SANTO DOMINGO.-El concepto de cártel ha estado asociado primordialmente a las acciones ilegales de organizaciones que se dedican al tráfico de armas y de drogas. También, en economía se originan cárteles entre empresas de un mismo sector, los cuales establecen monopolios, de manera informar, con el propósito de reducir o eliminar competencias. Pues, a nivel de gobiernos locales y administración central se han creados, y existen, cárteles de la contraurbanización, los cuales han operados por décadas. La contraurbanización es vista como cambio en el sentido de crecimiento de las ciudades de República Dominicana.
Los cárteles de la contraurbanización, que operan dentro de los ayuntamientos y las sectoriales de la administración central, monopolizan, de modo ilegal, las relaciones con las empresas de construcción que intervienen en la ciudad. En las ciudades grandes e intermedias el fenómeno es mayor que en las ciudades pequeñas, porque la dinámica urbanística es de menor calado. Ingenieros, arquitectos, abogados, técnicos que fungen como inspectores y una porción del cuerpo legislativo o regidores, algunos alcaldes y ministros, fiscales y jueces forman una red que recibe pagos mediante soborno proveniente del campo privado. Los ”constructores” saben dónde acudir para saltarse las normas urbanísticas y ambientales. Estos violan los diseños arquitectónicos y estructurales aprobados, y ejecutan las obras físicas en función del interés particular.
Las conexiones entre burócratas de oficinas de Planeamiento Urbano y de Consultorías Jurídicas de los ayuntamientos, fiscales y jueces se producen de modo soterradas. Hay una cultura entronizada para facilitar el soborno, por parte de los constructores, los cuales se convierten en destructores del desarrollo urbano. Los tribunales municipales se convierten en hervideros de ciudadanos que reclaman respeto a la densidad o altura de las edificaciones, a las dimensiones de los linderos y de las aceras, a la invasión de áreas verdes, ausencia de áreas recreativas y deportivas, por la protección de patrimonios naturales y culturales, etc. Estos cárteles se podrían tipificar como criminales, porque producen y están produciendo un urbanicidio.
La operación diaria de los cárteles de la contraurbanización transforma en quimera, sueño o ilusión el objetivo del ordenamiento territorial o de poner en marcha los instrumentos de planificación urbana; con el cual se busca organizar los suelos según vocación residencial, comercial, institucional, cultural o recreativo. Se podría disponer de una legislación que regule la distribución de los espacios de la ciudad, lo cual técnicamente se muestra como viable; pero la acción de los cárteles existentes en el interior de los ayuntamientos y sectoriales de medio ambiente y obras públicas de la administración pública central lo hace inviable. La cultura del cártel se impone a la cultura urbanística.
La cultura del cártel de la contraurbanización cuenta con la alianza del poder económico-privado, y de una porción del poder político. En este escenario, el poder de la tecnocracia municipal, con funciones de gestionar y cuidar la ciudad, queda relegado e invisibilizado; y en muchos casos el desenlace podría tomar tres caminos: 1-renunciar, 2-enfrentar el cártel, y, 3-acomodarse, tolerando conscientemente las malas prácticas de dehuesamiento del ordenamiento de la ciudad.
La urbanística pierde sentido como disciplina científica de la ciencia y como arte para la planificación urbana. Las reglas urbanísticas son sustituidas por una anomia que produce una ruptura de la organización racional del espacio físico. La planificación urbana pierde sentido, deja de ser útil; porque la invasión violenta del espacio comunitario sin control produce impacto y sensación de que todo está perdido.
Estas ilegalidades, con que operan los cárteles, producen una revalorización del suelo para fines privado, y pierde sentido social para los fines públicos y sociales. Un efecto es que el gobierno local pierde ingresos y la ciudadanía pierde espacios públicos para el disfrute y la convivencia pacífica. La sociedad municipal pierde en calidad ambiental; en efecto desfavorable en el cambio climático por incremento de las emisiones de carbono, por efecto de una mayor densidad vehicular en pequeños territorios; aumento de la temperatura; presión en la oferta servicios públicos.
Los cárteles de la contraurbanización agreden la agenda de reforma municipal para la obtención de más recursos para los gobiernos locales. La sensación que dejan en los ciudadanos es de más recursos para financiar cárteles de profesionales que se apropian de salarios con fondos públicos y obtienen dinero y bienestar de manera ilegal de las “corporaciones” de constructores privados, no tiene sentido. La legitimidad de la demanda se pierde. Con los cárteles hay una devertebración de la ciudad y de la vida en comunidad.
Los cárteles actúan bajo la sombra. ¿Quién enciende las luces?.
http://acento.com.do/2016/opinion/8313114-los-carteles-de-la-contraurbanizacion-2/
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