y consolidar las instituciones que pueden ayudar a construirlo, y  esto no se logra destruyendo o arriesgando los espacios institucionales conquistados.
Pro Consumidor es una vía expedita para hacer cumplir las leyes 358-05, que lo crea; la 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad; y la 107-13 sobre los Derechos de la Personas en su Relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo, así como las leyes sectoriales, ante las cuales tiene el mandato de ser supletoria; todas para proteger derechos ciudadanos y hacer posible la instauración de un Estado verdaderamente social y equitativo.
En Pro Consumidor no sólo se necesita capacidades técnicas, también se requieren condiciones de tipo moral y ética, no puede ser dirigida por mercaderes u oportunistas, porque sería hacerle un flaco servicio al país y un gran daño al Estado social.
El boschismo aplicado que representa la gestión de Danilo Medina, debe priorizar como política pública, la protección de los consumidores; sabiendo que para Pro Consumidor continuar siendo confiable y creíble, debe estar fuera de los repartos de cuotas de poder, y debe impedirse que sea cooptado por quienes deben por el ser regulados.
En Pro Consumidor se requiere de responsabilidad, compromiso ético, capacidad para conciliar interés en conflictos, pero sobre todo, para defender derechos; ante un posible cambio de administración.


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