miércoles, 8 de julio de 2015

La peor licitación de la CDEEE

SANTO DOMINGO,R.D.- Los señalamientos públicos sobre posible sobrevaluación de costos en la contratación de la construcción de las dos plantas de carbón en Punta Catalina,  tienen su origen más allá de la adjudicación de la obra a Odebretch.
El primer movimiento extraño ocurrió poco tiempo después de la juramentación de Danilo Medina en agosto 2012, cuando dispuso la suspensión de la licitación internacional iniciada durante la administración de Celso Marranzini, anunciada en diciembre del 2011 e iniciada en enero del 2012, para la instalación de mueva potencia de generación por un total de entre 1000 y 1500 MW con plantas eléctricas de carbón y de gas natural. En la declaración de objetivos dicho anuncio de licitación establecía  que la CDEEE escogería empresas para que:
“(a) desarrollen, financien, construyan y operen, bajo un esquema “Build-Own-Operate” (BOO) y a través de una Empresa de Generación, una o más unidades de generación eléctricas nuevas, esto es, distintas a las registradas en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado al 31 de diciembre del 2011, a carbón o gas natural, con una capacidad neta en bornes del generador de hasta 260 MW (cada una de tales unidades de generación) con el objetivo final de expandir la capacidad de generación de energía eléctrica en la República Dominicana por hasta 1,000 MW, con posibilidad de ampliación hasta 1,500 MW de capacidad total, conforme disposiciones que al efecto se establezcan en la Bases de Licitación; (b) suscriban contratos de compraventa de energía con las empresas distribuidoras EDENORTE DOMINICANA, S.A., EDESUR DOMINICANA, S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., por un máximo de hasta noventa y cinco por ciento (95%) de la potencia neta nominal en MW del conjunto de Unidades de Generación asociadas al proyecto respectivo y por un plazo de 15 años, improrrogable, a partir de agosto del 2016”. (Ver Licitación No.01-11, CDEEE, 19/12/2011).
Como resultado de esa licitación, en abril del 2012 ya habían precalificado siete (7) empresas  y otras seis (6) quedaron pendientes de completar ciertos procesos para otorgársele la precalificación definitiva.
Como puede apreciarse, con esa licitación las empresas que resultaren seleccionadas  iban a construir e instalar las plantas eléctricas con sus propios recursos y préstamos que gestionarían por su cuenta y  riesgos sin que el Estado dominicano tuviera que invertir un solo centavo.
El único compromiso del Estado iba a ser el de comprarle la energía producida mediante contratos de largo plazo con las empresas distribuidoras, lo cual no iba a resultar difícil porque entre el 85 y el 90% de la energía que la población consume  proviene de contratos que mantienen las distribuidoras con varias empresas generadoras; en realidad, las distribuidoras solo iban a sustituir los viejos contratos del Acuerdo de Madrid – que vencen en el 2016 y dejaran libre para recontratar cerca de 700 megavatios – por otros nuevos basados en plantas nuevas que producirían a menor costo.
Sin embargo, contra toda lógica, el 13 de mayo del 2013, la nueva administración de la CDEEE hizo un anuncio oficial llamando a licitación internacional para: “la selección del contratista que ejecutara los trabajos de ingeniería, procura y construcción (EPC) de dos (2) unidades termoeléctricas en base a carbón mineral con una capacidad de 300 MW (+/- 20%) cada una”.
En esta modalidad de licitación será el Gobierno el que pagara con deudas y con recursos del presupuesto nacional todos los costos de la construcción e instalación de ambas plantas.
Si se hubiera continuado con la licitación iniciada en el 2012, aquellas plantas estarían listas para sustituir a las viejas el año que viene, sin endeudar el Estado por más de 2500 millones de dólares como está sucediendo actualmente con la estrategia de Danilo y Bichara en Punta Catalina.
Licitaciones como las iniciadas por Marranzini, le garantizan  a la sociedad energía eléctrica suficiente a costos aceptables y, segundo, evitan que el Estado invierta enormes cantidades de recursos financieros necesarios para otras áreas.
Las principales generadoras independientes instaladas en el país en los últimos anos, no han requerido ningún endeudamiento del Estado, y en algunos casos solo contratos de compra de energía con las empresas distribuidoras.
Cuando el PLD ejecutó la privatización de la antigua CDE en el 1999, lo hizo bajo la promesa de  establecer un orden eléctrico en el que la carga financiera directa del Estado fuera mínima.  En resumen, contratar la construcción de dos plantas de carbón de esa envergadura (entre 2500 y 3000 millones de dólares) a cuenta de deudas y el presupuesto de la Nación, es un descomunal abuso de poder en perjuicio de las finanzas públicas y de un pueblo repleto de urgencias elementales. Había opciones mejores, pero Danilo y Bichara prefirieron una en la que ellos, en persona, pudieran dirigir la asignación de contratos y contratas, negociaciones  de préstamos, asignación de generosas consultorías, arrendamiento de terrenos, construcción de muelles y subestaciones y, en fin, manejar con casi nulos controles un monto próximo a los 3000 millones de dólares para “resolver” el problema eléctrico.
Con el tipo de licitación iniciada del 2012 y cancelada luego por Bichara nada de eso iba a ser posible, porque ningún empresario lo permitiría a cuentas de sus bolsillos, pero como la CDEEE es del “pueblo”….


 http://acento.com.do/2015/opinion/8264496-la-peor-licitacion/

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