SANTO DOMINGO, R. D.- A partir de finales del 2004,
como una forma de justificar el creciente deterioro en las finanzas del
sector eléctrico y del subsidio directo, así como de culpar a otros de
las torpezas y errores cometidos y defender la pésima gestión del
sector, se han ido creando una serie de mitos para justificar la
ineficiencia y derroche de los recursos que el Gobierno ha volcado a
dicho sector, sin que a la fecha con todo y los recursos malgastados y
dilapidados por el Estado en una especie de barril sin fondo y los mitos
creados, se vislumbre el punto de inflexión que revierta la situación
de deterioro creciente que cada año experimenta el sector eléctrico
demandando cada vez más recursos financieros, mientras las pérdidas
totales no ceden y los gastos corrientes, exceso de empleomanía y
subsidio directo aumentan en la medida que se iban creando los mitos
eléctricos
Del 2005 al 2013 solo en subsidio directo al sector eléctrico, el
Estado ha asignado unos US$7,500 millones, al margen de unos US$1,500
millones en inversiones en infraestructura de generación, subestaciones,
líneas de transmisión y distribución, en donde los proyectos
hidroeléctricos Pinalito, Palomino y Las Placetas (construcción
suspendida por costosa) han consumido alrededor de US$950 millones. El
mayor componente del subsidio directo al sector eléctrico ha significado
un endeudamiento progresivo del país con Venezuela ya que la mayoría de
los recursos destinados al mismo provienen de las facilidades
crediticias otorgadas a través de Petrocaribe.
Para el 2013, la voracidad eléctrica siguió siendo implacable con las
finanzas públicas consumiendo la mayor parte de los ingresos
adicionales (alrededor del 70%) generados por la renegociación del
Contrato de la Barrick y que fueron consignados en el presupuesto
complementario del 2013 terminando el sector eléctrico con un subsidio
directo superior a los US$1,200 millones
Para el 2014 el presupuesto contempla un subsidio directo de unos
US$1,000 millones, cifra similar al insuficiente subsidio directo
consignado en el presupuesto del 2013 y al igual que el año pasado se
espera que dicho subsidio será superado con creces necesitando de una
asignación adicional entre los US$300 millones y US$400 millones
provenientes del presupuesto complementario con lo cual al final del
2014 la deuda corriente con los generadores privados y las empresas
estatales EGEHID y ETED es previsible que termine en el orden de los
US$600 millones a US$700 millones luego de haber consumido y dilapidado
unos US$1,300 millones a US$1,400 millones en subsidio directo.
Mito del Acuerdo de Madrid
A la hora de buscar culpables, el favorito es el Acuerdo de Madrid
pues todos los sucesivos administradores que han pasado por la CDEEE a
partir de Agosto del 2004 eligen a dicho Acuerdo como el culpable de
todos los males habidos y por haber en el sector eléctrico, obviando de
manera intencional el continuo deterioro de las finanzas del sector
ocasionadas por el incremento constante y ascendente en los gastos
corrientes y empleomanía y la pésima gestión en las distribuidoras aun
en manos de extranjeros.
El gran pecado del Acuerdo de Madrid fue producir una rebaja del 36%
del precio de energía contratada bajo el proceso de Capitalización del
sector eléctrico, haber potencializado, catalizado y estimulado el
cambio en la matriz energética de generación produciendo que de un 90%
de generación a base de derivados del petróleo que existía en el 2001
hoy día la generación a base de derivados del petróleo se sitúa por
debajo del 50% fruto de la incorporación del carbón y gas natural (por
primera vez) en la matriz de generación del sector eléctrico..
Ninguno de los satanizadores del Acuerdo de Madrid ni quiere ni se
atreve referirse a la estafa que significaron para el país los contratos
de compra y venta de energía entre generadores y distribuidores
firmados al amparo y sombrilla de la Capitalización, contratos que
producían una sobre indexación del 100% en el precio de la energía
contratada por las distribuidoras y en donde solo se hacía el cálculo
del precio de la energía vendida a estas empresas en base a un
combustible único, el Fuel Oil No.2 o Diésel, el cual es el combustible
más caro que existe para generar electricidad.
No importaba si las plantas de generación utilizaban carbón, gas
natural o Bunker C para generar electricidad, el precio de venta a las
distribuidoras se calculaba en base a un combustible único, el más caro,
independientemente de que el mismo se utilizara o no para generar
electricidad. Esa situación produjo que en los primeros 16 meses de la
capitalización las distribuidoras estaban técnicamente y prácticamente
quebradas debido a los sobrecostos que tenían los contratos de la
capitalización mientras las generadoras capitalizadas obtenían ganancias
de más de US$100 millones en el mismo periodo. El satanizado Acuerdo de
Madrid elimino esa sobre indexación y sobrecostos en los contratos
firmados durante la capitalización ya que al generador se le pagaría no
solo en función al combustible utilizado para generar sino también en
función a la tecnología empleada (plantas a vapor, ciclo combinado,
turbina simple, motor, etc.).
Ese cambio en la matriz de generación que significo la incorporación
de unos 300 Mw de generación a base de carbón y 530 Mw de generación a
base de gas natural, con una inversión total que supera los US$800
millones, se logró sin que el Estado tuviera que otorgar ni una sola
garantía soberana para el desarrollo de los proyectos antes mencionados y
sin que el Estado tuviera que endeudarse, ya que toda la inversión fue
realizada por el sector privado dentro de las reglas de juego
establecidas en el ordenamiento jurídico prevaleciente en el país y que
rigen al sector eléctrico.
Hoy día para añadir una capacidad instalada de unos 770 Mw a base de
carbón la cual estará disponible entre el 2018 y el 2019, cantidad
inferior a los 830 Mw de generación eficiente que se instalaron en el
periodo 2000-2004, el Estado tendrá que endeudarse por una cifra cercana
a los US$3,000 millones.
Mito de las cuentas pignoradas en Edenorte y Edesur para el
pago de la deuda con Unión Fenosa por la recompra de Edenorte y Edesur
en el 2003
En el año 2005 el Estado emitió una deuda soberana por un monto de
unos US$300 millones con el objetivo de saldar la deuda comercial no
titularizada sin garantía soberana del Estado que había contraído
Edenorte y Edesur con Unión Fenosa como resultado de la compra de las
acciones que poseía esa empresa en las distribuidoras, operación que se
realizó en septiembre del 2003.
La transacción del 2003 significo el pago a Unión Fenosa de un
anticipo de US$15 millones y pagos mensuales por un periodo de doce (12)
años de sumas mensuales que oscilaban entre los US$4.021 millones al
inicio del período de pagos y los US$5.566 millones en el último año.
Los pagos fueron garantizados a Unión Fenosa a través de la pignoración
de cuentas de clientes de las distribuidoras Edenorte y Edesur sin que
el Estado otorgara garantía soberana colateral a dichos pagos y
obligaciones como era el deseo de Unión Fenosa y sin que la deuda se
titularizara lo que le hubiera permitido a Unión Fenosa negociarla y
transarla en el mercado secundario de capitales y hacerla efectiva en
cualquier momento otorgando un descuento importante sobre el valor
nominal de dicha deuda.
La emisión de bonos soberanos en el 2005 para saldar una deuda
comercial no titularizada y convertirla en deuda soberana, representó
una reducción mínima del monto de la deuda contraída con Unión Fenosa de
alrededor de un 6%, la cual puede ser considerada pírrica dado el
hecho de que se saldaba al contado una deuda pagadera en diez (10) años
eliminando las incertidumbres y riesgos que tenía Unión Fenosa sobre esa
deuda que al no ser titularizada no podía transar en el mercado
secundario de capitales. Ese pago permitió recibir a Unión Fenosa en
efectivo y al contado el total de la deuda comercial que había contraído
Edenorte y Edesur sin garantía soberana del Estado y sin titularización
de la misma y que terminaría de recibir el pago de la misma a finales
del 2015, o sea 10 años después del saldo de la deuda que realizaba el
Estado en el 2005.
El saldo al contado de la deuda comercial con Unión Fenosa y su
conversión a deuda soberana con las implicaciones legales que tiene una
deuda soberana, fue justificada por las autoridades gubernamentales de
entonces como una forma de liberar las cuentas pignoradas con Unión
Fenosa de algunos clientes de Edenorte y Edesur, con lo cual
teóricamente se le daría un respiro financiero a dichas distribuidoras
mejorando el flujo de caja y reduciendo el monto del subsidio directo
que se otorgaba al sector eléctrico en especial a esas empresas.
La excusa enarbolada por las autoridades gubernamentales para
convertir una deuda comercial sin garantía soberana ni titularización,
pagadera en doce (12) años, en una deuda soberana, no era más que la
creación de un nuevo mito eléctrico el cual trataba de atribuir a la
pignoración de algunas cuentas comerciales de Edenorte y Edesur el
creciente incremento en el déficit financiero de las distribuidoras que
ya se sentía en el 2005.
El subsidio directo al sector eléctrico luego del pago al contado de
la deuda comercial a Unión Fenosa en lugar de disminuir aumento pues se
pasó de un subsidio anual de unos US$250 millones en el 2004 (año en que
existía y se ejecutó cabalmente la pignoración de cuentas de Edenorte y
Edesur) a más de US$600 millones en el 2005 y años siguientes
Mientras los dominicanos veíamos aumentar la deuda estatal en US$300
millones, Unión Fenosa era capitalizada con una inyección de US$300
millones al contado, con lo cual convertía una deuda de largo plazo en
un pago en efectivo mejorando significativamente sus indicadores
económicos fruto de la generosidad de las autoridades dominicanas que
decidieron endeudar al país para sustentar un mito eléctrico que se
derrumbó en un corto tiempo.
Mito del PRA
En el año 2002 las distribuidoras que en esa ocasión eran
administradas y controladas por el sector privado, se acercaron al
Gobierno solicitándole ayuda y colaboración en la gestión de cobros en
los barrios marginados dado los problemas que estaban confrontando y las
reacciones violentas que se producían en dichos barrios ante las
gestiones de cobros que realizaban y el pésimo
servicio que se brindaba.
La respuesta del Gobierno a esa solicitud fue la implementación del
Programa de Reducción de Apagones (PRA) el cual tenía un protocolo
claramente definido en cuanto a las responsabilidades de las
distribuidoras y del Gobierno y las áreas específicas que abarcaba dicho
Programa. El Programa era un respiro y ayuda que el Gobierno le
brindaba a las distribuidoras y que en teoría facilitaba la posibilidad
de ganar tiempo para hacer las inversiones necesarias que permitieran
reducir las altas pérdidas que existían en los barrios marginados y
mejorar la gestión comercial. Dicho Programa fue confeccionado para que
terminara en septiembre del 2004 y en el acuerdo firmado con cada
distribuidora se establecía la cantidad máxima de gigawatts hora de
energía (Gwh) que se destinaba al PRA. La energía asignada al PRA era
subsidiada por el Estado en un 75% mientras las distribuidoras cargaban
con el 25%.
En septiembre del 2004 las autoridades de entonces en vez de dar
cumplimiento al acuerdo establecido de finalización del PRA no solamente
lo extendieron de manera indefinida sino que lo ampliaron
significativamente incrementando la energía destinada a dicho programa
en más de un 70% con relación al acuerdo del 2002.
En su punto más alto, el subsidio focalizado al PRA llegó a
significar unos US$100 millones anuales de erogación por parte del
Estado y el mismo comenzó a ser satanizado señalándolo como una de las
causas principales del creciente aumento del subsidio directo y pérdidas
en el sector eléctrico, llegándose a afirmar de manera categórica que
la población y negocios en las áreas del PRA había aumentado
significativamente como consecuencia del subsidio directo que asignaba
dicho programa, siendo eso una de las principales causas del continuo
deterioro en la gestión de las distribuidoras y sus finanzas.
Tanto satanizaron el PRA hasta que en el 2010 se produjo su
eliminación total siendo sustituido por el programa Bono Luz, cuyo
subsidio directo aumenta todos los años y no se contabiliza ni forma
parte del subsidio directo anual que entrega el Gobierno para cubrir las
ineficiencias, exceso de empleomanía y gastos corrientes de las
distribuidoras y la CDEEE.
La eliminación del PRA no ha significado ni una mejoría en la calidad
del servicio, ni tampoco una reducción en el subsidio directo que
anualmente otorga el Gobierno al sector eléctrico, con lo cual queda
evidenciado que la fiebre no está en la sabana y que el PRA se
constituyó al igual que el Acuerdo de Madrid y la pignoración de cuentas
de Edenorte y Edesur en uno de los tantos mitos eléctricos que se crean
para desviar la atención de los crecientes déficits financieros e
incrementos en el subsidio directo, gastos corrientes y exceso de
empleomanía en el sector eléctrico.
Mito de la criminalización del hurto de energía
Muchos sectores de la sociedad fueron cautivados y seducidos por la
campaña a favor de la criminalización al robo eléctrico a través de una
ley especial, a pesar de que el fraude eléctrico estaba tipificado y
penalizado en nuestras leyes y códigos vigentes.
Se generó una expectativa tal que muchos sectores apostaban y estaban
confiados y seguros que una vez se dictara una legislación y reglamento
específico para criminalizar el hurto de energía, sería un gran paso de
avance en la lucha por reducir los déficits financieros crecientes del
sector.
La ley fue promulgada al igual que su Reglamento. Se creó una
Procuraduría Fiscal especial para dirigir y procesar las violaciones a
la ley. El resultado no puede ser más penoso y lastimoso: las evasiones y
fraudes siguen tan campantes como el famoso whisky aquel, mientras la
burocracia estatal se incrementó como consecuencia de la implementación
de esta ley especial, que a juicio de muchos no era necesaria para
perseguir, combatir y someter a la justicia los responsables del crimen
del robo de la electricidad.
A pesar de la propaganda oficial, la realidad fría de los números
evidencia que la Criminalización del Robo de Electricidad no requería de
una ley especial y que la misma se ha convertido en uno de los tantos
mitos que se crean alrededor del sector eléctrico bajo la premisa de
pensar en que una sola medida de por sí y de manera aislada será la
solución al flagelo y catástrofe nacional en que se ha convertido el
sector eléctrico.
Mientras el hacha va y viene, con todo y eliminación del PRA y de la
Ley de Criminalización al Fraude Eléctrico, los déficits financieros del
sector eléctrico, el subsidio directo, los gastos corrientes y exceso
de empleomanía aumentan año tras año sin que se vislumbre en el
horizonte un fin a este derroche incontrolado de recursos dilapidados
que no logran producir una mejora importante en un servicio tan vital y
necesario para la población y desarrollo de país, como lo es la energía
eléctrica.
Mito de la Tarifa Indexada
La tarifa eléctrica vigente no se corresponde con la definición de
tarifa técnica en la cual el margen de intermediación o Valor Agregado
de Distribución (VAD) de las distribuidoras se calcula en base a una
empresa distribuidora eficiente, dimensionada sin exceso de empleomanía
ni gastos corrientes y con pérdidas totales (diferencia entre energía
comprada a los generadores y cobrada a los clientes) menores al 15%.
En la actualidad las distribuidoras de electricidad de la Republica
Dominicana distan mucho de ser empresas gestionadas de manera eficiente,
pues sus pérdidas totales se sitúan alrededor del 40% y poseen exceso
de empleomanía y gastos corrientes, a pesar de que la mayoría de los
servicios que ofrecen están subcontratados con empresas externas.
La famosa tarifa indexada que calcula mensualmente la
Superintendencia de Electricidad no es más que un mito y espejismo cuyo
único objetivo es justificar la ineficiencia, pésima gestión y exceso de
empleomanía y gastos corrientes de las distribuidoras, bajo el alegato
falso de que la tarifa vigente no cubre costos y que el Gobierno
subsidia la tarifa eléctrica a la población cuando en la realidad lo que
el Gobierno subsidia es la ineficiencia, pésima gestión y exceso de
empleomanía de las distribuidoras.
Si se aplicara la famosa tarifa indexada el margen de intermediación o
VAD de las distribuidoras se situaría alrededor de US$0.10/Kwh el cual
es más de tres veces el VAD teórico de una distribuidora gestionada de
manera eficiente, sin exceso de empleomanía ni gastos corrientes y con
pérdidas totales menores al 15%.
La aplicación de la tarifa indexada no reduciría los subsidios
directos que año tras año otorga el Gobierno al sector eléctrico como
tampoco lo han reducido los aumentos que la tarifa eléctrica ha sufrido
del 2009 a la fecha, aumentos que han llegado acompañados con aumentos
sistemáticos del subsidio directo al sector y deterioro progresivo y
creciente de las finanzas eléctricas y calidad en el servicio brindado.
La aplicación de la tarifa indexada que ocasionaría un aumento brutal
de la actual tarifa que de por si es muy cara, solo serviría para
seguir cargando sobre los hombros de quienes pagamos por un servicio
pésimo y caro, el costo de la ineficiencia, pésima gestión y exceso de
empleomanía de las distribuidoras, mientras paralelamente las pérdidas
totales y los excesivos gastos corrientes y empleomanía de esas
empresas, así como el subsidio directo siguen creciendo tan campantes
como el famoso whisky.
15 de enero del 2014
http://www.acento.com.do/index.php/news/156015/56/Analisis-de-un-especialista-sobre-los-mitos-en-el-sector-electrico-dominicano.html
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