El Estado como empresario y regulador del sector eléctrico

                                 La energía eléctrica se ha constituido en la actualidad, en un elemento de gran importancia para el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. Gracias a la industrialización, tanto el Estado como entidades privadas han obtenido beneficios sin los cuales nos encontraríamos ante dificultades inminentes para los avances que hoy por hoy, gracias al referido medio, se han generado. Ha sido señalado por expertos internacionales que[1] “estos beneficios se pueden medir en calidad de vida, asistencia técnica, alfabetismo, población con acceso a agua potable y expectativa de vida, entre otros”. De ahí que se cuente con la energía eléctrica para el manejo productivo diario de los ciudadanos. Por esta razón, se ha determinado el carácter fundamental e indiscutible de la energía eléctrica, jugando un papel de capital importancia en el desarrollo de nuestra sociedad.

Al tenor de lo arriba indicado, no resulta sorpresivo que el Estado mantenga determinado control sobre el sector eléctrico, por tratarse de un elemento que interesa a la generalidad[2]. Esto trajo consigo que se haya decidido reconocerlo como un servicio público. La implicación principal de lo arriba indicado es que el Estado, aunque no necesariamente maneje el sector como un empresario, es decir, prestando el servicio de manera directa, puede regularlo conforme a los lineamientos administrativos vigentes, lo que incluye la creación de normas, el control, la fiscalización y la sanción a la entidad que preste el servicio, en caso de que lo amerite. En el caso dominicano, el artículo 147 de la Constitución reconoce que los servicios públicos están orientados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Por lo tanto, es ya ampliamente conocido que[3] “los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.

Lo arriba señalado nos permite afirmar que lo que se busca principalmente en la prestación del servicio público es que con el mismo se sirva a la generalidad, bajo ciertas condiciones que permitan disfrutarlo de la mejor manera posible. Esto quiere decir que, bien se trate de una empresa privada o del mismo Estado, deberán cumplirse las predichas características, a fin de asegurar el bienestar general. El rol del Estado, por lo tanto, jugará un papel esencial, sin importar la manera en que actúe en el sector. Esto así, bajo el entendido de que las políticas siempre deberán ser previstas con la finalidad de garantizar el desarrollo de la sociedad y el correcto aprovechamiento del recurso eléctrico por la población. Es en esta virtud que Latinoamérica se ha mantenido en[4] “una búsqueda continua por la fórmula que permita cumplir con los objetivos fundamentales de prestar un servicio confiable, eficiente y accesible a toda la población”. Evidentemente, la consagración de este servicio como público trae consigo que la administración del mismo acarree un carácter de relevancia, por las mismas implicaciones de su consagración para el interés público o general.

En consecuencia, importa poco la forma en que el Estado decida regular el sector. En este sentido, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la garantía de lo expuesto en el párrafo anterior. En este orden de ideas, se han reconocido varias formas de prestar el servicio, ya sea desde una gestión directa o indirecta por parte del Estado[5], o mediante la inversión privada de empresas. En el caso de gestión directa, se trata del Estado actuando como empresario, y en la gestión indirecta, se trata de un sistema de mercado regulado por la Administración Pública. Evidentemente, la inversión privada juega un papel esencial en este sentido. Por consiguiente, se ha constituido en uno de los medios utilizados por algunos países de América Latina para la prestación privada del servicio público. Ahora bien ¿Qué mecanismo resulta más conveniente para la prestación del servicio? La respuesta varía de acuerdo a las circunstancias. Resulta necesario dar un vistazo a su historia, a fin de determinar la conveniencia de uno u otro mecanismo o sistema.


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