SANTO DOMINGO,R.D.- Los señalamientos públicos sobre posible
sobrevaluación de costos en la contratación de la construcción de las
dos plantas de carbón en Punta Catalina, tienen su origen más allá de la adjudicación de la obra a Odebretch.
El primer movimiento extraño ocurrió poco
tiempo después de la juramentación de Danilo Medina en agosto 2012,
cuando dispuso la suspensión de la licitación internacional iniciada
durante la administración de Celso Marranzini, anunciada en diciembre
del 2011 e iniciada en enero del 2012, para la instalación de mueva
potencia de generación por un total de entre 1000 y 1500 MW con plantas
eléctricas de carbón y de gas natural. En la declaración de objetivos dicho anuncio de licitación establecía que la CDEEE escogería empresas para que:
“(a) desarrollen, financien,
construyan y operen, bajo un esquema “Build-Own-Operate” (BOO) y a
través de una Empresa de Generación, una o más unidades de generación
eléctricas nuevas, esto es, distintas a las registradas en el Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado al 31 de diciembre del 2011, a carbón o
gas natural, con una capacidad neta en bornes del generador de hasta
260 MW (cada una de tales unidades de generación) con el objetivo final
de expandir la capacidad de generación de energía eléctrica en la
República Dominicana por hasta 1,000 MW, con posibilidad de ampliación
hasta 1,500 MW de capacidad total, conforme disposiciones que al efecto se establezcan en la Bases de Licitación; (b) suscriban contratos de
compraventa de energía con las empresas distribuidoras EDENORTE
DOMINICANA, S.A., EDESUR DOMINICANA, S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., por un máximo de hasta noventa y cinco por
ciento (95%) de la potencia neta nominal en MW del conjunto de Unidades
de Generación asociadas al proyecto respectivo y por un plazo de 15
años, improrrogable, a partir de agosto del 2016”. (Ver Licitación
No.01-11, CDEEE, 19/12/2011).
Como resultado de esa licitación, en abril del 2012 ya habían precalificado siete (7) empresas y otras seis (6) quedaron pendientes de completar ciertos procesos para otorgársele la precalificación definitiva.
Como puede apreciarse, con esa licitación las empresas que resultaren seleccionadas iban a construir e instalar las plantas eléctricas con sus propios recursos y préstamos que gestionarían por su cuenta y riesgos sin que el Estado dominicano tuviera que invertir un solo centavo.
El único compromiso del Estado iba a ser
el de comprarle la energía producida mediante contratos de largo plazo
con las empresas distribuidoras, lo cual no iba a resultar difícil
porque entre el 85 y el 90% de la energía que la población consume proviene
de contratos que mantienen las distribuidoras con varias empresas
generadoras; en realidad, las distribuidoras solo iban a sustituir los
viejos contratos del Acuerdo de Madrid – que vencen en el 2016 y dejaran
libre para recontratar cerca de 700 megavatios – por otros nuevos
basados en plantas nuevas que producirían a menor costo.
Sin embargo, contra toda lógica, el 13 de
mayo del 2013, la nueva administración de la CDEEE hizo un anuncio
oficial llamando a licitación internacional para: “la selección del
contratista que ejecutara los trabajos de ingeniería, procura y
construcción (EPC) de dos (2) unidades termoeléctricas en base a carbón
mineral con una capacidad de 300 MW (+/- 20%) cada una”.
En esta modalidad de licitación será el
Gobierno el que pagara con deudas y con recursos del presupuesto
nacional todos los costos de la construcción e instalación de ambas
plantas.
Si se hubiera continuado con la
licitación iniciada en el 2012, aquellas plantas estarían listas para
sustituir a las viejas el año que viene, sin endeudar el Estado por más
de 2500 millones de dólares como está sucediendo actualmente con la
estrategia de Danilo y Bichara en Punta Catalina.
Licitaciones como las iniciadas por Marranzini, le garantizan a
la sociedad energía eléctrica suficiente a costos aceptables y,
segundo, evitan que el Estado invierta enormes cantidades de recursos
financieros necesarios para otras áreas.
Las principales generadoras
independientes instaladas en el país en los últimos anos, no han
requerido ningún endeudamiento del Estado, y en algunos casos solo
contratos de compra de energía con las empresas distribuidoras.
Cuando el PLD ejecutó la privatización de la antigua CDE en el 1999, lo hizo bajo la promesa de establecer un orden eléctrico en el que la carga financiera directa del Estado fuera mínima. En
resumen, contratar la construcción de dos plantas de carbón de esa
envergadura (entre 2500 y 3000 millones de dólares) a cuenta de deudas y
el presupuesto de la Nación, es un descomunal abuso de poder en
perjuicio de las finanzas públicas y de un pueblo repleto de urgencias
elementales. Había opciones mejores, pero Danilo y Bichara prefirieron
una en la que ellos, en persona, pudieran dirigir la asignación de
contratos y contratas, negociaciones de
préstamos, asignación de generosas consultorías, arrendamiento de
terrenos, construcción de muelles y subestaciones y, en fin, manejar con
casi nulos controles un monto próximo a los 3000 millones de dólares
para “resolver” el problema eléctrico.
Con el tipo de licitación iniciada del
2012 y cancelada luego por Bichara nada de eso iba a ser posible, porque
ningún empresario lo permitiría a cuentas de sus bolsillos, pero como
la CDEEE es del “pueblo”….
http://acento.com.do/2015/opinion/8264496-la-peor-licitacion/
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