SANTO DOMINGO,R.D.- El déficit en los sistemas de pensiones de reparto que afectan a varios países de Europa, y especialmente a España, debe también ser un referente para quienes aspiran al regreso de este modelo de seguridad social a la República Dominicana.Las cuentas de la seguridad social de la nación ibérica, quinta economía de toda la Unión Europea, desde 2011 no arrojan un balance positivo, lo cual ha impulsado que el Gobierno español, los partidos políticos, sindicatos y demás entes sociales inicien un nuevo proceso de consultas, donde las opciones a la vista son reducir el monto de las pensiones, incrementar el endeudamiento público para mantenerlas o seguir aumentando la edad de retiro por encima de los 67 años de edad.
En 2011, el sistema de reparto español reflejó un déficit de 4,355.5 millones de euros (unos 217 mil 755 millones de pesos dominicanos). El desfase viene porque, actualmente, los gastos crecen a un ritmo anual de 5.95%; en tanto, los ingresos recibidos por las cotizaciones de los trabajadores solo aumentan al 3.15% anual.
Como las cotizaciones solo representan ya algo más del 80% de todo el gasto del sistema español de reparto y ya son insuficientes para pagar las pensiones actuales, los presupuestos públicos deben completar ese nivel mínimo para atender el pago de los pensionados actuales. El asunto es que la situación continuará agravándose año tras año.
La magnitud del problema español
Para hacernos una idea de la magnitud del problema, el gasto en pensiones en España ascendió en 2011 a 111,834 millones de euros (alrededor de 5 billones 591 mil 700 millones de pesos). Esto significa un 10.51% del Producto Interno Bruto español y un 24% de todos los gastos del total de las Administraciones Públicas en aquel país. De hecho, el gasto en pensiones es la segunda partida de los presupuestos españoles, solo superada por la remuneración a los asalariados públicos.
En términos individuales, el llamado “agujero del sistema” alcanza ya un déficit de 1,000 euros por trabajador.
La importancia cuantitativa de las pensiones públicas españolas alerta de un grave problema potencial en un futuro medianamente cercano: su capacidad de arrastre de los presupuestos del Estado español. Si el sistema de pensiones no es financieramente sostenible, las administraciones públicas en España tampoco serán sostenibles.
De ahí la preocupación que reina entre los trabajadores españoles en activo, que dudan de si habrá pensiones públicas para ellos en un futuro.
Crisis económica, baja natalidad y envejecimiento
La génesis de este agujero proviene, en buena medida, de la crisis financiera y económica de 2008 y la consecuente destrucción de empleo que trajo consigo. Menos personas empleadas o empleos de baja calidad afectan las cotizaciones y, por tanto, la generación de recursos para el sistema de reparto de pensiones.
Pero ese colapso es fruto, a su vez, de la combinación de dos factores: la reducción de la natalidad y al mismo tiempo el envejecimiento de la población, según señala el estudio “Reparto y la Capacitación en las Pensiones Españolas”, realizado por la Fundación Edad & Vida conjuntamente con el IESE Business School.
Como agravantes, la investigación agrega la multiplicidad de regímenes y excepciones que menguan la capacidad recaudatoria y advierte sobre el efecto negativo que tendría incrementar la cota de las cotizaciones en los costos laborales, porque reduciría la competitividad de las empresas y con ello la del país.
La realidad dominicana
Una perspectiva local en torno a la aplicación del sistema de reparto en la República Dominicana la ofrece el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el cual en un análisis fechado en septiembre de 2016, señala que los sistemas de reparto no tienen la capacidad de autofinanciarse y ameritan ser cubiertos con las formas tradicionales de endeudamiento público.
El informe del CREES detalla la facilidad con que se puede romper el equilibrio financiero en este tipo de modelos previsionales, lo cual puede pasar por un incremento de los pensionados en relación a los cotizantes o también por una disminución del empleo formal.
“A lo anterior se añade el carácter público de los fondos de pensiones tradicionales, y el manejo político con que suelen ser administrados. Como los aportes van a un fondo común, el número de pensiones puede crecer sin guardar proporción con los aportes. Si los gobiernos otorgan mayores pensiones e incrementan el número de jubilados, se agrava el desequilibrio financiero”, reseña el informe.
La República Dominicana no está exenta del proceso de envejecimiento de su población y la disminución de su tasa de natalidad.
De hecho, según el CREES, esta situación se gesta desde hace varias décadas y la registra la relación de dependencia, un indicador que mide la cantidad de personas que potencialmente podría sostener a quienes están inactivos. Es decir, las personas con 65 años y más.
En la República Dominicana, “mientras en 1980 había 18 personas por cada persona de 65 o más años, en la actualidad se estima que sean 9 en total, o la mitad”, apunta el estudio que pronostica la continuación de esta tendencia con el agravante de que la realidad es peor si a esta métrica se le añade la informalidad que impera en la economía, donde el 59% de las personas que trabaja no cotiza, según el CREES.
Volviendo a España y su proceso de reforma del actual sistema de reparto, al análisis hay que agregar las diatribas políticas que ralentizan el ritmo de las modificaciones de su actual sistema de reparto.
Si esto ocurre en España, un país con mayores niveles de institucionalidad que los evidenciados en la República Dominicana, cuando llegue el momento de modificar un posible sistema de pensiones aquí, ¿se hará más rápido? ¿Habrá consenso? ¿Serán suficientes las cotizaciones actuales para mantener un sistema de pensiones 100% público? Es mejor prevenir que lamentar. -
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