sábado, 31 de agosto de 2019

Población adulta mayor alcanza 26% del electorado:ATENCION PENSIONADO Y JUBILADO

SANTO DOMINGO,R.D.-  El economista  José  Méndez  Luzón   afirmó que  para el proceso electoral que  se  avecina  la  población  adulta  mayor  incrementará en un 26% su presencia en el electorado.
El especialista en economía del envejecimiento  refirió que los adultos mayores  han experimentado un crecimiento significativo en los últimos cuatro procesos electorales (2004-2016),  colocándose en un millón seiscientos mil  los que  podrán ejercer su derecho al voto en el año 2020.
Narró que en las elecciones del año 2008 la cantidad de adultos mayores hábiles para  votar  fue de 1, 281, 965,  de los cuales concurrieron  un 9. 2% del total de sufragantes.
“En el 2012 estaban hábiles para votar 1, 470, 312 envejecientes, y representaron el 17% de la totalidad de electores concurrentes”, describió.
Relató que para los comicios del  2016 había 1, 532, 053 envejecientes hábiles para votar, lo que elevó a un 23% la concurrencia  de este segmento poblacional.  Se proyecta que para el  2020 ejercerán el voto 1, 688, 399 adultos mayores.
Argumentó que tomando en consideración los porcentajes de los votantes de los años  2012, 2016  y 2020 que han tenido un incremento  de un 12, 4 y 10%,  respectivamente, el crecimiento del segmento poblacional del adulto mayor en el padrón de la Junta Central Electoral  sería de  27%.
En cuanto a  la concurrencia a las urnas de la población adulta mayor, Méndez Luzón destacó que ha habido  un incremento importante  desde el 2008 con 378, 455 votantes, equivalente a 9.2%, y con un 17% en el 2012, correspondiente a 775, 530 sufragantes,  hasta alcanzar  en el 2016, 1, 011,474 electores,  semejante a un 23%, según la JCE.
De acuerdo a las proyecciones que se tienen para los comicios del 2020, la concurrencia de los adultos mayores será de 1, 274, 458, lo que significa un 26% de la totalidad de votantes.
of-am

jueves, 29 de agosto de 2019

“aberración” y “barbaridad” elevados costos de Punta Catalina


SANTO DOMINGO,R.D.- El ingeniero Antonio Almonte calificó de “una barbaridad” y “una aberración” los elevados costos en que ha incurrido el Estado dominicano en el proceso de construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, así como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en publicidad sin que estas estén en operación.
Citó una serie de compromisos y gastos en los que ha incurrido la CDEEE como representante del Estado durante el proceso de construcción, que elevan el costo real de la termoeléctrica a carbón sobre los 3,000 millones de dólares, y reiteró sus críticas de que el Gobierno no haya dicho la verdad al país.
Al insistir en que el Estado no se deshaga de las plantas ni las traspase al sector privado mediante licitación, consideró que previamente debe resolver la demanda que hizo Odebrecht en Estados Unidos por unos 798 millones de dólares, el costo por el retraso de dos años en la entrega, que debió ser en agosto y noviembre de 2017 y los gastos en que ha incurrido la CDEEE a nivel local e internacional por pago de personal, asesorías financiera, técnica y jurídica, tanto en pesos como en dólares.  
Almonte citó datos ofrecidos por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas desde enero del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017, en la que afirma se ofrecen las series de gastos a que hizo referencia, pero que profundizará sobre este informe y lo analizará.
“Todos esos gastos más los de la CDEEE, más los intereses y comisiones bancarias durante los cinco años de construcción, más las nuevas reclamaciones por retrasos y costos, indican que desde el punto de vista financiero y social, Punta Catalina ha sido un fracaso”, opinó el ingeniero eléctrico y experto en medicina nuclear.
Cuestionó que Odebrecht haya incumplido con todos los acuerdos firmados con el Gobierno dominicano y que nunca se haya actuado en su contra. 
Citó como “una aberración” es el gasto de la CDEEE en publicidad para Punta Catalina, que dijo ha sido de 488 mil dólares, sin que todavía haya sido entregada administrativa y operativamente.
Es una aberración cuando se comparan los costos para plantas de esa naturaleza, ya que con esos recursos se pudieron haber construido varias plantas a gas natural y de energía eólica y otras de fuentes alternativas”, enfatizó.

Contrario a licitación para venta

Al insistir en su oposición a que el Estado licite a inversionistas locales o extranjeros la propiedad de Punta Catalina, una vez recibida, planteó que contrariamente el Gobierno abra una licitación internacional para la administración y operación de las plantas durante un período determinado, hasta tanto se capacite el personal dominicano para la operación técnica. 
Afirmó que lo correcto en todo proyecto de esa naturaleza es que se contrate personal extranjero mientras los técnicos locales adquieren capacitación y experiencia. 
Descartó que una vez hecha la contratación de una firma internacional para la administración y operación de Punta Catalina, se vaya a incurrir en clientelismo, ya que el personal sería contratado por la empresa ganadora de la licitación, y no por la CDEEE.
Ante la información oficial de que el período de vida útil de las plantas sería de 30 años, rechazó ese argumento y aseguró el tiempo mínimo es de 40 años en proyectos privados, como los existentes en el país y otras naciones.
Argumentó que de licitarse en base a ese estimado el Gobierno incurriría en regalarle al inversionista 10 años de operación cuando precisamente en los primeros diez años de vida útil las plantas dan rentabilidad y se ha recuperado la inversión.
“¿Por qué la República Dominicana tiene que hacer este regalo? Es el ‘negocio del capa perro’”, se preguntó y respondió el ingeniero Antonio Almonte, quien participó en el programa Milagros desde la Z, que producen Julio Cordero y Milagros Ortiz Bosch por ZTV de YouTube y la emisora Z101.3 FM. 

miércoles, 28 de agosto de 2019

Mayoría de centrales generadoras de electricidad están preparadas para resistir impactos de fenómenos atmosféricos

sector electrico anje
SANTO DOMINGO,R.D.- La mayoría de las centrales generadoras de electricidad del país están preparado para enfrentar la llegada este jueves de la tormenta Dorian, y otros fenómenos atmosféricos que se presenten, y permanecer produciendo la energía que demandan las empresas distribuidoras durante y después del paso del fenómeno natural.
Así lo aseguró este martes, Manuel Cabral, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). “Las centrales de generación, en su mayoría, están preparadas para resistir impactos de tormentas tropicales y huracanes importantes”, dijo.
Cabral indicó que las plantas se encuentran operando de manera “optima”, ya que las empresas, aseguró, cuentan con planes de respuestas ante huracanes. Subrayó, además, que estos planes lo ponen en práctica desde que inicia la temporada ciclónica, el primero de junio.
Dichos planes son enviados al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y al Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado para que tengan conocimiento de las medidas tomadas por el sector generador.
Puntualizó que su compromiso es conservar la estabilidad y seguridad del sector eléctrico dominicano, dentro de sus competencias, y trabajar en coordinación con las autoridades competentes.

En el caso particular de la tormenta Dorian, la cual se tiene previsto que llegue al país este jueves, subrayó que las empresas generadoras ya se han preparado, como cada año.

martes, 27 de agosto de 2019

Los cobros excesivos en la factura de energía eléctrica al consumidor

SANTO DOMINGO,R.D.- De una manera u otra, todos nos quejamos por nuestro consumo de energía eléctrica. Entendemos que el servicio es malo y que la energía –o la tarifa por KWH- es muy costosa. La situación se torna color de hormiga cuando, además de eso, la empresa distribuidora de electricidad correspondiente, nos cobra por encima de lo realmente consumido por nosotros.
Con esta finalidad, el Reglamento a la Ley General de Electricidad, No. 125-01 (RLGE) establece medidas para proteger los derechos de los consumidores, si existe un cobro por exceso realizado por la empresa distribuidora. Estas medidas están consagradas primordialmente en los artículos 460 y 469 del Reglamento a la Ley General de Electricidad, No. 125-01. El artículo 460 párrafo I de dicho reglamento, sanciona el error involuntario o no intencional que pueden realizar las distribuidoras contra los usuarios. Dicha disposición establece lo siguiente: “Si las Empresas de Distribución como consecuencia de la falta de facturación en base a la lectura de los equipos de medición, hubieren cobrado en exceso a los Clientes o Usuarios Titulares, deberán rembolsar a dichos usuarios la totalidad de las sumas cobradas en exceso más los intereses generados por las mismas a la tasa activa promedio de la banca comercial, publicada por el Banco Central”.
Sin embargo, el artículo 469 del RLGE sanciona el fraude intencional que pueden realizar las distribuidoras contra los consumidores y las penaliza con una compensación a favor del consumidor de diez veces el monto de lo percibido en exceso: “art. 469. Reintegro de Importes. En los casos en que la Empresa de Distribución aplicara tarifas superiores o diferentes a las correspondientes, y/o facturase sumas mayores a las que correspondiere por causas imputables a la misma, deberá pagar al Cliente o Usuario Titular una compensación equivalente a diez (10) veces el monto de los importes percibidos de más cuando incurra en cobros excesivos, sin perjuicio de las multas que la SIE podrá fijarle conforme a lo establecido en la ley”.
Para poder hacer efectiva esta reglamentación, si ha sido afectado, usted deberá agotar el procedimiento en primera instancia por ante la Empresa Distribuidora. En caso de que la Empresa Distribuidora se niegue a la corrección del error o no produzca ninguna respuesta dentro de los plazos establecidos para ello, deberá continuar con el procedimiento ante PROTECOM, quien aplicará en todo su rigor el presente artículo en caso de que la reclamación sea procedente.

jueves, 22 de agosto de 2019

Auditoría a Punta Catalina no cumplió con la ley


SANTO DOMINGO,R.D.- Participación Ciudadana afirmó ayer que la modalidad de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la termoeléctrica Punta Catalina no se correspondió con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 10-04 de la institución, pues no se realizaron investigaciones especiales ante la presunción de ‘la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales…”.
Dijo que los auditores se limitaron a revisar los registros, contratos y facturas de la cuenta de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), denominada “Construcción en Proceso No. 107000551”, como se indica en el Informe de la Investigación Especial (IIE), numeral 4.
“Esto, pese a los cuestionamientos que por años se han hecho a la inversión más grande del gobierno, ejecutada en Punta Catalina por más de US$2,000 millones de dólares, la Cámara de Cuentas no tomó ninguna iniciativa de control externo, sino que su intervención fue el producto de una solicitud del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, del 21 de noviembre de 2017”, subrayó.
Refirió que la solicitud del funcionario era para que se auditara el período comprendido entre el primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, por un requisito de la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, la cual ordena la integración de la CDEEE a este organismo, “ y no por razones de transparencia”.
Agregó que la investigación forense y la investigación económica para determinar la racionalidad de los contratos, de los costos de las obras y su posible sobreevaluación, estuvo ausente en esta auditoría.
“No se investigó, por ejemplo, la justificación de un pago por más de RD$1,086,139,835.00 por concepto de nivelación de terreno, limitándose los auditores a ver registrado el pago de esa suma en la referida cuenta de la CDEEE”.
El movimiento cívico dijo que lo mismo puede decirse del valor pagado por los contratos de asesorías, como los que se hicieron al asesor ambiental por RD$ 191.5 millones; al asesor legal RD$ 196.1 millones; al financiero RD$67.3 millones y al técnico 51.1 millones.
Señaló que otro de los gastos que debieron ser sometidos a escrutinio y a una opinión técnica-forense fue el de publicidad, ascendente a RD$465 millones entre el período 2013-2017; “gastos que se han seguido incrementando sin necesidad, durante 2018 y 2019”.

miércoles, 21 de agosto de 2019

Industria y Comercio explica cómo se fijan los precios de los combustibles



SANTO DOMINGO,R.D.- Siempre ha sido un tema de cuestionamiento la forma en que el Gobierno fija los precios de los combustibles cada semana, por lo que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) envió este domingo un documento en que explica cómo se hace.
Indicó que en vista de que el país no es productor de petróleo, el mismo tiene que ser adquirido en los mercados internacionales. A nivel local se refina el 25 % del consumo nacional de derivados del petróleo, mientras que el 75 % restante se adquiere a través de empresas importadoras, las cuales compran dichos productos derivados en el mercado internacional. 
Para tener una idea de en qué proporción se importan los combustibles en el país, vea el comportamiento del año 2018:

Imagen: MICM
Señaló que un extenso trabajo publicado en su boletín número 35 en circulación, explicó que los precios fijados no solo responden a las actualizaciones semanales de los costos del petróleo crudo, sino también a los costos de los productos derivados en el mercado internacional, a las variaciones de la tasa de cambio del dólar estadounidense y a otros elementos que representan costos locales en pesos dominicanos.
Todo esto se refleja en la fórmula de cálculo del precio de los combustibles, la cual es la suma de los costos por importación, impuestos y márgenes. 
En primer lugar, está el precio de paridad de importación (PPI). Este opera bajo el principio conforme al cual los precios de venta para las terminales de combustibles se establecen en función de lo que le hubiese costado al Estado dominicano si los productos vendidos cada semana hubiesen sido importados en su totalidad. Este precio refleja entonces los gastos en los que se incurre por importación y manejo de terminales de importación.
A esto se suman los dos impuestos aplicables a los combustibles. El primero es un impuesto fijo por galón establecido en la Ley 112-00, del 16 de noviembre de 2000. Adicionalmente, existe un impuesto ad valorem, que en la actualidad es de un 16 % del precio de paridad de importación.
Adicionalmente, hay márgenes de comercialización para cubrir las tareas de distribución, transporte y detalle. En resumen, el proceso es el siguiente: las terminales de importación despachan los combustibles a las distribuidoras; luego, los transportistas llevan el combustible hasta las estaciones de expendio y envasadoras, las industrias y los condominios; y, finalmente, los detallistas venden el combustible al público al precio fijado por el Ministerio. 
También, existe un margen que se aplica a favor del consumidor final de combustibles líquidos, a modo de compensación por la expansión del combustible como consecuencia de las altas temperaturas a las que se comercializa localmente. 
Tomando como referencia una semana pasada se puede ver qué porcentaje puede representar cada uno de estos elementos en el precio final que paga el consumidor:

Imagen: MICM
Finalmente, dijo que su boletín explicó que hay una herramienta destinada a moderar las alzas de los precios de los combustibles, establecida mediante el decreto 625-11, del 14 de octubre de 2011. Este indica que cuando se producen alzas en los precios combustibles, el Estado puede no realizar un incremento proporcional en el precio local, asumiendo en estos casos una deuda frente a los importadores.
Posteriormente, cuando se producen bajas en los precios internacionales, el Estado debe compensar las pérdidas disponiendo el traspaso parcial de las bajas para compensar las alzas que no se hicieron. 
“No transmitir inmediatamente al precio final las alzas, y luego compensar las pérdidas en los momentos de baja, permite que los consumidores puedan disfrutar de precios más estables, con fluctuaciones menos bruscas. En efecto, se trata de un mecanismo que opera en favor del consumidor”, añadió el boletín.
Imagen: MICM

Otras informaciones 

En la adición, el nuevo número presenta el impacto de los 24 Centros Mipymes inaugurados hasta el momento, cuyo modelo de atención es uno de los proyectos prioritarios de las Metas Presidenciales del programa de Gobierno 2016-2020.
Los centros, distribuidos en todas las regiones del país, han atendido a más de 9,000 mipymes y emprendedores y han ofrecido 151,057 servicios de desarrollo empresarial y asesorías, gratuitos en su mayoría.
Otro tema tratado en profundidad son las disposiciones del nuevo Reglamento 220-19, en cumplimiento de la Ley 37-17, el cual especifica las competencias del MICM para aplicar múltiples sanciones administrativas ante ilícitos de comercio, las cuales van desde decomisos, cierres y revocaciones de títulos hasta multas entre uno y mil salarios mínimos nacionales, según la infracción.
El boletín también presenta el trabajo de la Comisión de Defensa Comercial, un organismo presidido por un Consejo Ejecutivo, encabezado por Paola Vásquez, el cual llama a las empresas a utilizar sus servicios para proteger los sectores productivos nacionales de prácticas desleales de comercio como dumping, medidas de salvaguarda y subvenciones o medidas compensatorias.
El viceministro de Fomento a las Mipymes, Ignacio Méndez, protagoniza la entrevista principal de la edición, donde relata su trayectoria desde gerente de una empresa familiar y gremialista del sector industrial, a servidor público, así como la intensa labor que desarrolla en favor de las mipymes como “trabajólico” confeso.
Algunos funcionarios del MICM como Juan Monegro, viceministro de Desarrollo Industrial, pasan balance al desarrollo productivo del país en un artículo de su autoría, lo mismo Marcelo Salazar, director de la Dirección de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales (Dicoex), quien aborda el comercio de servicios.

martes, 20 de agosto de 2019

Gobierno invierte US$10,000 millones en el sector eléctrico


SANTO DOMINGO,R.D.- En los últimos siete años el gobierno ha invertido más de US$10,000 millones en subsidio y proyectos de inversión en obras y redes del sector eléctrico, incluyendo las plantas a carbón de Punta Catalina.
De ese monto, alrededor del 55%, es decir, unos US$5,500 millones se han diluido en transferencias para cubrir las pérdidas de la industria, que quedaron en el período abril -junio de este año en 27,4%, de acuerdo al Informe de Desempeño de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Estas apenas han bajado 7.6 puntos porcentuales desde el período 2010-2013, cuando rondaron el 34%, y están muy lejos de cumplir el objetivo establecido en el Plan Estratégico 2017-2020 de esa entidad, que prevé llevar ese indicador a un 22.5% a finales del 2019 y a 20% en el año 2020.
Inversiones
A fin de reducir esas pérdidas, en estos dos períodos gubernamentales se han destinado US$2,200 millones en obras de infraestructuras y mejoramiento de redes, según los cálculos del monto ofrecido a EL DÍA por Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, quien acompañó al precandidato presidencial Gonzálo Castillo en una visita a esta redacción.
Sólo en la parte de distribución y transmisión, en el período 2013-2016 erogaron US$200 millones, aproximadamente, y para el período 2016-2020, la estrategia a ejecutar estima inversiones de entre US$120-150 millones cada año, según CDEEE.
Punta Catalina
Un 23% (US$2,300 millones) de los US$10,000 millones entregados por el Estado al sector, ha sido destinado a Punta Catalina, dos centrales de 674.8 megavatios netos, cuya introducción definitiva al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) se prevé para finales de año.
La unidad uno, de 337.74 megavatios, será entregada en menos de un mes, mientras que la segunda, de igual capacidad, entrará a su proceso de sincronización en breve.
“Faltan dos o tres pruebas para recibir la máquina uno, y con la experiencia que tenemos de esta, sabemos que el proceso de la segunda será mucho más corto”, declaró Rubén Jiménez Bichara.
Se recuerda que la unidad uno fue encendida por primera vez el 11 de octubre del año pasado, y se encuentra en prueba desde el primer trimestre de este año, período en el cual ha llegado a aportar hasta 320 megavatios.
Bichara resaltó que es importante asegurarse de que “todo está bien”, porque el primer mantenimiento de la central está programado para dentro de ocho años.
Por otro lado, hasta el año 2020 la CDEEE espera agregar 361 megas renovables nuevos al país.
Ahorro
— Subsidio
Una vez recibida la central eléctrica Punta Catalina, el gobierno espera que el subsidio eléctrico baje a US$400 millones, monto que llegó a superar US$1,600 millones en períodos de combustibles caro.

lunes, 19 de agosto de 2019

Impuestos y márgenes duplican precio gasolina


SANTO DOMINGOR.D.- Más del 50 por ciento del precio final de la gasolina regular y la prémium representan impuestos y márgenes de intermediación, lo que hace que al final de la cadena el consumidor pague más del doble del precio al que se importan estos derivados del petróleo.
La situación es similar en los dos tipos de gasoil que se comercializan en el país, donde los impuestos y los márgenes de intermediación es de alrededor del 43 por ciento de su precio final al consumidor.
Esa información se desprende de la explicación ofrecida por el Ministerio de Industria y Comercio sobre cómo cada semana fijan los precios de los combustibles para el público.
“Los precios fijados no solo responden a las actualizaciones semanales de los costos del petróleo crudo, sino también a los costos de los productos derivados en el mercado internacional, a las variaciones de la tasa de cambio del dólar y a otros elementos que representan costos locales en pesos dominicanos.”, explica.
Añade que todo se refleja en la fórmula de cálculo del precio de los combustibles, la cual es la suma de los costos por importación, los impuestos y los márgenes.
El denominado precio de paridad de importación incluye el precio que se calcula de cada uno de los derivados del petróleo en caso de que hubieran sido importados (el 25 por ciento de ellos se refinan en el país) y el manejo de las terminales de importación.
La Ley de Hidrocarburos establece un impuesto fijo de 18 pesos y 15 pesos por galón a la gasolina prémium y regular y de 6.3 pesos por galón al gasoil, en adición establece un 16 por ciento de ad-valorem al precio de paridad de importación.
En el caso de la gasolina prémium eso representa el 38 por ciento de su valor, en el de la gasolina regular el 36.5 por ciento, en el gasoil regular 25 por ciento y en el gasoil prémium 26 por ciento.
Discrecionalidad
Aunque entre las motivaciones de la Ley de Hidrocarburos (112-00) estaba eliminar la discrecionalidad para la fijación de los precios, Industria y Comercio explica que un decreto (625-11) le permite al Gobierno no realizar un incremento desproporcinal cuando los precios se disparan en el mercado internacional.
Indica que en esos casos esos aumentos se asumen como una deuda frente a los importadores y “posteriormente, cuando se producen bajas en los precios internacionales, el Estado debe compensar las pérdidas disponiendo el traspaso parcial de las bajas para compensar las alzas que no se hicieron”.
Con eso explica porqué no siempre cuando el precio de los combustibles bajan, se produce una reducción en el precio local.
Asegura que ese mecanismo opera a favor del consumidor.
1.200 Empresas de España.
La menor nota que recibió Estados Unidos por parte de Standard & Poo.

domingo, 18 de agosto de 2019

SeNaSa tiene 4.7 millones afiliados y 17 años existencia

La Nueva directora del sistema Nacional de salud Senasa la doctora Mercedes Rodríguez Silver sostuvo este viene un desayuno con periodista de medio de comunicación Hoy Félix de la Cruz 09/03/2018
SANTO DOMINGO,R.D.-El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tiene ya 4.7 millones de afiliados en los regímenes contributivo, subsidiado y planes de pensionados y jubilados.
El dato fue dado a conocer a propósito de que la aseguradora estatal arribara a si 17 aniversario de fundada, lo cual se cumplió el 10 de agosto. “La llegada del décimo séptimo aniversario del Seguro Nacional de Salud lo recibimos más comprometidos con seguir brindando servicios de excelencia a cada uno de nuestros afiliados, para que cuando tengan que acceder a los servicios de salud, sea de manera oportuna y con calidad”, manifestó la doctora Mercedes Rodríguez Silver, directora ejecutiva.
Durante el período enero-junio de 2019, la ARS estatal autorizó RD$11,559 millones 962 mil 567 pesos para un millón 742 mil 011 afiliados que solicitaron 38 millones 120 mil 815 servicios de salud, lo que representa un aumento de un 14.5% en comparación al mismo período del 2018.
De los RD$11,559 millones 962 mil 567 pesos autorizados, RD$5,844 millones 136 mil 426 corresponden a afiliados del régimen Contributivo, y RD$4,789 millones 008 mil 688 para afiliados del régimen Subsidiado.
SeNaSa explicó que actualmente cuenta con 4 millones 762 mil 161 afiliados en ambos regímenes y planes, informó.


https://hoy.com.do/senasa-tiene-4-7-millones-afiliados-y-17-anos-existencia/

sábado, 17 de agosto de 2019

Enfoque. Seguridad Social:El colapso del Sistema Nacional de Pensiones


SANTO DOMINGO,R.D.- La admisión reseñada en la prensa nacional por la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Fondo de Pensiones (Adafp), anunciando que las AFP han erogado RD$16,000 millones a más de 126,000 afiliados de “ingreso tardío”, evidencia claramente el colapso del sistema nacional de pensiones, debido a graves fallas de implementación.
Se infiere que casi la totalidad de los beneficiarios percibieron un pago único en vez de una pensión, equivalente a los ahorros capitalizados en su cuenta individual. Esta anomalía, que desvirtúa íntegramente el objetivo de la Ley 87/01, fue posible por una Resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de permitir el pago único en vez de una pensión.
Al dividir los valores erogados entre los beneficiarios, resulta un desembolso promedio de solo RD$127,000 que teóricamente solo alcanzaría para una pensión menor al 10% del salario promedio, y solo por un período de menos de tres años. Estimamos que la mayoría de estos pensionados quedarán en la indigencia a corto plazo, sin derecho al Fondo de Solidaridad Social o créditos retroactivos, por no haberse acreditado el Bono de Reconocimiento.
Otra normativa anómala del CNSS en materia de protección social que “de jure” es inconstitucional, lo constituye la decisión de no conceder pensiones al cónyuge sobreviviente de trabajadores que fallezcan en actividad con 65 y más años de edad, que es precisamente cuando se intensifica la frecuencia de la mortalidad, originada por una petición de las Compañías de Seguros y las AFP, que acordaron un “Contrato Póliza” excluyendo dicho beneficio. ¿Dónde consta está prohibición en la Ley 87/01?  
Lamentablemente, decisiones erróneas del Consejo Nacional de la Seguridad Social para  simplificar las normativas contenidas en la Ley 87/01, han desvirtuado totalmente el objetivo básico del sistema de seguridad social del país. El basamento legal y operativo de un sistema nacional de pensión es una cuestión de Estado, no de una entidad heterogénea como el CNSS o de entes privados con fines pecuniarios, y es hora de que el Gobierno intervenga decisivamente para corregir los errores y distorsiones de implementación de la Ley 87/01, y establecer un modelo actuarial que permita a cientos de miles de asegurados accesar a una pensión digna. Esto no será factible por al menos hasta el año 2040 en el régimen general, por la sencilla razón de que el aporte del 8% del salario a las cuentas de capitalización individual NO es suficiente para garantizar pensiones dignas bajo escenarios actuariales razonables. Hemos propuesto soluciones que coinciden con apreciaciones de organismos internacionales, que requieren el establecimiento de un segundo pilar de pensiones de beneficios definidos, con un impacto neutral en las finanzas empresariales, e incluso, con un flujo positivo de caja al postergar la erogación inmediata de la Cesantía.
Dicho pilar requiere aportes suplementarios de los asegurados, pues en ningún país del mundo los trabajadores pueden accesar a pensiones vitalicias dignas con aportes de solo 2.88% de los salarios en la cuenta individual. No obstante, percibo que continúo predicando en el desierto, pues nuestras propuestas parecen caer en el vacío. Ya prácticamente la población de “ingreso tardío” ha optado por el capital acumulado, y a partir del presente año las AFP y/o las Compañías de Seguro deberán comenzar a otorgar pensiones, cuyo monto promedio será tan exiguo que provocará un descenso drástico del nivel de vida de decenas de miles de pensionados, muchos de los cuales caerán en el umbral de la pobreza.
Los proyectos que cursan en las Cámaras Legislativas no solucionarán las carencias del régimen nacional de pensiones. Para ilustrar los déficit actuariales del sistema vigente, cabe mencionar que los RD$513,000 millones aportados por 3.8 millones de afiliados a las AFP reseñadas por la Adafp, solo promedian RD$135,000 por cápita después de 16 años de operación. Para un salario promedio de RD$15,000 mensuales, una pensión digna del 50% del salario pagadera 13 veces al año, con una esperanza de vida al retiro de 22 años (no debe confundirse la esperanza de vida al nacer con la esperanza de vida al retiro), requiere un capital “neto”, después de deducir la comisión de las Compañías de Seguro, de RD$1,460,000 aproximadamente, según tasas  reales de retorno del 3% al 4%, sin contar con la pensión subsidiaria al cónyuge sobreviviente.
Lo anterior muestra las carencias del actual régimen nacional de pensiones y la impostergable necesidad de modificaciones estructurales, estableciendo un pilar complementario de pensiones como en la mayoría de los países que se abocaron a una reforma estructural del régimen nacional  de pensiones.
Como colofón, el ajuste del 14% a los salarios mínimos acordados recientemente por el Comité Nacional de Salarios reducirá en el presente año la tasa real de retorno de las inversiones de las AFP de positiva a negativa, impactando negativamente las exiguas “tasas de reemplazo” de las pensiones a ser concedidas en los próximos años. Otro factor negativo es una Resolución del CNSS de permitir a las Compañías de Seguros fijar libremente las comisiones en caso de que el asegurado opte por una pensión vitalicia, que es el objetivo básico de un sistema nacional de pensiones, lo que reduciría aún más el porciento de pensión, y que obligaría al asegurado a optar por la renta programada en las AFP,  lo que podría agotar el capital acumulado en la cuenta individual en caso de longevidad en exceso de lo estimado, generando también la indigencia a mediano plazo.  
En cuanto a los cónyuges sobrevivientes, generalmente viudas, que usualmente fallecen después del pensionado masculino, parece que el nivel de desprotección social es más elevado, pues esto solo sería factible en rentas vitalicias, que constituirán una minoría, por los factores mencionados más arriba.