Reglas con los combustibles en R.D.

SANTO DOMING,R.D.- La entrada en vigencia de la Ley 112-00, Ley de Hidrocarburos y el respectivo decreto 307-01 o reglamento de aplicación de la citada ley, sobre la regulación del mercado de combustibles en la República Dominicana, puso fin al mal manejo gubernamental dado al precio final de los combustibles, el cual en la década de los 80 y 90´s representó el motivo principal de posibles detonantes sociales.
La Ley 112-00 no es una ley de mercado. En su estructura y aplicación, la ley representa una norma fiscal que permite a El Estado, por un lado aprovechar la inelasticidad de la demanda del mercado de los combustibles, como acceso a una mayor recaudación impositiva y por el otro lado, recortar (de forma poco transparente) las cargas tributarias del uso de combustibles fósiles en procesos esenciales de la vida productiva, como son industria, energía eléctrica y transporte. Siempre se ha denunciado, como un minúsculo sector de la vida nacional se beneficia de esta interpretación legal, de la forma más grosera posible.
De forma inexplicable y poco transparente, el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, fija cada semana los precios finales de venta de combustibles a los usuarios finales, ocultando grandes márgenes de ganancia no impositivos para el Estado Dominicano, colocándonos en el primer puesto regional en carestía precios de los productos finales. Este anuncio semanal se ha convertido en el terror catatónico, cuando el mercado internacional se encuentra en alza y la desesperanza nacional, cuando la tendencia es a la baja, dejándonos el sinsabor de aquel cómico comercial, de que “si suben, suben y si bajan… ”.
Durante la segunda mitad de la década pasada se nos vendió la idea del gas natural o LNG como combustible futurista en todos los procesos que requieren su consumo en República Dominicana, por igual se anunció el biodiesel como posible sustituto en actividades industriales y comerciales. Populosos anuncios y ruedas de prensa nos mostraban la factibilidad de extraer combustible del árbol de la higuereta y etanol a partir del residuo de la caña de azúcar, como aditivo al uso de la gasolina.
Todos esos esfuerzos quedaron en papeles, cartelones, anuncios y propaganda, similar a la acostumbrada en la mayoría de las propuestas de soluciones del gobierno central a los problemas nacionales. El mal manejo estatal a este tema y el contubernio con intereses oscuros que obtienen cuantiosas ganancias de estos negocios, han impedido un real desarrollo sostenible de esta actividad comercial, garantizando suministro continuo a precio justo. Nunca existió una propuesta real de política de Estado en este sentido, solicitando la reformulación de la Ley para dar entrada a un nuevo modelo de desarrollo del negocio.
La ley 112-00 no plantea una regla transparente, garantista de nuevas inversiones. No avaló la conversión de biomasa en gas oxigenado en Bonao y el suministro comercial, industrial y doméstico a un segmento de esa población, como tampoco la explotación de la misma fuente en San Luís, para generar 18 MW. Por igual la ley no garantiza el libre mercado del gas natural, aduciendo al hecho de que más de una empresa se interconecta a una misma red de distribución. Esta falencia impide la entrada de nuevos capitales que puedan utilizar instalaciones existentes para sus inversiones.
Por igual, esa legislación vigente no endosó un adecuado suministro de gas natural a todo el usuario que creyó en la propaganda y realizó cuantiosas inversiones en medios de transporte, para abaratar sus costos operativos. Largas filas son aun visibles en las escasas instalaciones de expendio de este producto en las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago. Basta con mencionar el hecho de que un vehículo que opere a gas natural, no podría ir a la provincia de Barahona y volver. Irónicamente, la mayoría de solicitudes de construcción de instalaciones de expendio y servicio, fueron detenidas por falta de permiso medioambiental.
Sendos sectores de la vida nacional solicitan a todas voces la modificación de la Ley-112-00 y su reglamento, convirtiéndola en una norma técnica que regule la actividad vertical u horizontal del negocio de los combustibles a todos los niveles y dotando a los inversionistas de garantías y reglas claras como en toda sociedad organizada.
Una nueva ley debe transparentar el negocio de combustibles en la República Dominicana, garantizando la estructura de mercado en el marco mayorista y mostrando la mayor transparencia posible en los cálculos de los precios finales que se presentan periódicamente a la población. El nuevo Ministerio de Energía y Minas debe presidir un órgano regulador especializado, que cuente con participación de todos los sectores que intervienen en el negocio a fin de equilibrar las decisiones y velar por la sostenibilidad y cumplimiento de las reglas establecidas para ese negocio viabilicen un desarrollo real de la vida nacional.
De igual manera, una nueva ley debe promover con incentivos fiscales, el uso de fuentes alternas de combustibles como biodiesel, biomasa, biodigestión, reciclaje, etc. con tal de reducir el uso de los derivados directos del petróleo, que tienda a reducir el costo económico y social actual que representa la salida de capitales hacia el exterior.
Una nueva ley deberá normar la instalación de terminales de gas natural y la construcción de gaseoductos, así como la estructura de operación, transporte y distribución, transacciones comerciales entre agentes, cálculos de peajes, derechos y deberes de los actores en este negocio, garantizando una real transformación de la matriz energética en el negocio eléctrico dominicano, dotando de garantías a aquellos que realizan inversiones y los que se benefician de las mismas.


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