Santo Domingo,R.D.- La nueva generadora de 600 megavatios, cuya construcción fue anunciada por el
Gobierno y que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) se apresta a licitar en los próximos días, será manejada directamente
por el Estado para conseguir una reducción de los costos marginales que se
refleje en las tarifas y beneficie al consumidor.
La planta, que envolverá una inversión superior a los US$1,000 millones,
estará integrada por dos unidades de 300 megavatios cada una y será a base de
carbón, el carburante más económico de los utilizados a gran escala, con lo que
marcaría una nueva generación que equilibraría la matriz de combustibles
nacional, que consume un 49 por ciento de fósiles.
Se recuerda que la CDEEE hizo el año pasado una licitación para contratar la
compra de energía y que, incluso, precalificó a varias empresas privadas para
participar en la escogencia final.
Una fuente del Palacio Nacional informó, sin embargo, que la administración
decidió cambiar el proceso y ahora licitará la construcción de la planta por
considerar que esto le garantiza un mayor poder de negociación frente a las
generadoras existentes, las cuales consumen combustibles caros y le cuestan a la
economía más de mil millones de dólares al año.
El Gobierno considera el aumento de la capacidad eléctrica como una
emergencia nacional, y con la nueva planta -que entraría al servicio en tres
años- se cubriría la demanda de unos 3,000 megavatios a los que se espera
subirá en el año 2016.
Los expertos del Gobierno estiman que si el Estado asume la construcción de
la nueva generadora obtendría por lo menos una reducción del 5% anual en el
costo promedio del dinero en comparación con el costo del financiamiento al
sector privado para un proyecto similar, y esto se refleja de manera directa en
el costo de la electricidad que producen los particulares.
Esto así porque para el sector privado conseguir el financiamiento de una
generadora, primero tiene que obtener un contrato de venta de energía a la
CDEEE, como garantía para los bancos frente al riesgo de la inversión.
“Aún con un contrato de compra de energía, el costo del financiamiento sería
muy alto y la tarifa al público no bajaría, porque para una operación
crediticia como esta los bancos toman en cuenta el negativo histórico de pago de
la energía por parte del Gobierno y la población”, dijo.
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