Contrato "grado a grado" por CDEEE para reforestar a PUNTA CATALINA
SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-El
abogado Namphi Rodríguez criticó la falta de transparencia con la que
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
otorgó un contrato "grado a grado" de RD$113 millones a una entidad
vinculada a Domingo Contreras, para forestar el área de influencia de
las plantas a carbón de Punta Catalina.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, calificó de
“insuficiente” la explicación ofrecida por el Consorcio de la Caoba
Dominicana (Concadom), entidad que preside Domingo Contreras y a la que
la CDEEE “adjudicó de grado a grado el contrato”.
“El hecho de que sea una entidad sin fines de lucro no la
exime de la transparencia pública y la CDEEE ha violado la ley al
adjudicar ése contrato de grado a grado a un funcionario público; porque
Contreras es asesor municipal del Poder Ejecutivo y funcionario del
Ministerio de Medio Ambiente”, explicó.
Adujo que la CDEEE ha violado las leyes 340-06, de Contrataciones;
41-08, de Función Pública, y 122-05, de Organizaciones sin Fines de
Lucro.
Aunque no especificó si procederá legalmente en su contra, Rodríguez
advirtió que la CDEEE se hace pasible de un recurso contencioso ante el
Tribunal Superior Administrativo para anular el contrato y establecer
las responsabilidades que dictan las leyes por falta de transparencia
pública.
Añadió que hay que fiscalizar la concesión de contratos del proyecto
de las plantas a carbón, “puesto que se puede convertir en un botín de
partidarios de la reelección del presidente Danilo Medina”.
El contrato, denominado Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
para la Implantación del Programa Forestal de Manejo y Mitigación
Ambiental de Punta Catalina, fue concedido sin concurso público al
Consorcio Dominicano de la Caoba, del que Contreras es presidente.
De acuerdo a sus términos, la entidad conjuntamente con el Ministerio
de Medio Ambiente y la CDEEE sembrarán un millón quinientas mil árboles
en las provincias de Peravia y Azua para “reducir las emisiones de
dióxido de carbono y mitigar el impacto medioambiental” de las plantas a
carbón.
El contrato le fue adjudicado de grado a grado al Consorcio
Dominicano de la Caoba, una entidad no gubernamental “sin fines de
lucro” con una estructura “híbrida”, compuesta por la Fundación Atabey,
de la que Contreras también es presidente, el Jardín Botánico, y las
ONGs Fundación Frontera, Plan Sierra, y la Cámara Forestal Dominicana. Sin licitación
“El contrato no sólo fue cedido sin licitación, sino que se hizo
violando la transparencia y las leyes de Concursos Públicos (Ley 340.06)
y de Función Pública (41-08), debido a que Contreras desempeña las
funciones de asesor de Asuntos Municipales del del Poder Ejecutivo y
Coordinador de las Políticas de Desechos Sólidos del Ministerio de Medio
Ambiente, una de las instituciones firmantes”, dijo Rodríguez.
Indicó que el acuerdo, rubricado el 8 de octubre del año 2014 por
Rubén Bichara, en representación de la CDEEE; Bautista Rojas Gómez,
ministro de Medio Ambiente; Ricardo Guarionex García, director del
Jardín Botánico; José Rafael De Moya, de la Cámara Forestal Dominicana;
Felipe de Jesús Pérez, de la Fundación Frontera, y Domingo Contreras,
presidente del Consorcio.
El contrato fue propuesto al Gobierno por el Consorcio que preside
Contreras y en el mismo la CDEEE se compromete a aportar RD$88 millones,
mientras que Medio Ambiente erogará RD$17,043,732 millones, indicó
Rodríguez.
Explica que en la propuesta inicial, el Consorcio pretendía que el
componente financiero fuera de RD$143 millones, pero finalmente fue
reducido a RD$113 millones.
En el acuerdo, la CDEEE consignó una cláusula que le libera junto a
las distribuidoras de electricidad de cualquier litis que pueda surgir
entre las partes, pero Medio Ambiente no lo hizo.
Según sus términos, los responsables deberán sembrar un millón
quinientos mil plantas en 15 tareas de tierras en un plazo de cinco
años.
El contrato no especifica cuál es la función del Consorcio que
preside Contreras, una entidad amparada en la Ley 122-05, de
organizaciones sin fines de lucro, sostuvo Rodríguez.
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